Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76566
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.566, "Montes, Roberto Hugo c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Torres, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, rechazó el recurso interpuesto por el Banco demandado y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto fue materia de agravio. Impuso las costas de la alzada a este mismo (v. sent. de fecha 14-V-2020).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-VI-2020, 10:50:41 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de fecha 14-VII-2020).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 19-IV-2021) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el actor contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 14-V-2020).
En consecuencia, le reconoció el derecho a: i) el cálculo de la "retribución estimulativa" sobre la base de todos los rubros salariales, en tanto tengan la condición de resultar objeto de aportes, con la sola excepción de las "horas extras" y del concepto denominado "suma Acta 01/06/05", durante el período que transcurrió entre el mes de abril de 2005 y el mes de abril de 2011; y ii) la percepción de los restantes rubros salariales, incididos por el cobro de los ítems anteriores (v.gr.: SAC, aguinaldo y "asignación incentivada").
Asimismo, rechazó planteos de inconstitucionalidad formulados por el actor, condenó al Banco Provincia a efectuar el pago de las diferencias salariales con intereses, e impuso las costas a este último en su objetiva condición de vencido (conf. art. 51 inc. 1, CCA, texto según ley 14.437).
La demandada apeló el pronunciamiento.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso deducido por el Banco y confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto fue materia de agravio (v. sent. de fecha 14-V-2020).
II.1. En primer término, descartó la aplicación del plazo de prescripción que el Banco consideró aplicable en el sub lite .
Tras aclarar que el instituto no resultaba alcanzado por el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994 y su modificatoria, ley 27.077) al momento de interponerse la demanda el 2 de febrero de 2016, adoptó la doctrina mayoritaria de esta Suprema Corte en diversas causas que citó, la cual estableció que en casos como el de autos debía estarse a lo preceptuado por el art. 4.023 del Código Civil (ley 340), entonces vigente, que fijaba un plazo decenal.
Además, reparó que en su demanda se peticionaban los salarios devengados entre los meses de abril de 2005 y abril de 2011, inclusive, y que no era un hecho discutido que con fecha 22 de abril de 2015, el señor Montes había reclamado por primera vez en sede administrativa el pago de las diferencias salariales, el que daría luego lugar al envío de un telegrama intimando al Banco demandado a abonarle los conceptos cuestionados.
A partir de allí señaló que el plazo decenal de prescripción comenzó a correr, con relación a las pretendidas diferencias devengadas durante el más antiguo de los períodos mensuales sobre los que versa el reclamo actoral (22 de abril de 2005, consumándose en tal caso el 22 de abril de 2015) y que el curso de aquel lapso se suspendió por un año a partir de la interposición del ya referido reclamo.
En base a ello consideró que a la fecha de promoción de la demanda la prescripción en torno a la acción para solicitar el pago de las diferencias dinerarias -aún la de los períodos más antiguos- no había operado.
II.2. Seguidamente, analizó la controversia suscitada en torno a la normativa que regía el pago del rubro "retribución estimulativa", desde el mes de abril de 2005 hasta el mes de abril de 2011, en el ámbito del Banco Provincia.
Señaló que, conforme surgía de la prueba documental anexada, la Circular 2 actualizada al 4 de septiembre de 1989 (modificatoria de la de fecha 29 de octubre de 1986), en su Parte IV, y la versión posterior del 25 de junio de 2005, dispusieron que la "retribución estimulativa" se abonaría al personal de la entidad sobre el sueldo sujeto a aportes correspondiente al mes de diciembre de cada año.
Expresó que la versión existente a partir del 23 de mayo 2011, analizada por la Cámara en diversos precedentes suyos que cita, dispuso que la mentada retribución se abonaría sobre el sueldo básico y sus adicionales. Esto es, al margen de si sobre ellos se hubieran realizado o no aportes.
Puso de relieve que esa diferencia en la redacción fue crucial para la decisión de grado, por cuanto permitió corroborar el real alcance de la primera norma y, a partir de sus términos, acoger la pretensión del señor Montes en función del período reclamado, con arreglo al derecho vigente.
Notó también que el juez de primera instancia coligió que toda norma anterior al 25 de agosto de 2005 era irrelevante frente a la claridad de aquella que fuere actualizada a dicha fecha, la cual estableció la forma de calcular la "retribución estimulativa", excluyendo de ella ciertos rubros (v.gr.: las horas extras). De modo tal que cualquier otra limitación proveniente de la normativa previa -sostuvo- debía ser ignorada.
II.3. Por no compartir esto último, la Cámara reputó que la queja del Banco era atendible en cuanto postulaba que las normas anteriores al 25 de agosto de 2005 se encontraban plenamente vigentes. Y que de su recta lectura se podía concluir que había todavía más rubros exceptuados a los fines del cálculo de la "asignación incentivada" y la "retribución estimulativa", que no obstante iban a quedar incluidos en la condena.
Pero a pesar de esta observación, adelantó que semejante cosa no bastaba para revertir lo decidido.
En efecto, dijo que era necesario estudiar la resolución 1.447/97, que le otorgó carácter remunerativo a una serie de adicionales y asignaciones que se enumeran en su Anexo y que hasta ese momento no estaban sujetos a aportes, aclarando que ellos "no serán considerados para el cálculo de la retribución estimulativa, asignación incentivada y sueldo anual complementario".
A partir de allí, señaló que si bien los conceptos "Asignación personal de sucursales" (Cód. 1.179) y "Asignación Especial No Remunerativa" (Cód. 1.223), reclamados por el actor y reconocidos por el a quo para el cómputo de la base de cálculo de la retribución, se hallaban entre los mencionados en el Anexo -y por ende, excluidos a los fines del cómputo-, consideró que la identificación de códigos y conceptos liquidados en los recibos de haberes obrantes a fs. 446, 448, 450, 452, 454, 458, 461, 463, 465, 467, 469, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, entre otros muchos que menciona, no lucía indubitada frente a otros recibos incorporados a la causa (v. fs. 445/590).
Así, precisó que de las constancias citadas en primer término surgía que se habían liquidado: i) 1.179 "Asig. para Sucursales" y ii) 1.223 "Adic. Especial Remunerativo".
Destacó que la denominación de esos componentes salariales se hallaba en discordancia con aquellos contenidos en el Anexo y los recibos de haberes indicados.
En ese orden, estimó que el documento adjunto a la resolución examinada no mencionaba aquellos códigos -faltando una equivalencia textual-, a la par que las denominaciones y codificaciones que exhibían los recibos de sueldos se correspondían con lo previsto en el Digesto, en su Módulo 10: Recursos Humanos, Parte V, Capítulo 2, en su versión al 10 de septiembre de 2015, en su apartado "4.1.7 - Adicionales remunerativos", el que contiene los componentes "1179 Asig. para Sucursales", "1223 Adic. Especial No Remunerativo" (rubro liquidado en los mentados recibos como "Adic. Especial Remunerativo").
En dicho contexto, infirió que con la variación en la denominación de los rubros se había producido una modificación reglamentaria y, ante el cambio en la nomenclatura de los componentes, no correspondía aplicar, sin más, la resolución 1.447/97 con sus exclusiones.
Dejó sentado que ante la ausencia de disposiciones que incidieron en tal sentido era carga del Banco aportar los elementos necesarios para sustentar su posición.
II.4. Por otro lado, reputó que la demandada carecía de un perjuicio actual y concreto con relación a la resolución 838/05 y su modificatoria 380/10, con motivo de que el pronunciamiento de primera instancia estimó que los componentes allí previstos no debían ser computados para el cálculo de la "retribución estimulativa".
II.5. También sostuvo que idéntica consideración correspondía en torno a los códigos 3.300, 1.132, 1.133, 3.340 y 1.225.
A su vez, desestimó el reproche referido a la falta de individualización en el decisorio de grado de los rubros que habrían de integrar la base de cálculo de la referida retribución.
Manifestó que, pese a que el juez de grado no indicó cada uno de los ítems sujetos a aportes, ni cuantificó el crédito adeudado, sí dispuso que el monto a abonarle al actor por las diferencias salariales, por fuera de lo informado por el perito, debería ser determinado en la etapa de ejecución de sentencia.
Por ello, entendió que el presentado constituía un agravio hipotético y eventual.
II.6. Por último, descartó el reproche relativo a la condena en costas, en tanto que la sentencia de primera instancia observó lo establecido en la ley 14.437, vigente desde el 17 de febrero de 2013, que receptó el principio objetivo de la derrota (conf. art. 51 inc. 1, primera parte, CCA).
Sobre esto, estimó que si bien el acogimiento de la pretensión del actor no fue integral, ello no autorizaba a desconocer -atendiendo a las particularidades del caso- el carácter de vencedor al señor Montes, por ser exitoso en el reconocimiento perseguido.
III. Disconforme con el pronunciamiento, el Banco Provincia interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-VI-2020, 10:50:41 hs.).
En la pieza desarrolla tres agravios, los que titula: "Prescripción"; "Rubros reclamados" y "Costas".
III.1. En primer lugar, reprocha que el Tribunal de Alzada considerase aplicable el plazo de prescripción decenal del art. 4.023 del Código Civil.
En su lugar, entiende aplicable el término quinquenal del art. 4.027 de dicho plexo. O mejor aún, el plazo bienal que pregonaría una postura jurisprudencial, la cual sostiene que el vacío normativo provincial en la cuestión salarial corresponde ser integrado con la Ley de Contrato de Trabajo n° 20.744, que al regular relaciones análogas prevalece por sobre las disposiciones de la legislación civil de fondo.
III.2. En otro punto se queja porque la Cámara, respecto a los rubros reclamados a los fines de integrar la base de cálculo de la "retribución estimulativa", habría analizado erróneamente la normativa del Banco y omitido considerar la impugnación efectuada por esa institución al informe pericial contable producido en autos.
Insiste que en el Anexo a la resolución 1.447/97 se mencionaron expresamente tres conceptos que, no obstante pasar a ser remunerativos, se los sustrajo a los fines de la estimación de los ítems que aquí reclama el actor, pero que sin embargo fueron incluidos en la condena (i.e., "asignación personal de sucursales" [1.179], "asignación especial no remunerativa" [1.223] y "adicional zona de veraneo" [1.243]).
Aduce en virtud de ello que no existe el déficit probatorio aludido en el decisorio impugnado.
Cuestiona, además, que al haberse omitido especificar en la sentencia los rubros que compondrían la liquidación a practicarse, se vulneró su derecho a rebatir cada uno de los ítems que la integran, colocándolo en un estado de indefensión.
Destaca que el fallo omitió precisar el "concepto de haberes" para el personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y qué sería imprescindible hacer para poder comprender todos y cada uno de los rubros que lo componen y a la vez, no reparó en lo dictaminado en la experticia contable y en los fundamentos de la impugnación vertidos respecto a esa prueba.
En base a lo manifestado denuncia que la sentencia impugnada es absurda y arbitraria, en tanto contiene errores graves y manifiestos que implican el desvío de las leyes de la lógica, al apartarse de las constancias agregadas a la causa.
III.3. Sostiene que el decisorio también transgredió el principio de congruencia al haber dejado de lado expresamente las cuestiones planteadas y las defensas opuestas.
III.4. Por último, se agravia por cuanto el Tribunal de Alzada, no obstante haber rechazado algunos pedidos del actor, lo consideró vencedor, imponiéndole al Banco las costas del proceso.
Concretamente, indica que se omitió evaluar que el planteo de inconstitucionalidad, la tasa de interés y el cómputo de algunos rubros peticionados por el demandante no han prosperado, por lo que debió eximir al Banco del pago de las costas en el porcentaje en que resultó victorioso (conf. arts. 51 inc. 1, CCA y 71, CPCC).
IV. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia, tal como este Tribunal lo señaló a propósito de una impugnación estructurada en forma muy semejante a la aquí analizada y que involucraba -entre otros- similares agravios a los vertidos en la pieza recursiva en tratamiento (cfr. art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; causa A. 76.527, "Vizzotti", sent. de 24-XI-2022).
IV.1. En primer lugar, en lo tocante al plazo de prescripción para reclamar las diferencias salariales involucradas en autos, si bien la recurrente efectúa una introducción en la que estima aplicable el plazo quinquenal del art. 4.027 del Código Civil -sin precisar cuál inciso- ante el vacío normativo en el orden local, no desarrolla apropiadamente este agravio. En su lugar, sostiene que tal cosa debe ser así, sencillamente, dado que eso "...resulta acorde a toda corriente doctrinaria relativa a la prescripción que impone la seguridad jurídica ante la inactividad de las partes".
En tan escuetos términos, la pieza bajo análisis se muestra dogmática, dejando en pie un pilar estructural de la sentencia (doctr. causas A. 75.947, "Pedersen", sent. de 28-V-2021; A. 76.499, "Cogliano", sent. de 12-VII-2022; e.o.).
En lo remanente, que atañe al pedido de aplicación del plazo prescriptivo de dos años proveniente de la Ley de Contrato de Trabajo, el apelante recalca que dicha norma posee la misma jerarquía que el Código Civil, aunque debe prevalecer en la especie dada "...la naturaleza de la relación generadora del crédito que se reclama".
Sin embargo, más allá de la pretendida analogía, cabe señalar que semejante afirmación no se condice con el vínculo estatutario que ligaba al actor con el Banco Provincia.
Además, se pretende abastecer esa teoría a partir de una "...jurisprudencia administrativista creada al efecto y que fuera detallada al momento de fundar el recurso de apelación". Pero como es sabido, el desarrollo expositivo en el marco del recurso extraordinario debe ser autosuficiente. Y este, con esa remisión a otro lugar, claramente no lo es (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 75.881, "Di Girolamo", resol. de 25-IX-2019; e.o.).
Por ende, los planteos desplegados en esta instancia se muestran insuficientes para revertir esta parcela de la sentencia de la Cámara, con independencia del acierto o error de lo allí resuelto en torno al plazo de la prescripción (art. 279 in fine , CPCC).
IV.2. Sentado lo que antecede, los reproches esbozados por el impugnante, respecto a la interpretación que efectuara la Cámara de la normativa del Banco y la apreciación de la prueba documental, también resultan técnicamente insuficientes para revertir lo decidido por el Tribunal de Alzada.
Es de ineludible cumplimiento para el recurrente, la réplica concreta, directa y eficaz de todos los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte (doctr. causas A. 72.417, "Back", sent. de 19-II-2015; A. 71.101, "Marín", sent. de 11-III-2015; A. 72.077, "Lunghi", sent. de 19-X-2016; e.o.). Esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causa A. 74.833, "Boscarol", sent. de 12-V-2021).
El apelante propone que para resolver el caso debió necesariamente efectuarse una interpretación acerca del alcance y contenido del concepto general de haberes para el personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, insistiendo a su vez en la aplicación amplia de las exclusiones que surgen de la resolución 1.447/97, como así también invocando, sin efectuar precisiones, el informe pericial contable agregado en autos y la impugnación que la recurrente hiciera del mismo. Pero ello sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por los jueces de grado para desestimar sus defensas.
En efecto: las consideraciones aquí traídas no son más que meras discrepancias subjetivas, insuficientes a los fines de revertir la interpretación que efectuara la Cámara de la normativa especial vigente reguladora -entre otras cosas- de la "retribución estimulativa", desde donde no pudo dar con una estricta correspondencia entre los rubros remunerativos y sujetos a aportes mencionados en el Anexo de dicha resolución -pero que no obstante estaban expresamente excluidos a los fines de cuantificar aquel ítem especial-, con los que surgían de los recibos de haberes producidos en el expediente, los que en su lugar sí podían encontrarse en el Digesto, en su Módulo 10: Recursos Humanos, Parte V, Capítulo 2, "Concepto Haberes", versión del 7-III-2013, apartado "4.1.7 - Adicionales remunerativos-".
Respecto a la ponderación de esos documentos efectuada por el a quo , era tarea del quejoso denunciar y acreditar que lo que se concluyó a partir de ellos constituyó absurdo en sentido técnico del concepto, algo que no hizo.
Y conforme lo tiene dicho este Tribunal, el mentado vicio no se configura con la mera discrepancia de opinión, sino cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve un error palmario, grosero y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas C. 120.749, "Losinno", sent. de 10-VII-2019; A. 76.255, "Souto", sent. de 12-II-2021; e.o.).
Ciertamente no logra tal cosa el planteo que sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (doctr. causas L. 117.273, "Delias", sent. de 24-IX-2014 y A. 73.491, "Lin", sent. de 13-VI-2018), con las implicancias que en la especie ello ha tenido en su confronte con la normativa interna del Banco que se arrimó al proceso.
IV.3. En lo tocante a la imprecisión que se le achaca al fallo, por cuanto este no contiene el detalle de los rubros que habrán de integrar la liquidación a practicarse en autos,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.