Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77553
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar la sentencia de Cámara en cuanto consideró que la apelación no contenía una crítica concreta y razonada del fallo de primera instancia (confr. art. 56 inc. 3, CCA) y mantener lo decidido en el pronunciamiento de primera instancia (arts. 289 inc. 2, CPCC y 31 bis, primer párraf., ley 5827; texto según ley 13.812). Con costas por su orden, en razón de la forma en como se resuelve (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, segundo párr. y 289, in fine , CPCC).
A.77.553 “MORALES GRACIELA YOLANDA Y OTRO/A C/ CAJA DE RETIRO JUB. Y PENS. DE LA POLICIA DE LA PCIA. DE BS. AS. S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Pergamino, hizo lugar a la pretensión interpuesta por los actores.
En consecuencia, condenó a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires a incorporar en la base de cálculo de sus haberes la bonificación dispuesta por los decretos 54/11 y 934/13 y las modificaciones que en lo sucesivo se establezcan a éstas, en forma retroactiva, con los alcances allí señalados. Asimismo, mandó a adicionar los intereses a las sumas reconocidas y condenó en costas a la demandada vencida (confr. art. 51 inc. 1, CCA).
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en San Nicolás, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia. Por los fundamentos de la mayoría, consideró que el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado contra el mencionado pronunciamiento, no abastecía el requisito que prevé el artículo 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo (v. voto del doctor Cebey, al que adhiere el doctor Schreginger).
A todo evento, hizo lugar al planteo formulado por la recurrente respecto al límite temporal del reconocimiento dictado en la sentencia de primera instancia, en atención al dictado del decreto 956/2020 (BO 26-11-20) que suprimió la bonificación que nos ocupa, a partir del 1-09-2020.
Por ello, rechazó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado e impuso las costas a la recurrente vencida (conf. art. 51 inc. 1°, CCA -texto según ley 14.437-), en tanto la admisión parcial de su intento recursivo se originó en un cambio normativo ocurrido con anterioridad al llamado de autos para resolver, y sin que fuese invocado en la anterior instancia, sino recién en la Alzada, tras la emisión de la sentencia de grado.
I.3. Disconforme con ese pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -que fue concedido por la Cámara- por el que denunció arbitrariedad en el análisis del recurso de apelación y de su rechazo por insuficiente motivación y errónea aplicación del art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, adujo errónea interpretación del decreto 1315/15; violación de lo preceptuado en los arts. 26 y 28 de la ley 13.236; vulneración del art. 17 de la Constitución nacional y de la doctrina legal emanada de los fallos que cita.
II.1. Preliminarmente se advierte que la Cámara interviniente, por mayoría, desestimó la expresión de agravios de la Fiscalía de Estado con excesivo rigor formal, al considerar que no se encontraba cumplido el requisito que prevé el art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo -v. voto del doctor Schereginger al que se adhiere el doctor Cebey-, violando el derecho de defensa en juicio estatuido en los arts. 15 y 18 de las Constituciones provincial y nacional, respectivamente (doctr. causas C. 119.526, "Kozakiewitz", sent. de 30-III-2016 y A. 75.153, "Baez", sent. de 25-IX-2019, e.o.).
En efecto, el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo al valorar el escrito de apelación, en la medida que soslayó los agravios de la recurrente al sostener que eran reiteración de los expuestos en la contestación de demanda, sin apreciar que resultaron una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la apelante consideró equivocada y que, además, atacó puntualmente los argumentos centrales que fundaron el pronunciamiento impugnado.
Por lo expuesto, la apelación cumplió las exigencias del art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo a los fines de habilitar su revisión en segunda instancia, razón por la cual la carga procesal de fundar los agravios quedó satisfecha en el caso (confr. doctr. causas C. 105.082, "Garabito", sent. de 23-III-2010, RC. 122.994, "Fideicomiso de Recuperación Crediticia", resol. de 13-II-2019 y A. 75.153 citada, e.o.).
Corresponde, entonces, revocar la sentencia impugnada en cuanto entendió que el recurso de apelación planteado por la demandada no contiene una crítica concreta y razonada del fallo de primera instancia, conforme lo dispuesto por el art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo (art. 289 inc. 2, CPCC).
II.2. Por otra parte, cabe ponderar que la recurrente también denunció errónea interpretación del decreto 1315/15; violación de los arts. 26 y 28 de la ley 13.236; vulneración del art. 17 de la Constitución nacional y de la doctrina legal emanada de los fallos que cita.
II.3. Si bien el aludido vicio de absurdo que porta la sentencia de Cámara y su consecuente revocación, llevarían, en este supuesto particular, a que los autos volvieran al tribunal de origen a sus efectos (art. 289 inc. 2, CPCC), la recurrente también se agravió en cierta medida del fondo del asunto.
Por razones de celeridad y economía procesal, corresponde su tratamiento.
Al respecto, cabe señalar que el art. 31 bis, primer párrafo, de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a este Tribunal a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios con la sola invocación de esa norma, cuando en ellos se plantean agravios desestimados en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
II.4. Sentado lo que antecede, se advierte que la cuestión sometida a decisión a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en esta parcela, ha sido resuelta por este Tribunal en casos sustancialmente análogos, fijando doctrina legal en la materia (doctr. causas A. 74.496, "Malacalza", sent. de 16-XII-2020 y A. 75.067, "Alvarez", sent. de 30-VIII-2021), circunstancia que resulta suficiente, de acuerdo a lo establecido en la disposición referenciada en el párrafo anterior, para proceder a su rechazo (art. 31 bis, cit.).
II.5. En relación a la denuncia de "gravedad institucional" cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a semejantes alegaciones si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 74.437, "Abe", resol. de 23-XI-2016; Q. 74.638, "Rodriguez", resol. de 10-V-2017; Q. 76.604, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-XII-2020; Q. 76.593, "Castro", resol. de 4-VIII-2021; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
II.6. Por último, cabe destacar que lo resuelto en la sentencia de primera instancia reconoce la aplicación del decreto 956/20 (B.O. del 26-11-2020), en cuanto fija el límite del pago de las bonificaciones hasta el 1-09-2020, fecha en que el aludido decreto las suprimió (confr. art. 7°). En efecto, ese pronunciamiento condenó a incorporar en los haberes de los actores la bonificación dispuesta por los decretos 54/11 y 934/13 y las modificaciones que en lo sucesivo se establezcan a éstas.
III. Por los fundamentos expuestos, cabe hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar la sentencia de Cámara en cuanto declaró que el recurso de apelación no cumple el requisito impuesto por el art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y mantener lo decidido en el pronunciamiento de primera instancia (arts. 289 inc. 2, CPCC y 31 bis, primer párraf., ley 5827; texto según ley 13.812). Con costas por su orden, en razón de la forma en cómo se resuelve (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, segundo párr. y 289, in fine , CPCC).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Independientemente del criterio con el que en circunstancias diferentes habría de ponderar el caso sometido a juzgamiento (conf. mis votos en causas B. 60.279, "Terzaghi", sent. de 18-III-2009; B. 61.217, "Insinger" y B. 60.715, "Nocetti", sents. de 11-VIII-2010), lo cierto es que en autos se encuentra justificada la aplicación del art. 31 bis de la ley 5827 (texto según ley 13.812), por tratarse de un asunto sobre el cual se ha consolidado una doctrina legal en los precedentes citados supra (pto. II.4).
Siendo así, razones de economía y celeridad procesal, me llevan a adherir al voto que antecede.
El señor Juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan y el doctor Torres.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar la sentencia de Cámara en cuanto consideró que la apelación no contenía una crítica concreta y razonada del fallo de primera instancia (confr. art. 56 inc. 3, CCA) y mantener lo decidido en el pronunciamiento de primera instancia (arts. 289 inc. 2, CPCC y 31 bis, primer párraf., ley 5827; texto según ley 13.812). Con costas por su orden, en razón de la forma en como se resuelve (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, segundo párr. y 289, in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:41:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2023 19:32:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/02/2023 15:01:36 - MANCINI HEBECA Fernando Luis María - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 10:08:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 11:32:26 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/03/2023 11:38:14 hs. bajo el número RR-93-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia