Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77467
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido, se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia, se desestima la denuncia de incumplimiento formulada por la parte actora (art. 289, CPCC).
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (art. 51 inc. 2, ley 12.008, texto según ley 14.437). Las de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.467, "Vecchiarelli, Pedro Reynaldo contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros. Pretensión de Restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Carral.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso deducido por la señora Irma Noemí Diaz y, en consecuencia, revocó la resolución de primera instancia por la cual se desestimó la denuncia de incumplimiento formulada respecto de la sentencia emitida con fecha 17 de febrero de 2016 (v. resol. de 17-VI-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 6-VII-2021, 13:32:22), cuya concesión fue denegada con sustento en que el pronunciamiento impugnado no revestía la condición de definitivo ni cabía equipararlo a tal (v. resol. de 12-X-2021).
Interpuesta contra dicha decisión una queja en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de fecha 22-X-2021), este Tribunal, mediante resolución de fecha 4 de noviembre de 2022, declaró mal denegado el recurso y lo concedió.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Conforme se desprende de las constancias electrónicas de la causa, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, por sentencia de fecha 17 de febrero de 2016, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 22 segundo párrafo, 25, 56 segundo párrafo y 57 de la ley 11.761 y su inaplicabilidad al caso.
Condenó así a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar a la señora Irma Noemí Díaz y al señor Daniel Reynaldo Vecchiarelli -en su carácter de únicos y universales herederos del señor Pedro Reynaldo Vecchiarelli- el importe correspondiente al reajuste jubilatorio solicitado por el causante, conforme el haber equivalente al 82% de la remuneración con aportes para la categoría escalafonaria alcanzada de Jefe de Equipo de 1°, conforme a la ley vigente al tiempo de su cese (ley 5.678) y desde el día 24 de agosto de 2004.
Asimismo, reconoció a la señora Díaz el beneficio de pensión de conformidad con las disposiciones de los arts. 25, 40 inc. "a", 59 y 66 inc. "b" de la ley 13.364, equivalente al 75% móvil de la jubilación que le hubiera correspondido a su esposo Pedro Vecchiarelli bajo la ley 5.678 -aplicable al momento del fallecimiento de este último-, condenando al ente previsional a liquidar sus haberes de acuerdo con dicha norma, además de reintegrarle los importes indebidamente descontados por aplicación de la ley 11.761, devengados desde el día 27 de abril de 2009, con más sus intereses.
Finalmente, desestimó la demanda con relación al planteo de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761.
I.2. Apelado el pronunciamiento por la demandada, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata lo confirmó mediante la sentencia de fecha 21 de febrero de 2017.
Interpuesto contra esa decisión un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esta Suprema Corte de Justicia lo rechazó, dejando firme el pronunciamiento de segunda instancia (v. resol. de 20-IX-2017).
I.3. Habiendo causado ejecutoria, el día 9 de octubre de 2018 la Caja efectuó el depósito y dio en pago los importes correspondientes al reajuste jubilatorio reconocido en la causa.
I.4. Ahora bien, en la presentación de fecha 26 de diciembre de 2019, la señora Díaz denunció el incumplimiento de la sentencia manifestando que la demandada pasó a liquidar la prestación observando lo prescripto en el art. 41 de la posterior ley 15.008 relativo al cálculo de la movilidad, que a su entender contiene una fórmula que la perjudica. Por lo que, desde el mes de enero del citado año, sus haberes pensionarios no se ajustan a la normativa a la que remite el fallo que la beneficiara.
I.5. Interesa señalar que la denuncia fue desechada por la magistrada interviniente, por considerar que versaba acerca de un objeto extraño a la petición original. Lo expresado, con respaldo en lo resuelto por esta Corte en la causa I. 2.024, "Velurtas", resolución de 11-XII-2019, ante un planteo sustancialmente análogo (v. resol. de 12-III-2020).
II. Recurrida la desestimación por la parte actora, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al remedio y, en consecuencia, revocó la resolución de primera instancia (v. sent. de 17-VI-2021).
Para decidir así, tuvo en consideración el criterio mayoritario expuesto en precedentes anteriores suyos, de los cuales cabía inferir que a partir de la serie de decisiones judiciales emitidas en el expediente y que adquirieron firmeza, la cuestión vinculada a la liquidación del haber previsional conforme la normativa vigente al momento de producirse el hecho generador del beneficio trataba de un aspecto sobre el cual no podía ya regresarse en pos de la seguridad jurídica.
A su vez, sostuvo que la causa I. 2.024, "Velurtas", resuelta por esta Corte y citada por la magistrada de grado, guardaba diferencias con el presente caso. Ello, en virtud de que en aquellos autos se había dictado sentencia hacía más de diez años y aquí este Superior Tribunal se había pronunciado recién con fecha 20 de setiembre de 2017 y la dación en pago fue efectuada el 9 de octubre de 2018.
Tras recordar la postura de la Corte federal en torno a la especial protección que se le debe dispensar al sector pasivo y estimando los antecedentes de la causa, la avanzada edad de la actora y los derechos involucrados reconocidos en los arts. 14 bis, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional y 36 inc. 6, 39 inc. 3 y 40 de su par provincial, concluyó que obligar a la señora Díaz a transitar por un nuevo proceso dirigido contra la ley 15.008 implicaría agravar indebidamente su situación.
III. Disconforme con dicho pronunciamiento, la Caja demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-VII-2021, 13:32:22).
Expresa que el fallo puesto en crisis ha violado la ley 15.008 vigente y se aparta de lo resuelto por esta Corte en las causas I. 1.904, "Martin" e I. 2.024, "Velurtas", resoluciones de fecha 11-XII-2019, en las cuales este Tribunal desestimó idénticos planteos de incumplimiento de la sentencia.
Tras referenciar de modo integral el pronunciamiento dictado en la primera causa, menciona que aquí no fue objeto de debate la fórmula de movilidad plasmada en el art. 41 de la ley 15.008, dado que dicho régimen no estaba vigente al momento de emitirse los decisorios de primera y segunda instancia. De allí la imposibilidad de ventilarlo alegando un incumplimiento de sentencia.
IV. El recurso prospera.
IV.1. La denuncia de incumplimiento de la sentencia de primera instancia, con basamento en la aplicación de la movilidad prevista en el art. 41 de la ley 15.008 (B.O. de 16-I-2018) a la prestación de la señora Irma Noemí Díaz, excede el marco propio de lo que fue efectivamente debatido y resuelto en esta causa, que versó sobre el reconocimiento del beneficio de pensión conforme a las pautas previstas en los arts. 25, 40 inc. "a", 59 y 66 inc. "b" de la ley 13.364, cuestionándose la aplicación de diversas disposiciones de la ley 11.761.
Para afirmar lo antedicho basta con recordar que esta Suprema Corte, ante planteos de incumplimiento análogos en el ámbito de acciones originarias de inconstitucionalidad en las cuales se había dictado sentencia declarando inaplicables varios preceptos de la ley 11.761 y estableciendo que el haber previsional se calcularía conforme la ley vigente al momento de obtener el beneficio (ley 5.678), fue clara al indicar que la etapa procesal en que se hallaban los autos y la fecha en que se había dictado sentencia impedían al Tribunal abordar la constitucionalidad de una ley sobreviniente que nunca había formado parte de la litis (doctr. causas I. 1.904, "Martin" e I. 2.024, "Velurtas", resols. de 11-XII-2019).
A partir de eso y atendiendo al principio de aplicación inmediata de las leyes (conf. causa A. 78.726, "Actis Goretta", sent. de 16-VIII-2017 y sus citas), se concluyó que la afectación que la ley 15.008 pudiera ocasionar sobre los beneficios ya otorgados debía ser objeto de discusión, llegado el caso, en el marco de un nuevo proceso.
IV.2. Por consiguiente, a tenor de las constancias reseñadas y a la luz del criterio sentado por esta Corte en supuestos análogos, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido y revocar la sentencia impugnada.
En consecuencia, se desestima la denuncia de incumplimiento formulada por la parte actora (art. 289, CPCC).
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (art. 51 inc. 2, ley 12.008, texto según ley 14.437). Las de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido, se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia, se desestima la denuncia de incumplimiento formulada por la parte actora (art. 289, CPCC).
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (art. 51 inc. 2, ley 12.008, texto según ley 14.437). Las de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/04/2023 14:08:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2023 17:38:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2023 14:55:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 10:42:50 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 16:29:42 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 08/05/2023 16:36:39 hs. bajo el número RS-26-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia