Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77863
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.863, "Toscani, Graciela Mercedes contra Instituto de Previsión Social -IPS-. Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia que declaró inadmisible la pretensión articulada.
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La actora interpuso demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires -IPS- con el objeto de obtener el reconocimiento a la percepción del 85% del haber del cargo de Directora de Primera, la anulación del cargo deudor establecido y la devolución de las sumas que el mencionado ente consideró indebidamente percibidas.
I.2. Mediante proveído de fecha 19 de marzo de 2021, con carácter previo al análisis de admisibilidad de la acción, el juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Azul solicitó que la actora aclare el alcance de la pretensión, toda vez que según surgía de lo expuesto en su postulación se estaría requiriendo el reconocimiento de un derecho que no fue admitido por la Administración mediante resoluciones que fueron impugnadas judicialmente en el expediente n° 14.907, el que finalizó con la declaración de inadmisibilidad de la pretensión por haber sido interpuesta la demanda en forma extemporánea.
I.3. Mediante presentación de fecha 31 de mayo de 2021 la actora manifestó que la pretensión aquí esgrimida es por el reconocimiento del derecho a la percepción del 85% del haber del mejor cargo como Directora de Primera.
De ese modo aclaró que no se persigue la anulación de una resolución administrativa, a diferencia de lo que ocurrió en el mencionado expediente n° 14.907. Explicó que, ante la declaración de inadmisibilidad de la pretensión resuelta en el expediente mencionado, se inició un nuevo reclamo en sede administrativa con fecha 25 de octubre de 2018, en el cual no hubo pronunciamiento de la Administración, por lo que no existe resolución alguna cuya anulación se pueda pretender.
En virtud de ello, con fecha 30 de marzo de 2021 se presentó nota solicitando pronto despacho del mencionado reclamo y que tampoco fue resuelto.
Sostuvo que el silencio de la Administración configura una negativa frente al requerimiento formulado, agota la instancia administrativa y deja expedita la vía judicial.
I.4. De acuerdo a lo expuesto, el juez actuante resolvió declarar inadmisible la pretensión articulada por la actora por no cumplir con el requisito de admisibilidad que establece el art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
Advirtió que el objeto de la presente demanda es idéntico al del mentado expediente n° 14.907 -señaló incluso que las demandas portan una similitud evidente-, sin perjuicio de que en la primera se instaba la nulidad de la resolución que denegaba la asignación del mejor cargo en el 85% del de Director de Primera y en esta se pretende el reconocimiento del derecho a ese porcentual.
Señaló que una vez elegido el camino del "Reconocimiento de derechos o intereses tutelados", este no escapa a los requisitos de admisibilidad de la pretensión, máxime cuando lo que se pretende es el reconocimiento -que aquí no fue tal, sino su negativa- de un derecho que nació de una resolución. Precisó que transitar el proceso como pretende la actora sería rever judicialmente una decisión que ya adquirió firmeza.
Recordó que la interposición extemporánea de un recurso administrativo procedente impide sortear el valladar de los arts. 18 incs. "a" y "d" del Código Contencioso Administrativo y 35 inc. 1 apartado "i" de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (CCA), con la consecuente imposibilidad de demandar judicialmente la revisión de actos que han adquirido firmeza en sede administrativa por falta de impugnación oportuna. Agregó que esa afirmación es perfectamente trasladable a la pretensión de reabrir la instancia administrativa mediante una nueva presentación requiriendo lo ya resuelto por un acto que adquirió firmeza y que, ante el silencio negativo, se pretende su nueva judicialización.
Concluyó diciendo que a esos efectos se le pidió una aclaración a la actora, que patentiza que el objeto de autos -aunque con una pretensión procesal disímil- es idéntico al formulado en el expediente n° 14.907, que se encaminaba a cuestionar las resoluciones 826.596 y 862.645, y que fue desestimada por ser procesalmente inadmisible.
II. Contra esa sentencia la actora interpuso recurso de apelación.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia.
Comenzó relatando el trámite administrativo vinculado a las presentes actuaciones judiciales.
De acuerdo a los antecedentes allí reseñados, los jueces de la alzada coincidieron con el juez de grado en la que la pretensión era formalmente inadmisible.
De esa forma entendió que las constancias obrantes en el expediente administrativo revelan que, lejos de intentar ante el IPS una petición independiente de las resoluciones 826.596 y 862.645 dirigida a percibir el 85% del mejor cargo por ella desempeñado en actividad, la actora se limitó a requerir la revisión del criterio plasmado en dichas resoluciones.
Destacó que a través de la presentación efectuada con fecha 26 de octubre de 2018 la señora Toscani planteó ante el instituto demandado que lo decidido por medio de las resoluciones 826.596 y 862.645 importaba "...un grueso error que no (tenía) correlato (con) la documentación agregada en el expediente jubilatorio ni (con su) historia laboral..." dado que dichos actos no le otorgaban el derecho a percibir el 85% del mejor cargo por ella desempeñado (Directora de Primera), por lo que solicitó que se "...revea..." la resolución jubilatoria 826.596, fijándose el haber del mejor cargo en el porcentaje requerido (cfr. fs. 345 del expediente administrativo adjuntado en formato digital).
Agregó que tampoco la presentación obrante a fs. 375/384 de las actuaciones administrativas importó un reclamo independiente de las aludidas resoluciones administrativas, dado que en dicho escrito -dirigido a recurrir el acto administrativo que declaró legítimo el cargo deudor liquidado en su contra (resolución 921.252)- la actora sostuvo que la resolución 826.596 no resultaba ajustada a derecho en cuanto establecía su jubilación en el 80% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de Directora de Primera y en el 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de Maestra Recuperadora, correspondiéndole percibir el 85% del haber correspondiente al primero de tales cargos en virtud de lo reglado por el art. 83 del decreto ley 9.650/80.
Concluyó entonces que al sustentarse el pedido de reconocimiento de derechos exclusivamente en la revisión del temperamento consagrado en las resoluciones 826.596 y 862.645, y no en la falta de acogimiento de una petición independiente de estas que innove respecto de las circunstancias, las pruebas o la argumentación oportunamente examinadas por la Administración, deviene ineludible concluir que la pretensión aquí ventilada resulta inadmisible, atento hallarse firmes y consentidos tales actos administrativos, por haber sido desestimada a través de un pronunciamiento jurisdiccional con autoridad de cosa juzgada la pretensión anulatoria intentada en su contra (cfr. resolución de 7-IX-2018 dictada en los autos caratulados "Toscani, Graciela Mercedes c. Instituto de Previsión Social - I.P.S. s. Pretensión Anulatoria - Previsión" -expediente n° 14.907-, www.mev.scba.gov.ar).
Aclaró que dicho criterio no importa desconocer la amplitud con que deben ser interpretadas las normas que rigen la materia previsional, en razón del carácter integral e irrenunciable de los derechos consagrados en las leyes de jubilaciones y pensiones, su imprescriptibilidad y las características de las contingencias que la previsión social tiende a cubrir.
No obstante, agregó, al encaminarse el reconocimiento de derechos instado en autos a alcanzar la revisión de actos administrativos firmes -y no a examinar la ausencia de respuesta favorable frente a una petición independiente de estos-, la declaración de inadmisibilidad formal dictada por el juez de grado debía ser confirmada.
Por último, descartó que por aplicación del principio in dubio pro actione se imponga en el sub examine una solución diversa a la que se propicia.
A tal fin recordó que todas aquellas acciones interpuestas contra el Estado mediante las pretensiones regladas en el Código Contencioso Administrativo están sujetas al cumplimiento de los recaudos de admisibilidad que respecto de cada sendero adjetivo prevé la normativa ritual, no correspondiendo efectuar distinciones en orden al derecho material que intenta protegerse, descartándose -por tal razón- la posibilidad de que la naturaleza previsional del derecho cuyo reconocimiento se pretende en la especie exima al juzgador -sin más- de evaluar la admisibilidad de las pretensiones articuladas a tal efecto de acuerdo a las normas procesales correspondientes.
IV. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denunció que la decisión impugnada no valoró lo dispuesto en los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial y 62 del decreto ley 9.650/80, aplicando el art. 18 del Código Contencioso Administrativo en franca violación de la jerarquía normativa y de la doctrina que surge de aquellas.
Planteó también que ninguna de las sentencias de grado realizaron la distinción que surge del texto expreso de la ley, entre el derecho a la jubilación (imprescriptible) y el derecho de la jubilación (sujeto a prescripción).
Sostuvo que la diferencia entre el derecho a la jubilación (arts. 62 primera parte, dec. ley 9.650/80; 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. prov.) y el derecho de la jubilación (art. 62 segunda parte, dec. ley 9.650/80) hace a la diferencia entre el status de jubilado y el quantum de las prestaciones previsionales, respectivamente.
Precisó que el derecho a gozar de los beneficios es imprescriptible; lo que sí es susceptible de extinguirse por el transcurso del tiempo es la obligación de pagar los haberes correspondientes a una determinada prestación.
Manifestó que la debida fijación del haber inicial se relaciona con el derecho a los beneficios de la seguridad social y como tal es imprescriptible. Aclaró que esto no significa que se pueda reeditar la cuestión tantas veces como lo considere el beneficiario, siempre que no exista una resolución judicial que haga cosa juzgada respecto del fondo del asunto (cosa juzgada material).
Señaló así que si existe un error de la Administración en perjuicio del beneficiario, tanto en la fijación de los requisitos de edad y servicios, como en la fijación del mejor cargo, como en el porcentaje del haber inicial -como en este caso-, el reclamo para la debida consideración de esos elementos -que hace al status de jubilado- no puede encontrarse sometido a la prescripción o a la caducidad, porque de lo contrario se quebraría la integralidad de los beneficios de la seguridad social, amén de avasallarse el derecho de propiedad y de igualdad.
Argumentó que la cosa juzgada administrativa, surgida para proteger los derechos subjetivos de los particulares contra la revocación del acto regular y firme ante sí, por la propia Administración, no puede utilizarse para justificar el mantenimiento de un acto irregular (por un error en lo normativo, y por tanto en la sustancia del acto) que causa perjuicio a los derechos subjetivos del particular.
Continuó señalando que el único valladar a la reedición de los reclamos previsionales es la cosa juzgada judicial. Pero mientras no exista cosa juzgada (sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada que resuelva el fondo del asunto) las pretensiones sobre el derecho jubilatorio deben admitirse, porque el error en las resoluciones de concesión del beneficio no agota su efecto distorsivo con el solo dictado, sino que por tratarse de prestaciones de pago continuado, todos los meses se reedita el avasallamiento al derecho jubilatorio.
Concluyó diciendo que en el primer reclamo que realizó se requirió la anulación de las resoluciones de jubilación y de rechazo del recurso de revocatoria, pero habiendo sido interpuesta apenas fuera del plazo de caducidad del art. 18, el juez a quo determinó la inadmisibilidad de la pretensión, que su parte consintió. Sin embargo, no abdicó de su derecho a que se fije correctamente su haber jubilatorio inicial; pretensión que hace a su status de jubilada, y que es imprescriptible de conformidad con el derecho vigente.
V. El recurso no prospera.
V.1. Esta Suprema Corte ha sostenido que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, consistente en demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia cuestionada (conf. doctr. causa A. 76.794, "Etchepare", sent. de 24-XI-2021 y sus citas).
Así, es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz a las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante, dejando sin réplica los fundamentos esenciales del fallo atacado (doctr. causas A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; A. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 73.294, "Bettoli", resol. de 11-III-2015; A. 70.139, "Falasconi", sent. de 28-IX-2016; A. 74.706, "Gallina", sent. de 12-VII-2017; A. 76.145, "Rosa", sent. de 4-VIII-2021; e.o.).
En el caso, la Cámara coincidió con el juez de primera instancia en la inadmisibilidad formal de la pretensión articulada.
Señaló que, contrariamente a lo sostenido por la actora -quien considera que la pretensión de reconocimiento de derechos aquí ventilada no se funda en la antijuridicidad de lo resuelto a través de actos administrativos firmes y consentidos-, las constancias obrantes en el expediente administrativo demuestran que no se trata de una petición independiente, haciendo hincapié de esa forma en que lo que la actora persigue es la revisión del criterio plasmado en dichas resoluciones.
Frente a ello, la recurrente se aparta de los argumentos dados por el Tribunal de Alzada y denuncia que la decisión impugnada no valoró lo dispuesto en los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial y 62 del decreto ley 9.650/80, aplicando el art. 18 del Código Contencioso Administrativo en franca violación de la jerarquía normativa y de la doctrina que surge de aquellas.
En ese sentido sostuvo que la debida fijación del haber inicial se relaciona con el derecho a los beneficios de la Seguridad Social y como tal es imprescriptible.
Efectuada en tales términos, la impugnación de la demandada evidencia un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de refutar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia (conf. doctr. causas A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016; A. 70.815, "Darhanpe", sent. de 19-X-2016; e.o.).
Como puede observarse, la recurrente omite atacar el principal argumento dado en las instancias de grado mediante el que se justificó la inadmisibilidad de la acción, referido al objeto de la pretensión incoada por la actora. Al respecto, se dejó establecido que al sustentarse el pedido de reconocimiento de derechos instado en autos exclusivamente en la revisión del temperamento consagrado en las resoluciones 826.596 y 862.645, y no en la falta de acogimiento de una petición independiente de estas que innove respecto de las circunstancias, las pruebas o la argumentación oportunamente examinadas por la Administración, era ineludible concluir que la pretensión aquí ventilada resulta inadmisible, atento hallarse firmes y consentidos tales actos administrativos por haber sido desestimada a través de un pronunciamiento jurisdiccional con autoridad de cosa juzgada la pretensión anulatoria intentada en su contra (cfr. resolución de 7-IX-2018 dictada en los autos caratulados "Toscani, Graciela Mercedes c. Instituto de Previsión Social - I.P.S. s. Pretensión Anulatoria - Previsión" -expediente n° 14.907-, www .mev.scba.gov.ar ).
Estos argumentos no son debidamente refutados por la recurrente, quien se limita a predicar que el reclamo relativo a la fijación de los requisitos de edad y servicios, o la determinación del mejor cargo, o el porcentaje del haber inicial del beneficio jubilatorio, no puede encontrarse sometido a la prescripción o a la caducidad. Y así, lejos de confrontar los fundamentos esenciales de la sentencia, se circunscribe a contraponer una interpretación discordante con el pronunciamiento del Tribunal de Alzada, de forma tal que las objeciones formuladas no conforman sino meras discrepancias con lo resuelto, carril que no constituye base idónea para esta índole de agravios (doctr. causas A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017; A. 73.881, "Gómez", sent. de 3-V-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; e.o.).
V.2. Por último, advierto que la recurrente efectúa meras afirmaciones dogmáticas en forma genérica sobre el reconocimiento de sus derechos de índole constitucional y previsional, entre otros, omitiendo efectuar un embate idóneo contra el fallo de Cámara sobre los motivos concretos por los cuales entendió que se encuentra acreditado conforme las constancias agregadas a la causa el incumplimiento del presupuesto de admisibilidad de la pretensión esgrimida.
V.3. Para más, y con el fin de brindar una respuesta a los planteos formulados, cabe recordar que en el diseño legal instituido a partir de la reforma de la ley 13.101, la admisibilidad de la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos (art. 12 inc. 2, CCA) depende, en lo que aquí interesa, del cumplimiento de la carga del agotamiento de la vía administrativa y de la presentación de la demanda que la porta dentro del plazo de caducidad (arts. 14 inc. 1 primer párrafo y 18 inc. "d" primer párrafo, CCA). Al menos en principio -con prescindencia de todo cuestionamiento constitucional que pudiere formularse- esas son las condiciones fijadas por la ley (causa A. 73.981, "Donadío", sent. de 5-X-2020).
VI. Por las razones expuestas, suficientes a tenor de los agravios traídos a esta instancia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.