Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76887
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.887, "Mazzei, Haracelli Mercedes y otro contra Poder Ejecutivo y otros. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud, Maidana, Natiello.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda deducida por la señora Haracelli Mercedes Mazzei y el señor Fidel Antonio Mazzei, en carácter de herederos de Ethel María Mazzei contra la Provincia de Buenos Aires y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de 3-XI-2020).
Disconforme con tal pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito de fecha 24-XI-2020), cuya concesión fue denegada con sustento en la insuficiencia del valor del litigio (v. resolución de 9-II-2021).
Interpuesta contra dicha decisión una queja en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de fecha 23-II-2021), este Tribunal, mediante resolución de fecha 11-IV-2022, declaró mal denegado el recurso y lo concedió.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, en lo que al caso interesa, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda deducida por la señora Haracelli Mercedes Mazzei y el señor Fidel Antonio Mazzei, en carácter de herederos de Ethel María Mazzei- contra la Provincia de Buenos Aires y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de 3-XI-2020).
El decisorio de grado al acoger la pretensión deducida dispuso el pago a quien fuere en vida Ethel María Mazzei -o sus legítimos herederos- de las sumas establecidas por el decreto 1.014/97 a partir del día siguiente de la fecha de sanción de la ley 12.155, con más los intereses correspondientes a cada período desde el dictado de dicha ley hasta el efectivo pago.
I.1. Tras relatar los antecedentes de la causa rechazó los agravios esgrimidos por la demandada.
I.1.a. En primer lugar, desestimó el reproche referido a que los demandantes no se encontraban legitimados para peticionar suma alguna que no fuera reconocida ni devengada en vida en favor de Ethel María Mazzei.
Señaló que los actores estaban legitimados para instar el reclamo impetrado, al haber sido investidos de la condición de herederos conforme se desprende de la copia de la declaratoria agregada en autos, extremo que a la postre exigen los arts. 2.338 del Código Civil y Comercial y 3.412 anterior, según ley 23.264.
Acto seguido compartió el alcance otorgado por el señor juez de primera instancia en torno a la cita del fallo de este Tribunal emitido en la causa "Negri", sentencia de fecha 30-VI-2010, en lo atinente a que "...los herederos del afiliado causante están legitimados para reclamar créditos dinerarios derivados del beneficio cuando tales sumas hayan sido reconocidas o devengadas en vida al jubilado o pensionado frente a peticiones administrativas por ellos entabladas o mediante reconocimiento oficioso del ente de la seguridad social previo al fallecimiento . Por la otra parte, también lo estarán para continuar con el ejercicio de las reclamaciones administrativas o acciones judiciales que, en procura del reajuste del haber, hubieran sido iniciadas por el propio afiliado, aun cuando estuviesen pendientes de resolución al tiempo de su fallecimiento. En cambio, no podrán reclamar válidamente modificaciones en la calidad y condición previsional de la que gozaba el causante o para obtener el cobro, con posterioridad a la muerte del beneficiario, de sumas dinerarias por eventuales reajustes a la prestación mal liquidada al jubilado o pensionado, si no ha mediado en tal sentido oportuna petición administrativa o acción judicial de estos" (reseña que efectúa del voto que emitiera en esa causa).
En base a lo que resaltara consideró que la falta de reclamo por la fallecida señora Mazzei alegada por la Fiscalía de Estado no obstaba para que sus continuadores reclamaren créditos previsionales que conformaban el acervo hereditario del causante, incluidos los litigiosos o dudosos.
Desde allí sostuvo que, al operarse la trasmisión de derechos a los actores, ellos poseían legitimación para peticionar el pago de las sumas retroactivas derivadas de la bonificación establecida en el decreto 1.014/97 y sus sucesivas prórrogas hasta la aplicación del decreto 1.650/04.
En adición citó la doctrina de esta Corte emergente de la causa "Del Río", que también efectuara el señor juez de primera instancia, respecto a que "Si el reclamo no se refiere al goce mismo del beneficio, el cual se extingue con la muerte de la titular y no se encuentra comprendido en el acervo hereditario, sino a haberes devengados y no percibidos por el causante, quienes acreditan la calidad de herederos están legitimados para demandarlos".
I.1.b. En segundo lugar, descartó el agravio vinculado a la omisión del magistrado de primera instancia de abordar la defensa de prescripción opuesta por la Fiscalía de Estado.
Puso de manifiesto que no se había explicitado con certeza el motivo razonado y concreto por el cual la decisión de grado constituiría un yerro, generador de agravio, en tanto que acogió la demanda a tenor de los fundamentos dados y resolvió declarar inoficioso analizar los restantes puntos formulados por las partes en sus escritos postulatorios.
Agregó que la ley 13.347 reconoció el derecho que se reclama, por lo que su publicación provoca -en términos genéricos- el comienzo del término de la prescripción y -además- que la crítica del apelante no contrarrestaba el desarrollo realizado por el magistrado de grado acerca de la inaplicabilidad al caso de la mencionada ley.
Por último, reseñó el criterio del Tribunal de Alzada sostenido en un precedente similar respecto a que el criterio de razonabilidad debe prevalecer ante la aplicación de la norma de excepción, y esta ceder en defensa de los derechos irrenunciables de la actora, por lo que concluyó en la inaplicabilidad de la citada ley ante el reconocimiento efectuado.
II. Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-XI-2020).
Expresa que el fallo en crisis ha violado la doctrina legal de esta Corte emergente de diversas causas que cita, ha interpretado erróneamente la ley 13.347, el decreto 2.124/06 y el art. 59 de la ley 13.236.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. Que la decisión de la Cámara viola la doctrina de esta Corte aplicable al caso emergente de los precedentes B. 49.278, "Raggio", sentencia de 30-IV-1985; B. 50.184, "Pereyra", sentencia de 23-IV-1990; B. 55.870, "Lissalde", sentencia de 19-III-2003 y B. 59.693, "Negri", sentencia de 30-VI-2010, en el que también se debatió una cuestión análoga a la de autos.
Denuncia que se ha omitido considerar los recaudos bajo los cuales este Tribunal admitió la legitimación de los herederos de un beneficiario difunto para reclamar los créditos dinerarios derivados del haber jubilatorio del causante.
Luego de referirse a las connotaciones específicas de cada uno de los precedentes que cita y a la doctrina legal que de ellos emerge según la cual la legitimación de los herederos se encuentra condicionada al previo reclamo del jubilado o pensionado, o bien al reconocimiento oficioso de algún crédito a su favor, aduce que la Cámara solo reconoció la legitimación de los demandantes por el mero hecho de ser herederos de la causante, soslayando e interpretando parcialmente la postura adoptada por este Tribunal, la que resulta plenamente aplicable al caso de autos.
Desde allí concluye que el Tribunal de Alzada no ha ponderado que se trata de un derecho personalísimo que no se trasmite mortis causa; que no medió reclamo alguno por parte de la beneficiaria con anterioridad a su fallecimiento tendiente a que se reconozca un crédito dinerario a su favor; y, tampoco, existió un reconocimiento oficioso por parte de la administración.
II.2. En otro punto denuncia que la sentencia impugnada efectúa una errónea interpretación de los alcances de la ley 13.437.
Sumado a lo expresado en el punto anterior alega que tampoco se encuentra reconocido ningún crédito a favor de la fallecida Ethel María Mazzei con motivo de la sanción de la ley 13.437, en virtud de que para percibir alguna acreencia en el marco de dicha norma era necesaria la adhesión del jubilado y/o pensionado con la consiguiente suscripción de un acuerdo transaccional por ella o por sus herederos, en los plazos establecidos al efecto -noventa días corridos contados a partir de la notificación cursada al efecto- lo que no aconteció en el caso en el término mencionado.
En consecuencia, asevera que al no existir reclamo alguno de la causante, ni adhesión a los términos de dicha ley, los herederos se encuentran imposibilitados de interponer una pretensión administrativa o judicial en tal sentido.
Sostiene que esas circunstancias han sido soslayadas por la Cámara, sin apreciar que el reclamo de reajuste retroactivo de la prestación previsional de Ethel María Mazzei en los términos de la ley 13.437, es una acción extinguida morte pereunt , pues pertenecía solo al difunto en tanto ha nacido de una relación con la administración otorgada ad vitam .
II.3. Por último, aduce que el fallo en crisis efectúa una errónea interpretación del decreto 2.124/06 y del art. 59 de la ley 13.236 sobre prescripción liberatoria.
Considera que la Cámara yerra al rechazar la excepción de prescripción opuesta, por cuanto si bien la ley 13.437 reconoció a aquellos jubilados y pensionados de la Policía que no hubieran efectuado el pertinente reclamo la posibilidad de adherirse a los acuerdos previstos en dicha norma, tales convenios debían suscribirse dentro del término fijado por el decreto 2.124/06 y la resolución 21/06 del Instituto de Previsión Social, plazo que feneció el 30 de marzo de 2007.
Finalmente señaló que, aún cuando se admita la legitimación de los demandantes, el reclamo prescribió el 1 de julio de 2006 con motivo de que las mentadas diferencias se habrían devengado a partir de la vigencia del decreto 1.014/97 -esto es el 1 de abril de 1997- y hasta el 30 de junio de 2004 y los actores reclamaron ante la Caja de Policía con fecha 3 de febrero de 2011, por lo que dicha petición ha sido presentada extemporáneamente, al haber transcurrido el plazo de dos años previsto en el art. 59 de la ley 13.236.
III. El recurso prospera.
III.1. Tal como lo aduce la recurrente, la Cámara ha vulnerado la doctrina de este Tribunal, sentada en las causas B. 49.278, "Raggio", sentencia de 30-IV-1990; B. 55.870, "Lissalde", sentencia de 19-III-2003 y B. 59.693, "Negri", sentencia de 30-VI-2010, en las que se trató la problemática de la legitimación de los herederos para reclamar posibles créditos dinerarios derivados del haber previsional del causante.
Es oportuno reeditar el análisis que sobre la materia en debate ha efectuado esta Suprema Corte en los precedentes citados, en tanto conforman un marco interpretativo en ese punto a examinar.
III.1.a. Con el aludido propósito y conforme mi voto emitido en la referida causa "Negri", señalo que tanto en el precedente "Raggio" como en "Lissalde", ya mencionados, los herederos del beneficiario pretendían percibir, con sustento en los principios del derecho sucesorio, créditos que pudieron haber correspondido al otrora jubilado, generados por la errónea categorización del cargo base efectuada por el Instituto de Previsión Social al momento de otorgar el beneficio, o por la consideración como remuneratorios -y, en consecuencia, trasladables al haber de pasividad- de determinados adicionales percibidos por los agentes activos de idéntica categoría que la que revestía el causante al momento de jubilarse. Este temperameto fue ratificado años más tarde, en mi voto en la causa B. 60.990, "Allemos", sentencia de 21-IX-2016.
Así pues, en ambos casos, esta Suprema Corte entendió que los herederos carecían de legitimación, fincando su razonamiento en que el objeto de sus reclamos no resultaban "créditos dinerarios devengados en vida del causante en consecuencia de la jubilación por él adquirida y en los términos, ámbito, alcance y circunstancia que él la adquirió" (causa "Raggio") o "créditos dinerarios emergentes de los beneficios otorgados" (causa "Lissalde").
Expresé también que se estaba frente a "...una acción tendiente a modificar una situación jurídica inherente a la persona del causante [...] que pertenece al difunto pero que no compone su herencia" (causa "Raggio") o frente a "una acción que hubiese correspondido a la causante en la medida que ésta hubiese pretendido obtener el reconocimiento del derecho al reajuste derivado de las bonificaciones percibidas por los legisladores en actividad en concepto de gastos de movilidad y la consecuente percepción del crédito respectivo" (causa "Lissalde").
Indiqué que "el señalado criterio termina de perfilarse con el precedente de la referida causa 'Pereyra'. Allí este Tribunal al admitir por mayoría la legitimación de los sucesores del beneficiario -quienes perseguían el reconocimiento del derecho al reajuste derivado de servicios fictos computables en favor del otrora jubilado y la consecuente percepción del crédito resultante- tuvo particularmente en cuenta que '...con anterioridad al deceso del afiliado y de su pensionada se [habían] presentado reclamos administrativos que no se habían resuelto a la fecha de sus fallecimientos y que luego fueron desestimados'. En esas circunstancias la Corte sostuvo que '...los sucesores conti[nuaban] a las personas de los causantes en el ejercicio de la acción y no son aquellos quienes cuestionan aspectos relativos a la situación previsional de los titulares de los beneficios ya fallecidos, sino que prosiguen la reclamación deducida en vida por los causantes en los mismos términos y con el mismo alcance que ellos formularon'".
En resumen, aludí a que "la doctrina del Tribunal planteaba las siguientes derivaciones. Por una parte, los herederos del afiliado causante estaban legitimados para reclamar créditos dinerarios derivados del beneficio cuando tales sumas habían sido reconocidas o devengadas en vida al jubilado o pensionado frente a peticiones administrativas por ellos entabladas o mediante reconocimiento oficioso del ente de la seguridad social previo al fallecimiento. La falta de configuración de este especial supuesto que, en mi criterio, concurría en la causa B. 57.015, 'Freschi de Hours', sent. de 3-V-2006, motivó mi apartamiento del voto de la mayoría en esta específica parcela, más allá de compartir en términos generales la doctrina allí sentada. Por la otra, también lo estarán para continuar con el ejercicio de las reclamaciones administrativas o acciones judiciales que, en procura del reajuste del haber, hubieran sido iniciadas por el propio afiliado, aun cuando estuviesen pendientes de resolución al tiempo de su fallecimiento. En cambio, expresé que no podrán reclamar válidamente modificaciones en la calidad y condición previsional de la que gozaba el causante o para obtener el cobro, con posterioridad a la muerte del beneficiario, de sumas dinerarias por eventuales reajustes a la prestación mal liquidada al jubilado o pensionado, si no ha mediado en tal sentido oportuna petición administrativa o acción judicial de éstos".
III.1.b. De modo que, en el contexto reseñado, advierto que asiste razón a la Fiscalía de Estado cuando sostiene que la Cámara ha realizado una interpretación parcializada de la doctrina legal de esta Corte en tanto si bien tuvo por acreditada la condición de heredero instituido conforme el art. 2.338 del Código Civil y Comercial, ignoró los extremos que aquella exige vinculados con la existencia de un reclamo previo por parte del causante o un reconocimiento oficioso de la administración.
En efecto, en el caso los demandantes solicitan que se reconozca el derecho al cobro retroactivo de sumas derivadas de la bonificación dispuesta por el decreto 1.014/97 y sus sucesivas prórrogas respecto de la pensión de su hermana fallecida Ethel María Mazzei. Tal reclamo, en rigor de verdad, correspondía a la causante, en tanto que lo pretendido versa sobre el cobro de acreencias resultantes de un reajuste del haber previsional mal liquidado.
Siendo ello así, a la luz de la postura adoptada por este Tribunal en los precedentes señalados, considero que no habiendo la beneficiaria presentado reclamo administrativo o judicial, los actores en su carácter de sucesores de aquella no se encuentran legitimados para articular la pretensión deducida en autos.
III.2. Por su parte, tampoco la ley 13.437 permite admitir la legitimación de los demandantes en el caso, pues para que ello sucediera debió mediar o una petición en vida de la causante de adherirse a sus términos y condiciones, o de ellos mismos en calidad de herederos, dentro del plazo establecido al efecto en la mencionada normativa, circunstancias que no ocurrieron en el sub lite (cfr. art. 3 y 4, dec. 2.124/06)
Justamente en su expresión de motivos se afirma que el plan de saneamiento allí diseñado tuvo por finalidad alcanzar una solución equitativa para el conflicto planteado entre la Provincia y los agentes pasivos de la Policía y del Servicio Penitenciario Bonaerense a raíz del decreto 1.014/97, entre otros, con la intención de alcanzar una fórmula que ponga fin a tales reclamos; postulado que se reitera en el art. 1 de la ley 13.437. Esto no puede considerarse un reconocimiento oficioso de crédito alguno, sino una propuesta de solución que dependía de una adhesión expresa a las condiciones que allí se establecían.
Ahora bien, ausente la solicitud de incorporación al plan establecido en la ley 13.437, los herederos carecen de legitimación para obtener el cobro retroactivo de las sumas establecidas en el decreto 1.014/97. En autos no se ha acreditado, que la causante haya iniciado reclamo alguno que permita a los herederos continuarlo.
En atención a lo expuesto, resulta inoficioso el análisis del restante agravio formulado por la recurrente.
IV. Por las razones dadas, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario deducido, revocar la sentencia impugnada y, en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta (art. 289, CPCC).
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (art. 51 inc. 2, ley 13.101, texto según ley 14.437).
Las de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Considero que el recurso prospera parcialmente, por los motivos que paso a exponer:
I. En primer lugar, advierto que los créditos aquí controvertidos no se encuentran alcanzados por la excepción contenida en el referido art. 3.417 del Código Civil pues no constituyen "derechos inherentes a la persona" (art. 498, Cód. Civ.).
Tal como indicara el doctor Soria en la causa B. 58.938, "Oliveira", sentencia de 30-V-2012, en materia previsional se ha limitado la legitimación de los herederos para ejercer a
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