Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79101
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC; 31, ley 14.967).
A.79.101 "DODDI EDUARDO OSCAR C/ CAJA DE JUB., SUB. Y PENS. DEL PERSONAL DEL BANCO PCIA DE BS AS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, en lo que aquí interesa, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con sustento en lo normado en los arts. 260 y 261 del Código Procesal Civil y Comercial y 77 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo (v. sent. de 7-XI-2023).
Por lo tanto, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por el señor Eduardo Oscar Doddi en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008, reconoció el derecho del actor a que se liquiden sus haberes previsionales conforme la normativa vigente con anterioridad al dictado de la citada ley y de acuerdo a las pautas fijadas en el aludido pronunciamiento. Asimismo, como consecuencia de ello, ordenó a la demandada que proceda a abonar las diferencias devengadas durante el período que indicara.
Para así resolver, consideró que el embate intentado por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires carecía de una crítica concreta y razonada de los fundamentos esenciales que sirvieran de apoyo al pronunciamiento de primera instancia.
En tal marco, reparó en que la apelante cuestionaba el tratamiento dado a la inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008 invocando el voto minoritario emitido por esta Corte en la causa I. 75.111, "Macchi", sin rebatir de manera certera y pormenorizada las motivaciones de la sentencia de primera instancia que llevaron a decidir del modo en que lo hizo, siguiendo para ello los lineamientos vertidos por esta Corte al conceder la medida cautelar de suspensión de la aplicación del precepto legal mencionado en el marco de la causa I. 75.123, "Asociación Bancaria c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad ley 15.008".
Puntualizó que el agravio central de la recurrente se basó en que el magistrado de primera instancia adoptó la postura mayoritaria de esta Corte en la mencionada causa "Macchi".
En base a ello señaló dos cuestiones: por un lado, que más allá de cuáles jueces integraron la mayoría y la minoría en la causa "Macchi", la jurisprudencia actual vigente en causas de idénticas características a la de autos, aunque en una cuestión cautelar, es la del voto mayoritario. Y por el otro, apuntó que el fundamento en la referida causa -conforme los argumentos decisivos de este Tribunal que reseña- para admitir cautelarmente la suspensión del art. 41 de la ley 15.008, no fue el análisis minucioso del impacto que uno y otro mecanismo de movilidad tuvo o pudo tener sobre el haber del actor. En tales condiciones, concluyó la Cámara que la demandada había incumplido con la carga establecida en el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, y ante ello, declaró desierto el recurso, conforme lo prescripto en el art. 261 del citado ordenamiento, aplicable por reenvío del art. 77 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo.
II. Contra tal pronunciamiento, la entidad demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-XI-2023, 16:09:08), siendo concedido por la Cámara mediante resolución de fecha 28-XI-2023.
La Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires esgrime que fue creada por ley 3.837 como una entidad autárquica de derecho público con autonomía económica y financiera, cuyo funcionamiento está basado en un sistema de reparto.
Enfatiza que la movilidad de los beneficios previsionales se regula en el art. 41 de la ley 15.008, que prevé una delegación directa del legislador provincial a la ley nacional 26.417 y, en ese marco, la Caja aplica el mecanismo de movilidad allí establecido.
Explicita que la ley 27.541 suspendió por el plazo de 180 días la aplicación del índice de movilidad previsto en el art. 32 de la ley 24.241, modificado por la ley 27.426; y el decreto nacional 163/20 dispuso un incremento porcentual equivalente a 2,3% sobre el haber devengado correspondiente al mensual febrero de 2020, más un importe de $ 1.500.
Aduce que del fallo impugnado no se desprende que el sistema pergeñado resulte perjudicial para los beneficiarios, ya que sólo se cuestiona la remisión directa efectuada por la ley 15.008, la cual posee sustento en la cobertura del sistema nacional al creciente déficit de la Caja de jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
De ahí, alega la recurrente, que apartarse de ese esquema importa comprometer el futuro de los jubilados y pensionados de dicha institución bancaria.
III. El recurso intentado no prospera, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812).
Tal como se desprende del relato de antecedentes, el argumento de la Cámara para confirmar la decisión de primera instancia se asentó en la insuficiencia del recurso de apelación deducido por la Caja demandada al no cumplir con la carga exigida por el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, lo que justificaba para el a quo declarar la deserción de tal impugnación, conforme el art. 261 del citado ordenamiento, aplicable por reenvío del art. 77 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo.
Empero, en el recurso extraordinario bajo análisis no se cuestiona la insuficiencia reprochada por el Tribunal de Alzada a la expresión de agravios del recurso intentado por la Caja, al punto que ni siquiera se mencionan los preceptos citados en el párrafo precedente, que fueron los actuados por el pronunciamiento impugnado.
Esta Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho, ajena, en principio, a su conocimiento y solo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo (doctr. causas A. 70.126, "Trillo", sent. de 21-V-2010; A. 71.558, "González", sent. de 4-VIII-2016; A. 72.095, "Rodríguez", sent. de 17-V-2017 y A. 74.085, "Tarchini", sent. de 29-VIII-2018).
En suma, pese a que la misión del impugnante consistía en alegar -y demostrar- el desvío lógico de lo que fuera determinante en la decisión puesta en entredicho en este aspecto, así como la suficiencia del recurso ordinario que oportunamente interpusiera, esbozó cuestiones sobre el sistema de movilidad y su ejecución por el organismo previsional, como así también al déficit de dicho ente, sin criticar la conclusión del sentenciante respecto a los defectos de la técnica argumentativa desplegada.
Siendo ello así, el recurso extraordinario en tratamiento debe ser rechazado toda vez que la recurrente no ha denunciado ni logrado acreditar el vicio lógico de absurdo, ni la consecuente infracción de los arts. 260 y 261 del ritual.
IV. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC; 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 17:28:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 08:59:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:51:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:19:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 14:14:04 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 14:18:03 hs. bajo el número RR-224-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia