Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75373
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.373, "Perrone, Alfredo Oscar contra provincia de Buenos Aires - Fisco provincial. Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. fs. 309/314 vta.) y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que rechazara la demanda impetrada por el señor Alfredo Oscar Perrone contra la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 277/284 vta.), imponiendo las costas en el orden causado (conf. art. 51 inc. 2, CCA -texto según ley 14.437-).
Disconforme con dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 318/327 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 328/329).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 331) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demanda incoada por Alfredo Oscar Perrone contra la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual este pretende el reconocimiento del derecho a obtener el beneficio de pensión previsto en el art. 1 de la ley 14.042, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 277/284).
Contra tal decisión, el 13 de octubre de 2017, la parte actora interpuso recurso de apelación e introdujo un hecho nuevo (v. fs. 285/295).
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, el 1 de febrero de 2018, declaró la admisibilidad formal del recurso y admitió el hecho nuevo denunciado, relacionado con la acumulación de la denuncia efectuada por el actor a la causa "Máspero, Aldo Carlos y ots. s/ Privación Ilegal libertad agravada, imposición de tortura agravada y homicidio agravado p/ concurso de dos o más personas" (expte. 33005664/2010), del cual surge su inclusión como víctima de delitos de lesa humanidad en el auto de procesamiento dictado el 1 de junio de 2017 por el titular del Juzgado Federal n° 3 de Mar del Plata (v. fs. 264/275).
I.3. El 5 de abril de 2018 la Cámara rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirmó la sentencia de grado.
I.3.a. Para así decidir, comenzó por señalar que la cuestión litigiosa radicaba en determinar si correspondía considerar a Alfredo Oscar Perrone sujeto acreedor del beneficio de pensión establecido por la ley 14.042 (texto según ley 14.450).
Recordó que dicha norma, en lo que aquí interesa, establece una pensión graciable para aquellas personas que durante el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 hubieran sido condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, Parapoliciales, Paramilitares o Civiles incorporados de hecho a alguna de las fuerzas, por causas políticas, gremiales o estudiantiles.
Detalló que del relato de los hechos expuesto en el escrito liminar (v. fs. 161/182, apdos. II y III), surgía: que denunció haber militado desde muy joven en movimientos políticos ligados al peronismo, de lo cual adujo haber sido objeto de persecución por parte de los servicios de informaciones del Estado (policía y ejército); añadió que su entonces novia -luego esposa- Gladys Garmendia, fue privada ilegalmente de su libertad en sendas oportunidades (primero el 10 de octubre y luego el 27 de octubre de 1976), permaneciendo detenida en el entonces denominado Grupo de Artillería de Defensa Aérea -GADA 601-, perteneciente al Ejército Argentino, por un lapso de treinta y cinco días, siendo posteriormente liberada; explicó que a raíz de ese hecho concurrió -primero al Obispado de Mar del Plata y con una misiva firmada por el entonces Monseñor Rómulo García- al GADA 601 acompañado por su madre, donde fue atendido por el Teniente Coronel Acosta, a quien le requirió información sobre su novia, ofreciendo incluso su libertad a cambio de la de ella; denunció que en dicha ocasión lo condujeron a una oficina, lo sentaron mirando contra la pared y lo interrogaron por espacio de cuatro horas luego de lo cual lo dejaron solo en ese lugar, hasta alrededor de las ocho de la noche, momento en que le permitieron retirarse, aunque advirtiéndole que lo vigilarían y que tratara de hacer una vida normal.
Con base en el hecho precedentemente narrado es que el actor solicita el reconocimiento de la pensión graciable, en tanto sostiene que habiendo sido privado de su libertad -contra su voluntad- el día 5 de noviembre de 1976 por un espacio de seis horas en instalaciones del GADA 601, queda comprendido en la situación descripta por el art. 1 de la ley 14.042 -texto según ley 14.450-.
I.3.b. Seguidamente detalló que el juez de grado había considerado que las pruebas aportadas por el interesado resultaban insuficientes -de un lado- para demostrar la privación de su libertad en los términos que exige la norma, aunque a todo evento -del otro- había juzgado que aún de considerarse demostrados los hechos vividos por el actor en los términos por él narrados, tal situación sería insuficiente para considerar acaecida a su respecto la situación de hecho que la norma aprehende.
I.3.c. Posteriormente el Tribunal de Alzada sostuvo que coincidía con el juez de grado en que no existían suficientes elementos de convicción que permitiesen colocar al señor Perrone en la situación prevista por el art. 1 de la ley 14.042 (modif. por ley 14.450).
Afirmó que las constancias arrimadas a estos autos daban cuenta de los siguientes extremos: (i) la detención de Gladys Garmendia (sent. del Poder Judicial de la Nación del 18-II-2011, v. fs. 19/22 y denuncia de fs. 132/133 obrantes en el expte. administrativo adjunto); (ii) la inclusión del actor en un "Listado Delta", en el que figuraban personas buscadas por algún organismo de inteligencia (v. fs. 25/26) y en el memorando 8499-IFI n° 16 (v. fs. 15/18).
Valoró que el actor no pudo demostrar su privación de libertad durante el período y por los motivos contemplados por la normativa de la que pretende valerse.
Reparó en que el decreto reglamentario 2.088/09 [ rectius 273/10] permite el acceso al beneficio a aquellas personas que acompañen -entre otros recaudos- un documento público del que surja su condena por Consejo de Guerra o su puesta a disposición del Poder Ejecutivo nacional, o cualquier otro documento público emanado de organismos estatales nacionales o internacionales que compruebe de manera fehaciente su privación de libertad y/o haber estado detenido y/o condenado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, como consecuencia del accionar represivo de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas gremiales o estudiantiles (art. 3 inc. "c") -ver fs. 312 vta.-.
Insistió en que ninguno de los elementos probatorios acompañados por el actor eran hábiles para acreditar tal extremo, pues carecen de idoneidad para acreditar su detención en los términos que la norma enumera.
Destacó que aun teniendo por cierta la versión de los hechos que el señor Perrone plasma en la denuncia que presentara por ante el fiscal federal de Mar del Plata el 7 de abril de 2014 (v. fs. 31/41), la situación descripta no permite incluirlo en las previsiones de la ley 14.042 (y su modif.). Ello en razón de que su concurrencia voluntaria al GADA 601 aquel 5 de noviembre de 1976 en busca de su novia, su ofrecimiento de entregarse en su lugar -en un acto de indudable altruismo-, su permanencia allí durante aproximadamente seis horas y su posterior retiro fueron eventos que -si bien plasman un repudiable accionar estatal- lo colocan por fuera de las situaciones que la norma contempla para el reconocimiento de la pensión.
Argumentó el a quo que, aunque la situación vivida ese día pudo causar en Alfredo Perrone angustia y temor, al ser conducido a un cuarto dentro de las dependencias del GADA 601 e interrogado por un espacio de aproximadamente cuatro horas, lo cierto es que la norma que reconoce el beneficio pensionario exige el acaecimiento de situaciones que no parecen haber sido las vividas por Perrone: la privación de libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles.
Reparó en que el actor concurrió "voluntariamente" al Grupo de Artillería y que luego de estar allí por un espacio de seis horas, pudo retirarse por sus propios medios a su domicilio acompañado de su madre.
Afirmó que si bien pudo ser cierto que en ese lugar y durante ese lapso se le requiriera información sobre sus actividades políticas -extremo que según adujo no consta ni puede inferirse de ninguno de los elementos probatorios existentes en esta causa-, el modo en que sucedieron los hechos no autoriza a concluir en que el actor haya estado privado de libertad por cuestiones políticas, ni puesto a disposición del Poder Ejecutivo, ya que fue su afán de protección hacia su novia lo que lo condujo hasta allí.
Expresó que tal experiencia vivida en modo alguno podía parangonarse a la sufrida por su propia exesposa Gladys Garmendia (v. su testimonio de fs. 19/22 del expte. adm.), ni por aquellos sujetos cuyo testimonio consta en autos (sres. Britos y José A. Logusso, padre de Alejandro, este último desaparecido durante 1977), ni por tantos otros seres víctimas del terrorismo de Estado, muchos de los cuales -lamentablemente- continúan aún desaparecidos.
Razonó que reafirmaban el sentido de su voto los fundamentos de la ley 14.042, a través de los cuales se plasma la necesidad de reparar en alguna medida el sufrimiento y la injusticia padecidas por aquellas personas encarceladas, perseguidas, condenadas, privadas del juez natural y del derecho de defensa en juicio, por el solo hecho de expresar sus ideas.
Argumentó que ninguna de estas razones fue la que llevó directamente a Perrone al GADA 601 el día 5 de noviembre de 1976, -en tanto que lo que lo condujo hacia allí fue su propia inquietud y preocupación por la seguridad de su entonces novia Gladys Garmendia-, ni ninguno de los desmedros que se enuncian en los considerandos de la ley fueron padecidos por el actor.
Agregó que fue el propio actor quien, al demandar, denuncia que recién al serle entregada la documentación por parte de la Comisión Provincial por la Memoria, tomó conocimiento de su inclusión en el "Listado Delta" y de las órdenes de captura que habrían emitido en su contra en marzo de 1977 y abril de 1977 (v. fs. 165 vta., párr. 3ro.); lo que -en su criterio- demuestra que el actor no padeció, en el momento histórico que sitúa los hechos a partir de los cuales demanda, persecuciones o encarcelamientos como consecuencia de su militancia.
Finalizó considerando atinado el pronunciamiento del juez de grado en cuanto rechazó la demanda promovida al no haber quedado demostrado en autos que Perrone hubiera padecido alguna de las situaciones enumeradas por el art. 1 de la ley 14.042 (y su modif.).
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 318/327 la parte actora denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 1 de la ley 14.042 y 3 inc. "c" del decreto reglamentario 273/10; absurdo en la valoración de la prueba documental y testimonial; y violación de la doctrina elaborada sobre distintas leyes del Sistema Reparatorio Argentino, tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los efectos del terrorismo de Estado, cuyo texto y sentido -afirma- son similares a la normativa dictada en la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 318/327 vta.).
II.1. Aduce que se ha omitido analizar el contexto histórico, espacial y normativo imperante en el momento en que sucedieron los hechos que lo damnificaron, elemento clave en casos como estos sucedidos en el marco de un sistema de represión ilegal.
Afirma que ese contexto se halla acreditado no solo con el denominado "Juicio a las Juntas", sino también con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), además de los numerosos casos judiciales sustanciados en la justicia federal de todo el país.
Agrega que tanto en primera instancia como en la Cámara se obvió que durante la época en que sucedieron los hechos no regía la Constitución nacional sino un Estatuto que la reemplazó, lo que hizo que todo el sistema jurídico argentino tuviera diferencias sustanciales con el orden establecido por aquella. Señala que aunque sea en contra de nuestra voluntad y querer, la legislación de facto incluía la potestad de decretar la detención de personas sospechadas de actividades subversivas, sustrayéndolas de la jurisdicción del juez natural.
II.2. Entiende que no se analizaron pormenorizadamente las declaraciones testimoniales de la señora Gladys Garmendia.
Pone de resalto, en especial, la del año 2008 en el marco de la causa n° 4.447, "Malugani, Juan Carlos - Pertusio, Roberto Luis s/ Av. Homicidio Calificado", en trámite por ante el Juzgado en lo Criminal Correccional Federal n° 3 de la ciudad de Mar del Plata, en la que la testigo dijo que el allanamiento realizado por el Ejército fue en la casa de Alfredo Perrone; que el nombrado no estaba y que se encontraban solo sus padres; que no sabía qué buscaban, solo que fue el ejército porque uno de los chicos que estaba haciendo la conscripción era vecino y fue al procedimiento. Continuó diciendo que luego de ello, Alfredo Perrone se presentó en el GADA 601 a los fines de entregarse en lugar de la deponente, siendo la respuesta negativa en relación a que no tenían por qué detenerlo, que no sabían nada de ella, negando todo como era común (v. fs. 133 vta.).
Afirma el recurrente que el expediente mencionado constituye la instrucción de lo que posteriormente el Tribunal Oral en lo Federal Criminal juzgó en las causas 2.286/2.283 a personal militar de la Armada y del Ejército Argentino (Justo Alberto Ignacio Ortiz, Roberto Luis Pertusio y Alfredo Manuel Arrillaga).
Sostiene que allí la señora Garmendia al declarar sostuvo que:
"Durante estos 33 días, su novio, luego su marido, hizo todo lo que pudo para encontrarla, en una oportunidad tuvo una notita de él: entró un guardia y le puso el papel en la mano, decía que su familia estaba bien, que la amaban, se comió el papel, su novio es Alfredo Oscar Perrone, hizo de todo, se metió en cuanto lugar conocía, no sabe cómo hizo para que le dieran el papel, habló con el obispo de Mar del Plata, a él (su novio) lo fueron a buscar un día y no estaba, fue al GADA y se presentó con su madre, para quedar detenido él y que la soltaran a la testigo, se relacionó con personas que sin ser militares, se relacionaban con los militares, el sigue siendo una persona que le interesa la política, él era militante peronista".
Señala que las personas condenadas mediante la sentencia mencionada son integrantes de la Armada Argentina y del Ejército Argentino, fuerzas que actuaron en forma conjunta en el ámbito físico de la zona de Mar del Plata, por lo que mal podían desconocer las operaciones realizadas por una u otra fuerza. De ahí que los interrogatorios a los que fuera sometido encuadran perfectamente en dicho contexto, por más excusa que se alegara al momento de su liberación.
Refiere que en ambas instancias, pese a tenerse por acreditada su detención forzada en el cuartel militar previo allanamiento efectuado por el ejército en su domicilio, se concluyó que tal situación no constituye una privación ilegal de la libertad, contrariando así la doctrina legal sobre ese tópico.
Aduce que las testimoniales de la señora Garmendia -que no fueron cuestionadas por la demandada- dan por acreditada la privación ilegal de su libertad; afirma que no tener presente tal documental, en el contexto real, constituye un supuesto de absurda valoración de la prueba.
II.3. Cuestiona el distingo establecido por el Tribunal de Alzada entre su situación y la padecida por el señor José Antonio Logoluso -a quien la Secretaría de Derechos Humanos otorgó el beneficio-, considerando que tal caso es totalmente similar al suyo. Peticiona se analice detenidamente esta prueba, que en ambas instancias ha sido dejada de lado, sin sustento alguno.
II.4. Esgrime que se ha valorado de forma absurda la prueba documental, ello en tanto las (constancias de) declaraciones testimoniales prestadas ante tribunales de la justicia argentina, con juramento de decir verdad, constituyen documentos públicos indubitables y revisten la calidad de instrumento que hacen fe por sí. Critica el criterio "civilista" que al respecto tuvo la Cámara, que estima alejado de la visión de las distintas sentencias no solo de la Corte nacional sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este punto.
Dice que tales declaraciones son prueba irrefutable cuando, efectuadas a lo largo del tiempo, guardan coherencia, claridad e imparcialidad, y que no son meras declaraciones unilaterales, máxime si se toma en cuenta el contexto histórico.
Tras la cita de diversos precedentes, recuerda criterios de ponderación probatoria en la materia fijados por la Corte Interamericana. Expone que la práctica de los tribunales internacionales e internos demuestra que la prueba directa, ya sea testimonial o documental, no es la única que puede legítimamente considerarse para fundar la sentencia, sino que la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones pueden utilizarse, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.
II.5. Se agravia de la contradicción en que habría incurrido el a quo , quien no obstante ponderar que hubo un "repudiable accionar estatal", le denegó su derecho. Ello toda vez que lo repudiable sería -precisamente-, la privación ilegal de su libertad.
Señala que la Cámara ha pasado por alto la imposición establecida en el art. 141 del Código Penal, que reprime con reclusión o prisión de seis meses a tres años al que ilegítimamente privare a otro de su libertad personal. También que la motivación para la persecución política siempre es del autor, no de la víctima.
Sostiene que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, equiparando la privación ilegal de la libertad a una detención, que "...detención, no sólo en esta ley [24.043] sino también para el sentido común, significa distintas formas de menoscabo a la libertad ambulatoria...".
Aduce que el motivo de su privación ilegal de la libertad fue por causas políticas, por lo cual se encuadra en las prevenciones de la ley, no siendo una simple averiguación de antecedentes.
Cita fallos de la Justicia federal y en especial de la Cámara federal, en los cuales se ha sostenido que "la condición de perseguidos políticos de las víctimas se tiene por acreditada en todos los casos, por cuanto no era necesario formar parte de alguna organización política, gremial, partidaria, estudiantil o de cualquier naturaleza para ser perseguido por la dictadura militar, sino que bastaba una simple sospecha en tal sentido y se actuaba, ante todo contra un enemigo ideológico" (fs. 326).
Con lo expuesto entiende fundamentar la absurda valoración del derecho interno, así como de la doctrina legal, en que incurriera el fa
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.