Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78365
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812— y 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.365, "P., J. M. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia por medio de la cual se hizo lugar a la pretensión entablada.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el mencionado tribunal.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por la señora J. M. P., reconociendo el derecho de la actora y de sus hijos menores de edad —L. N. G. y V. J. G.— a la indemnización establecida en el art. 47 de la ley 13.982, junto con el subsidio previsto en el art. 2 de la ley 13.985 (v. sent. de 6-IX-2019).
Asimismo, consideró que a las sumas reconocidas deberían aplicarse intereses a partir de la fecha en que los beneficios de referencia fueron reclamados en sede administrativa (9-III-2015), conforme a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en cada período de aplicación.
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso deducido por la demandada y confirmó el fallo de grado (v. sent. de 28-VI-2022).
Para así resolver, en lo que aquí interesa:
I.2.a. Ponderó la sentencia pronunciada por esta Suprema Corte en la causa B. 60.833, "Noriega", sentencia de 8-IV-2015, en punto a que la percepción de una indemnización laboral no resulta incompatible con el cobro del subsidio policial requerido para mitigar, en ambos casos, las consecuencias dañosas provocadas por el infortunio en ejercicio de la función de policía de seguridad, debido a que difieren en su naturaleza y en sus presupuestos condicionantes.
I.2.b. Por otro lado, compartiendo el criterio sentado por la magistrada de grado y siguiendo los precedentes del propio Tribunal de Alzada en casos análogos al sub lite —no obstante que el reclamo fue formulado por los derechohabientes del agente fallecido— estimó pertinente la acumulación del beneficio establecido en el art. 47 de la ley 13.982 con el previsto en la ley 13.985 (art. 2).
En efecto, previa reseña de la normativa aplicable en la especie (arts. 47, 48 y 49, ley 13.982; 88, dec. regl. 1.050/09 y 1 y 2, ley 13.985), sostuvo que el entendimiento sistémico de las disposiciones ventiladas en el caso permitía derivar en la compatibilidad del beneficio establecido en la ley 13.982 (art. 47) —precepto que, sin haber sido derogado expresa ni implícitamente, dispone que dicho beneficio lo percibirán por única vez en el supuesto de "fallecimiento o incapacidad total y permanente en acto de servicio y en ejercicio de la función de seguridad, el personal policial o su cónyuge, hijos menores..."—, con cualquier otro que derive del mismo hecho y del sistema previsional específico de la Policía Bonaerense.
En esa línea, para acceder al reconocimiento de los beneficios preceptuados en cada caso, advirtió que los dispositivos normativos en cuestión contemplan diferentes extensiones, distinguiéndose en particular en su determinación económica, pues mientras que una normativa establece un subsidio mensual (art. 1, ley 13.985), la otra lo reconoce por única vez (art. 47, ley 13.982), a la fecha del fallecimiento o a la que se produjo la incapacidad.
Asimismo, estimó que si bien la limitación del art. 1, tercer párrafo, de la ley 13.985 puede comprender a otros beneficios, no alcanzaba al previsto por el art. 47 de la ley 13.982 al privar la compatibilidad que este precepto establece expresamente y que impide que la prestación quede alcanzada por la restricción dispuesta por la primera de las normativas, dado que difiere su universo de destinatarios.
En base a tales consideraciones, consideró pertinente la acumulación de los beneficios en cuestión previstos en las leyes 13.982 y 13.985.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia que la Cámara aplicó erróneamente los artículos 2 de la ley 13.985, apartándose de los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos al presente y 47 de la ley 13.982, transgrediendo asimismo la doctrina legal de esta Suprema Corte sentada en la causa A. 75.191, "Bais", resolución de 7-VIII-2019.
Asimismo, alega que la a quo incurrió en absurdo y violación de doctrina legal, afectando garantías constitucionales.
Dice que se trata de un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración de la propiedad y el principio non bis in idem (arts. 17 y 18, Const. nac.).
II.1. Con relación al planteo relativo al apartamiento de la postura adoptada por la Corte federal, entiende que la solución de la Cámara, al permitir acumular el "mal llamado" subsidio policial con la indemnización laboral, se escinde de la prohibición de doble indemnización señalada por aquel Tribunal.
Para fundar sus manifestaciones, aduce que ambos regímenes de reparación de infortunio son excluyentes en su finalidad resarcitoria, no pudiendo imponerse una condena que conlleve a una doble indemnización, un pago de lo indebido y un enriquecimiento sin causa.
II.2. Por otro lado, se agravia con relación a lo resuelto respecto de la superposición de los beneficios previstos en las leyes 13.982 (art. 47) y 13.985 (art. 2), por no poder acumularse entre sí.
En ese sentido interpreta, de un lado, que en lo tocante a las normas policiales involucradas el legislador ha querido impedir la duplicación de indemnizaciones por el mismo concepto a fin de evitar un enriquecimiento indebido y, de otro, que la ley 13.985 bloquea el pago del subsidio de la ley 13.982.
Por último, denuncia la violación de la doctrina legal de esta Corte sentada en la causa A. 75.191, "Bais", resolución de 7-VIII-2019, en la que —según considera— se declaró incompatible la acumulación de dos subsidios policiales por el mismo accidente. Transcribe pasajes de los antecedentes y considerandos del fallo que denuncia transgredido.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, habré de destacar que no resulta un hecho controvertido que el día 23 de febrero de 2015, el señor C. G. perdió la vida por una herida de bala en un enfrentamiento con delincuentes, y que a raíz de ello su muerte fue declarada como acto de servicio.
En cuanto a la acumulación o no de la indemnización prevista en la legislación laboral con otros beneficios del régimen para el personal policial, es decir, si resulta compatible el cobro de ambos, este tema ha sido objeto de tratamiento por el Tribunal en casos que guardan cierta analogía con el sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En efecto, en la causa L. 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots.", sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodríguez", sentencia de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sentencia de 6-V-2019 y L. 120.561, "Blanco de Castro", sentencia de 11-IX-2019. Y, más recientemente, en las causas L. 119.756, "Goitea", sentencia de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sentencia de 23-XI-2020; A. 75.633, "Abraham", sentencia de 25-XI-2020; A. 75.998, "Rodríguez", sentencia de 19-VIII-2021 y A. 75.840, "Peralta", sentencia de 2-XII-2021, esta Suprema Corte propició la procedencia de la acumulación de ambos beneficios.
En las últimas causas señaladas se reseñó, asimismo, que si bien el art. 10 del decreto 149/10 (reglamentario de la ley provincial 13.985) establece que la percepción del subsidio previsto en dicha norma es "incompatible con otro de la misma naturaleza", seguidamente aclara que no resulta "excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente". La mentada previsión —ausente en el antiguo régimen del decreto ley 9.550/80— desarticula los argumentos del recurrente, quien, por otro lado, tampoco aquí ha desplegado ninguna reflexión sobre el pasaje antes transcripto del precepto en cuestión.
Siendo así, corresponde rechazar —sin más— esta parcela del embate (art. 31 bis, cit. y 279 in fine, CPCC).
III.2. Asimismo, la impugnación expresada en el recurso, en la que se denuncia la improcedencia de superposición de los beneficios establecidos en los arts. 47 y 2 de las leyes 13.982 y 13.985, respectivamente (v. acápite VII.2. del recurso), es un cuestionamiento que no es debidamente desarrollado con el rigor exigido en esta instancia, en tanto la recurrente limita su embate a discrepar con lo resuelto por la Cámara desplegando su propia opinión sobre el tópico.
De ese modo, la impugnante omite toda referencia a los argumentos del Tribunal de Alzada respecto a la interpretación del plexo normativo que estimó aplicable, en los precedentes que cita y en la explicación accesoria que brinda en este segmento para estructurar su decisorio; circunstancia que resulta suficiente para su rechazo pues como tiene dicho esta Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo (conf. causas L. 104.897, sent. de 13-VII-2011 y A. 71.328, sent. de 26-V-2016; e.o.).
En este aspecto, es dable recordar que la facultad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (v. mis votos en causas A. 75.430, "Vela", sent. de 19-VIII-2020; A. 76.740, "Caputo", sent. de 22-IX-2021; A. 77.124, "Saldivia", sent. de 27-X-2022; A. 77.129, "Schab", sent. de 2-III-2023; A. 77.392, "Viamonte", sent. de 29-VIII-2023; A. 77.626, "Nazhur", sent. de 30-V-2024; e.o.).
Tal déficit que exhibe la pieza impugnativa se evidencia además en la repetición de consideraciones formuladas en esta parcela en el recurso de apelación interpuesto. Sobre dicha cuestión, esta Corte ha expresado que resulta insuficiente el remedio procesal intentado que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del Tribunal de Alzada sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y concretamente desechadas por el juzgador, cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas, siendo ello lo acontecido en el caso y que conlleva al rechazo del agravio desplegado (conf. causas C. 103.395, "Figueroa”, resol. de 4-VIII-2010; C. 108.697, "Fernández", resol. de 15-VI-2011 y A. 75.872, "Rodríguez", sent. de 25-IV-2022).
III.3. Asimismo, deviene igualmente inatendible la alegada vulneración de doctrina legal.
Ello así pues, de acuerdo a la cita y transcripción de párrafos de la causa A. 75.191, "Bais", resolución de 7-VIII-2019, que efectúa la Fiscalía de Estado en su pieza recursiva, además de tratarse de un supuesto diferente al ventilado en el sub lite , lo que se reputa violado es lo sostenido en el decisorio de la Cámara que pronunció en el marco de la mentada causa, no conformando por tanto doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causa C. 112.716, "Rial", sent. de 7-V-2014).
Cabe recordar que la doctrina legal a que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es la que emerge de esta Suprema Corte y no la de otros órganos jurisdiccionales (conf. doct. Ac. 88.175, "Frenkel", sent. de 24-V-2006; C. 106.767, "González", sent. De 22-XII-2010; C. 105.776, "Juarez", sent. De 18-IV-2011 y C. 112.716, "Rial", sent. de 7-V-2014; e.o.).
Por último, es dable señalar que sin perjuicio de que —reitero— los presupuestos fácticos delineados en la presente difieren de aquellos que se desarrollaron en la causa "Bais" invocada por la agraviada, lo cierto es que, en esta última, esta Corte resolvió la insuficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley allí intentado, sin sentarse doctrina legal alguna en la materia allí discutida (v. causas L. 126.437, "Bonopera", resol. de 26-V-2021; L. 127.177, "Milone", resol. de 1-XI-2021 y L. 123.497, "García", resol. de 21-X-2022; e.o.).
IV. Por todo ello, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida (arts. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812—; 60 inc. 1, CCA y 279 in fine y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812— y 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/04/2025 12:13:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2025 13:20:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/04/2025 11:35:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2025 16:43:46 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2025 07:59:46 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/04/2025 08:00:31 hs. bajo el número RS-18-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia