Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78629
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.629, "Carte, Eugenio Daniel c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, desestimó la demanda deducida por el doctor Eugenio Daniel Carte contra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 del "Reglamento del Subsidio para Jubilados y Pensionados Afiliados a CASA" —en cuanto requiere para acceder a la morigeración de la cuota de la obra social la acreditación de la cancelación de todas las matrículas en las que se encontrare inscripto— y, por ende, la nulidad de las resoluciones emanadas del Directorio de la Caja que le denegaron el beneficio en cuestión, por no cumplir con dicha exigencia. Consecuentemente, solicitó se le otorgue el subsidio peticionado (v. sent. de fecha 18-X-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-XI-2022, 17:33:19 p.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 6 de diciembre de 2022.
Dictada la providencia de autos (v. proveído de fecha 27-IV-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El doctor Eugenio Daniel Carte promovió demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Sistema Asistencial CASA), mediante la cual pretendió: i) la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 del "Reglamento del Subsidio para Jubilados y Pensionados Afiliados a CASA", en cuanto requiere para acceder al beneficio la acreditación de la cancelación de todas las matrículas en las que se encontrare inscripto; ii) la nulidad de la resolución emitida por el Directorio de la demandada de fecha 10-III-2020 —y su confirmatoria—, mediante la cual se le denegó el beneficio en cuestión en razón de mantener vigente la matrícula profesional ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; y iii) la concesión del subsidio peticionado.
Con basamento en ciertos precedentes, afirmó que la restricción que contiene la norma del reglamento impugnado vulnera el principio de territorialidad (arts. 5 y 75 inc. 12, Const. nac. y 1 y concs., Const. prov.), además de resultar discriminatoria y violatoria del derecho al trabajo y el principio de igualdad ante la ley.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro hizo lugar a la demanda y, en consecuencia: i) declaró la inconstitucionalidad del art. 6 inc. "b" del Reglamento, en cuanto condiciona el subsidio de la cuota de CASA a la previa cancelación de las matrículas activas en todas las jurisdicciones del país; ii) anuló las resoluciones impugnadas; y iii) ordenó a la Caja demandada a que conceda al actor el subsidio peticionado.
Para así decidir, efectuó las siguientes consideraciones:
II.1. En primer lugar, señaló que no se encontraba controvertido: i) que el actor se hallaba afiliado al Sistema de Salud CASA hacía más de treinta y cinco años; ii) que había efectuado aportes previsionales a la entidad demandada por similar período de tiempo; y iii) que se mantenía inscripto ante el Colegio de Abogados de la Capital Federal, con matrícula activa.
II.2. Luego, reseñó las actuaciones administrativas obrantes en el expediente 875434/C/2019/00, estimando pertinente destacar las siguientes disposiciones del Directorio de la Caja demandada, a saber:
II.2.a. La resolución de fecha 30-XII-2019, mediante la cual se concedió al actor el beneficio jubilatorio, sin exigirle el requisito de cancelación de las matrículas en extraña jurisdicción previsto en el art. 44 de la ley 6.716.
II.2.b. La resolución de fecha 10-III-2020 —y su confirmatoria de fecha 29-VI-2020— a través de la cual se le denegó el subsidio de la cuota de afiliación a la obra social CASA, dada la continuación de su actividad profesional en la jurisdicción de la Capital Federal, hasta tanto cancele todas las matrículas en las cuales se encuentre inscripto (art. 6 del Reglamento).
II.3. Posteriormente, ejecutó el test de constitucionalidad del requisito establecido en el Reglamento.
Consideró que, si bien el Directorio de la Caja se encontraba facultado para establecer ciertos requisitos a los fines de otorgar un subsidio, dichas facultades reglamentarias no podían ser ajenas al régimen constitucional provincial y nacional.
En ese sentido, hizo referencia a la doctrina sentada por el Máximo Tribunal federal y esta Suprema Corte provincial, en aquellos casos en los que se exigía —a quién había cumplido los recaudos para la concesión del beneficio jubilatorio— la cancelación de las matrículas de abogado en todas las demás jurisdicciones del país, además de la bonaerense. Así, recordó lo fallado por la Corte nacional en la causa "Rebagliati", postura que —indicó— fue seguida por este cuerpo en las causas "Bengolea" y "Mancebo".
A partir de allí, consideró que, en el caso, condicionar el otorgamiento del subsidio requerido por el actor a la cancelación de las matrículas que tuviera activas en otras jurisdicciones, era algo que se inmiscuía indebidamente en el campo de la seguridad social de la profesión en otros ámbitos territoriales, razón por la cual concluyó que la normativa impugnada contrariaba lo normado por los arts. 5 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional y 1 y concordantes de la Constitución provincial.
Ponderó que si bien en los casos jurisprudenciales referidos se trataba del beneficio jubilatorio y no de un subsidio —como aquí—, al ponerse el foco en la exigencia de la cancelación de la matrícula fuera de la órbita de la jurisdicción de la Caja demandada, el resultado era de todas formas el mismo.
II.4. Finalmente, entendió que no era suficiente para defender la constitucionalidad del precepto normativo cuestionado el argumento de la demandada referido a la potencialidad económica del afiliado, quien podía seguir alimentando su patrimonio con los ingresos provenientes de su profesión activa y que, como consecuencia de ello, no resultaría necesario el auxilio del subsidio.
La jueza consideró que esa aseveración resultaba hipotética, conjetural y contraria al principio de realidad que rige en materia de seguridad social (art. 39 inc. 3, Const. prov.).
Agregó que, si tal fuese verdaderamente el criterio informante de la regulación, debería indagarse también acerca de cualquier otra fuente de ingresos del abogado jubilado (v.gr., producto del ejercicio de industria, comercio u otro trabajo o asesoramiento jurídico posterior al retiro), cosa que evidentemente el Reglamento impugnado no hacía.
Entendió, en definitiva, que lo expuesto daba cuenta de la irrazonabilidad del requisito contemplado en su art. 6 inc. "b" y de su repugnancia con diversas cláusulas fundamentales.
III. Apelado el decisorio por la Caja, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar al recurso y, en consecuencia, revocó la sentencia dictada, rechazando la demanda interpuesta.
III.1. Liminarmente, al igual que la magistrada de primera instancia, realizó una reseña de la normativa aplicable y de las facultades legales de la Caja de Previsión Social para Abogados en lo referido a las potestades con las que cuenta el Directorio de dicho organismo para el otorgamiento de distintos tipos de beneficios a sus afiliados.
Consideró que la resolución de la demandada por medio de la cual se le denegara el subsidio de la cuota de afiliación al Sistema Asistencial CASA al doctor Carte era ajustada a derecho, pues descartó que el requisito de tener que cancelar todas las matrículas en las cuales se encontrare inscripto fuese inconstitucional en ese singular contexto.
En abono de su postura, señaló que la norma diferencia entre los jubilados que siguen manteniendo alguna matrícula activa —y con eso, presumiblemente, actividad lucrativa en el ejercicio de la profesión— y los que han pasado a pasividad en forma completa, protegiendo a estos últimos —a través del subsidio— de las contingencias que pudieran padecer por contar con un único ingreso de orden previsional. Adunó que de la redacción de la norma podía inferirse que el propósito de aquel era auxiliar al profesional que dejaba de trabajar por completo y sustituía honorarios por jubilación.
Recordó que la Caja no es un organismo asistido financieramente por el Estado, sino que es un ente de medios económicos limitados que se solventa a través de las cuotas que abonan los abogados activos, por lo que —sostuvo— resultaba razonable que se establezcan ciertos requisitos a los fines de otorgar este subsidio. Ello, a efectos de no producir quebranto ni desfinanciamiento a un sistema que se basa primordialmente en la solidaridad de los profesionales.
En ese marco, estimó que la cancelación de todas las matrículas en las cuales se encontrare inscripto el profesional, exigida por la reglamentación a efectos de poder acceder al beneficio, resultaba razonable.
III.2. Por otra parte, descartó los planteos efectuados por el actor en su demanda, referidos a que la norma del reglamento en cuestión afecta el principio de igualdad ante la ley y es violatoria del de territorialidad.
El primer reproche lo desestimó —como se indicó— al no advertir la irrazonabilidad en el criterio de selección empleado y, el segundo, por considerar inaplicable los precedentes citados por el a quo , en virtud de la distinta naturaleza de los reclamos.
III.3. En razón de lo expuesto, no encontró mérito para la tacha de inconstitucionalidad hecha en la instancia de grado. Consecuentemente, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocó la sentencia de primera instancia.
IV. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-XI-2022, 17:33:19 p.m.), en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31, 33, 75 incs. 12 y 23 de la Constitución nacional; 1, 11, 12 inc. 3, 25, 27, 31, 39 inc. 3, 57, 144 inc. 2 y concordantes de la Constitución provincial y 279 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, alega vulneración de la doctrina legal de este Tribunal que cita.
Básicamente, sostiene que la convalidación de la exigencia de dar de baja su matrícula ante el Colegio Público de Abogados de Capital Federal para acceder al subsidio de la cuota mensual del sistema asistencial CASA, lesiona expresos principios constitucionales con el consiguiente perjuicio a sus derechos.
En ese sentido, señala que lo fallado es contrario al carácter irrenunciable del beneficio que solicita, que es propio de la seguridad social y se encuentra protegido por los arts. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y 14 bis de la Constitución nacional. Acota que la sentencia en crisis también vulnera los principios de primacía de la realidad, progresividad e interpretación en favor del trabajador o beneficiario, previstos en las citadas normas.
Reprocha que el fallo haya confirmado el proceder del Directorio, en tanto que con esa tolerancia podría crear, regular y hasta suprimir beneficios a su parecer, sin reparar en derechos adquiridos ni en su misión solidaria, dado que beneficios como el solicitado no provienen de una concesión graciosa del Directorio, sino del Sistema de Asistencia y Previsión (art. 2 y concs., ley 6.716).
Indica que, en ese marco, se instituyó el Reglamento del Sistema de Salud (resol. de 24-VII-1978), que preveía el beneficio de cuota reducida para el abogado jubilado sin el condicionamiento actual de dar de baja las matrículas, señalando que en el año 2011 el Directorio de la Caja modificó su denominación pasando a llamar "subsidio" al beneficio preexistente, adicionándole la controvertida condición restrictiva.
Solicita que, en su caso, se aplique la norma primigenia, por ser la que se encontraba vigente al tiempo de su afiliación (verificada en el año 1984) y resultar un derecho adquirido de su parte.
Insiste en que lo decidido vulnera el principio de territorialidad y de competencia, pues no puede una norma reglamentaria dictada por una autoridad bonaerense imponer una restricción en la Capital Federal. Al respecto, denuncia la violación de la doctrina legal que invoca, en la que se estableció que compeler a la cancelación de una matrícula profesional fuera de la Provincia de Buenos Aires injiere en la regulación de la seguridad social e incide en el ejercicio de la actividad profesional cumplida en ajena jurisdicción.
V. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
V.1. Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019; A. 76.501, "Energy S.A", sent. de 26-II-2024; e.o.).
En tal sentido, se evidencia que los argumentos esbozados por el recurrente se desentienden de la estructura jurídica del fallo, apartándose de su idea rectora del mismo y de sus fundamentos esenciales, parcializando con ello su ataque, el que por ende deviene ineficaz a los fines de revertir la suerte del pronunciamiento atacado (doctr. causas A. 73.283, "Troncoso Vivas", sent. de 13-XII-2017; A. 76.804, "Leone", sent. de 8-IV-2024; e.o.).
V.2. En el sub examine , el Tribunal de Alzada consideró que la resolución impugnada, por medio de la cual se le denegara al actor el subsidio de la cuota de afiliación al Sistema Asistencial CASA, no merecía reproche jurídico.
Básicamente, advirtió que el criterio de selección empleado por la norma puesta en crisis resultaba razonable, al diferenciar entre aquellos profesionales que seguían manteniendo alguna matrícula activa (lo que representaba un parámetro objetivo de capacidad económica), de aquellos que habían ingresado a la pasividad en forma completa y, por ende, presumiblemente no tenían otro ingreso adicional más que el de su jubilación. De allí, la prudencia de limitar el subsidio de la cuota de la obra social a los segundos.
Además de ello, consideró inaplicables los fallos citados en la sentencia de grado, al ponderar las diferencias fácticas y jurídicas entre aquellos y el presente caso. Notó que más allá de versar sobre la necesidad de cancelación de matrículas en otras jurisdicciones, allí esa exigencia se presentaba como barrera para el goce efectivo del beneficio jubilatorio (arts. 44 y 45, ley 6.716), mientras que aquí tocaba simplemente a la posibilidad de beneficiarse de una reducción en el monto a pagar por los servicios asistenciales ofrecidos por la Caja.
V.3. Frente a ello, y desentendiéndose de tal base argumental, el impugnante intenta hacer prevalecer su propio criterio interpretativo al postular la inconstitucionalidad del precepto impugnado, con base en el carácter irrenunciable del beneficio y en la violación de diversos principios constitucionales que considera involucrados, como así también, al denunciar la violación de la doctrina legal que intenta fundar con la transcripción de sumarios jurisprudenciales provenientes de fallos de este Tribunal y de la Corte federal, que dice ignorados por la sentencia.
De esa forma, los argumentos que ensaya el recurrente no trasuntan más que un criterio divergente respecto de los propuestos por la Cámara en el decisorio impugnado, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos que fueron dados por dicho órgano para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, tal insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 75.948, "Urrutia", resol. de 23-X-2019; A. 76.260, "Howard", resol. de 4-III-2020; e.o.).
V.4. Lo mismo con respecto a la denuncia de violación de doctrina legal, pues ella deviene ineficaz si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso bajo juzgamiento (doctr. causas A. 72.520, "Silva", sent. de 31-VIII-2016; A. 74.004, "Moscheni", sent. de 8-XI-2017; A. 74.419, "Gómez", sent. de 8-VI-2020; A. 75.843, "Arina", sent. de 14-X-2021; e.o.).
En tal sentido, la Cámara constató apreciables distancias entre aquello declarado inconstitucional en la jurisprudencia traída a colación por el recurrente, con lo que aquí se controvierte (v. causa B. 54.626, "Bayramian", sent. de 27-XII-1996; v. más cerca en el tiempo, causa I. 73.162, "Bengolea", sent. de 27-VIII-2020). Por eso, que haya advertido que el fundamento jurídico informante de tales decisiones no era derechamente trasladable al sub lite , pues no engarzaba prolijamente con la circunstancia de supeditar el otorgamiento del subsidio de la cuota de afiliación a CASA —cuya naturaleza presupone un estado de necesidad económica— a la cancelación de la matrícula activa en otras jurisdicciones, en la medida en que esto pudiera ser indicativo de capacidad de contribuir al sistema asistencial a valores corrientes, es un argumento que no ha sido adecuadamente rebatido por el recurrente, lo que indefectiblemente determina la insuficiencia del remedio deducido.
VI. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/04/2025 14
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