Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78895
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812— y 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.895, "Rivas, Marcos Alan contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y acogió el deducido por la actora. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, modificándola en cuanto a la base de cálculo de la condena y al accesorio por interés a las tasas allí establecidas (v. sent. de 1-XII-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el mencionado tribunal.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Marcos Alan Rivas, reconociendo el derecho del actor al subsidio previsto en el art. 1 de la ley 13.985 y su reglamentación, desde la fecha en que se produjo el accidente por acto de servicio policial (v. sent. de 13-IV-2020).
Asimismo, consideró que a las sumas reconocidas deberían aplicarse intereses a partir de la fecha en que el actor sufrió las lesiones (15-VIII-2013) hasta su efectivo pago, calculados a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigentes en cada período de aplicación.
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y acogió el deducido por la actora. Consecuentemente, confirmó el pronunciamiento de primera instancia que hizo lugar a la demanda, modificándolo en cuanto a la base de cálculo de la condena, disponiendo que esta debía se el sueldo actual del Teniente Primero de las Policías de la Provincia de Buenos Aires (art. 1, ley 13.985), más el accesorio por interés a las tasas que según correspondan, conforme a la doctrina establecida en la causa A. 74.138, "Gélvez", sent. de 27-XI-2019 (v. sent. de 1-XII-2022).
Para así resolver, en lo que aquí interesa:
I.2.a. Meritó la actual doctrina de esta Suprema Corte, en punto a que la percepción de una indemnización otorgada en sede judicial no resulta incompatible con el cobro del subsidio mensual a cargo del Estado para auxiliar los infortunios padecidos en ejercicio de la función de policía de seguridad que disponen los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 del decreto 149/10 (conf. causas C. 85.797, "B., S. M.", sent. de 27-VI-2012 y L. 110.774, "A., E. E.", sent. de 15-X-2014).
I.2.b. Desestimó por inconsistente el agravio de la demandada recurrente procurando que los intereses no se computen desde la fecha del accidente padecido.
I.2.c. Finalmente, consideró que prosperaba el cuestionamiento del actor recurrente relativo a la base de cálculo del subsidio determinada a valores actuales, con sustento en lo resuelto por esta Suprema Corte en el precedente B. 60.558, "González", sentencia de 6-XI-2019.
Ello, en tanto la pauta postulada se insertaba dentro de la doctrina legal de esta Corte en el marco de actos administrativos declarados ilegítimos vinculados con el empleo público (conf. causa A. 74.138, "Gélvez", sent. de 27-XI-2019). Estimó que había error de juzgamiento en el pronunciamiento apelado y cabía computar las diferencias resultantes a valores que se correspondan con la categoría de Teniente Primero de las Policías de la Provincia de Buenos Aires al momento de la sentencia.
Concluyó que a las sumas resultantes correspondía el accesorio por interés puro al 6% anual hasta el dictado de la sentencia de mérito; para de allí en adelante establecer la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días (conf. causa A. 74.138, cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia que la Cámara violó y/o aplicó erróneamente los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 del decreto 149/10, apartándose de los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos al presente; y 47 de la ley 13.982, transgrediendo asimismo la doctrina legal de esta Suprema Corte sentada en la causa A. 75.191, "Bais", resolución de 7-VIII-2019.
Asimismo, alega que la a quo incurrió en absurdo y violación de doctrina legal, afectando garantías constitucionales.
Dice que se trata de un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración de la propiedad y el principio non bis in idem (arts. 17 y 18, Const. nac.).
Por último, se agravia de la condena estimada a valores actualizados, por considerar que ello vulnera la prohibición de indexar establecida en la ley 23.928 y su modificatoria 25.561.
II.1.a. Con relación al primer planteo, entiende que la solución de la Cámara desvirtúa y viola el sentido de la ley aplicable, al reconocer el derecho a percibir un "mal llamado" subsidio policial (el de la ley 13.985), el que —afirma— resulta incompatible con el reclamo de reparación integral efectuado por el actor respecto del mismo accidente laboral a través de la vía judicial.
Para fundar sus manifestaciones, aduce que el suplemento policial tiene una finalidad compensatoria, tal como surge de los fundamentos de la ley 13.985. Asimismo, plantea que la normativa citada establece que este resulta incompatible con cualquier otro beneficio de idéntica naturaleza que se otorgue por la misma causa, lo cual es reafirmado por el art. 10 del decreto reglamentario 149/10.
Expresa que se ha hecho una interpretación errónea de la normativa sobre el término "incompatibilidad". Cita fallos de la Corte federal en donde se entendió que la finalidad de este "subsidio" consiste en indemnizar el accidente laboral sufrido por el agente en un acto de servicio y que tal objetivo resarcitorio resulta plenamente coincidente con el cobro de la indemnización integral que pudiera haberse recibido por la vía civil o laboral. Al haberse permitido las dos cosas, considera que se produjo un enriquecimiento sin causa producto de una doble indemnización no autorizada.
II.1.b. Por otra parte, alega que la Cámara violó la doctrina legal de esta Corte sentada en la causa A. 75.191, "Bais", resolución de 7-VIII-2019, en la que —según considera— se declaró incompatible la acumulación de dos subsidios policiales por el mismo accidente. Transcribe pasajes de los antecedentes y considerandos del fallo que denuncia transgredido.
En efecto, en relación a la imposibilidad de superposición de beneficios mentada, denuncia que el demandante de autos ha reclamado el subsidio preceptuado en el art. 47 de la ley 13.982 en un proceso que tramita por expediente judicial separado ante el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo n° 3 departamental (Exp. 51.813), circunstancia que justifica el rechazo de la demanda entablada en estas actuaciones.
En base a ello afirma que el Tribunal de Alzada enfocó incorrectamente la cuestión, al haber convalidado la acumulación de los beneficios establecidos en las leyes mencionadas como dos resarcimientos económicos para el personal policial incapacitado durante el ejercicio de la función por la misma causa.
II.2. Por último, se agravia respecto de la condena a abonar a valor actual el retroactivo.
Indica que la decisión adoptada en la causa A. 74.138, "Gélvez", sentencia de 27-XI-2019, en la que se apoyó la Cámara, se contrapone con la esbozada en otras causas que cita de este Tribunal provincial.
Alega que, aun luego de las reformas introducidas por el Código Civil y Comercial, en nuestro ordenamiento sigue rigiendo el nominalismo y la prohibición de indexar las deudas dinerarias o actualizar los créditos, en especial cuando estos resulten tarifados con montos líquidos o fácilmente liquidables. Manifiesta que la deuda discutida en autos es de carácter dinerario y que, como tal, debe aplicársele lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561).
Sustenta su agravio en la diferencia entre obligaciones de valor y dinerarias, derivada de lo normado por los arts. 765 y 772 del Código Civil y Comercial. Se apoya asimismo en jurisprudencia que se ha elaborado acerca de semejante distinción.
Remata diciendo que cualquier liquidación por créditos salariales debe practicarse sobre la base de los valores nominales que históricamente hubiera correspondido percibir (doctr. art. 619, Cód. Civ.), resultando improcedente el intento de fomentar una indexación encubierta de la obligación dineraria.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, habré de destacar que no resulta un hecho controvertido que el agente Marcos Alan Rivas sufrió heridas por agresiones en cumplimiento de sus funciones el día 15 de agosto de 2013, las que fueron declaradas imputables al servicio y le generaron una incapacidad parcial y permanente del 52%.
En cuanto a la acumulación o no de la indemnización prevista en la legislación laboral con otros beneficios del régimen para el personal policial como el pretendido en autos (ley 13.985), es decir, si resulta compatible el cobro de ambos, este tema ha sido objeto de tratamiento por el Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En efecto, en la causa L. 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots.", sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodríguez", sentencia de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sentencia de 6-V-2019 y L. 120.561, "Blanco de Castro", sentencia de 11-IX-2019. Y, más recientemente, en las causas L. 119.756, "Goitea", sentencia de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sentencia de 23-XI-2020; A. 75.633, "Abraham", sentencia de 25-XI-2020; A. 75.998, "Rodriguez", sentencia de 19-VIII-2021 y A. 75.840, "Peralta", sentencia de 2-XII-2021, esta Suprema Corte propició la procedencia de la acumulación de ambos beneficios.
En las últimas causas señaladas se reseñó, asimismo, que si bien el art. 10 del decreto 149/10 (reglamentario de la ley provincial 13.985) establece que la percepción del subsidio previsto en dicha norma es "incompatible con otro de la misma naturaleza", seguidamente aclara que no resulta "excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente". La mentada previsión —ausente en el antiguo régimen del decreto ley 9.550/80— desarticula los argumentos del recurrente, quien, por otro lado, tampoco aquí ha desplegado ninguna reflexión sobre el pasaje antes transcripto del precepto en cuestión.
Siendo así, corresponde rechazar —sin más— esta parcela del embate (art. 31 bis, cit. y 279 in fine, CPCC).
III.2. Por otro lado, se advierte que la impugnante pretende en esta instancia extraordinaria introducir una cuestión sobre la que no se ha expedido la Cámara, al denunciar recién en su pieza recursiva que el actor reclamó el beneficio del art. 47 de la ley 13.982 en expediente judicial por separado y, con ello, reprocha al Tribunal de Alzada la vulneración de la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa A. 75.191, "Bais", resolución de 7-VIII-2019, achacándole la convalidación de la acumulación de los beneficios previstos en las leyes 13.982 (art. 47) y 13.985 (art. 1).
El planteo carece de asidero dado que —como se dijo— la Cámara no se pronunció sobre el punto, pues cabe recordar que la facultad revisora de esta Corte está circunscripta al contenido de la sentencia y la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso (causas L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016; L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017 y L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018).
Por lo demás, tampoco resulta útil la denunciada transgresión de la doctrina proveniente de la causa "Bais", cuyos lineamientos no han sido debidamente individualizados por la recurrente (v. apdo. VI.1. del recurso), quien únicamente extrae una parcela de lo fallado por este Tribunal en el mentado precedente, que —agrego— fue resuelto en un contexto fáctico disímil al que rodea al sub lite , en una decisión fundada en la insuficiencia del recurso extraordinario interpuesto en aquella oportunidad (conf. causa L. 107.433, "Ríos", sent. de 11-IX-2013).
III.3. Igual suerte adversa corre el otro aspecto de la queja, consistente en el empleo de una pauta de estimación para el reconocimiento de las retroactividades basada en valores actuales (tomando como referencia el sueldo de un Teniente Primero al momento de sentenciarse) y la aplicación de una tasa de interés puro del 6% anual. Este tópico se encuentra ampliamente resuelto por este Tribunal con doctrina consolidada en sentido adverso a lo propuesto por el recurrente conforme el art. 31 bis de la ley 5.827 (v. mi voto en causas B. 65.702, "Gallo", sent. de 24_X-2018; B. 63.460, "Corigliano", sent. de 29-V-2019, B. 65.203, "Pérez", sent. de 3-VIII-2021, y recientemente A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024, entre muchas otras).
IV. Por todo ello, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida (arts. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812—; 60 inc. 1, CCA; 279 in fine y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a los puntos III.1. y III.2. del voto del colega que inicia el acuerdo y por idéntico sustento considero que corresponde rechazar dichos agravios (arts. 31 bis, cit. y 279 in fine, CPCC).
II. Asimismo adhiero al punto III.3. en cuanto señala específicamente la insuficiencia técnica del recurso (causa A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024).
Por lo expuesto, doy mi voto también por la negativa .
El señor Juez doctor Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812— y 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/04/2025 14:34:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2025 15:29:26 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2025 15:38:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2025 10:50:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2025 14:43:42 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 25/04/2025 14:46:29 hs. bajo el número RS-25-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia