Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74984 P
A.74.984-P "SEGOVIA CELIA ANTONIA C/ MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY-"
La señora Jueza doctora Kogan, los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño, dijeron:
I. La señora Celia Antonia Segovia promovió pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos y anulatoria respecto de la resolución 1791/16 -que le otorgó una licencia "por razones políticas, sin goce de haberes" con efecto retroactivo (a partir del 10-XII-2015), con retención del cargo presupuestario que tiene asignado hasta la finalización de su mandato como consejera escolar- y los decretos 2660/16 -que rechazó el recurso incoado contra la mentada resolución- y 2270/16 -que desestimó su denuncia de ilegitimidad formulada contra el decreto 2270-; todos los mencionados actos emanados de la Municipalidad de Pergamino.
Expresó que ambas pretensiones sustentan la demanda con el objeto de ordenar respecto a la comuna demandada: a) restablecer su situación laboral y salarial existente al día 9-XII-2015; b) obtener la invalidación de los actos administrativos mencionados; como también c) la declaración de inconstitucionalidad de éstos y otras normas que sean complementarias y/u operativas de aquellos (art. 3, CCA). Asimismo, solicitó una compensación indemnizatoria que incluya el pago actualizado de los salarios adeudados correspondientes a los períodos de junio de 2016, agosto de 2016 y los posteriores, así como la reparación por el daño moral ocasionado por la actuación ilícita (v. doc. adj. de 21-III-2017).
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Pergamino rechazó la demanda interpuesta (v. sent. de 23-XI-2023).
Para así decidir, destacó que más allá del nomen juris de la acción incoada por la actora en su demanda y ampliación, los embates en pos de argumentar su posición procesal recaen en cuestionar la juridicidad de los actos impugnados, centrándose principalmente en que adolecen de vicios que los tornan ilegítimos.
En lo sustancial, sostuvo que la resolución 1791/16 -que dispuso otorgar a la actora licencia por razones políticas, sin goce de haberes a partir del 10-XII-2015 y que diera inicio a la controversia entre las partes- fue consentida por no haber sido recurrida por la interesada en debida forma en sede comunal, ya que el mencionado acto fue notificado a la señora Segovia el 25-VII-2016 y fue impugnado recién el 24-VIII-2016, extemporáneamente (conf. arts 86 y 89, Ordenanza General 267).
Adunó que, al encontrarse firme y consentida la actuación administrativa cuyo desenvolvimiento sirvió de fundamento a los reclamos puestos a su consideración, ésta no puede ser examinada, pues ello importaría revivir un derecho que se encuentra extinguido debido a la caducidad operada a raíz de la falta de impugnación oportuna y eficaz en sede administrativa, por lo que la actuación cuestionada goza de la presunción de validez de los actos administrativos. Cita jurisprudencia al respecto.
Agregó que no obsta a ello el subsiguiente planteo de la señora Segovia en sede administrativa, en carácter de denuncia de ilegitimidad, pues la actividad desplegada a partir de su interposición resulta irrevisable judicialmente, en razón de su condición de remedio extraordinario (conf. CSJN in re "Gorordo", Fallos: 322:73).
A todo evento, expresó que -sin perjuicio de la falta de planteo por la parte actora- aún aplicando el principio pro actione en pos de trasvasar la valla impuesta por la firmeza del acto en crisis, no podría en el caso hacerse uso de la excepción a la obligatoriedad de agotar la vía administrativa como requisito de admisibilidad de la pretensión (art. 14, inc. "a", CCA).
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás hizo lugar al recurso de apelación articulado por la parte actora y revocó el fallo de primera instancia, acogiendo la demanda conforme los términos del voto que inauguró el acuerdo (v. sent. de 10-V-2024).
III.1. En primer término se manifestó en torno a la facultad del juez de grado de decretar de oficio la inadmisibilidad de la pretensión. Entendió incongruente que el magistrado haya establecido como término para decidir, "si la actuación comunal resultó un obrar antijurídico o no", para luego decretar el rechazo de la demanda en función de lo que consideró la caducidad de la pretensión.
De las actuaciones de la causa, observó que el 29-XII-2016 la actora presentó la demanda; el 2-II-2017 el juez de grado tuvo por interpuestas las pretensiones de restablecimiento o reconocimiento de derechos, anulatoria e indemnizatoria; el 2-III-2017 se tuvo por presentado el informe requerido por el art. 23 del Código Contencioso Administrativo para el dictado de una medida cautelar en la que tuvo intervención esa Alzada mediante resolución de fecha 14-IX-2017; el 27-VIII-2018 la actora amplió la demanda; el 11-X-2018 el municipio cumplió con lo requerido por el art. 30 inc. 1 del citado código; el 6-XI-2018 volvió a ampliarse la demanda; el 8-XI-2018 el magistrado interviniente ordenó correr traslado de la demanda y sus ampliaciones y el 25-III-2019 la demandada la contestó.
El Tribunal de Alzada observó que la Municipalidad no opuso excepción de inadmisibilidad de la pretensión al momento de contestar la acción y que el juez de grado tampoco se expresó sobre el tópico cuando la ley lo habilitaba (art. 31, inc. 2, CCA), por lo que la oportunidad para resolver la admisibilidad se hallaba precluida.
III.2. Definido el tema de la extemporaneidad de la acción, la Cámara consideró necesario analizar si debía o no acogerse la demanda, teniendo en cuenta la bilateralidad en el proceso, por lo que operaba la implícita apelación.
Consideró que es la cuestión de la incompatibilidad de los cargos desempeñados por la actora la que debía analizarse a la luz del caso concreto para verificar la validez, o no, de los actos impugnados.
Señaló que de dicho análisis dependía de si la fundamentación del acto original (resol. 1791/16) se ajustaba a lo actuado.
Entendió que la presunción de legitimidad del aludido acto administrativo cedía ante la prueba obrante en estos autos y, por ende, la mención expresa de las razones y antecedentes -fácticos y jurídicos- que resultaron críticos para la emisión del acto atacado, no se ajustaban a la realidad.
Ponderó que el marco normativo aludido por las partes (el Municipio refirió al art. 9 de la ley 14.656, reguladora del Régimen Marco de Empleo Público Municipal; mientras que la actora invocó el art. 149 inc. "b" de la ley 13.688 sobre Educación Provincial) debe ser interpretado en forma sistemática, en función de los principios consagrados por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, protectorios de la relación de empleo público en cualquiera de los estamentos estatales, entre los que se encuentra la regla de interpretación a favor del trabajador.
En esa línea, consideró que la incompatibilidad admite excepciones. Y que en el caso, se presentan ante la opción de la señora Segovia al no cobro de la dieta como consejera escolar por el período 2015-2019 (art. 149 y concs., ley 13.688), disposición que entre otras cuestiones también establece que el consejero escolar reelecto no podrá modificar su situación sino hasta el fin de su último mandato consecutivo.
III.3. Con respecto a la pretensión indemnizatoria, destacó que el municipio venía abonando los salarios desde que la medida cautelar fue resuelta a favor de la actora (mediante resolución de la Cámara, de fecha 14-IX-2017), por lo que confirmó el derecho a su percepción. Agregó que, para el caso de que obren períodos impagos, éstos deberán oblarse a valores actuales, más un interés a la tasa del 6% hasta el dictado de la sentencia de Cámara. De allí en más, a la tasa de interés establecida en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016.
También condenó a la demandada al pago de los respectivos aportes, los que deberán ingresarse a la Caja correspondiente.
En consecuencia, admitió la pretensión anulatoria respecto de la resolución 1791/16 y los posteriores decretos -resultando innecesario pronunciarse sobre la pretensión de reconocimiento de derechos-. En consecuencia, hizo lugar a la pretensión indemnizatoria respecto de los salarios reclamados y del daño moral requerido, éste último estimado en la suma de pesos doscientos mil -$200.000- (v. considerandos III y IV).
IV. Frente a lo así resuelto, la Municipalidad demandada interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad (v. present. de 22-V-2024), los que fueron denegados. El primero de ellos, con sustento en que el valor del litigio -que la Cámara refiere que se encuentra representado por el importe correspondiente a la indemnización reconocida por el rubro daño moral, fijado en la suma de $200.000- no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial; y el segundo, por no haberse planteado ni resuelto en la presente causa un caso constitucional en los términos del art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial (v. resol. de 6-VI-2024).
La denegatoria del primero de los nombrados motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. present. de 18-VI-2024).
V. Requerida la radicación electrónica de los autos principales mediante oficio electrónico de 16-X-2024, ésta se hizo efectiva el 24-X-2024. Las constancias de la causa corroboran lo anteriormente expuesto.
VI.1. En la queja, la Municipalidad de Pergamino -en lo que aquí interesa destacar- sostiene que la Cámara, al denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por considerar que el monto que surge de la sentencia de segunda instancia no supera el piso establecido en el art. 278 del CPCC, decidió de forma irrazonable y arbitraria, vulnerando cuestiones federales vinculadas con el derecho de propiedad y el debido proceso (arts. 17 y 18, Const. nac.). Asimismo, cita la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), para sortear la exigibilidad del requisito establecido en el referido art. 278 del CPCC.
VI.2. La queja es atendible.
Se advierte que la sentencia de la Cámara comprende la condena a abonar no solo un importe por la indemnización del daño moral, sino también los salarios caídos y aportes, motivo por el cual la decisión denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley comete error al determinar el valor de lo cuestionado por la recurrente ante esta instancia (conf. art. 278, CPCC).
Al respecto, cabe señalar que conforme se desprende del fallo atacado, la condena comprende: a) el monto de los haberes adeudados a la actora correspondientes a los períodos de junio de 2016, de agosto 2016 a agosto de 2017, incluidos los respectivos Sueldos Anuales Complementarios de junio y diciembre de 2016 y junio de 2017, calculados a valores actuales e incluyendo aportes; b) la suma reconocida en concepto de daño moral, fijada en $200.000-; c) los intereses devengados sobre los conceptos mencionados, calculados a una tasa pura del seis por ciento (6%) anual, desde junio de 2016 hasta la fecha de la sentencia; y d) menos el importe correspondiente a los salarios que el municipio ha venido abonando desde el dictado de la medida cautelar favorable a la actora (14-IX-2017) hasta la actualidad (v. consids. III y IV, sent. de 10-V-2024 y liquidación estimativa a los efectos del cumplimiento de la sentencia, acompañada por la recurrente el 19-IX-2024).
Por lo expuesto, se advierte que el valor del agravio consistente en el importe de los salarios caídos y los abonados en concepto de medida cautelar, aguinaldos, aportes e indemnización del daño moral, excede el mínimo para recurrir establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al caso conforme lo dispuesto por el art. 60 del Código Contencioso Administrativo (Ac. 4153/24).
VII. Hallándose reunidos los demás recaudos de admisibilidad, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, 292, CPCC y Ac. 4068).
VIII. Ahora bien, pasando a analizar la procedencia del remedio, éste no puede prosperar atento la insuficiencia que porta (conf. arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
VIII.1. La Cámara revocó la sentencia de primera instancia argumentando que el juez de grado incurrió en una violación al principio de congruencia al rechazar la demanda por inadmisibilidad de la acción, cuestión que no fue planteada como excepción por la demandada ni tratada oportunamente por el juez de grado. Señaló que, de acuerdo al principio de preclusión procesal (art. 31, CCA), una vez habilitada la instancia y trabada la litis , ya no correspondía volver sobre el análisis de admisibilidad si no se había formulado excepción de inadmisibilidad dentro del plazo legal.
Luego consideró que la resolución 1791/16 –que otorgó licencia sin goce de haberes a la actora por presunta incompatibilidad– carecía de motivación suficiente y no se ajustaba a la realidad fáctica y normativa del caso, con lo cual no podía ampararse en la presunción de legitimidad que, en principio, revisten los actos administrativos.
Destacó que, con la prueba rendida, se acreditó que la señora Segovia había optado por no percibir la dieta como consejera escolar, por lo que resultaba aplicable el art. 149 inc. "b" de la Ley 13.688, que permite el goce de haberes en cargos docentes o administrativos cuando se renuncia a la dieta del cargo electivo.
En conclusión, entendió que la Municipalidad omitió valorar adecuadamente la normativa aplicable y que su actuación constituyó una afectación ilegítima a los derechos laborales y salariales de la agente, al privarla del cobro de su salario sin sustento jurídico suficiente.
VIII.2. Contra esa decisión, la parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la errónea aplicación del instituto de la caducidad e interpretación de pruebas, entendiendo que debe acogerse la inadmisibilidad de la instancia judicial por la extemporaneidad de los recursos articulados en sede administrativa, tal como fue decidido por el juez de primera instancia.
También acusa violación de la doctrina legal emergente de las causas B. 58.006, "Gomez", sent. de 24-X-2012; B. 57.637, "Duville", sent. de 21-VI-2000; I. 2026, "Busada", sent. de 10-V-2000; I. 1896, "Marino", sent. de 21-VI-2000, entre otras (v. punto IV, del escrito recursivo).
Asimismo, se agravia porque la Cámara incurre en absurdo al apartarse de las reglas de la sana crítica y valorar erróneamente la prueba producida en autos, vulnerando de este modo los arts. 53 y 171 de la Constitución provincial, en tanto decide contrariando la incompatibilidad absoluta consistente en el ejercicio simultáneo de dos o más cargos públicos.
VIII.2.a. En primer lugar, aduce que el pronunciamiento de la Cámara aplicó erróneamente el instituto de la caducidad, al considerar habilitada la instancia judicial pese a que el acto impugnado se encontraba firme por no haber sido recurrido en término. Sostiene además que el referido tribunal efectuó una equivocada valoración de la prueba producida en autos y que la sentencia vulnera el principio de congruencia.
VIII.2.b. En otro orden, esgrime que el fallo ha incurrido en una errónea interpretación de la doctrina legal de este Tribunal en materia de incompatibilidad de cargos públicos, al admitir la acumulación de funciones y haberes en violación al art. 53 de la Constitución provincial y las leyes 14.656 y 13.688, apartándose de las reglas de la sana crítica y desatendiendo constancias probatorias decisivas.
VIII.3.a. Los fundamentos básicos expuestos por la Cámara -que han sido reseñados en el punto VIII.1.- no han sido objeto de impugnación idónea por la recurrente, en tanto se desentiende de ellos, limitándose a exteriorizar su opinión discrepante con el resultado obtenido y a esgrimir su punto de vista subjetivo sobre las constancias de la causa y el derecho aplicable, sosteniendo que la Cámara aplicó erróneamente el instituto de la caducidad e insistiendo en que a la señora Segovia no correspondía abonarle el sueldo correspondiente al empleo en la Administración municipal por haber incurrido en incompatibilidad con el cargo de consejera escolar.
Tales argumentaciones no constituyen un ataque directo y eficaz como lo exige esta instancia extraordinaria, sino que importan una fundamentación en paralelo. Repárese en este aspecto que la sentencia de Cámara decidió que una vez habilitada la instancia y trabada la litis , ya no correspondía volver sobre el análisis de admisibilidad de la pretensión (art. 31, CCA), si no se había interpuesto excepción de inadmisibilidad dentro del plazo legal. Esta afirmación es estructural en la decisión atacada y no ha merecido impugnación por parte de la Municipalidad demandada.
Tampoco fue idóneamente atacado lo decidido por la Cámara respecto a que la Municipalidad omitió valorar adecuadamente la normativa aplicable y que su actuación constituyó una afectación ilegítima a los derechos laborales y salariales de la agente, al privarla del cobro de su salario sin sustento jurídico suficiente.
Es clara la doctrina de esta Corte respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019; A. 78.088, "Uzcudum", resol. de 7-XII-2022; Q. 78.993, "Valbuena", resol. de 19-VIII-2024, entre otras).
Asimismo, ha reiterado esta Corte que si el recurrente limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.328, "Cifuentes", resol. de 11-VII-2018; A. 75.857, "Spicoli", resol. de 06-XI-2019; Q. 78.993, "Valbuena", resol. de 19-VIII-2024, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio de la recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 74.922, "Aguirre", resol. de 14-XI-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019; Q. 78.993, "Valbuena", resol. de 19-VIII-2024, entre otras).
VIII.3.b. En adición, cabe señalar que los argumentos de la recurrente, más que evidenciar un yerro de índole normativa, se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 74.922, "Aguirre", resol. de 14-XI-2018; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; A. 74.661, "Casadei", resol. de 7-III-2019; A. 79.639, "Palisa", resol. de 13-II-2025, entre otras), vicio que no ha sido acreditado por la recurrente.
Es que el referido agravio solo se configura cuando media una cabal demostraci
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