Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79270
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la resolución interlocutoria impugnada y se ordena remitir los autos a la instancia de origen a fin de que continúe con las actuaciones (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen a la demandada en su carácter de vencida (conf. arts. 51 inc. 1 y 60 inc. 1, CCA —texto según leyes 14.437 y 13.101, respectivamente— y 68, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.270, "Campo, Juan Alberto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada, y revocó el pronunciamiento atacado que había desestimado la excepción de cosa juzgada interpuesta por la Fiscalía de Estado (v. sent. de 14-XII-2023).
Disconforme con dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. electr. de 2-II-2024, 09:24:31 hs.).
Dictada la providencia de autos para resolver con fecha 15 de abril de 2024, agregado el memorial de la demandada, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor juez de grado rechazó la excepción de cosa juzgada deducida por la demandada, ante la pretensión cuyo objeto se encontraba dirigido a obtener el "reajuste del subsidio de la Ley Nº 13.985 -que el actor percibe regularmente- con integración de la totalidad de suplementos, bonificaciones y compensaciones que percibe un Teniente Primero (E.G.) de las Policías de la Provincia de Buenos Aires; computando al efecto el Suplemento por Antigüedad (art. 45, inc. c) apartado 1) Ley Nº 13.982), el Suplemento por Riesgo Profesional (art. 45, inc. c) apartado 2) Ley Nº 13.982), la Compensación por Mantenimiento de Uniforme (Dec. Nº 713/2014), y todos aquellos que se instauren en el futuro y se abonen con generalidad, habitualidad y regularidad a los policías de la jerarquía indicada, solicitando a tal efecto se declare la inconstitucionalidad del art. 3° del Decreto Reglamentario N° 149/10, en tanto condiciona el monto del subsidio a la suma equivalente al sueldo básico con más la bonificación remunerativa y no bonificable fijados para el grado de Teniente Primero del Subescalafón General de la Ley 13.982..." —según consignaba el escrito de inicio—; imponiendo a la demandada las costas de la incidencia, con reanudación del plazo para contestar la demanda.
El sentenciante indicó que la pretendida declaración de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 149/10, no había sido planteada ni resuelta en los autos "Campo, Juan Alberto c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y ot. s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos - Empleo público", expediente 12.383, que tramitó por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata —actuaciones en las cuales encontró apoyo la excepción articulada—, cuya condena firme estableció hacer lugar a la demanda interpuesta por el aquí demandante contra el Ministerio de Seguridad, anular la resolución RESOL-2018-323-GDEBA-MSGP, de fecha 15 de marzo de 2018, emitida por el señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y condenar a dicho organismo a reconocer al peticionante, el otorgamiento del beneficio plasmado en el art. 1 de la ley 13.985 y su reglamentación, desde la fecha del accidente (17-II-2012) y en adelante, de acuerdo con las pautas establecidas en dicha manda y de conformidad con la liquidación que a tal fin se practique en autos (arts. 12 incs. 1 y 2 y 50, CCA; 1, ley 13.985; 1, 2, 4, 10 y cons., dec. 149/10), dispuso que a las sumas reconocidas, se apliquen los intereses a partir de la fecha en que acaecieron las lesiones que afectaron al actor, es decir el día 17 de febrero de 2012 y hasta el momento de su efectivo pago, calculados a la tasa pasiva más alta, vigente en cada período de aplicación, que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus depósitos a 30 días.
II. A su turno, la Cámara de Apelación hizo lugar el recurso de apelación articulado por la Fiscalía de Estado, revocó la sentencia apelada en lo que fue materia de agravio, e impuso las costas por su orden.
Para así decidir, estimó que la cuestión traída a debate se encontraba alcanzada por la autoridad de la cosa juzgada emanada de la sentencia firme recaída en el expediente 12.383 del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, en tanto el pronunciamiento allí dictado condenó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a reconocer al actor el otorgamiento del beneficio plasmado en el art. 1 de la ley 13.985 y su reglamentación; y en las presentes actuaciones el actor planteaba el reajuste de aquél, en base a la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10 en cuanto determina los conceptos a tener en cuenta para el cálculo del beneficio en cuestión.
Ponderó que la cosa juzgada no sólo opera en los casos de identidad del asunto sometido a decisión judicial, sino también cuando exista continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, de la que surge que la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve.
Consideró que la cosa juzgada se extiende a aquellas cuestiones que, sin haber sido materia expresa de la decisión contenida en la sentencia, resultan consecuencia necesaria o dependen indispensablemente de tal decisión, o han quedado tácitamente resueltas, como también a aquellas otras que pudiendo haber sido propuestas, no lo fueron.
Señaló que la cosa juzgada hace a la propia utilidad de la función judicial del Estado, la cual, unida a consideraciones de seguridad jurídica, determina la necesidad de asegurar no sólo la inimpugnabilidad que es propia de las sentencias firmes, sino también la consistente en dotar a estas últimas del atributo en cuya virtud su contenido no puede ser alterado en ningún otro proceso ulterior, tornando por lo tanto inadmisible toda nueva discusión o resolución acerca de las cuestiones ya decididas con carácter firme en el anterior proceso.
Concluyó que la solicitud de reajuste del art. 1 de la ley 13.985 con base en el planteo de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10, se encontraba alcanzada por la cosa juzgada.
III. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En un primer tramo del recurso relata los antecedentes del pleito. Luego de ello explica (v. punto 4.1), en términos generales, como se configura el vicio de absurdo según la jurisprudencia de esta Corte.
Alega que la Cámara ha realizado una interpretación absurda de las pretensiones del caso cuando concluye que estas se ven alcanzadas por los efectos de la "cosa juzgada" recaída en los autos que tramitaron ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 de La Plata, expediente 12.383. Sostiene que no se configura en los presentes autos supuesto alguno de conexión, continencia, accesoriedad o subsidiariedad que permita tener por configurada su existencia.
En este sentido profundiza su relato señalando que ambas contiendas pueden coexistir, pues en una se debate la procedencia del beneficio, mientras que en el sub lite solo el mecanismo de liquidación. Así, agrega que en el presente proceso "No será motivo de análisis nuevamente si corresponde a Campo el subsidio de la Ley 13.985, o si el mismo resulta compatible con la indemnización laboral oportunamente percibida. La discusión es otra, por más que parta del reconocimiento del derecho operado en el proceso previo" .
Agrega que, merced a lo anterior, tampoco existe riesgo alguno de contradicción entre uno y otro proceso, ni mucho menos se encuentra en peligro la seguridad jurídica, dada la circunstancia de que no se está poniendo en discusión lo mismo.
Indica que, de confirmarse la decisión, se estaría dejando al actor en una peor situación que quienes hayan articulado la demanda con el correspondiente planteo de inconstitucionalidad, en virtud de la nueva posición de este Tribunal.
Entiende, por otra parte, que la Alzada ha incurrido en absurdo ya que, más allá de la identidad de sujetos y del sustrato normativo (subsidio de la ley 13.985), lo debatido en ambos procesos es completamente diferente y puede coexistir sin riesgos de contradicción.
Refiere que el día 26 de mayo de 2021, la Suprema Corte dictó sentencia en la causa A. 75.799, "Caballero" y, al confirmar el pronunciamiento dictado por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, estableció una nueva doctrina legal relativa a las conclusiones de la sentencia atacada en punto a que había existido un exceso reglamentario del decreto 149/10 al efectuar limitación frente a las previsiones de la ley 13.985 que, en forma terminante, establece que el subsidio ha de ser equivalente al haber que "por todo concepto" percibe un Teniente Primero (conf. art. 144 inc. 2, Const. prov.).
Señala que, dado el establecimiento de esta nueva doctrina legal, con posterioridad al inicio del expediente 12.383 y tras su finalización y reconocido el derecho del actor al cobro del subsidio de la ley 13.985, es que promovió las presentes actuaciones.
Reitera así, que la inadmisibilidad dispuesta no hace más que poner al señor Campo en una situación menos ventajosa respecto de todos aquellos efectivos que hubieran percibido el cobro del beneficio a instancias administrativas —sin juicio de por medio—, quienes sí tendrían la posibilidad de presentar una demanda planteando la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 149/10, privando de esa forma al actor de la posibilidad de percibir el subsidio de la ley 13.985 en los términos de ésta, cuando los demás heridos en acto de servicio pueden reclamar su reajuste.
Esgrime que resulta relevante a los efectos del correcto esclarecimiento del asunto, poner en consideración la naturaleza del derecho en juego, y en tal sentido, sostiene que el instituto de la cosa juzgada debe evaluarse bajo el tamiz de los principios que rigen la seguridad social, particularmente los de irrenunciabilidad y progresividad, consagrados en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
Expone que no se encuentra en juego la seguridad jurídica, o eventualmente ésta debe ceder en pos de dar el mayor alcance al derecho social en cuestión, máxime si enfrente se encuentra el Estado que es el encargado —constitucional y convencionalmente— de velar por los derechos de los individuos.
Resalta, en otro orden, que la Cámara de Apelación ha consignado innumerables citas en la sentencia impugnada, pero ni un párrafo que subsuma los parámetros traídos a colación al caso concreto.
Concluye que la sentencia no está correctamente fundada.
Formula reserva del caso federal.
IV. El recurso prospera.
IV.1. Entiendo asiste razón al recurrente cuando alega que el tribunal actuante ha realizado una interpretación absurda de las pretensiones del caso. No observo que el trajín, específicamente la parcela que abrió la discusión en este pleito, haya transitado dos veces por la misma senda, configurando así una alteración de la cosa juzgada fruto del proceso oportunamente ventilado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo nº 4 de La Plata.
Con esta premisa como norte, habré de hacer una salvedad importante al respecto: aun cuando con invariable insistencia ha sostenido este Tribunal que la sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada gana los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, se trata de una solución definitiva, concluyente, determinada, la última palabra de la justicia, la aplicación de la voluntad de la ley para el caso concreto, que no cabe alterar, variar o modificar (conf. causas C. 102.297, "Bilotte", sent. de 1-IX-2010; C. 106.338, "S., R. H.", sent. de 14-IX-2011; C. 121.394, "Fernández", sent. de 19-IX-2018; C. 121.901, "Barboni de Stella", sent. de 14-XI-2018; e.o.); y de la mano de ello se dijo que el efecto de la cosa juzgada es el de la imposibilidad de alterar lo decidido que debe permanecer inmutable, por lo que infringe tales efectos el fallo que altera lo resuelto en un pronunciamiento firme (conf. causas Ac. 75.634, "De Otazúa", sent. de 13-XII-2000; C. 112.611, "Muiño", sent. de 20-XI-2013 y C. 121.394, cit.; conf. mi voto, causa C. 122.762, "Promotora Fiduciaria S.A.", sent. de 22-IX-2020); como lo adelantara, no veo que esta situación se halle presente en el sub lite , lo que se explicará mediante un debido parcelamiento del asunto.
La autoridad de la cosa juzgada como atributo de la sentencia dictada en un pleito se extiende a todas aquellas cuestiones derivadas del él que fueron objeto de tratamiento por el Tribunal por integrar la pretensión oportunamente planteada (conf. causa B. 64.502, "Ussher de Romero Zapiola", sent. de 17-XII-2014) y, por lo tanto, no esparce sus efectos respecto de las cuestiones sobre las cuales no se juzgó la específica y circunstanciada materia en debate (conf. causas C. 101.098, "Provincia de Buenos Aires contra J. J. Llapur", sent. de 30-IX-2014 y C. 122.762 cit.), merced a lo cual el abordaje de la cuestión debatida en autos se ciñe a realizar un cotejo entre los dos procesos judiciales, a fin de determinar si existe una identidad en alguna de las parcelas en debate.
IV.2. Esclarecida la faena donde se desarrollará el análisis del caso, corresponde como primer paso ponderar la virtualidad que tienen los agravios que esgrime el recurrente en orden a la pretendida revocación de lo decidido en esa instancia.
En primer lugar, fácil es advertir que efectivamente existe en ambos procesos una identidad de sujetos y del encuadre normativo (subsidio de la ley 13.985). No obstante ello, el sustrato, esto es la materia debatida en los presentes no fue juzgada en las actuaciones que tramitaron por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 4 de La Plata.
En aquel pleito, y conforme se destaca en la sentencia en crisis, el objeto estaba circunscripto a "obtener la nulidad parcial de la resolución RESOL-2018-232-GDEBA-MSGP, de fecha 15-III-2018, mediante la cual fue desestimado el otorgamiento de los subsidios previstos por el decreto n° 861/99 y la ley 13.985; como asimismo, el pago de las sumas mensuales devengadas desde el 17-VIII-2012 (fecha del infortunio) y hasta su efectivo pago, tomando como base de cálculo la remuneración que perciba un Teniente Primero de la Policía Bonaerense, al momento de dictarse sentencia o de efectivizarse el pago, con más intereses (...) Alega la inconstitucionalidad del recaudo establecido por el decreto reglamentario n° 149/10 en sus artículos 2 y 4 inc. 2°, en tanto exige para la concesión del mentado subsidio, una incapacidad superior al 50% de la total laboral en caso de encontrarse en situación de actividades limitadas..." . Tal fórmula permite inferir que la pretensión se componía por: i. la declaración de nulidad del acto que denegó el beneficio, ii. el pago de las sumas mensuales devengadas y iii. la declaración de inconstitucionalidad de la norma en cuanto dispone un porcentaje del 50% para acceder al emolumento.
Por su parte, y conforme surge del capítulo "I. Objeto de la demanda", en el sub lite se pide el reajuste del subsidio de la ley 13.985 —que el actor percibe regularmente— con integración de la totalidad de suplementos, bonificaciones y compensaciones que percibe un Teniente Primero (EG) de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Esto es, computando al efecto el Suplemento por Antigüedad (art. 45 inc. "c" apdo. 1, ley 13.982), el Suplemento por Riesgo Profesional (art. 45 inc. "c" apdo. 2, ley 13.982), la Compensación por Mantenimiento de Uniforme (dec. 713/14), y todos aquellos que se instauren en el futuro y se abonen con generalidad, habitualidad y regularidad a los policías de la jerarquía indicada.
Como puede apreciarse, la base de cálculo que hoy se discute no fue materia de debate en el anterior proceso de reconocimiento de derechos; pues mientras en ese asunto se discutió la procedencia sustancial del beneficio, en este, una vez resuelta aquella cuestión, el debate giró en torno a la cuantía de dicho beneficio.
Aun cuando en el proceso de restablecimiento o reconocimiento de derechos en el que se solicitó el subsidio establecido en el art. 1 de la ley 13.985, pudo plantearse la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10, de modo tal que dicho beneficio sea liquidado con integración de la totalidad de suplementos, bonificaciones y compensaciones que percibe un Teniente Primero, no encuentro impedimento para admitir este planteo en el marco de una nueva pretensión como la aquí intentada. En definitiva, el diseño de la estrategia procesal, elegida por el litigante, en la medida que no afecte el ordenamiento procesal, es disponible para la parte.
El hecho de que esta última haya sido deducida con posterioridad al reclamo efectuado en el expediente 12.383 tramitado ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, no importa que lo allí decidido constituya un obstáculo para tal fin.
IV.3. En definitiva, la inimpugnabilidad propia de las sentencias firmes, aspecto medular en la decisión del Tribunal de Alzada, y que torna por lo tanto inadmisible toda nueva discusión o resolución acerca de las cuestiones ya decididas con carácter firme en el anterior proceso, no se patentiza en el caso, en la medida que como quedó expresado antes, la parcela relativa a la cuantía del beneficio no formó parte del proceso antecedente.
Ello así, los argumentos brindados por el a quo efectivamente aparecen en el caso como una interpretación absurda, motivo por el cual, corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento impugnado.
V. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario en tratamiento, revocar la resolución interlocutoria impugnada y remitir los autos a la instancia de origen a fin de que continúe con las actuaciones (art. 289 inc. 2, CPCC).
Costas de todas las instancias a la demandada en su carácter de vencida (conf. arts. 51 inc. 1 y 60 inc. 1, CCA —texto según leyes 14.437 y 13.101, respectivamente— y 68, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Comparto la propuesta formulada por el señor Juez doctor Soria.
Voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la resolución interlocutoria impugnada y se ordena remitir los autos a la instancia de origen a fin de que continúe con las actuaciones (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen a la demandada en su carácter de vencida (conf. arts. 51 inc. 1 y 60 inc. 1, CCA —texto según leyes 14.437 y 13.101, respectivamente— y 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/10/2025 11:36:48 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 23/10/2025 12:18:46 - KOGAN
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.