Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78263
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.263, "Unipar Indupa S.A.I.C. c/ Aguas Bonaerenses S.A. s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso interpuesto por Aguas Bonaerenses S.A., revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la pretensión promovida.
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora Unipar Indupa S.A.I.C. interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad. La Cámara del fuero concedió el primero y denegó el segundo.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La empresa actora, Unipar Indupa S.A.I.C. (en adelante Unipar), inició demanda contencioso administrativa contra Aguas Bonaerenses S.A. (en adelante ABSA), con el fin de que se ordene el cumplimiento del Acta Acuerdo celebrada entre ambas partes el día 15 de junio de 2017, de modo que la facturación por la provisión del servicio público de agua potable se realice con aplicación de la tarifa aprobada por el decreto 409/16 hasta el mes de abril de 2019, tal como —a su entender— allí fue pactado. Solicitó, asimismo, la repetición de las sumas pagadas en exceso con fundamento en la violación de lo estipulado, más sus intereses.
Puntualizó que, con motivo de una política de fomento impulsada por el Estado nacional, en el año 1986 la entonces firma Indupa se estableció en el Polo Petroquímico de la ciudad de Bahía Blanca para la producción de cloro, soda cáustica y PVC. Luego de narrar la historia de la empresa hasta su adquisición, en el año 2016, por Unipar Carbocloro S.A. de Brasil, destacó que su actividad tiene como una de las principales materias primas la utilización del recurso hídrico, que se aplica en distintos procesos de fabricación, por lo que la variación del costo de dicho insumo impacta directamente en el precio del producto final.
Relató que el día 8 de septiembre de 1986 se suscribió un acuerdo de suministro de agua potable entre las firmas antecesoras de Unipar con la Administración General de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (en adelante AGOSBA), confirmado por decreto 9.145/86, pactándose una tarifa específica en función de la actividad desarrollada por un período inicial de treinta años, el cual, mientras tuvo vigencia, fue cumplido cabalmente.
Explicó que la razón de ser de ese entendimiento fue la falta de infraestructura para abastecer al Polo Petroquímico de agua cruda —que tenía que instalar la proveedora del servicio: antes AGOSBA y ahora ABSA—, debiéndose en su lugar utilizar agua potable que, sin una modulación, sus costos ordinarios son prohibitivos de cualquier emprendimiento industrial o comercial en el rubro.
Recordó que, en el año 2002, ABSA asumió la concesión de la prestación del servicio público de distribución de agua. Y que a partir del año 2006, la empresa comenzó a celebrar adendas al acuerdo originario, pudiendo acordar cada aumento de la tarifa en atención al volumen de consumo y actividad industrial, generándose así un cierto grado de confianza legítima en esa manera de proceder y vincularse.
Continuó explicando que una vez próximo al vencimiento de los treinta años del contrato celebrado entre las partes originarias, en el mes de abril de 2016 se dictó el decreto 409/16 que autorizó un aumento tarifario del suministro de agua potable, conforme a una escala y diversas previsiones allí contenidas.
Agregó que con fecha 25 de agosto de 2016, ABSA le comunicó mediante carta documento que procedería a aplicarle inmediatamente ese régimen tarifario. Aclaró que ello fue resistido al considerar que semejante cosa resultaba irrazonable y desproporcionada. No obstante, ABSA aplicó el aumento, que representaba un 1.756% más de lo que venía abonando por el servicio.
Señaló que contra dicho proceder inició diversas acciones judiciales que, luego de conversaciones, fueron desistidas a fin de suscribir un nuevo convenio, con miras a establecer el modo en que sería aplicada la tarifa establecida por el decreto 409/16 hasta el mes de abril de 2019. El mismo fue perfeccionado el día 15 de junio de 2017.
En ese marco, detalló que ABSA se comprometió a aplicarle a Unipar la tarifa vigente al momento de la celebración del "Acta Acuerdo" aprobada por decreto 409/16 para los usuarios del servicio medido de consumos intensivos, empleando progresivamente el "coeficiente 1" a las facturas con vencimiento desde mayo de 2017 hasta febrero de 2018, y el "coeficiente 2" a las que tuvieran vencimiento a partir del mes de marzo de 2018. Asimismo, que se obligó a notificar fehacientemente a Unipar, con una antelación de sesenta días, la tarifa que aplicaría por los consumos a partir de marzo de 2019. Precisó que, por su parte, Unipar reconoció las sumas adeudadas a ABSA y se comprometió a pagarlas, además del mencionado desistimiento de las acciones judiciales.
La firma se agravió porque, a partir de la factura del mes de mayo de 2018, ABSA pasó a aplicarle la tarifa vigente a partir del día 11 de abril de 2018, aprobada por el posterior decreto 211/18. Frente a ello, dijo que las facturas fueron abonadas bajo protesto, a la par que intimó mediante cartas documento al cumplimiento del acuerdo celebrado.
Frente a eso, expuso el marco regulatorio aplicable, para luego realizar una interpretación de lo establecido en las cláusulas 2.1 y 2.3 del acuerdo, entendiendo que de ello se desprendía que las partes consintieron que desde marzo de 2018 hasta marzo de 2019, ABSA aplicaría el "coeficiente 2" sobre la tarifa para los usuarios de servicio medido de consumos intensivos aprobada en el punto 4.b.4 del decreto 409/16 y no otra tarifa que pudiera aprobarse con posterioridad ( i.e. , aquella más elevada del decreto 211/18).
Sostuvo que la finalidad con la que la empresa suscribió dicho acuerdo fue la de tener una tarifa diferencial con un valor menor y que ABSA reconoció expresamente que recién en el mes de abril de 2019 podría modificar la tarifa aplicable a los consumos que realizara la empresa.
Afirmó que el citado convenio debía ser interpretado de buena fe y que la negativa de ABSA de honrarlo le genera un perjuicio irreparable, violándose la teoría de los actos propios, la confianza legítima y la seguridad jurídica.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda, reconociendo el derecho de Unipar a que se le cobre el servicio de provisión de agua, hasta abril de 2019, de conformidad con la tarifa establecida en el decreto 409/16. En consecuencia, condenó a ABSA a la devolución de las diferencias abonadas en exceso.
Para resolver de ese modo, la magistrada sostuvo que la controversia giraba en torno al cumplimiento del acuerdo celebrado por las partes el día 15 de junio de 2017. En concreto, si los coeficientes debían aplicarse sobre el valor tarifario establecido en el decreto 409/16; o si, como entiende la demandada, el pacto estaba limitado al compromiso de aplicar progresivamente el coeficiente sin importar la tarifa de base sobre la cual incidía y, por ende, modificada ésta como ocurrió por decreto 211/18, es sobre ese nuevo monto que debía realizarse la multiplicación.
Al respecto, señaló que sólo la primera de tales proposiciones resultaba de una interpretación de buena fe y razonable de los términos del contrato, su contexto y antecedentes (arts. 961, 1.061, 1.064 y 1.065, Cód. Civ. y Com.).
Analizándolo en profundidad, dijo que carecía de asidero la principal defensa de la demandada, según la cual sólo se habría comprometido a aplicar progresivamente el "coeficiente 2", pero que en modo alguno pudo congelar el valor de la tarifa por cuanto eso era algo que fijaba el Poder Ejecutivo y no le correspondía a ella más que acatarlo. Notó que si no podía modificar la tarifa, tampoco hubiera podido acordar una forma especial de aplicación del coeficiente, ya que éste formaba parte de aquella, aclarando que la nulidad del convenio no fue planteada como defensa.
Luego hizo referencia a las siguientes cláusulas contractuales:
2.1 "ABSA resuelve aplicar a UNIPAR, titular de la UF 1634419, el coeficiente de DOS (2) vigente para los 'usuarios del servicio medido de consumos intensivos' progresivamente y de la manera que a continuación se detalla": (conforme cuadro incorporado en la cláusula) de mayo 2017 a febrero 2018, coeficiente 1 y desde marzo 2018, coeficiente 2.
2.2 "UNIPAR por su parte, se obliga a abonar en tiempo y forma las facturas emitidas por ABSA en base a los coeficientes consignados precedentemente".
2.3 "Respecto de la tarifa que ABSA aplicará por los consumos a partir del mes de abril de 2019, se deja expresa constancia que la misma será informada a UNIPAR mediante notificación fehaciente con una antelación no inferior a SESENTA (60) días corridos a contar desde su efectiva aplicación".
A partir de allí, consideró que cuando en la cláusula 2.3 se dice: "respecto de la tarifa que ABSA aplicará..." a partir del mes de abril de 2019, si se hubiera estado refiriendo sólo al coeficiente (porque, según la demandada, el valor no lo podía acordar), así lo hubiera dicho claramente como lo hizo en la cláusula 2.1.
Insistió con que la tarifa comprende al coeficiente de multiplicación. Y en tal sentido, analizó las distintas alternativas de interpretación: a) si se refiere a que con sesenta días de anticipación lo que deberá notificarse fehacientemente es el nuevo coeficiente, entonces se trataría de una cláusula estéril para Unipar dado que lo único que sabrá es por cuánto se va a multiplicar un valor que desconoce; b) si se refiere a la tarifa, como expresa su texto, ABSA no podría obligarse a cumplir con la notificación pues, recordando que su defensa radicaba en afirmar que ella no podía transar el valor porque lo fijaba el Poder Ejecutivo, estaría fuera de su órbita la determinación acerca del momento en que una nueva tarifa entra en vigencia.
Como fuere, concluyó que la cláusula solo cobra sentido cuando se la entiende como fijando la tarifa del decreto 409/16 hasta el mes de abril de 2019, siendo de esa manera un instrumento tendiente a solucionar un conflicto de larga data, con deudas acumuladas y acciones judiciales intentadas y desistidas con motivo de esta estipulación. Entonces, asistía la razón a Unipar.
Disconforme, ABSA apeló.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso interpuesto. Revocó la sentencia y rechazó la pretensión promovida por Unipar.
III.1. Para resolver de ese modo, el señor juez De Santis partió de la base de una relación contractual de concesión entre el Estado concedente y la concesionaria (en este caso ABSA), que se impregnaba del régimen jurídico del servicio público. Sobre esa plataforma, consideró inevitable que las contingencias relativas al precio de la prestación participe del mismo régimen jurídico y, por lo tanto, de las variables que decida la autoridad concedente a ese respecto.
Subrayó que el procedimiento de aprobación de las tarifas trata de una atribución del Estado concedente que obliga al concesionario, el que si bien debe dirigir la organización y el funcionamiento del servicio con percepción directa del precio, carece de potestad para determinar la tarifa.
Notó que ese conjunto de reglas generales era de recibo en el marco regulatorio que gobernaba el asunto (conf. art. 1, decreto 878/03, ratificado por ley 13.154, texto según ley 14.745 y anexo capítulo I, arts. 1, 4, 5 y concs.; capítulo VI, 35 inc. "p", 36 incs. "a", "n" y concs.; capítulo VIII, 48 y concs.; capítulo IX, 52, 58 y concs.; capítulo X, 59 y concs.; capítulo XII, 79 y sigs.).
Así las cosas, señaló que el planteo que se hacía en la demanda escapaba de las posibilidades de la concesionaria del servicio público, en tanto ello importaría concertar tarifas diferenciales fuera de las previstas en el marco regulatorio, integrado con el contrato y las disposiciones citadas. Añadió que la remisión efectuada en la sentencia de grado al derecho común no correspondía en semejante situación.
Recordó que el coeficiente no era más que un método para establecer la contraprestación de una categoría de usuarios que, como la actora, califican por la cantidad de uso del recurso hídrico, pero que eso en modo alguno alteraba la condición del precio como retribución proporcional y base de determinación y que se constituía por la tarifa que aprueba la autoridad concedente a través de las autoridades competentes.
Interpretó, entonces, que la modificación introducida por el decreto 211/18 resultó de pleno vigor y efectos inmediatos para Unipar.
III.2. La señora jueza Milanta adhirió al voto y precisó que la aplicación por parte de la concesionaria de la tarifa vigente (decreto 211/18) al tiempo de calcular el traspaso a uso intensivo (marzo de 2018), derivaba de una interpretación ajustada al plexo normativo que regía la prestación del servicio, que jamás hubiese podido mantenerse a un valor preexistente (tal el fijado por el decreto 409/16) por estipulación particular, a modo de régimen tarifario diferencial para un usuario singular sin extensión a la generalidad de su clase.
III.3. El señor juez Spacarotel coincidió y formuló argumentos adicionales.
Tras encasillar el contrato como uno regido por el derecho administrativo y gobernado por un marco jurídico sectorial, a tenor del "principio de inderogabilidad singular de los reglamentos" advirtió que la demandada no pudo válidamente modificar o no cumplir con los valores tarifarios contemplados en el acto de alcance general, conviniendo una tarifa diferencial individual a un valor inferior.
Aclaró que dicha conclusión surgía, además, de una armónica interpretación de la normativa aplicable al caso, como era el art. 36 del decreto 878/03, así como de las restantes normas detalladas en el primer voto, cuya debida y adecuada interpretación determinaba que la demandada solo pudo comprometerse a fijar progresivamente el "coeficiente 2" a la tarifa que resultare aprobada por la autoridad provincial competente. Pero nada más.
IV. Contra el pronunciamiento de la Cámara, la actora interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad. Se concedió el primero y denegó el segundo.
IV.1. Plantea en el único remedio admitido que la sentencia desconoce arbitrariamente lo establecido en el régimen tarifario, en cuanto éste efectivamente facultaba a ABSA a fijar una tarifa diferencial con algunos usuarios en particular.
Dice que si bien es cierto que la autoridad concedente es quien fija la tarifa, esta también autorizó a convenir "valores tarifarios" y "precios menores" respecto a los usuarios de consumo intensivo. Pone de resalto que esta facultad se presenta, también, en otros regímenes para los servicios públicos (v.gr., gas natural).
Expone que el decreto 3.144/08 (B.O. de 19-I-2009), en su apartado 6, dispuso: "Los valores tarifarios y precios vigentes en cada momento se considerarán como valores máximos regulados. El Concesionario podrá establecer valores tarifarios y precios menores, con carácter general para situaciones análogas, con obligación de informar el hecho al OCABA dentro de los diez (10) días de su otorgamiento...".
Agrega que en el año 2016 se dictó el decreto 409/16 (B.O. de 29-IV-2016), a través del cual se modificaron ciertos artículos del decreto 3.144/08, ampliándose las facultades allí otorgadas. Así, se dispuso que: "El Concesionario, en uso de la facultad otorgada en el apartado 6 del presente Régimen Tarifario, podrá establecer valores tarifarios y precios menores para los usuarios del servicio medido de consumos intensivos, teniendo en cuenta el volumen de agua consumida; la actividad que desarrolla (ya sea de naturaleza social, comercial o industrial) y el equilibrio de la ecuación económico financiera del Concesionario" (apdo. 4.b-4).
Concluye que a partir de lo expuesto surgía sin posibilidad de otra lectura que ABSA se encontraba facultada a establecer "valores tarifarios" y "precios menores" respecto a los usuarios de consumo intensivo, de manera individual. Todo lo cual trataba de una potestad mucho más amplia que la mera alteración del coeficiente.
IV.2. Por otro lado, asegura que el Tribunal de Alzada no ponderó que durante más de treinta años tanto ABSA como sus antecesoras han venido suscribiendo acuerdos con los usuarios en los cuales se establecieron tarifas diferenciales por el consumo de agua (y muy especialmente con los del Polo Petroquímico de Bahía Blanca), facultad que —reitera— es mantenida en la actualidad.
Subraya que, al suscribir el convenio, fue la propia demandada quien reconoció en los considerandos estar echando mano a las facultades que le otorgaba el apartado 4.b-4 del decreto 409/16.
Reputa que la naturaleza de derecho público o de derecho privado que se le otorgue al Acta Acuerdo o a la relación entre ABSA y Unipar en nada modifica la solución del caso. Lo anterior, puesto que cualquiera sea el régimen, ninguno desplaza los principios y garantías de la buena fe, la confianza legítima y la seguridad jurídica.
Entiende, por eso, que de una interpretación integral de lo establecido en las cláusulas 2.1, 2.3 y en los considerandos de dicho convenio debe concluirse que, al suscribirlo, las partes entendieron que desde marzo de 2018 hasta marzo de 2019, ABSA aplicaría el "coeficiente 2" sobre la tarifa fijada para a los "usuarios del servicio medido de consumos intensivos" aprobada en el punto 4.b-4 del decreto 409/16 y no otra (para el caso, superior) que pudiera aprobarse con posterioridad.
IV.3. Por todo lo anterior, se queja de que la sentencia impugnada contenga afirmaciones meramente dogmáticas, lo que la torna arbitraria en tanto incurre en errores esenciales de derecho, siendo descalificable en razón de aquella conocida jurisprudencia de origen federal.
V. El recurso prospera, parcialmente.
V.1. La actora demandó para que se le ordene a ABSA cumplir con el Acta Acuerdo celebrada entre las partes con fecha 15 de junio de 2017, en el entendimiento de que, según dicho instrumento, la tarifa que le resultaba aplicable hasta el mes de abril de 2019 era la que surgía del decreto 409/16, con los coeficientes estipulados en el convenio mencionado, pero sin los aumentos luego introducidos por el decreto 211/18.
La Cámara departamental, como dije, revocó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda, rechazando la pretensión promovida.
Sostuvo, en síntesis, que las contingencias relativas al precio del agua suministrada pertenecían a la órbita del derecho público, en particular, de los contratos de concesión de servicios. En lo medular, indicó que en su carácter de concesionaria, ABSA carecía de la potestad para determinar la tarifa a cobrar por el servicio prestado, cosa que se distinguía del coeficiente. Trajo a colación "el conjunto de reglas generales" que brotaban del marco regulatorio respectivo (dec. 878/03 y modif.) y concluyó que no podía interpretarse que, mediante el Acta Acuerdo del día 15 de junio de 2017, ABSA se hubiera obligado a mantener la tarifa que surgía del decreto 409/16 hasta el mes de abril de 2019; sino que por el contrario, la modificación introducida por el decreto 211/18 era directamente aplicable.
El argumento cent
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