Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78802
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.802, "Velázquez Ovelar, Elvira contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó, por mayoría —en lo que al caso interesa—, la sentencia dictada por la jueza de primera instancia, que había hecho lugar a la pretensión articulada por la señora Elvira Velázquez Ovelar, condenando a la Provincia de Buenos Aires a que reconozca a su favor el pago mensual de un ingreso mínimo, vital y móvil, para satisfacer las necesidades de supervivencia de su familia, el cual debiera hacerse efectivo a nombre de la demandante, mientras no varíen las circunstancias fácticas del caso (conf. arts. 12 inc. 3 y concs., CCA; 496 y concs., CPCC).
Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado, mediante apoderado, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación de 17-III-2023), el que fue concedido por resolución de la Cámara interviniente de fecha 25-IV-2023.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de 11-VII-2023), oído el señor Procurador General (v. dictamen de 10-VII-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La señora Elvira Velázquez Ovelar, promovió acción contencioso administrativa en la que requirió el reconocimiento de su derecho a la vida digna, mediante la percepción de un ingreso mínimo, vital y móvil mensual habida cuenta de su probada situación de indigencia, a cargo enteramente de sus cuatro hijos (tres de ellos con discapacidad severa) y con ingresos inestables como empleada doméstica por hora. Afirmó que se trata de una situación análoga a los precedentes "Benitez" (SCBA A. 70.138 in re "Benitez Alejandra Fabiana c/Provincia de Buenos Aires s/Amparo", sent. de 3-VII-2013) y el posterior "Arce Gloria". En ambos casos la Suprema Corte ordenó al Fisco provincial el pago mensual de una prestación social-alimentaria a favor de la madre como único sostén del hogar, siendo tales precedentes considerados como doctrina legal del Máximo Tribunal provincial.
I.2. En lo que a la resolución del presente recurso interesa, la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 4 de La Plata hizo lugar a la demanda y reconoció el derecho de la actora a la percepción de una prestación social equivalente al salario mínimo, vital y móvil, condenando a la Provincia de Buenos Aires a su pago mensual, para satisfacer las necesidades de supervivencia de la señora Elvira Velázquez Ovelar y su familia, el cual deberá hacerse efectivo a nombre de la demandante, mientras no varíen las circunstancias fácticas del caso (conf. arts. 12 inc. 3 y concs., CCA; 496 y concs., CPCC).
I.3. Apelada la sentencia por la Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, desestimó el recurso, confirmando el decisorio de grado en cuanto fuera materia de agravios, con costas de la instancia a cargo de la demandada en su condición objetiva de vencida (arts. 51 inc. 1, 55, 56, 58 y concs., CCA; 28 y concs., Const. prov.; 14, 16, 28, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 19 y concs., CDPD).
Para así decidir, luego de relatar los antecedentes del caso y reseñar la normativa aplicable, señaló que los agravios traídos a esa instancia no eran de recibo, y que la sentencia apelada debía ser confirmada atento a su adecuada fundamentación en derecho.
Refirió que no resultaba pertinente el agravio referido a haberse incurrido en un exceso jurisdiccional violatorio del principio de división de poderes, invocando gravedad institucional ante una indebida intromisión en esferas competenciales propias del Poder Ejecutivo local. Ello, por cuanto es un deber constitucional y legal del Poder Judicial —en tanto órgano del Estado— el actuar medidas positivas y controlar la inacción de otros poderes en esta temática.
Por su parte, recordó también la doctrina de esta Suprema Corte relativa al derecho a la vida y a la salud, cuando existen en particular menores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad (cfr. causas A. 70.138, "Benitez", sent. de 3-VII-2013; A. 72.161, "Asociación Civil Miguel Bru", sent. de 26-II-2020; e.o.), en las cuales se ha dispuesto que ante el pedido concreto de realización de una política pública, y encontrándose en juego los derechos vinculados con la protección de la familia y la realización de los derechos de los niños que la integran, la solución dada en la instancia cumplía con la congruencia procesal plausible, atento que ante una precisa petición de implementación de políticas públicas de protección de los menores, y ante la evidencia incuestionable de la existencia de una omisión material de la Administración en tal temática, no excedía el marco de la participación debida por la judicatura en garantía de cumplimiento de los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente.
Adunó que tal cometido resultaba consecuencia de la aplicación del bloque normativo con jerarquía constitucional que surge del deber de promover medidas de acción positiva de los arts. 75 inc. 23 de la Constitución nacional y 36 incs. 5 y 6 de nuestra Constitución provincial; como asimismo de los derechos previstos en los arts. 14 bis, 16, 19, 28, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 16 párrafo 3, 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2.2, 3, 6, 12, 18 y 27.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 17, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.2, 10 párrafo 1 parte 1 y 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 36 inc. 1 de la Constitución provincial; y la realización de los derechos de los niños integrantes de aquella (arts. VII, DADDH; 25.2, DUDH; 2.2, 3, 6, 12, 18, 23, 24 y 27, CDN; 19, CADH; 2.2, 10.3, 11.1 y 12 inc. "a", PIDESC; 24.1, PIDCP; 36 incs. 2 y 3, Const. prov.), protegiendo en particular de ese modo, el interés superior del niño (arts. 5, 11, 14 y 15), de la mano del estándar legal de protección prioritaria a ciertos grupos (arts. 5, 28, 33 y 35), incluso con una asignación privilegiada y de intangibilidad de los recursos públicos que los garantice (art. 5 inc. 4); prescripciones normativas que se ven incluidas, además, en los arts. 5, 6, 7, 14, 18 y concordantes de la ley 13.298 y 4, 6, 7, 8 y concordantes de la ley 10.592, de la ley 26.061, y del rol activo asignado a la justicia en pos de la ejecución de medidas de acción positiva para la satisfacción de los derechos de los menores involucrados.
Finalmente, también desestimó los agravios relativos al abordaje de la situación de vulnerabilidad por parte de la sentencia de primera instancia. Rechazando de plano la invocación de presuntas políticas públicas paliativas de aplicación específica que pudieran haber sido utilizadas. En tal sentido, consideró que no revestía suficiencia la referencia que de modo genérico formulaba la demandada recurrente respecto de prestaciones o programas sociales vigentes en la esfera provincial, como tampoco en torno a las vigentes en la esfera nacional, sopesando la complementariedad de las prestaciones que la Provincia pudiera asignar en relación a las existentes a nivel nacional, así como que la autoridad local podría también realizar las gestiones pertinentes ante autoridades nacionales a sus efectos.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (arts. 278 y 279, CPCC), por entender que ha mediado en el caso una indebida intromisión del Poder Judicial en las competencias administrativas, invadiendo así la división de poderes y poniendo en riesgo la sustentabilidad y razonabilidad del sistema ideado para el bien común (v. pto. II del escrito recursivo).
Para ello, realiza una denuncia de las normas jurídicas que entiende han sido violadas por la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con sede en La Plata: arts. 1, 14 y 18 de la Constitución nacional (en cuanto a la división de poderes en el sistema republicano y el debido ejercicio de los derechos en el marco de razonabilidad constitucional); el art. 16 de la Constitución nacional (en cuanto se habría violentado el principio de igualdad, al haber impuesto irrazonablemente la creación de "un beneficio al que no pueden acceder otras personas en iguales condiciones salvo controversia con el Estado"); arts. 75 inc. 19 de la Constitución nacional y 39 de la Constitución provincial (en tanto con la invocación de derechos económicos, sociales y culturales se pretende "desprender" de ellos su directa aplicación "cuando son derechos que necesariamente deben ser reglamentados", en tanto el poder administrativo responde al principio de legalidad).
Finalmente, plantea la existencia de absurdo en el decisorio, conforme los términos del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que la Cámara interviniente ha querido justificar el cobro indiscriminado de un salario mínimo, vital y móvil al solo pedido de la actora, sin considerar variable de ningún tipo: ni legales, ni presupuestarias, ni económicas o sociales. Del mismo modo, consideró que la fórmula utilizada por el a quo para instaurar el beneficio "mientras no varíen las circunstancias fácticas del caso" equivale a instaurar un beneficio sine die por no estipularse cuáles serán los parámetros a evaluar para la conclusión del beneficio.
III. Considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto no puede prosperar atento su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
En efecto, sus argumentos solo importan una mera disconformidad con lo resuelto en la sentencia recurrida y omite rebatir los fundamentos centrales vertidos en el fallo.
Esta Corte tiene dicho que es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 76.166, "Los Lagartos Country Club S.A.", sent. de 26-XI-2021; A. 71.160, "Martire de Abeijón", sent. de 19-X-2016; A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; e.o.).
En particular, resulta notorio que la Fiscalía de Estado ha reeditado en esta instancia extraordinaria los mismos agravios que fueran oportunamente planteados ante la Cámara de Apelaciones al momento de recurrir la sentencia de grado (v. recurso ordinario de 15-VII-2020). Circunstancia que hace aplicable en el sub lite la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos —y rechazados— en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016 y A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015, e.o.).
Se ha dicho, pues, que esa clase de reiteraciones, que se ponen de manifiesto cuando quien recurre se limita a insistir con su propia postura sin hacerse cargo de la conclusión que lo perjudica y demostrar su desacierto, llevan necesariamente a la declaración de insuficiencia del remedio extraordinario (doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 72.375, "Mazza", sent. de 12-VII-2017; A. 75.082, "Manzolini", sent. de 13-XI-2019; A. 74.914, "Di Salvo", sent. de 27-VIII-2020; e.o.).
IV. De su lado, la invocación de la existencia de absurdo interpretativo en este punto por parte de la recurrente, tampoco puede prosperar.
Baste recordar que esta Corte tiene dicho que la presencia de absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa. Pues no basta con un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte del recurrente (conf. causas A. 70.416, "EDEASA", sent. de 9-X-2013; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; e.o.).
Específicamente, con relación a la valoración de la prueba —y más allá de que la recurrente en ningún momento precisa qué tipo de pruebas habrían sido valoradas arbitrariamente— me permito recordar que este Tribunal tiene dicho que las instancias de grado tienen la facultad de seleccionar el material probatorio dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras sin necesidad de expresar la valoración que le merecen todas y cada una de ellas. De allí que, a los fines de que se admita la revisión de tal actividad en la instancia extraordinaria, es necesario —tal como antes señalé— invocar y demostrar que existió absurdo, el que no queda evidenciado con la mera exposición de un criterio discordante (cfr. causas A. 69.321, "Bellia Munzón", sent. de 27-VIII-2008; A. 69.506, "Vigil", sent. de 1-IV-2009 y A. 72.315, "C., D. V.", sent. de 13-IV-2016).
V. Finalmente, en lo relativo al último agravio, denominado como "gravedad institucional. Afectación del interés público", que fuera asimismo oportunamente planteado en el recurso ordinario de apelación por la Fiscalía de Estado, corresponde aclarar que no ha sido articulado con precisión, careciendo por lo demás de alguna fundamentación legal.
En efecto: es sabido que la gravedad institucional es en realidad una figura orientada a la defensa del orden jurídico, al funcionamiento de las instituciones básicas de la República, a los intereses sociales de la comunidad (como la percepción de la renta pública, entre otras cuestiones), surgida de la jurisprudencia de la Corte Suprema federal para superar ápices procesales frustratorios del control constitucional a través del Recurso Extraordinario federal (v. Fallos: 248:189; 330:4351; 331:1040; 331:434). En tal sentido, nuestro Cimero Tribunal ha admitido muy excepcionalmente recursos que resultaban formalmente inadmisibles por esta vía, por eso se lo ha denominado "recurso extraordinario impropio".
No se evidencia pues, en qué sentido pretende la recurrente que tal dispositivo procesal opere como agravio sustancial en el recurso bajo examen.
Más allá de ello, el temperamento general aludido como soporte legal-argumentativo en la presente sentencia, no aparece conmovido por la mera invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional" que, de manera vaga y sin existencia de fundamentación legal o jurisprudencial, introduce la Fiscalía de Estado como tercer agravio en su escrito de fecha 17 de marzo de 2023 (pto. VII.3.).
Cabe expresar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a la invocada existencia de la "gravedad institucional" si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 74.437, "Abe", resol. de 23-XI-2016; Q. 74.638, "Rodríguez", resol. de 10-V-2017; Q. 76.604, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-XII-2020; A. 71.534, "L., O. M.", sent. de 22-V-2013; A. 72.378, "López", sent. de 21-XII-2016 y A. 76.131, "Servin", sent. de 23-XII-2021; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
En el sub examine , pues, la sola referencia a la necesidad de "evitar poner en riesgo los recursos públicos que mantienen la vigencia del Estado", sin que se acompañe ningún desarrollo objetivo, argumentado y explicativo en su materialidad fáctica transforma al escueto agravio en uno por completo inatendible.
VI. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (art. 279, CPCC), confirmando la sentencia impugnada.
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Habré de acompañar la propuesta del ponente en cuanto a que la decisión de Cámara debe ser ratificada.
El recurso de la Fiscalía de Estado está estructurado sobre tres agravios: i. Se sostiene en primer lugar que la Provincia ha dado una adecuada respuesta a la situación de vulnerabilidad de la actora, ii. Se expresa que el rol de los jueces no puede involucrarse en cuestiones de políticas públicas propias de la Administración, y iii. se alega finalmente que el caso reviste gravedad institucional.
Aun cuando no es un hecho controvertido que la señora Velázquez Ovelar percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), ha quedado cabalmente demostrada la situación de extrema pobreza que padece, lo que se agrava por la incapacidad que padecen tres de sus cuatro hijos. Basta repasar la sentencia de primera instancia para advertir que la asignación indicada no cubre las necesidades básicas del grupo familiar.
Esto ha sido ponderado por los magistrados intervinientes, que han puesto como argumento central de la decisión, la excepcional situación en que se encontraba la actora.
La representación fiscal por su parte, se limita a reiterar livianamente que la actora percibe la asignación mencionada, desentendiéndose así de la comprobada insuficiencia económica a la que se alude en las decisiones de las instancias anteriores.
Como lo señala el ponente, el recurso en este tramo es insuficiente.
Lo propio sucede con los agravios relacionados con el rol de los jueces y la alegada gravedad institucional, que no pasa de ser un punto de vista distinto del propuesto por los magistrados.
En tales condiciones, habré de acompañar la decisión del doctor Torres en cuanto corresponde rechazar el recurso articulado (conf. art. 279, CPCC).
Ahora bien, a diferencia de otros precedentes de esta Corte donde la condena consistía en solucionar una situación en particular (como puede ser la cuestión habitacional, v.gr. causas A. 79.181, "Lebreo", sent. de 19-VI-2024 o A. 77.301, "Gorocito", sent. de 24-XI-2021), en el sub lite las decisiones impugnadas disponen el pago mensual del ingreso mínimo, vital y móvil. Tal prestación, regulada en el art. 139 de la Ley Nacional de Empleo n° 24.013, es un índice previsto para garantizar la manda constitucional del art. 14 bis.
No pierdo de vista que aquel nomenclador, que resulta de aplicación a las relaciones laborales del derecho común, no constituye ninguna de las prestaciones pre
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.