Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77188
Lo que resolvió el tribunal
I. Aceptar la ecxusación del señor Juez doctor Luis Esteban Genoud (arts. 17, 30 y 31, CPCC).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (arts. 299, 300 y concs., CPCC). Las costas se imponen a las recurrentes vencidas (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 303 in fine , CPCC).
III. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a las recurrentes vencidas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.188, "Rosso, Laura Angela y otros contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Carral.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por las señoras Laura Angela Rosso y Noemí Martínez y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos por ellas promovida (v. sentencia de 17-XII-2020).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 7-II-2021, 21:59:14)), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Preliminarmente, cabe destacar que el señor Juez doctor Genoud, el 17 de febrero de 2022, con fundamento en lo dispuesto en el art. 17 inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial, se excusó de intervenir en razón de encontrarse cuestionada en estos autos la constitucionalidad de la ley 11.761, en cuya sanción tuvo participación en su condición de legislador provincial. En virtud de ello, corresponde que su excusación sea aceptada (conf. arts. 19 y 30, CPCC).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por las actoras y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida.
Señaló que correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por ese Tribunal de Alzada -causas n° 14.131, "Actis Goretta" y n° 15.301, "Conde".
Reprodujo los fundamentos consignados en tales precedentes y puntualizó que la parte actora se desentendió del principio general referido a que el régimen legal aplicable al beneficio correspondía al vigente a la fecha de cese (conf. arts. 53, dec. 9.650/80 y 25, ley 13.364, entonces vigente) y del carácter contributivo del sistema, en función del cual deben entenderse los alcances de las prestaciones reconocidas, determinadas al momento de su otorgamiento y que carecían de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guarda relación directa con los requisitos de acceso a ellos.
Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un bloque que incluye la base de cálculo del haber y así el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, esta si fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
Estimó que encontrándose consumada la situación previsional de las actoras bajo el régimen legal de otorgamiento, aunque con la movilidad que le es inherente desde su reconocimiento, correspondía confirmar el pronunciamiento atacado resultando inoficioso el tratamiento del resto de los agravios formulados por la recurrente.
Por tales fundamentos y citando el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, concluyó que el pronunciamiento de primera instancia no padecía error de juzgamiento.
Por último, al rechazar la pretensión, consideró inoficioso el tratamiento del resto de los agravios formulados por la actora recurrente.
III. Contra tal pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de 7-II-2021, 21:59:14).
Se agravia porque la Cámara al resolver omitió la aplicación de los criterios emergentes de los casos "Badaro" y "Sanchez", fallados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por ende, no interpretó la ley 11.761 conforme a la doctrina federal constitucional de índole previsional.
Alega que impugnan el cuerpo legal mencionado en orden a la forma de liquidar su haber jubilatorio y no respecto a la vigencia de la ley al tiempo del cese, y tal planteo debió ser analizado por la Cámara a tenor de lo previsto en la Constitución nacional y tratados internacionales.
IV. El recurso interpuesto no prospera.
IV.1. Este Tribunal tiene dicho que por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad solo cabe cuestionar la validez de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales frente a disposiciones de la Constitución de la Provincia (conf. arts. 161 inc. 1, Const. local y 299, CPCC; doctr. causas Q. 71.994, "Zara Argentina S.A.", resol. de 4-VII-2012; Q. 71.952, "Lardelli", resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, "Bernuzzi", resol. de 2-V-3013; A. 71.833, "Papi", sent. de 12-III-2014; A. 71.776, "Cementos Avellaneda S.A.", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
Tal supuesto no se configura en autos.
Si bien el magistrado de primera instancia abordó la validez constitucional de la ley 11.761, el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre tal tópico. Ello con motivo de que se expidió en el marco de la argumentación que estructuró la crítica de los recurrentes afincada exclusivamente a la sanción, vigencia y aplicación al caso de la ley 13.364, alegando para ello las previsiones del art. 3 del Código Civil, entonces vigente.
En tales condiciones, falta un requisito indispensable para su admisibilidad, cual es que exista decisión del juzgador de última instancia relativa a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad en un confronte con las normas de la Constitución provincial (doctr. causas Ac. 81.951, "Cejas", sent. de 19-IX-2001; Ac. 96.164, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 8-II-2006; Q. 72.011; Q. 71.563; A. 73.666, "Parma", sent. de 21-XI-2018; A. 73.655, "Fernandez", sent. de 7-III-2019; A. 74.298, "Greig", sent. de 28-XI-2018; e.o.).
IV.2. Por otra parte, no resultan audibles por este remedio los cuestionamientos vinculados con la invalidez de la sentencia misma, lo que sucede en el caso en tanto, a criterio de los recurrentes, la interpretación de la ley 11.761 realizada en el fallo impugnado debió efectuarse conforme a la Constitución nacional y tratados internacionales, cuestión por cierto ajena a este canal.
Sobre tal aspecto, esta Corte ha señalado reiteradamente, tanto frente a recursos de nulidad como en el caso de recursos de inconstitucionalidad, que los agravios vinculados con supuestos errores de juzgamiento resultan ajenos a la vía intentada y propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (doctr. causas A. 71.403, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 29-III-2017; Q. 70.953, "Moron", sent. de 14-X-2015 y A. 73.666, A. 73.655 y A. 74.298, cits.).
V. Por lo expuesto, y ante el incumplimiento de las cargas técnicas exigidas por el ordenamiento procesal aplicable (arts. 299, 300 y concs., CPCC), juzgo que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto debe ser rechazado.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , y los señores Jueces doctores Torres y Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, las señoras Laura Angela Rosso y Noemí Martínez denuncian la violación de los arts. 14, 16, 28 y 33 de la Constitución nacional y su preámbulo; 11 y 39 inc. 3 de su par provincial; 3 del Código Civil -entonces vigente, hoy art. 7-, y doctrina legal de esta Corte emergente de las causas B. 68.331, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resolución de 12-XI-2008; B. 57.842, "Antonetti", sentencia de 23-V-2001 -punto V del voto del doctor Pettigiani, párrafos 4 y 5-; B. 52.061, "Marchesi", sentencia de 4-VIII-1992; B. 56.205, "García", sentencia de 22-IV-1997; Ac. 77.944, "Corredato", sentencia de 1-IV-2004; I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2006 y el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Arcuri Rojas, Elsa c/ Anses", sentencia de 3-XI-2009.
Indican que el a quo al resolver la cuestión declaró aplicable la ley 11.761 para la determinación de sus haberes jubilatorios y no las leyes que la derogaron, ley 13.364 (cfr. art. 79) y su modificatoria ley 13.873, ello por imperio del art. 3 del Código Civil, entonces vigente.
Destacan que las dos últimas normas legales mencionadas deben ser aplicadas en virtud de la doctrina sentada por esta Suprema Corte en las causas B. 68.331, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resolución de 12-XI-2008 -en la cual este Tribunal dirimió un conflicto de poderes y puso en vigencia el régimen jubilatorio allí previsto y en especial el modo de liquidación previsional de los haberes- y B. 57.842, "Antonetti", sentencia de 23-V-2001.
Aducen que la Cámara desconoce el principio de progresividad contemplado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y el de razonabilidad, plasmados por este Tribunal en la causa B. 63.442, "Larroque", considerando VIII, relacionado con la regla de no lesividad de derechos previsionales. Citan la causa "Sánchez", sentencia de 17-V-2005, resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Consideran que el fallo impugnado, al aplicar la ley 11.761, les produjo un perjuicio patrimonial y violó el principio de igualdad consagrado en los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de su par provincial. Ello, en tanto los afiliados jubilados por la ley citada sufren una merma sustancial en relación con otros pasivos que alcanzaron la misma categoría, pero con una fecha de cese distinta.
Alegan que la ley mencionada lesiona el principio de razonabilidad establecido en el art. 28 de la Constitución nacional, en virtud de que sus disposiciones no pueden alterar los derechos y garantías constitucionales.
Señalan que en materia previsional la ley vigente al momento del cese solo se refiere a los requisitos que deben cumplirse para que nazca el derecho, pero no para la determinación del régimen jurídico que rige la subsistencia de la prestación previsional, por lo que entienden que las nuevas leyes deben aplicarse a las situaciones jurídicas existentes conforme lo normado en el art. 3 del Código Civil, entonces vigente.
Sostienen que la Cámara, al mantener la aplicación de la ley 11.761, convalidó su ultraactividad y especialmente su art. 54, del que surge que el haber previsional solo representa un 65% de lo que percibe un activo. Añaden que por los principios de justicia social contemplados en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de su par provincial y progresividad establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos -art. 26- no puede confirmarse el sistema de liquidación de haberes al que alude aquella normativa, ello conforme la doctrina de la causa "Arcuri Rojas", resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entienden que a la luz de los preceptos citados resultan ineficaces los argumentos dados por el Tribunal de Alzada respecto a la fecha de cese de la actividad y el carácter contributivo del sistema previsional, en tanto que no puede exigirse a un grupo de jubilados afectados por la ley 11.761, realizar un mayor esfuerzo que el resto de los pasivos.
Se agravian porque la Cámara omite analizar el concepto de movilidad de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte nacional y yerra en la interpretación de la ley de cese según el criterio sentado por este Supremo Tribunal, limitando el marco cognoscitivo del recurso. Ante ello, entienden que el fallo carece de motivación.
Puntualizan que el pronunciamiento impugnado no comprobó los hechos controvertidos y la decisión adoptada no ha efectuado una correcta interpretación de la ley 11.761.
Finalmente, alegan que el fallo atacado incurrió en un exceso de rigor formal, desentendiéndose de derechos de carácter alimentario y efectuó la referencia de causas sin indicar los pasajes o fundamentos que toma del mismo, no permitiendo efectuar de manera concreta el ataque del pronunciamiento, afectando su defensa.
II. El recurso no prospera.
El art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando en ellos se plantean agravios que hubieran sido desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
En esas condiciones, advierto que los agravios esgrimidos por las recurrentes resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta", sentencia de 16-VIII-2017; A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde", sentencias de 11-IV-2018; A. 74.413, "Rougier", sentencia de 29-VIII-2018; A. 73.666 "Parma", sentencia de 21-XI-2018; A. 74.628, "Mastandrea" y A. 75.697, "Bidone", sentencias de 27-VIII-2020 y los antecedentes en ellas citados.
Por tal razón y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes aludidos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, cit.).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a las recurrentes vencidas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan, los señores Jueces doctores Torres y Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, el Tribunal resuelve:
I. Aceptar la ecxusación del señor Juez doctor Luis Esteban Genoud (arts. 17, 30 y 31, CPCC).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (arts. 299, 300 y concs., CPCC). Las costas se imponen a las recurrentes vencidas (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 303 in fine , CPCC).
III. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a las recurrentes vencidas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21 y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/10/2022 19:18:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/10/2022 22:45:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2022 09:57:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 12:58:00 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 21/10/2022 14:09:58 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 14:13:05 hs. bajo el número RS-86-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia