Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78924
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, 279, CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a las recurrentes vencidas (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289 in fine , CPCC).
II. Asimismo, desestimar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (arts. 299, 300 y concs., CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Con costas a las recurrentes vencidas (arts. 60 inc.1, CCA; 68 y 303 in fine , CPCC).
A.78.924 "SIRI IRMA JOSEFINA Y OTROSC/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS -RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILILDAD DE LEY-"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Maidana dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por las señoras Irma Josefina Siri y Elida Gerónima Siri (v. sent. de fecha 19-IV-2022).
Tras indicar que las citadas demandantes obtuvieron su beneficio pensionario bajo la ley 11.761, señaló que correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por ese Tribunal de Alzada -causas 14.131 y 15.301, entre otras-.
Puntualizó que el régimen legal aplicable al beneficio corresponde al vigente a la fecha de cese y en función del cual deben entenderse los alcances de las prestaciones reconocidas, determinadas al momento de su otorgamiento y que carecen de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guarda relación directa con los requisitos de acceso.
Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un bloque que incluye la base de cálculo del haber y así el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
Estimó que, consumada la situación previsional de las actoras bajo el régimen legal de otorgamiento, aunque con la modalidad que le es inherente desde su reconocimiento (conf. art. 39 inc. 3°, Const. prov.), correspondía confirmar el decisorio apelado.
En otro punto, desestimó el agravio por omisión de cuestiones planteadas, atinentes a la invocación de la doctrina del art. 1113 del Código Civil, a la responsabilidad del Estado por su actividad legislativa y a la aplicación de lo prescripto en los arts. 1067 y 1074 del mismo ordenamiento.
En torno a ello, sostuvo que se abordó la eventual responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires al considerar que no era titular de la relación jurídica en que se sustentaba la pretensión; y, respecto a la referida a su función legisferante, precisó que el juez de primera instancia analizó sólo el planteo de prescripción opuesto por el Fisco demandado, sin que se vertieran agravios sobre esa cuestión.
En cuanto a la denuncia del estado deficitario de la Caja, entendió que este punto era un dato ajeno al debate de origen y, además, no se acreditaba.
En otro orden, desestimó el reproche vinculado a la prescripción de dos años aplicable a las diferencias reclamadas, con motivo de no haber sido objeto de descalificación constitucional el art. 60, segundo párrafo, de la ley 13.364.
También descartó la queja relativa al carácter supuestamente confiscatorio del aporte a cargo del beneficiario. Al respecto, entendió que no se había acreditado que superase el umbral jurisprudencial del 33%, calculado sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos, para que se configure un demérito inconstitucional a la luz de lo dicho por esta Corte en la causa I. 2024, "Velurtas". Sostuvo que la aplicación del máximo porcentual autorizado (12 %) no superaba el límite impuesto, a tenor de lo que se desprende de la doctrina que emana de dicho precedente.
Por último, estimó inconsistente el reclamo por diferencias no percibidas (conceptos no remunerativos), en atención a que el fundamento de la pretensión se asienta únicamente en la generalidad con la que habrían sido abonados los referidos suplementos a los empleados bancarios.
Expresó que la cuestión atinente a la naturaleza de los adicionales no remunerativos establecidos por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires había motivado numerosos pronunciamientos de este Superior Tribunal provincial (doctr. causas B. 56.548, "Bastida", sent. de 26-V-1999 y B. 55.328, "Bustos", sent. de 26-IX-2012) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso Donnarumma, sent. de 29-X-1996).
Consideró que la eventual mejora de la situación previsional, expresada en términos generales, no constituía un dato o pauta que satisfaga de convicción los agravios tendientes a demostrar que los pagos realizados fueron indebidos.
Además, señaló que las diferencias salariales no habían sido acreditadas, en tanto que todos los componentes retributivos reconocidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires fueron abonados al sector pasivo en los términos determinados para sus agentes activos.
Por último, entendió que el traslado progresivo al sector pasivo de conceptos liquidados a los activos, tampoco demostraba el perjuicio patrimonial retroactivo del modo invocado, en tanto la negativa a aquel reconocimiento dependió de que primero fueron concebidos como no remunerativos y luego como tales.
II. Contra tal pronunciamiento las demandantes, mediante apoderado, interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 9-V-2022, 9:54:34), siendo ambos concedidos por la Cámara mediante resolución de fecha 1-VIII-2023.
III. El primero de los remedios mencionados no puede prosperar.
III.1. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la parte actora denuncia la violación de los arts. 14, 28 y 33 de la Constitución nacional y su preámbulo; 11 y 39 inc. 3 de su par provincial; 3 del Código Civil -entonces vigente, hoy art. 7- y doctrina legal de esta Corte emergente de las causas B. 57.842, "Antonetti", sentencia de 23-V-2001 -punto V del voto del doctor Pettigiani, párrafos 4 y 5-; B. 52.061, "Marchesi", sentencia de 4-VIII-1992; B. 56.205, "García", sentencia de 22-IV-1997; Ac. 77.944, "Corredato", sentencia de 1-IV-2004; I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009 y el precedente de la Corte Suprema de la Nación "Arcuri Rojas, Elsa c/ Anses", sentencia de 3-XI-2009.
Indica que el a quo, al resolver la cuestión, declaró aplicable la ley 11.761 para la determinación de su haber pensionario y no las leyes que la derogaron: 13.364 (cfr. art. 79) y su modificatoria 13.873.
Aduce que la Cámara desconoce el principio de progresividad contemplado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y el de razonabilidad, ambos plasmados por este Tribunal en la causa B. 63.442, "Larroque", considerando VIII, relacionados con la regla de no lesividad de derechos previsionales. Cita la causa "Sánchez", sentencia de 17-V-2005, resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Considera que el fallo impugnado, al aplicar la ley 11.761, produjo un perjuicio patrimonial a las actoras violando el principio de igualdad consagrado en los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de su par provincial. Ello, en tanto los que accedieron al beneficio por la ley citada sufren una merma sustancial en relación a otros pasivos que alcanzaron la misma categoría, pero con una fecha de cese distinta.
Señala que, en materia previsional, la ley vigente al momento del cese sólo se refiere a los requisitos que deben cumplirse para que nazca el derecho, pero no para la determinación del régimen jurídico, por lo que entiende que las nuevas leyes deben aplicarse a las situaciones jurídicas existentes conforme al art. 3 del Código Civil, entonces vigente.
Sostiene que la Cámara, al mantener la aplicación de la ley 11.761, convalidó su ultraactividad y especialmente la de su art. 54, del que surge que el haber previsional solo representa un 65% de lo que percibe un activo.
Añade que en virtud de los principios de justicia social, contemplado en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de su par provincial y de progresividad, establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos -art. 26-, no puede confirmarse el sistema de liquidación de haberes al que alude aquella normativa, ello conforme la doctrina de la causa "Arcuri Rojas", resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entiende que a la luz de los preceptos citados resultan ineficaces los argumentos dados por el Tribunal de Alzada respecto a la fecha de cese de la actividad y el carácter contributivo del sistema previsional, en tanto que no puede exigirse a un grupo de jubilados afectados por la ley 11.761 realizar un mayor esfuerzo que el resto de los pasivos.
Se agravia porque la Cámara omite analizar el concepto de movilidad de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte nacional y yerra en la interpretación de la ley vigente a la fecha del cese según el criterio sentado por este Supremo Tribunal, limitando el marco cognoscitivo del recurso.
Ante ello, entiende que el fallo carece de motivación.
Puntualiza que la sentencia impugnada no comprobó los hechos controvertidos y no ha efectuado una correcta interpretación de la ley 11.761.
Finalmente, alega que el pronunciamiento atacado no atiende a que se encuentran involucrados derechos de carácter alimentario, haciendo una referencia de causas sin indicar los pasajes o fundamentos que toma de cada una, sin permitir efectuar de manera concreta el ataque del fallo, afectando su defensa.
III.2. El recurso no prospera.
El art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando en ellos se plantean agravios que hubieran sido desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
En esas condiciones, se advierte que los agravios esgrimidos en el recurso extraordinario deducido en autos resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta", sent. de 16-VIII-2017; A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde", ambas sent. de 11-IV-2018; A. 74.413, "Rougier", sent. de 29-VIII-2018; A. 73.666, "Parma", sent. de 21-XI-2018; A. 74.624, "Ariza", resol. de 20-II-2019; A. 76.309, "Alsina", resol. de 15-IV-2020 y A. 76.336, "Bendati", resol. de 21-VII-2020 y los antecedentes en ellas citados, entre otros.
Por tal razón, y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes aludidos, corresponde rechazar el recurso en tratamiento (arts. 279, CPCC; 31 bis, cit.).
IV. Por otra parte, con relación al restante remedio interpuesto, las demandantes se agravian sosteniendo que el a quo , al resolver, omitió la aplicación de las pautas sentadas en el caso "Badaro" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por ende, no interpretó la ley 11.761 conforme a la doctrina federal constitucional de índole previsional.
Alegan que impugnan el cuerpo legal mencionado en orden a la forma de liquidar sus haberes pensionarios y no respecto a la vigencia de la ley al tiempo del cese; y que tal planteo debió ser analizado por la Cámara a tenor de lo previsto en los códigos de fondo, Constitución nacional, leyes del mismo orden y la normativa local.
IV.1. Esta Corte tiene dicho que por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad sólo cabe cuestionar la validez de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales frente a disposiciones de la Constitución de la Provincia (cfr. arts. 161 inc. 1 de la Constitución local y 299 del Código Procesal Civil y Comercial; doctr. causas Q. 71.952, "Lardelli", resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, "Bernuzzi", resol. de 2-V-2013; A. 71.833, "Papi", sent. de 12-III-2014; A. 71.563, "Ferro", sent. de 28-XII-2016; A. 71.776, "Cementos Avellaneda S.A.", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
Asimismo, cabe destacar que el objeto de este remedio extraordinario es el de corregir errores in iudicando cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 299 y 300, CPCC).
De allí que la impugnación efectuada por este carril debe ser en su desarrollo expositivo autosuficiente y referirse a las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado que dan sustento a la declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, según el caso, demostrando su desacierto (doctr. causas A. 68.436, "Giannino", sent. de 25-VIII-2010; A. 69.574, "Saavedra Zapata", sent. de 30-V-2012; A. 72.897, "Fredes", resol. de 12-III-2014; Q. 70.953, "Morón", sent. de 14-X-2015; e.o.). Dicha impugnación además debe ser concreta, directa y eficaz (doctr. causas Ac. 83.866, "Village", sent. de 16-IV-2003; A. 68.446, "Russo", sent. de 12-VIII-2009 y A. 70.688, "Teixido", sent. de 29-X-2014; A. 75.696, "Maroni", resol. de 20-III-2019).
El recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido en autos incumple con tal carga, resultando de ese modo insuficiente a los fines pretendidos, con motivo de que la crítica efectuada por las recurrentes no logra rebatir lo considerado por el Tribunal de Alzada para confirmar -tal como lo postulara el a quo - el rechazo de la demanda, en tanto que sólo menciona en el acápite XIII de su escrito recursivo, bajo el título "Derecho", los arts. 10, 11, 12 incs. 1 y 3, 15, 20, 31, 36 inc. 8, 40 y 57 de la Constitución provincial, sin desarrollar cómo la norma local afecta a los citados preceptos.
La exigencia de fundar adecuadamente un recurso extraordinario no queda cubierta con la sola invocación de la supuesta infracción a un derecho o garantía constitucional, si en esa operación se omite efectuar la réplica adecuada y precisa de las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene, que en el caso se refiere a la confirmación de los fundamentos expuestos por la sentencia de primera instancia acerca de la validez de los preceptos aplicados. En tales condiciones, falta un requisito indispensable para su admisibilidad, cual es que exista decisión del juzgador de última instancia relativa a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad en un confronte con las normas de la Constitución provincial (cfr. doctr. causas Ac. 81.951, "Cejas", sent. de 19-IX-2001; Ac. 96.164, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 8-II-2006; Q. 72.011 y A. 71.563, cits.).
IV.2. Por otra parte, no resultan audibles por este remedio los cuestionamientos vinculados con la invalidez de la sentencia misma en cuanto, a criterio de las impugnantes, la interpretación de la ley 11.761 debió efectuarse conforme a la Constitución nacional, códigos de fondo y normativa provincial, cuestión por cierto ajena a este canal.
Esta Corte ha señalado reiteradamente, tanto frente a recursos de nulidad como en el caso de recursos de inconstitucionalidad, que los agravios vinculados con supuestos errores de juzgamiento resultan ajenos a esas vías y propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas Ac. 88.091, "G.,P.G.", resol. de 2-VII-2003; Ac. 88.282, "C.G.G. y C.V.H.", resol. de 4-II-2004; Q. 70.953, "Morón", sent. de 14-X-2015; A. 71.403, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Leroux", sent. de 29-III-2017; e.o.).
IV.3. Por lo expuesto y ante el incumplimiento de las cargas técnicas exigidas por el ordenamiento procesal aplicable, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad debe ser rechazado (arts. 299 y concs., CPCC; 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, 279, CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a las recurrentes vencidas (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289 in fine , CPCC).
II. Asimismo, desestimar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (arts. 299, 300 y concs., CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Con costas a las recurrentes vencidas (arts. 60 inc.1, CCA; 68 y 303 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/11/2023 14:22:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/11/2023 17:48:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2023 12:49:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/11/2023 12:27:13 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/11/2023 14:43:15 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/11/2023 14:45:05 hs. bajo el número RR-1050-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia