Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78923
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, 279 CPCC y 31 bis. ley 5827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, CCA; 68, 289 in fine , CPCC).
II. Asimismo, desestimar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 299, 300 y concs., CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Con costas a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc.1, CCA; 68 y 303 in fine , CPCC).
A.78.923 "ICETA MARIA SUSANA ISABEL Y OTROS C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS -RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY-"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Maidana dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por la señora María Susana Isabel Iceta y los señores Néstor Federico Lammle, Héctor Pedro Rufat y Jorge Alberto Rómulo Pereyra (v. sent. de fecha 19-V-2022).
Señaló que correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por ese Tribunal de Alzada -causas 14.131 y 15.301, entre otras-.
Puntualizó que el régimen legal aplicable al beneficio previsional es el vigente a la fecha de cese y que es el carácter contributivo del sistema aquel en función del cual deben entenderse los alcances de las prestaciones reconocidas, determinadas al momento de su otorgamiento y que carecen de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guarda relación directa con los requisitos de acceso.
Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un bloque que incluye la base de cálculo del haber y así el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
Estimó que, consumada la situación previsional de los actores bajo el régimen legal de otorgamiento, aunque con la modalidad que le es inherente desde su reconocimiento (conf. art. 39 inc. 3°, Const. prov.), correspondía confirmar el decisorio apelado.
Sostuvo que ello incidía en el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la exigencia de aporte a cargo del beneficiario (art. 21. inc. "e", ley 11.761) y consideró que la confiscatoriedad denunciada no había sido acreditada, limitándose los apelantes a efectuar una crítica ineficaz.
Agregó que desde allí deriva la improcedencia del resto de los agravios constitucionales (arts. 22, segundo párrafo, 55, 56 último párrafo, 57, ley 11.761), con motivo, por un lado, de que no se refutaron idóneamente los fundamentos de insuficiencia que contiene la sentencia impugnada y, por el otro, no se acreditaba un acto singular aplicativo sobre los haberes de los demandantes que demuestre el agravio patrimonial que se invoca en el escrito inicial.
II. Contra tal pronunciamiento la parte actora, mediante apoderado, interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 8-VI-2022, 11:04:45), siendo ambos concedidos por la Cámara mediante resolución de fecha 11-VII-2023.
III. El primero de los remedios mencionados no puede prosperar.
III.1. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se denuncia la violación de los arts. 14, 28 y 33 de la Constitución nacional y su preámbulo; 11 y 39 inc. 3 de su par provincial; 3 del Código Civil -entonces vigente, hoy art. 7- y doctrina legal de esta Corte emergente de las causas B. 57.842, "Antonetti", sentencia de 23-V-2001 -punto V del voto del doctor Pettigiani, párrafos 4 y 5-; B. 52.061, "Marchesi", sentencia de 4-VIII-1992; B. 56.205, "García", sentencia de 22-IV-1997; Ac. 77.944, "Corredato", sentencia de 1-IV-2004; I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009 y el precedente de la Corte Suprema de la Nación "Arcuri Rojas, Elsa c/ Anses", sentencia de 3-XI-2009).
Los recurrentes indican que el a quo , al resolver la cuestión, declaró aplicable la ley 11.761 para la determinación de su haber jubilatorio y no las leyes que la derogaron -13.364 (cfr. art. 79) y su modificatoria 13.873-, ello por imperio del art. 3 del Código Civil, entonces vigente.
Aducen que la Cámara desconoce el principio de progresividad contemplado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y el de razonabilidad, ambos plasmados por este Tribunal en la causa B. 63.442, "Larroque", considerando VIII, relacionados con la regla de no lesividad de derechos previsionales. Citan la causa "Sánchez", sentencia de 17-V-2005, resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Consideran que el fallo impugnado al aplicar la ley 11.761, les produjo un perjuicio patrimonial violando el principio de igualdad consagrado en los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de su par provincial. Ello, en tanto los afiliados jubilados por la ley citada sufren una merma sustancial en relación a otros pasivos que alcanzaron la misma categoría pero con una fecha de cese distinta.
Alegan que la mencionada ley lesiona el principio de razonabilidad establecido en el art. 28 de la Constitución nacional en virtud de que sus disposiciones no pueden alterar los derechos y garantías constitucionales.
Señalan que, en materia previsional, la ley vigente al momento del cese sólo se refiere a los requisitos que deben cumplirse para que nazca el derecho, pero no para la determinación del régimen jurídico, por lo que entienden que las nuevas leyes deben aplicarse a las situaciones jurídicas existentes conforme al art. 3 del Código Civil, entonces vigente.
Sostienen que la Cámara, al mantener la aplicación de la ley 11.761, convalidó su ultraactividad y especialmente su art. 54, del que surge que el haber previsional solo representa un 65% de lo que percibe un activo.
Añaden que, por el principio de justicia social contemplado en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de su par provincial y progresividad establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos -art. 26-, no puede confirmarse el sistema de liquidación de haberes al que alude aquella normativa, ello conforme la doctrina de la causa "Arcuri Rojas", resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entienden que a la luz de los preceptos citados resultan ineficaces los argumentos dados por el Tribunal de Alzada respecto a la fecha de cese de la actividad y el carácter contributivo del sistema previsional, en tanto que no puede exigirse a un grupo de jubilados afectados por la ley 11.761 realizar un mayor esfuerzo que el resto de los pasivos.
Se agravian porque la Cámara omite analizar el concepto de movilidad de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte nacional y yerra en la interpretación de la ley vigente a la fecha del cese según el criterio sentado por este Supremo Tribunal, limitando el marco cognoscitivo del recurso.
Ante ello, entienden que el fallo carece de motivación.
Puntualizan que la sentencia impugnada no comprobó los hechos controvertidos y no ha efectuado una correcta interpretación de la ley 11.761.
Finalmente, alegan que el fallo atacado no atiende a que se encuentran en el caso involucrados derechos de carácter alimentario y efectuó la referencia de causas sin indicar los pasajes o fundamentos que toma de cada una, no permitiendo efectuar de manera concreta el ataque del pronunciamiento, afectando su defensa.
III.2. El recurso no prospera.
El art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando en ellos se plantean agravios que hubieran sido desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
En esas condiciones, se advierte que los agravios esgrimidos en el recurso extraordinario deducido en autos resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta", sent. de 16-VIII-2017; A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde", ambas sent. de 11-IV-2018; A. 74.413, "Rougier", sent. de 29-VIII-2018; A. 73.666, "Parma", sent. de 21-XI-2018; A. 74.624, "Ariza", resol. de 20-II-2019; A. 76.309, "Alsina", resol. de 15-IV-2020 y A. 76.336, "Bendati", resol. de 21-VII-2020 y los antecedentes en ellas citados, entre otros.
Por tal razón, y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes aludidos, corresponde rechazar el recurso en tratamiento (arts. 279, CPCC; 31 bis, citado).
IV. Por otra parte, con relación al restante remedio interpuesto, los actores se agravian sosteniendo que el a quo , al resolver, omitió la aplicación de las pautas sentadas en el caso "Badaro" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por ende, no interpretó la ley 11.761 conforme a la doctrina federal constitucional de índole previsional.
Alegan que impugnan el cuerpo legal mencionado en orden a la forma de liquidar sus haberes jubilatorios y no respecto a la vigencia de la ley al tiempo del cese, y tal planteo debió ser analizado por la Cámara a tenor de lo previsto en los códigos de fondo, Constitución nacional, leyes del mismo orden y la normativa local.
IV.1. Esta Corte tiene dicho que por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad sólo cabe cuestionar la validez de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales frente a disposiciones de la Constitución de la Provincia (cfr. arts. 161 inc. 1 de la Constitución local y 299 del Código Procesal Civil y Comercial; doctr. causas Q. 71.952, "Lardelli", resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, "Bernuzzi", resol. de 2-V-2013; A. 71.833, "Papi", sent. de 12-III-2014; A. 71.563, "Ferro", sent. de 28-XII-2016; A. 71.776, "Cementos Avellaneda S.A.", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
Asimismo, cabe destacar que el objeto de este remedio extraordinario es el de corregir errores in iudicando cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 299 y 300, CPCC).
De allí que la impugnación efectuada por este carril debe ser en su desarrollo expositivo autosuficiente y referirse a las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado que dan sustento a la declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, según el caso, demostrando su desacierto (doctr. causas A. 68.436, "Giannino", sent. de 25-VIII-2010; A. 69.574, "Saavedra Zapata", sent. de 30-V-2012; A. 72.897, "Fredes", resol. de 12-III-2014; Q. 70.953, "Morón", sent. de 14-X-2015; e.o.). Dicha impugnación además debe ser concreta, directa y eficaz (doctr. causas Ac. 83.866, "Village", sent. de 16-IV-2003; A. 68.446, "Russo", sent. de 12-VIII-2009; A. 70.688, "Teixido", sent. de 29-X-2014; A. 75.696, "Maroni", resol. de 20-III-2019).
El recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido en autos incumple con tal carga, resultando de ese modo insuficiente a los fines pretendidos, con motivo de que la crítica efectuada por los recurrentes no logra rebatir lo considerado por el Tribunal de Alzada para confirmar -tal como lo postulara el a quo - el rechazo de la demanda, en tanto que sólo mencionan en el acápite XIII de su escrito recursivo, bajo el título "Derecho", los arts. 10, 11, 12 incs. 1 y 3, 15, 20, 31, 36 inc. 8, 40 y 57 de la Constitución provincial, sin desarrollar cómo la norma local afecta a los citados preceptos.
La exigencia de fundar adecuadamente un recurso extraordinario no queda cubierta con la sola invocación de la supuesta infracción a un derecho o garantía constitucional, si en esa operación se omite efectuar la réplica adecuada y precisa de las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene, que en el caso se refiere a la confirmación de los fundamentos expuestos por la sentencia de primera instancia acerca de la validez de los preceptos aplicados. En tales condiciones, falta un requisito indispensable para su admisibilidad, cual es que exista decisión del juzgador de última instancia relativa a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad en un confronte con las normas de la Constitución provincial (cfr. doctr. causas Ac. 81.951, "Cejas", sent. de 19-IX-2001; Ac. 96.164, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 8-II-2006; Q. 72.011 y A. 71.563, cits.).
IV.2. Por otra parte, no resultan audibles por este remedio los cuestionamientos vinculados con la invalidez de la sentencia misma en cuanto, a criterio de los impugnantes, la interpretación de la ley 11.761 debió efectuarse conforme a la Constitución nacional, códigos de fondo y normativa provincial, cuestión por cierto ajena a este canal.
Esta Corte ha señalado reiteradamente, tanto frente a recursos de nulidad como en el caso de recursos de inconstitucionalidad, que los agravios vinculados con supuestos errores de juzgamiento resultan ajenos a esas vías y propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas Ac. 88.091, "G.,P.G.", resol. de 2-VII-2003; Ac. 88.282, "C.G.G. y C.V.H.", resol. de 4-II-2004; Q. 70.953, "Morón", sent. de 14-X-2015; A. 71.403, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Leroux", sent. de 29-III-2017; e.o.).
IV.3. Por lo expuesto y ante el incumplimiento de las cargas técnicas exigidas por el ordenamiento procesal aplicable, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad debe ser rechazado (arts. 299 y concs., CPCC; 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, 279 CPCC y 31 bis. ley 5827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, CCA; 68, 289 in fine , CPCC).
II. Asimismo, desestimar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 299, 300 y concs., CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Con costas a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc.1, CCA; 68 y 303 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2023 10:54:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2023 14:24:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 16:18:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2023 12:41:13 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2023 13:32:20 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/12/2023 13:36:31 hs. bajo el número RR-1073-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia