Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77766
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.766, "De Giorgio de Brusca, Beatriz Cecilia y otros c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos. RIL", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Maidana .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que aquí interesa, rechazó los recursos interpuestos por las partes actora y demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- había acogido la demanda deducida contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ello, en cuanto: a) respecto de quienes adquirieron sus beneficios previsionales bajo la vigencia de las leyes 5.678 o 11.322, declarara la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 y b) en tanto aquellos que adquirieron su beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 11.761, admitiera solo parcialmente la pretensión y condenara a la demandada a abonarles todas aquellas diferencias impagas que surgieran por considerar remunerativos -desde el origen- rubros liquidados como normales y habituales, con más intereses, desestimando la invalidez del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 (v. sent. de fecha 11-V- 2021).
Disconformes con dicho pronunciamiento, las señoras Beatriz Cecilia De Giorgio de Brusca, Norma Carmen Garófoli de Paz, Inés Amanda Elisa Giordano, los señores Antonio Osvaldo Burga, Jorge Ferrandi, las señoras Irma Emilia Indurain de Vegas y María Etelvina Ruocco -quienes obtuvieron su beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 11.761- (v. escrito electrónico de fecha 26-V-2021, 11:56:39 hs.) y la demandada (v. escrito electrónico de fecha 2-VI-2021), interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 26-IV-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por las señoras Beatriz Cecilia De Giorgio de Brusca, Norma Carmen Garófoli de Paz, Inés Amanda Elisa Giordano, los señores Antonio Osvaldo Burga, Jorge Ferrandi, las señoras Irma Emilia Indurain de Vegas y María Etelvina Ruocco mediante presentación electrónica de fecha 26 de mayo de 2021?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada mediante presentación electrónica de fecha 2 de junio de 2021?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo pertinente, rechazó el recurso deducido por el grupo de actores arriba mencionado, quienes adquirieron su beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 11.761 y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia que desestimó la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos promovida contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires por la cual solicitaran la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 (v. sent. de fecha 11-V-2021).
Para así decidir, notó que ese tema ya había sido resuelto en algunos de sus propios precedentes, en los cuales había advertido acerca de la similitud de la cuestión sometida a juzgamiento con la doctrina legal de esta Suprema Corte sentada en las causas A. 69.664, "González", sentencia de 6-V-2009 e I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009, en las cuales -dijo- se admitió su validez y descartó la confiscatoriedad del porcentaje de descuento.
Destacó que el carácter contributivo del sistema previsional, basado en el equilibrio de los recursos y en la solidaridad, permitía adoptar un criterio favorable al pago de aportes a cargo de los afiliados pasivos, siempre que no excediera el apuntado límite. Y no dando con nuevos elementos que la habilitasen a modificar tal criterio, alertó sobre el déficit en que se encontraba inmersa la Caja demandada, lo cual hacía razonable una reducción proporcional y no confiscatoria del haber previsional de quienes accionaban.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, aquellos alcanzados por ese decisorio denuncian la violación de la doctrina legal sentada por este Tribunal en las causas I. 1.904, "Martín" e I. 2.024, "Velurtas", afirmando que la contribución a su cargo sería en su caso confiscatoria.
También hablan de la vulneración de los derechos de defensa en juicio y propiedad, la garantía del debido proceso y el principio de igualdad ante la ley, consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
Aducen que la sentencia impugnada transgrede la seguridad jurídica y los arts. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las leyes 5.678 y 13.364.
Dicen que se omitió considerar las resoluciones de fechas 24-VII-2007 y 19-V-2008 aprobadas por el Directorio de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires que habían rebajado el porcentaje del aporte, como, asimismo, el art. 25 de la ley 13.364.
Finalmente, tachan al pronunciamiento de arbitrario.
III. El recurso intentado no puede prosperar debido a su insuficiencia (art. 279 in fine , CPCC), tal como lo ha resuelto esta Corte a propósito de impugnaciones estructuradas en forma análoga a la aquí analizada y que involucraban similares agravios referidos al rechazo del pedido de invalidez constitucional del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 (conf. causas A. 75.730, "Blanco", sent. de 23-IX-2020; A. 74.774, "Bringas", sent. de 22-XII-2020; A. 76.303, "Ballarini", sent. de 9-IV-2021; A. 74.760, "Coria", sent. de 26-V-2021; A. 76.002, "Agustoni", sent. de 15-IX-2021; e.o.).
III.1. En efecto, el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales de la sentencia atacada.
Como quedara expuesto en el relato de antecedentes, la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia que, a su turno, había negado la existencia de derechos adquiridos y descartado el carácter "confiscatorio" del porcentaje de descuento, por no haberse apreciado un desequilibrio en la razonable proporcionalidad que debía existir entre la situación del jubilado y la que resultaría de seguir el beneficiario en actividad, sin vulnerarse los arts. 17 de la Constitución nacional o 10 y 31 de su par provincial.
Esta parcela del decisorio no ha sido objeto de impugnación idónea por los recurrentes, quienes se limitan a reiterar consideraciones anteriormente formuladas que, como se ha visto, tuvieron respuesta desfavorable ya en el pronunciamiento de grado acerca de la supuesta inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, insistiendo sobre la aplicación de resoluciones administrativas que establecieron la reducción del aporte a cargo del beneficiario y en la vulneración del derecho de propiedad y del principio de progresividad previsional, pero sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por los jueces intervinientes para desestimar su pretensión.
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias del proceso, disímil al del órgano judicial sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y fundadamente desechadas y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; A. 75.094, Cataldo, sent. de 27-VIII-2020; e.o.).
Siendo de ese tenor los agravios traídos a esta instancia extraordinaria, corresponde su rechazo.
III.2. Tampoco merece acogida la alegada violación de la doctrina legal de este Tribunal en torno al principio de seguridad jurídica.
Si bien el recurso enuncia precedentes de esta Corte, omite desarrollar de qué manera han sido erróneamente aplicados o transgredidos y cómo ellos se relacionan con la decisión supuestamente equivocada de la Cámara, incumpliendo de ese modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina de este Tribunal que se reputa violada (doctr. causa A. 75.275, "Zavala", sent. de 23-IX-2020).
Es que la cita de los pronunciamientos debe ser claramente explicitada en su relación material con los hechos aquí debatidos. En el caso, por el contrario, se anuda en forma genérica y desvinculada de todo dato objetivo de la causa.
Asimismo, conforme se ha expresado, deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 72.520, "Silva", sent. de 31-VIII-2016; A. 74.004, "Moscheni", sent. de 8-XI-2017 y A. 74.419, "Gómez", sent. de 8-VI-2020; e.o.).
III.3. En punto a la violación de diversos preceptos legales y constitucionales, el embate no pasa del mero enunciado.
Cabe recordar que quien denuncia una violación así, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, desde que la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (doctr. causas C. 116.804, "Acuña", sent. de 12-III-2014; C. 119.524, "Micucci", sent. de 15-VI-2016; e.o.).
De modo tal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a formular la infracción de normas constitucionales y tratados internacionales, sin demostrar de qué manera el pronunciamiento colisiona con las presuntas garantías y derechos conculcados, tarea específica a cargo del recurrente que no puede ser suplida por la Corte (doctr. causas 106.410, "Baigorria", sent. de 9-IX-2009; C. 117.138, "Banco de la Pampa", sent. de 26-III-2014; e.o.).
III.4. Por último, la denuncia de arbitrariedad es inatendible atento a su manifiesta insuficiencia.
La parte actora se limita a hacer una genérica referencia al modo en que se configura -a criterio de esta Corte- la sentencia arbitraria, mas no cumple con la carga de demostrar efectivamente de qué forma el vicio alegado se presenta en el fallo impugnado.
Tan escueta argumentación impide su abordaje e impone, también, el rechazo de este agravio (CSJN Fallos: 331:477).
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tratamiento, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 279 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Maidana, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que atañe al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Caja demandada, interesa señalar que el señor juez de primera instancia declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 con relación a Elvira Olga Alberdi de Cincunegui, Mario Skcolnozlullitel, Emma Luisa Verges de Martínez, Hugo Erico Cabral, Myrta Evangelina Arona de Ragazzi, Beatriz Elvira Ayub, Ana María Caluori, José María Iborra, Alfredo Heriberto Oscar Rosenthal, Juan Rivero y Julio Emilio Rodrigo, quienes obtuvieron sus prestaciones bajo el régimen de la ley 5.678 y también respecto a Beatriz Dopazo de Festante, que adquirió su beneficio bajo el régimen de la ley 11.322.
Y para los que se acogieron a la ley 11.761: Beatriz Cecilia De Giorgio de Brusca, Norma Carmen Garófoli de Paz, Inés Amanda Elisa Giordano, Antonio Osvaldo Burga, Jorge Ferrandi, Irma Emilia Indurain de Vegas y María Etelvina Ruocco, aun cuando desestimó el mismo planteo de inconstitucionalidad, reconoció su derecho a obtener el reajuste de sus haberes previsionales por considerar como "remunerativos" los ítems identificados bajo los códigos 1.123, 1.124 y 1.289 (v. sent. de fecha 7-X-2015).
I.1. El magistrado sostuvo, con relación al art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, que el aporte a cargo de los beneficiarios de la Caja -jubilados o pensionados bajo leyes anteriores- constituía un evidente menoscabo a los derechos de propiedad y movilidad jubilatoria que habían adquirido y consolidado.
Entendió en tal sentido que el criterio de esta Corte emergente de las causas A. 69.664, "González", sentencia de 6-V-2009 e I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009, no armonizaba con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de progresividad de los derechos previsionales, en consonancia con los pactos internacionales incorporados por el art. 75 inc. 22 a la Constitución nacional, insistiendo entonces con su inconstitucionalidad.
I.2. Para los que adquirieron su beneficio bajo la ley 11.761 -quienes dijo no podían beneficiarse de la declaración de inconstitucionalidad al no haber consolidado derechos bajo un régimen anterior, ni habían acreditado una quita "confiscatoria"- consideró de todas maneras que surgía probado del expediente que el Banco de la Provincia de Buenos Aires había abonado de forma mensual, normal y habitual los ítems identificados bajo los códigos 1.123, 1.124 y 1.289 al sector activo, los que fueron absorbidos e incorporados al sueldo básico a partir del mes de mayo de 2009.
Concluyó que, no obstante la regularidad con que los mismos fueron pagados, no formaron parte desde el primer momento del haber de los demandantes que cesaron bajo aquel régimen legal, sino que gradualmente se los fue incorporando, produciéndoles así esa situación un evidente perjuicio económico. Razón por la cual, cabía hacer lugar a la recomposición.
II. Contra el mentado decisorio, la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso de apelación y se agravió en tres puntos (v. escrito de fecha 29-X-2015).
II.1. En lo que hace a la vía extraordinaria en tratamiento, interesa ante todo el primero, por el cual se alzó contra la declaración de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 respecto de los actores que habían obtenido su beneficio bajo leyes anteriores (5.678 u 11.322), en aparente contradicción con la postura mayoritaria sentada por esta Corte en las causas A. 69.664, "González" e I. 2.024, "Velurtas", reseñando sus partes pertinentes.
II.2. También resulta sustancial el tercer reproche, en cuanto el magistrado de primera instancia reconoció el reajuste de los haberes a los beneficiarios de la ley 11.761 al considerar remunerativos los códigos 1.123, 1.124 y 1.289.
En este punto, la apelante se defiende alegando errónea aplicación del principio rector para el cálculo del haber previsional (i.e., que solo los conceptos sujetos a aportes pueden ser tenidos en cuenta). Ello, con respaldo en una serie de causas resueltas por este Tribunal. Se queja además de que el fallo atacado trasladara los adicionales sin indicar desde qué fecha o hasta cuándo y solo lo hace para los que obtuvieron el beneficio bajo la ley 11.761, intentando mejorar su situación previsional.
III. La Cámara de Apelación rechazó el recurso interpuesto por la Caja y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia (v. sent. de fecha 11-V-2021).
III.1. Partió por considerar que el escrito recursivo de la demandada efectuaba un embate genérico, no siendo esto una crítica integral, concreta y razonada del fallo de primera instancia, lo cual imponía su rechazo sin más (conf. arts. 56 inc. 3, CCA y 254 y 255, CPCC).
Pero a pesar del apuntado déficit, abordó el recurso en lo tocante a la declaración de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, ratificando el pronunciamiento impugnado conforme el criterio que adoptara en diversos precedentes que citó.
III.2. En esa dirección, precisó que no era materia de controversia que Elvira Olga Alberdi de Cincunegui, Mario Skcolnozlullitel, Emma Luisa Verges de Martínez, Hugo Erico Cabral, Beatriz Elvira Ayub, Ana María Caluori, José María Iborra, Alfredo Heriberto Oscar Rosenthal, Juan Rivero, Julio Emilio Rodrigo, Beatriz Dopazo de Festante y Myrta Evangelina Arona de Ragazzi accedieron a su beneficio con anterioridad a la sanción de la ley 11.761.
Desde allí sostuvo que la sentencia apelada no padecía error de juzgamiento con motivo de lo decidido por esta Corte en las causas I. 1.985, "Gaspes"; I. 1.904, "Martin" e I. 2.024, "Velurtas". Lo antedicho, con sustento en el principio por el cual se reconoce el derecho a acceder al beneficio y a percibir los haberes conforme la ley vigente a la fecha del cese o del fallecimiento del causante, una vez cumplidos todos los presupuestos requeridos por la norma.
IV. La Caja del Banco, en el marco de su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puntualmente se agravia de que la Cámara confirmara el pronunciamiento de primera instancia en cuanto: a) declaró la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 y su inaplicabilidad a los actores que adquirieron sus prestaciones bajo las leyes 5.678 u 11.322 y b) reconoció a los demandantes cuyos beneficios fueron otorgados a partir de la ley 11.761 las diferencias dinerarias que surgían de considerar como remunerativos, desde sus orígenes, rubros liquidados como normales y habituales -códigos 1.123, 1.124 y 1.289- (v. escrito electrónico de fecha 2-VI-2021).
IV.1. Sobre lo primero, denuncia violación de la doctrina de esta Corte emergente de las causas A. 69.664, "González", sentencia de 6-V-2009; I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009; A. 72.620, "De Giorgio de Brusca", sentencia de 8-IV-2015; B. 56.002, "Mucci", sentencia de 1-VIII-2006; B. 55.328, "Bustos", sentencia de 26-IX-2012; B. 56.012, "Cortes", sentencia de 30-III-2016; A. 74.774, "Bringas", sentencia de 22-XII-2020 y A. 75.730, "Blanco", sentencia de 23-IX-2020.
Arguye que, independientemente de consentir el fallo de la Cámara en cuanto convalidó la inconstitucionalidad de los arts. 22, 25, 55 y 56 segundo párrafo de la ley 11.761, esa solución no era predicable en cuanto al art. 21 inc. "e", para lo cual afirma que se efectuó un análisis errado y por momentos incomprensible de ese precepto, distorsionando lo efectivamente resuelto por este Tribunal -entre otros- en las causas "González" y "Velurtas".
IV.2. Luego se agravia porque, con relación a los beneficiarios de la ley 11.761, el a quo mantuvo la sentencia de primera instancia en cuanto reconoció el carácter remunerativo a los códigos 1.123 (prestación mensual no remunerativa de suma fija año 2005), 1.124 (acuerdo acta del mes de abril de 2006) y 1.289 (refrigerio sin aportes del mes de marzo de 2004).
Manifiesta que, al haber hecho eso, se ignoraron los lineamientos sentados por este Tribunal en diversos precedentes en los cuales se debatieron cuestiones similares (conf. causas "Donnarumma"; B. 56.002, "Mucci"; B. 55.328, "Bustos"; B. 56.012, "Cortés"; A. 74.774, "Bringas"; A. 75.730, "Blanco"; e.o.).
Indica además que esas sumas sin aportes o no remunerativas ordenadas por el directorio del Banco de la Provincia de
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