Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78318
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata en lo que es objeto de observación y se devuelven las actuaciones para que, con nueva integración, decida la cuestión atinente a la alegada inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008, que incorrectamente desestimó y dejó sin adecuado tratamiento (art. 289, CPCC). Costas por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA y 68 segundo párr., CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.318, "Bentancourt, Carlos Alberto c/ Caja de Jub. Subs. y Pensiones del Banco de la Prov. de Bs. As. s/ Pretensión Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos. RIL " , con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Budiño .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia que, entre otras cosas, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008 deducido por el señor Carlos Alberto Bentancourt (v. sent. de fecha 6-VII-2021).
Disconforme con esa decisión, el demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 6-VIII-2021, 11:38:01 a.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 23 de junio de 2022.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 22-XII-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que aquí interesa, rechazó el recurso deducido por la parte actora y, consecuentemente, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto -en lo que estrictamente atañe al sub examine - desestimó la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 41 de la ley 15.008 solicitada por el señor Carlos Alberto Bentancourt en su denuncia de "hecho nuevo" (v. sent. de fecha 6-VII-2021).
Para así resolver esa parcela de la impugnación, sostuvo que la pieza recursiva del demandante no efectuaba una crítica concreta y razonada del fallo de primera instancia.
Lo anterior, al limitarse el apelante a reiterar lo expuesto al anoticiar de la sanción de la referida ley y ser generalizada la crítica formulada al régimen previsional instaurado por la ley 15.008, sin abordar lo dicho por el magistrado de grado en torno a que del informe de la Caja no se desprendía un perjuicio cierto ocasionado por la aplicación de la mencionada norma y, ante ello, concluyera que no correspondía expedirse sobre ese punto por ser abstracto.
II. Contra ese aspecto de la decisión, el demandante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 6-VIII-2021, 11:38:01 a.m.).
Pide que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 41 de la ley 15.008 a su situación previsional, por violar los arts. 14, 14 bis, 17 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 31, 36 inc. 3, 39 y 40 de su par provincial; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Especialmente, en cuanto consagran los principios de progresividad, prohibición de retroceso y justicia social en materia laboral y/o previsional.
Se agravia únicamente porque la Cámara omitió dar tratamiento a la impugnación formulada respecto del sistema de movilidad instaurado por el art. 41 de la ley 15.008.
Aduce que el mentado dispositivo legal altera en forma sustancial su derecho adquirido a la actualización de sus haberes, primero por la ley 5.678, luego por la aplicación de la ley 11.322 y con posterioridad por la ley 13.364, que establecían el cálculo de la movilidad vinculada a la variación de los salarios de los trabajadores en actividad del Banco Provincia.
Sobre la base de ello, dice que hizo una crítica efectiva al nuevo régimen implementado por la ley 15.008, explicando que este vulnera derechos y garantías constitucionales; entre ellos: la inviolabilidad del derecho de propiedad, la movilidad de las jubilaciones, la igualdad y no discriminación, la razonabilidad, la obligación de los poderes públicos de promover medidas de acción positiva que garanticen el ejercicio de los derechos humanos, de los ancianos y de las personas con discapacidad y la prohibición de regresividad en el campo de los derechos sociales (conf. arts. 14 bis, 16, 17, 28, 43 y 75 incs. 22 y 23, Const. nac. y 11, 31, 36 inc. 6, 39 inc. 3 y 40, Const. prov.).
Comenta que su beneficio jubilatorio se liquidaba conforme lo previsto en el art. 57 de la ley 13.364, derogada y reemplazada luego por la ley 15.008 que modificó de manera perjudicial el sistema de cálculo de la movilidad del beneficio del que era titular, al remitir a un mecanismo extraño al sistema ( i.e., en un primer momento la fórmula IPC-RIPTE, a la postre reemplazada por otra), vulnerando así los principios de progresividad y prohibición de retroceso.
Esgrime que, pese al planteo concreto de inconstitucionalidad, el Tribunal de Alzada se negó a darle tratamiento alegando -en forma dogmática- que no se rebatía el argumento central del pronunciamiento de primera instancia, en cuanto sostuvo que del informe de la Caja no surgía el menoscabo que le ocasionaba la aplicación del art. 41, circunstancia que -subrayó el a quo - tampoco fue acreditada por su parte.
Considera que lo aseverado ignora los índices públicos que reflejan la evolución -en más- de los aumentos de los salarios de los trabajadores activos del Banco Provincia con relación a los obtenidos por los pasivos, beneficiarios de la Caja previsional.
Destaca que en la causa I. 75.132, "Asociación Bancaria c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad de la ley 15.008", en trámite por ante esta Suprema Corte, la demandada admitió los vicios que aquí se aducen.
Aprovecha a reseñar el voto mayoritario en la causa I. 75.111, "Macchi", resolución de 17-IV-2019, donde a la hora de conceder la medida cautelar en el marco de una acción de inconstitucionalidad promovida contra la ley 15.008, se señaló que el art. 41 - prima facie analizado- contenía indicadores ajenos al cargo regulatorio del haber, provocando la pérdida del carácter sustitutivo de la prestación.
Finalmente, afirma que desde el mes de enero de 2018 el impacto de ese precepto en su jubilación representa una quita superior al 33%, con el consecuente detrimento de su estándar de vida.
III. Adelanto que el recurso ha de prosperar, por similares razones a las que expusiere en las causas A. 78.084, "Robotti", sentencia de 4-VIII-2023 y A. 78.311, "Lusardi", sentencia de 30-XI-2023, de análoga configuración a la presente (conf. art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Ello, pues el tratamiento dispensado en autos por la Cámara al planteo de inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008, no fue adecuado a las circunstancias del caso.
III.1. En este proceso, el reclamante denunció la sanción de la ley 15.008 como un "hecho nuevo" (v. fs. 265/271 vta.), la que comenzó a regir desde el día de su publicación, el 16 de enero de 2018 (art. 59).
Al peticionar en dicha presentación por la inconstitucionalidad de su art. 41, advirtió que este desvinculó completamente el régimen de movilidad de factores propios del sistema ( i.e., el aumento de los salarios del personal activo) y remitió a elementos extraños contenidos en las fórmulas y montos previstos en las leyes nacionales 26.417 y 27.426.
Expresó que ese mecanismo vulnera derechos y garantías constitucionales (conf. arts. 14 bis, 16, 17, 28, 43 y 75 incs. 22 y 23, Const. nac. y 11, 31, 36 inc. 6, 39 inc. 3 y 40, Const. prov.), como así también, doctrinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se invocan.
Ante la suerte adversa, en el recurso de apelación se agravió del rechazo de su planteo de inconstitucionalidad, por cuanto el órgano de primera instancia entendió que "...no se advierte la presencia de un perjuicio cierto ocasionado por la aplicación de dicha norma, circunstancia que tampoco ha sido acreditada por el accionante". De ahí que concluyera que "...el planteo y el tratamiento de la inconstitucionalidad de la norma resultan abstractos, en tanto no se aprecia una afectación concreta, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto" (pto. VIII de la sentencia).
Frente a ello, el apelante manifestó "...que el haber jubilatorio se increment(a) conforme la nueva ley nacional 27.416 y por las sucesivas normas dictadas para regir en el régimen de la ley nacional 24.241. Es decir, no por la variación porcentual de los salarios de los empleados del Banco, sino por un índice que combina trimestralmente un 70% el aumento del costo de vida y un 30% la variación del índice del RIPTE..." (pto. IV.2., último párr. de la pieza recursiva).
Asimismo, expuso en su recurso de apelación y en esta sede también que: "En un caso similar al presente ‘Macchi, Rubén Ángel c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad ley 15.008’ (SCJBA, 17/4/2019) la SCBA sostuvo luego de analizar el controvertido artículo 41 de la ley 15008 [...] que dicha norma, prima facie analizada, se muestra contraria a uno de los pilares básicos que sustenta el sistema previsional provincial, cual es la necesaria proporción que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, atendiendo a la naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al primero respecto del segundo" (pto. III.2., párr. tercero, voto de la mayoría).
Y culmina reseñando en el recurso extraordinario deducido ante esta Corte, que en la mencionada causa este cuerpo destacó que "...resulta irrelevante en qué porcentajes se traduce la diferencia económica entre un sistema de cálculo y otro [...] pues lo determinante para concluir acerca de la apariencia de buen derecho del agravio que trae el actor, surge del propio texto de la norma impugnada en cuanto impide que, en lo sucesivo, exista una relación proporcionada entre su haber y aquél que le habría correspondido de seguir en actividad; aspecto que es esencial para arribar a una retribución justa en términos constitucionales (arts. 39 inc.1, Const. Pcial; 14 bis Const. Nac.)" (pto. III.2., último párr.).
III.2. Por asistirle la razón al impugnante, considero que la sentencia de la Cámara, al resolver como lo hizo -fundando el rechazo al planteo de inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008 en una insuficiencia recursiva que no es tal-, luce desacertada.
En atención a la reseña realizada, el tópico fue adecuadamente traído a conocimiento judicial desde que el recurrente presentara el hecho nuevo.
Al igual que en la causa A. 78.084, "Robotti", el planteo gozaba de entidad suficiente y remitía a un abanico de agravios que, por su naturaleza, no todos dependían de una estricta acreditación de índole fáctica (conf. causas I. 75.223, "Tripiccchio", resol. de 31-VIII-2021 e I. 75.132, "Asociación Bancaria", resol. de 14-III-2023), que fue la sola razón por la cual el juez de grado evadió el abordaje constitucional al no reputar comprobada una merma a partir del informe arrimado a las actuaciones.
III.3. Esta Corte ha tenido ocasión de advertir que los pronunciamientos que soslayan el tratamiento de puntos seriamente planteados por las partes en sus postulaciones y se sustentan únicamente en afirmaciones dogmáticas para rechazarlos, incurren en el vicio de absurdo (conf. doctr. causas A. 74.764, "Valot S.A.", sent. de 12-XII-2020; A. 76.396, "Asociación Vecinal Puertos del Lago S.A.", sent. de 1-IX-2022; A. 78.084, cit.; e.o.). A la par que la Corte federal ha reconocido que tales decisiones, que exhiben fundamentos solo aparentes, constituyen sentencias arbitrarias expuestas a descalificación como actos jurisdiccionales válidos (CSJN Fallos: 339:372; 340:1136; 341:150; e.o.).
El recurrente ha formulado una argumentación en este último sentido.
Por ende, en atención a las constancias obrantes en autos, se debe concluir que la Cámara incurrió en tales falencias, en la medida en que desconoció la suficiencia del recurso de apelación que atacó los argumentos centrales que fundaron el pronunciamiento impugnado que decidiera no expedirse sobre el pedido de inconstitucionalidad.
Se trata, por lo tanto, de una cuestión que deberá ser evaluada apropiadamente en el reenvío que por la presente se ordena (conf. causas A. 78.084 y A. 78.311, cits.).
IV. Consecuentemente, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata en lo que es objeto de observación, y devolverle las actuaciones para que, con nueva integración, decida la cuestión atinente a la alegada inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008, que incorrectamente desestimó y dejó sin adecuado tratamiento (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Costas por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA y 68 segundo párr., CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata en lo que es objeto de observación y se devuelven las actuaciones para que, con nueva integración, decida la cuestión atinente a la alegada inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008, que incorrectamente desestimó y dejó sin adecuado tratamiento (art. 289, CPCC). Costas por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA y 68 segundo párr., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2024 13:08:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2024 12:24:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2024 13:26:51 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2024 11:39:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2024 12:14:20 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/10/2024 12:16:54 hs. bajo el número RS-86-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia