Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77356 P
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma lo resuelto por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata (art. 289, CPCC). Las costas se imponen a la vencida (arts. 60 inc.1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
El depósito efectuado queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.356, "Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires contra Remax Argentina S.R.L. s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Ril", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por Remax Argentina S.R.L. y confirmó el pronunciamiento de primera instancia que había desestimado las excepciones de incompetencia deducidas por la firma citada (v. resol. de fecha 29-XII-2020).
Disconforme, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-II-2021, 10:57:35, a.m.), cuya concesión fue denegada (v. resol. de fecha 2-IX-2021).
Interpuesta contra dicha decisión una queja en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito de fecha 14-IX-2021), este Tribunal, mediante resolución de 13-XII-2023, declaró mal denegado el recurso, lo concedió y llamó autos para resolverlo (arts. 283 y 284, CPCC).
Agregada la memoria presentada por la parte actora (v. escrito electrónico de fecha 31-I-2024) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, junto con los colegios departamentales, demandaron a Remax Argentina S.R.L. exigiendo el cese de sus actividades comerciales dentro del territorio provincial, en la medida en que siga operando a través de corredores no matriculados ante su registro, en violación de las normas aplicables.
II. En lo que aquí interesa, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata rechazó —con costas— las excepciones de incompetencia opuestas por la firma demandada, resolviendo que el conocimiento de la causa correspondía al fuero contencioso administrativo provincial (v. resol. de fecha 12-XI-2019).
Remax había argumentado, con suerte adversa, que la presente era una causa federal en razón del distinto avecinamiento de los litigantes. También, que lo era por tratarse de una controversia gobernada por la Ley de Marcas 22.362, que por razón de la materia era propia de la justicia en lo civil y comercial federal. Subsidiariamente, que lo era de la justicia comercial ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA), donde tenía su domicilio social.
En prieta síntesis, la jueza de grado consideró que, según fueron expuestas las posiciones de las partes y de acuerdo con lo que se planteaba en el escrito de demanda, la controversia no se encontraba especialmente regida por la Constitución nacional, las leyes federales o los tratados internacionales; ni tampoco se configuraba una "causa civil" habilitante de la jurisdicción federal ratione personae , en virtud del domicilio de Remax en CABA y el del colegio en esta Provincia (conf. arts. 116, Const. nac. y 2 incs. 1 y 2, ley 48).
Contrariamente, dijo que era un caso regido por el derecho público local, regulatorio del ejercicio profesional del corretaje inmobiliario (ley 10.973), cuyo conocimiento correspondía —siempre primero— a los magistrados provinciales.
Por esa misma razón, desestimó también el planteo subsidiario respecto de la intervención de la justicia comercial de CABA.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó, por mayoría, la decisión de primera instancia (v. resol. de fecha 29-XII-2020).
Para sostener en un todo el fallo recurrido, los jueces De Santis y Milanta notaron que la demandada, en su apelación, había perdido completamente de vista que el juicio versaba —esencialmente— acerca del ejercicio del poder de policía de las profesiones liberales, un asunto típicamente local, cuyo control le correspondía al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos en virtud de la ley 10.973.
Por ende, al regirse el pleito por normas de derecho público provincial, reafirmaron que la competencia para conocer del mismo era del fuero contencioso administrativo local y no, como mal sugería Remax, de la justicia federal u ordinaria de CABA.
IV. Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 17-II-2021, 10:57:35 a.m.).
IV.1. En líneas generales, afirma que lo resuelto es arbitrario y viola garantías supralegales al debido proceso, a la igualdad y a la defensa en juicio (arts. 16, 18 y concs., Const. nac. y 11, 15 y concs., Const. prov.).
IV.2. Con cita de fallos acerca del ejercicio de la prerrogativa, asegura que por tener su domicilio en CABA y estar siendo demandada por un ente público no estatal de la Provincia de Buenos Aires, tenía derecho al fuero federal (arts. 116 y 2 inc. 2, ley 48), que en la especie actúa como un reaseguro para la imparcialidad de los juzgadores.
Tilda de absurdo, por eso, el rechazo de la excepción de incompetencia.
Sostiene que el Tribunal de Alzada omitió adentrarse en el concepto de "causa civil", enfocando erróneamente la cuestión en debate como un asunto gobernado por el derecho público local ( i.e., una causa contencioso administrativa), cuando en rigor se trataría de una disputa entre privados, de derecho comercial, al gravitar las disposiciones de la ley marcaria 22.362, como también de la Ley General de Sociedades 19.550, cosa que —en función de la primera— también derivaría en un asunto materialmente federal.
Aprovecha a recordar lo previsto en el art. 4 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, con sus reformas), cuando sustrae de la competencia del fuero especializado a las causas regidas por el derecho privado.
Considera que la sentencia no contiene una adecuada fundamentación y que no reparó en argumentos que eran conducentes para revertir lo decidido por la magistrada de origen.
IV.3. Por último, plantea la improcedencia de la imposición de las costas, en la inteligencia de que la deducción de la excepción correspondiente era un derecho que le garantizaba el propio ordenamiento (arts. 116, Const. nac. y 2 inc. 2, ley 48). En función de ello, peticiona que las costas se impongan a los actores, o bien, en el orden causado.
V. El recurso no prospera.
La principal crítica de la recurrente, independientemente de si la canaliza como violación de doctrina legal, inaplicabilidad o errónea aplicación de la ley o absurdo, no puede tener acogida favorable.
V.1. La presente es una demanda de reconocimiento o restablecimiento de derechos iniciada por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (además de los departamentales) contra Remax Argentina S.R.L. y todas aquellas personas que, siendo o no martilleros o corredores matriculados, actúen como titulares o agentes de la demandada en territorio bonaerense.
Por su intermedio se persigue "el dictado de una sentencia por la cual se reconozca que los únicos que pueden realizar actos de corretaje inmobiliario en la Provincia de Buenos Aires son los profesionales que, teniendo título habilitante de corredor y martillero público, están debidamente inscriptos en la matrícula de cada uno de los colegios departamentales" (presentación inicial de 12-IV-2019).
A consecuencia de ello, la entidad colegial peticiona "la orden de cese de los demandados en el ejercicio de la actividad comercial que llevan adelante en la Provincia de Buenos Aires, por cuanto su proceder -mediante la aplicación de figuras comerciales al corretaje inmobiliario tales como la franquicia, la agencia comercial o similares-, resulta incompatible con los incisos "j", "k" y "l" del art. 53 de la ley 10.973 (t.o. ley 14.085)" (demanda, págs. 5 a 6).
V.2. En cuanto al punto discutido, basado en la competencia, recuerdo que el recaudo estatutario de "causa civil" y la jurisdicción federal por distinto avecinamiento prevista en el art. 116 de la Constitución nacional —recogida en los arts. 1 inc. 1 (Provincia vs. vecino de otra Provincia) y 2 inc. 2 de la ley 48 (vecinos de distintas provincias)— fue definitivamente clarificada en el precedente "Barreto" (CSJN Fallos: 329:759), correctamente traído a colación por la jueza de primera instancia.
Allí, de cierto modo, ha quedado yuxtapuesto el análisis en torno a la competencia personal y material relativa al fuero federal, que son básicamente las dos líneas argumentales traídas por la recurrente a esta instancia.
En tal sentido, la Corte federal entendió que una "causa civil" es esencialmente aquella en la "que su decisión hace sustancialmente aplicables disposiciones de derecho común, entendiendo como tal el que se relaciona con el régimen de legislación contenido en la facultad del art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional". Por consiguiente, dijo que no lo eran aquellas causas en las que "se requiere para su solución la aplicación de normas de derecho público provincial o el examen o revisión, en sentido estricto, de actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias en los que éstas procedieron dentro de las facultades propias reconocidas por los arts. 121 y sgtes. de la Constitución Nacional" (consid. 8°).
A mayor especificación, remarcó que cuando lo que se disputa es el ejercicio del poder de policía de los gobiernos provinciales, de ordinario se está frente a una "materia cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo y de resorte exclusivo, por ende, de los gobiernos locales [...] y que encuentra su fundamento en principios extraños a los propios del derecho privado".
En tales supuestos, por respeto al postulado autonómico, se concluyó que las causas que versen sobre alguno de esos asuntos deben ser atendidas por los jueces provinciales. Ello, claro está, sin perjuicio de la ulterior posibilidad de acudir a la justicia federal por vía del recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48, una vez fenecida la causa en sede local (consid. 16º).
El temperamento sentado en "Barreto" fue inmediatamente asimilado por esta Suprema Corte en numerosos casos remitidos por la propia Corte nacional, como también por juzgados y cámaras federales o nacionales, declarando la jurisdicción provincial para conocer y resolver en semejante clase de contiendas (conf. causas B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015; B. 73.994, "Maldonado", resol. de 6-IV-2016; B. 75.263, "Calderón", resol. de 22-VIII-2018; B. 75.963, "Kiffer", resol. de 6-XI-2019; B. 78.709, "Ybarra", resol. de 6-VI-2023; B. 79.803, "Villaverde", resol. de 9-V-2025; e.o.).
V.3. Bajo esas premisas y a tenor de los términos de la demanda, habré de coincidir con el análisis efectuado por la jueza de grado y la mayoría de la Cámara para rechazar la excepción de incompetencia, siendo arreglada a derecho la preservación de la jurisdicción local para intervenir en los autos.
Lo anterior, pues es evidente que la presente acción encuadra en los términos ya brindados de una causa contencioso administrativa, extraña —por definición— al concepto de "causa civil" (que verificado el distinto avecinamiento, justificaría la competencia federal), en tanto que aquí un colegio profesional busca reivindicar —por vía judicial— el ejercicio de los poderes policiales que el legislador bonaerense le confirió en materia de gobierno de la matrícula y ejercicio profesional del corretaje en el ámbito provincial, sobre la base de su norma de creación (ley 10.973), en la inteligencia de que la demandada —con sus singulares prácticas comerciales— estaría burlando algunas de sus disposiciones más relevantes.
Desde esa perspectiva y sin pretender analizar la fundabilidad de la pretensión, la autonomía provincial exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión primario de las causas que versan sobre aspectos propios del derecho local, en particular, respecto de leyes dictadas por cada provincia en ejercicio de sus poderes originarios y no delegados (art. 121, Const. nac.).
Por eso, se debe desestimar la queja montada por Remax en este segmento del remedio.
V.4. Lo explicado hasta acá permite descartar, también, que se encuentre comprometida la jurisdicción federal ratione materiae (por la invocación que hace la demandada de la ley 22.362), o de la justicia ordinaria de CABA, con el argumento de que es allí donde Remax tiene registrado su domicilio societario.
V.5. Si lo anterior no fuese de por sí suficiente, siendo de público y notorio (además de sumariamente acreditado en la demanda) la existencia de locales y oficinas de Remax en numerosos puntos del territorio provincial, resultaría aplicable la jurisprudencia que veda a las sociedades imponer a ultranza su domicilio estatutario a fin de establecer el fuero federal por su distinta vecindad con la contraparte, cuando ellas poseen establecimientos permanentes de sus negocios en el mismo lugar, lo que importa avecindarse allí también (CSJN Fallos: 306:539).
V.6. En lo restante, bien que a esta altura incidental, tampoco se verifica que el sub examine sea uno de los casos sustraídos de la competencia asignada al fuero contencioso administrativo (art. 4 inc. 1, CCA), en tanto en virtud del sujeto que promueve la demanda y la materia sobre la cual versa su reclamo, el pleito queda englobado tanto por la cláusula general de aquél, como por disposiciones procesales específicas (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 y 2 inc. 3, CCA; causa B. 77.587, "Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales", resol. de 30-VI-2022).
VI. Por último, no ha de prosperar el cuestionamiento que ensaya el recurrente referido al modo en que fueron impuestas las costas.
Dicha temática, como se ha resuelto, es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y, como tal, irrevisable en sede extraordinaria, salvo denuncia y acreditación de absurdo (doctr. causas A. 74.692, "Lobosco", sent. de 25-IX-2019; A. 75.609, "Vera", sent. de 23-XI-2020; A. 73.776, "Signorio", sent. de 30-V-2024; e.o.). Esto último es algo omitido por la apelante.
VII. Consecuentemente, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Remax Argentina S.R.L. y confirmar lo resuelto por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata (art. 289, CPCC).
Con costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma lo resuelto por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata (art. 289, CPCC). Las costas se imponen a la vencida (arts. 60 inc.1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
El depósito efectuado queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/12/2025 12:27:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2025 12:42:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2025 10:57:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2025 12:42:57 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 22/12/2025 13:23:45 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/12/2025 13:49:25 hs. bajo el número RS-111-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia