Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74360
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.360, "Asoc. Pers. de Organismos de Control contra Provincia de Bs As. s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Torres, Kohan, Mancini, Natiello.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso deducido de la parte actora e hizo lugar parcialmente al interpuesto por la demandada, dejando sin efecto la sentencia recaída en primera instancia en cuanto acoge la pretensión de la demandante por el período anterior al día 23 de julio de 2003 y confirmó el pronunciamiento estimatorio respecto del lapso posterior a la indicada fecha con los alcances precisados, distribuyendo las costas de ambas instancias en el orden causado (v. fs. 1.073/1.091).
Frente a lo así decidido, ambas partes dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.100/1.115 y 1.116/1.140), los que fueron concedidos por la Cámara actuante a fs. 1.150.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 1.158), glosadas las memorias de la demandada (v. fs. 1.159/1.166 y 1.167/1.184) y de la actora (v. fs. 1.185/1.189) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La señora jueza a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar parcialmente a la pretensión deducida por la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) y resolvió:
1. Desestimar la excepción de falta de legitimación y de prescripción opuesta por la demandada.
2. Hacer lugar parcialmente a la pretensión articulada por la Asociación del Personal de los Organismos de Control, anulándose la resolución ME n° 610/10, declarando la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 15 de la ley 12.727 y su planilla anexa y la inconstitucionalidad parcial -temporal y sustancial- de los arts. 29 y 30 de la ley 12.874 y 27 y 28 de la ley 13.002 (con el alcance que se desprende de los considerandos respecto de todos los sujetos representados por la actora) y condenando a la Provincia de Buenos Aires a:
a) Restituir los importes retenidos en las remuneraciones a partir del día 23 de julio de 2003.
b) Restituir las sumas que se retuviera a los representados de la accionante por aplicación de los arts. 29 de la ley 12.874 y 27 de la ley 13.002, en cuanto hubieran excedido el treinta y tres por ciento (33%) de sus haberes nominales hasta el día 23 de julio de 2003 y totalmente las que hubieran sido retenidas con posterioridad al día 31 de diciembre de 2003.
c) Abonar la parte correspondiente al sesenta y siete por ciento (67%) del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre del año 2002 y primer semestre del año 2003.
d) Abonar el Sueldo Anual Complementario correspondiente al primer semestre del año 2002 debiendo liquidárselo reducido al sesenta y siete por ciento (67%) durante el período alcanzado legalmente por la emergencia, esto es, entre los días 1 de abril de 2002 y 30 de abril de 2002, liquidándoselo en su integridad por el período 1 de enero de 2002 al 31 de marzo de 2002.
e) Abonar el Sueldo Anual Complementario correspondiente al segundo semestre del año 2003, debiendo liquidárselo reducido al sesenta y siete por ciento (67%) por el período 1 de julio de 2003 al 23 de julio de 2003, debiéndoselo calcularse en base al ciento por ciento (100%) para el restante período (24 de julio de 2003 al 31 de diciembre de 2003).
Para ello deberá practicarse una liquidación individual de cada afiliado respecto a los rubros reconocidos en este decisorio, a la cual deberán adicionársele los importes atinentes a los intereses, suma que se abonará dentro de los sesenta días de quedar firme el decisorio (v. fs. 947/977 y 986).
Como corolario, impuso las costas del proceso en el orden causado, difiriendo la regulación de los emolumentos profesionales pertinentes para el momento procesal oportuno (v. fs. 977 vta.).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, revocó parcialmente dicho pronunciamiento (v. fs. 1.073/1.091).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada -en lo que aquí interesa- consideró que resultaba aplicable al caso la jurisprudencia establecida por este Tribunal, vinculada a la aplicación en el tiempo de la ley de emergencia 12.727, emergente -básicamente- de los fallos B. 64.621, "UPCN" e I. 2.312, "AERI", sentencias de 1-X-2003.
Estructuró su decisión sobre los principales ejes de planteos que le fueron expresados por las partes en sus recursos de apelación, a saber, la cuestión referente a la falta de legitimación activa, el pedido de prescripción y la decisión sobre el fondo explicitada en la sentencia de primera instancia.
En primer término, entonces, consideró que el cuestionamiento en torno a la falta de legitimación esgrimida, en línea con lo expuesto por la iudex de instancia, resultaba infundado.
Fundamentó que, existiendo una causa fáctica-jurídica homogénea, hallándose la pretensión principal dirigida con relación a los aspectos colectivos del hecho común, no hallándose justificado el ejercicio de una acción individual respecto de un colectivo históricamente desaventajado y preferentemente tutelado y pudiendo una interpretación adversa comprometer el acceso a la justicia, debía confirmarse en ese punto el pronunciamiento en crisis.
En segundo término, evaluó las circunstancias referentes a la excepción de prescripción, tendiente también a confirmar la línea de entendimiento propiciada por la magistrada de primera instancia. En ese sentido, consideró que ninguno de los argumentos sostenidos por la Fiscalía lograban trastocar el núcleo argumental en que se estructuraba el decisorio.
Sostuvo que, en el presente caso, no se reclama el pago de remuneraciones adeudadas o prestaciones periódicamente devengadas, sino la constitucionalidad de una serie de medidas de emergencia que afectaron la relación de empleo público y el salario como componente fundamental.
Señaló que no se trata de una restitución de haberes periódicos, situación normada por el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil derogado, ley 340. Existió un hecho lesivo que provocó una afectación general en uno de los componentes del vínculo existente.
Afirmó que las leyes 12.727, 12.874 y 13.002 fueron sancionadas en ejercicio del poder de policía de emergencia -por lo que revisten un indudable carácter de legislación especial-, emanaron de autoridad provincial y conllevaron la imposición de especiales restricciones con relación al ejercicio regular de los derechos individuales y por ello ajenas a la operatividad del derecho común, así como a la legislación aplicable en épocas de normalidad.
Resaltó que conforme se desprende de las actuaciones administrativas agregadas, la asociación actora ha realizado presentaciones ante la autoridad administrativa tendientes a exigir los derechos en cuestión, los cuales tuvieron aptitud suspensiva de la prescripción. A ello, podrían adicionarse consideraciones relacionadas con el dictado del decreto 2.698 y su inteligencia como acto de reconocimiento del derecho, interruptivo de la prescripción (art. 3.989 y concs., Cód. Civ. derogado).
Entendió que, siendo inaplicable el plazo de cinco años en función de la distinción del supuesto normado al caso de autos y no existiendo otra regla de subsunción, resulta procedente la prescripción liberatoria residual estatuida en el art. 4.023 del citado cuerpo. Esto es, el plazo de diez años que preveía para las acciones personales por deudas exigibles el art. 4.023 del hoy derogado Código Civil.
En cuanto al fondo de la cuestión, el Tribunal de Alzada sostuvo en primer término que las consideraciones realizadas por la demandada con relación a la declaración ultra petita de la nulidad de la resolución 610/10, sea en función de las vicisitudes en torno a su notificación, la temporaneidad de la acción incoada y/o su integración en el planteo objeto de debate, resultan inadmisibles.
Compartió con la señora jueza de grado que los nuevos argumentos que postula la APOC, por los cuales procura la revisión de la doctrina legal sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en las causas "AERI" y "UPCN", son insuficientes. Y rechazó el recurso de la parte actora.
Asimismo, consideró que esa misma razón hace que se acoja parcialmente el recurso de la demandada, en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de emergencia por un período anterior al reconocido por los tribunales (previo al mes de julio de 2003) en función de la indebida declaración de confiscatoriedad.
De esa manera, estimó que en ese punto corresponde revocar el decisorio de grado, confirmándolo en todo lo demás, con los límites establecidos por la Suprema Corte en los precedentes citados.
III. Contra lo así resuelto, ambas partes dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.100/1.115, la actora y 1.116/1.140, la demandada).
IV. En tanto el recurso de la Fiscalía de Estado contiene un planteo de falta de legitimación de la actora cuya resolución favorable tendría un impacto pleno sobre la causa, corresponde que sea tratado en primer término.
La demandada endereza su recurso, en lo que aquí interesa, sobre dos planteos esenciales que ha mantenido además en las anteriores instancias. Por un lado, sostiene la falta de legitimación de la Asociación del Personal de los Organismos de Control para llevar adelante esta acción, y por el otro señala que, de prosperar la pretensión, a la solución debe aplicarse un plazo de prescripción. Como así también lo referente a la pretendida improcedencia en cuanto al fondo del asunto.
IV.1. Sostuvo que la asociación gremial no tiene legitimación para defender los intereses de sus agremiados en este caso, porque se intenta la defensa de intereses individuales puramente patrimoniales, violándose así los arts. 19 y 43 de la Constitución nacional y 22 del decreto reglamentario 467/88 debido a la ausencia de autorización de cada interesado al efecto.
Señaló que resulta claro que en materia de derechos subjetivos de índole patrimonial la legitimación no es colectiva sino individual, en respeto a la disponibilidad personal de esos derechos (art. 19, Const. nac.).
Adujo que solo se admite que una entidad defienda los intereses patrimoniales de terceros, cuandoéstos efectivamente se encuentren en dificultades para ejercerlos por sí mismos.
Afirmó que la relevancia de las cuestiones económicas subyacentes en esta causa no permite alegar la insignificancia de sumas involucradas, ni autoriza a tener por configurado el estándar de dificultad exigido por la Corte federal para tener por habilitada la tutela colectiva.
Sostuvo que debe reputarse la diferencia de este caso con los tratados por este Tribunal en los autos "UPCN" y "AERI" del día 1 de octubre de 2003, pues allí la tutela pretendida era urgente (preventiva y correctiva) y destinada a hacer cesar inmediatamente los descuentos salariales en favor de la generalidad de los empleados, no teniendo aquellas causas los rasgos indemnizatorios (resarcitorios) y diferenciales que se evidencian en este proceso, cuya demanda no se dirige en beneficio de todos los empleados, sino del sector más encumbrado del personal administrativo del Estado.
Agregó que la legitimación activa del gremio no pudo desprenderse de la ausencia de un pedido de exclusión ( opt out ), sino que -por el contrario- aquella eventual legitimación representativa solo pudo surgir del acompañamiento de una autorización expresa ( opt in ) extendida por cada uno de los afiliados y sin la cual el sindicato no pudo arrogarse la tutela de aquellos derechos ajenos (art. 22, dec. 467/88, reglamentario de la ley 23.551).
IV.2. Señaló que no desconoce la jurisprudencia de este Tribunal en orden a que las cuestiones vinculadas con la prescripción resultan por lo general ajenos a la función casatoria, pero en el presente se da un supuesto de excepción que autoriza a revisar lo resuelto por el Tribunal de Alzada, pues se ha incurrido en el vicio de absurdo en la valoración de las circunstancias del caso, violándose las normas aplicables en esta materia.
Adujo que se encontraba prescripto el derecho respecto de cada uno de los reclamos individuales no iniciados por sus titulares, teniendo en cuenta la fecha remota del conflicto de base (año 2001), no pudiendo perjudicarse esa liberación por el entrometimiento tardío que, a más de diez años, intentara la asociación accionante, debiendo declararse extinguida toda reclamación por el tema, cualquiera fuere el plazo de prescripción aplicable al caso (conf. arts. 4.023, 4.027 y 4.037 y concs., Cód. Civ. derogado).
Sostuvo que las acciones vinculadas a los créditos por diferencias salariales que pudieran haberse invocado por parte de sus titulares afectados por los descuentos de los años 2001 a 2003, quedaron totalmente extinguidas por el transcurso del plazo de prescripción liberatoria a contar desde esas fechas (cualquiera fuera el tiempo aplicado al efecto), no pudiendo invocarse la vigencia de reclamos patrimoniales a más de una década.
Señaló que la prescripción ganada por la autoridad demandada, por la falta de reclamación individual oportuna por parte de cada interesado, no puede ser alterada por la acción sin mandato de un sindicato, ni por un fallo genérico dictado sin consideración de ese dato, porque no puede además invocarse el carácter colectivo de la acción para tratar de eludir la prescripción que hubiera corrido y se hubiera ganado respecto de las acciones individuales que están a la base del reclamo.
Finalmente, por principio de eventualidad, sostuvo que el plazo de prescripción aplicable al caso sería el de 5 años por tratarse de cuestiones salariales, conforme el art. 4.027 del derogado Código Civil.
IV.3. Adujo que es incongruente reconocer un derecho con anulación oficiosa de un acto administrativo no impugnado por la parte actora.
Afirmó la improcedencia que representa superponer una condena judicial al reconocimiento del derecho que tuviera acogimiento en otras sentencias de este Tribunal.
V. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
V.1. En materia de legitimación colectiva esta Corte ha ido acompañando los avances generados por las reformas de las Constituciones nacional y provincial en el año 1994, compartiendo las corrientes jurisprudencial y doctrinaria que tienden a facilitar la concreción efectiva del acceso irrestricto a la justicia y de la tutela judicial efectiva a que refiere el art. 15 de la Constitución provincial, por ejemplo, a través de la doctrina derivada de la causa B. 66.095, "Cámara Argentina de Salas de Bingo", sentencia de 7-III-2007.
Tanto en dicha oportunidad como en otras (v. entre las más recientes, causa I. 2.129, "ADIGRAN", sent. de 13-VII-2016), esta Corte o algunos de sus integrantes puntualizaron lo que con anterioridad se había señalado en la causa B. 64.474, "Colegio de Abogados", sentencia de 19-III-2003, donde se observó que en distintas acciones promovidas por asociaciones en defensa de sus afiliados o miembros (causas B. 64.119, "Asociación de Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Morón, Hurlingham e Ituzaingó", resol. de 10-VII-2002; B. 64.785, "Fiscal de Estado s/ art. 6, en autos: Cámara Argentina de Agencias de Turf", resol. de 30-X-2002; B. 64.706, "Municipalidad de Morón s/ art. 6, en autos: Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Hurlingham e Ituzaingó s/amparo", resol. de 27-XI-2002; e.o.) no se habían opuesto reparos a la legitimación planteada. En las mismas ocasiones se aclaró, sin embargo, que lo expuesto no obstaba al examen que en cada caso correspondiera efectuar, con arreglo a las normas aplicables.
V.1.a. La existencia de legitimación remite a un examen intrínseco, propio del órgano jurisdiccional, que no puede sustituirse por la mera voluntad de aquiescencia de la contraparte en un tramo anterior al litigio.
Se es titular de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión o no se lo es. Quien acciona reviste la condición de persona idónea o habilitada por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el litigio o no lo reviste. Y para la dilucidación de todo ello para nada importa la conformidad de la contraparte. La legitimación es un requisito esencial de la pretensión observable o verificable aún de oficio.
V.1.b. El caso concreto estriba en saber si una asociación gremial como la actora tiene legitimación activa para iniciar una acción como la de autos. Para ello debemos determinar qué tipo de derechos son los que se reclaman y si efectivamente dicha asociación puede demandar postulando el interés indeterminado de sujetos individuales.
Los problemas suscitados a partir de los daños masivos -ya sean actuales o potenciales- se relacionan con la necesidad de facilitar el acceso a la justicia de una gran cantidad de afectados que reclaman por ellos y, al mismo tiempo, evitar la proliferación innecesaria de litigios similares -en los que puedan recaer sentencias contradictorias- afectando una eficaz prestación del servicio de justicia. Tal situación ha sido analizada y ha tenido recepción en el derecho comparado a través de acciones como, por ejemplo, la class action del derecho norteamericano.
Es un criterio de prudencia que frente a una gran cantidad de situaciones análogas se dicte una sola sentencia que comprenda a todas evitándose así un dispendio inútil de actividad jurisdiccional (conf. Lorenzetti, Ricardo; "La acción de amparo para la participación de las asociaciones en el control de los servicios públicos", La Ley, 1997-A-188; "Daños masivos, acciones de clase y pretensiones de operatividad", Jurisprudencia Argentina, 2000-II-235. Maraniello, Patricio; "Los efectos erga omnes en las sentencias de las asociaciones de consumidores y usuarios", La Ley, 1999-C-190. Así también, Gordillo, Agustín; "Tratado de Derecho Administrativo", Fundación de Derecho Administrativo, 1998, Tomo 2; "Defensa del usuario y del administrado", cap. VI, pág. 29).
Entiendo que el problema que se nos plantea aquí, sobre si los bienes individuales homogéneos permanecen en el campo de los derechos individuales o no y por tanto deberían quedar excluidos de la posibilidad de ser representados colectivamente, debe solucionarse advirtiendo que más allá de cualquier discusión su masividad perturba un modelo pensado para administrar conflictos individuales. Los problemas en este campo son básicamente de administración de justicia y orientados a garantizar el acceso de grandes grupos de afectados a una solución pronta y eficaz.
Estimo que los derechos que esgrime violados la actora son de aquellos que parte de la doctrina, citada supra , identifica como "intereses pluriindividuales homogéneos".
Haber sido alcanzado por la normativa de emergencia citada más arriba, siendo un agente de la administración pública provincial, implica una afectación de la esfera individual, de allí que en principio la legitimación sea individual, pero el interés de cada uno es homogéneo y susceptible de una sola decisión. De allí deriva la razonabilidad de reconocer aptitud para demandar a la asociación que nuclea tales individualidades, para obtener una sentencia que brinde solución para todos los casos similar
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.