Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73962
En la ciudad de La Plata, a 15 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria , de Lázzari, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.962, "Herscher Máximo Adrián y ot. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos" y sus causas acumuladas A. 74.130 "Milesi Mónica Alejandra c/ Pcia. de Bs. As. s/ pret. de reconoc. de derechos" y A. 73.918, "Seillant, Idelmar Raul y ot. c/ Pcia. de Bs. As. s/ pret. de reconoc. de derechos".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a los recursos de apelación deducidos por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, revocó las sentencias de primera instancia (v. fs. 389/394 de la presente y de sus causas acumuladas A. 74.130, "Milesi Mónica Alejandra c/ Pcia. de Bs. As. s/ pret. de reconoc. de derechos" y A. 73.918, "Seillant, Idelmar Raul y ot. c/ Pcia. de Bs. As. s/ pret. de reconoc. de derechos", fs. 341/347 y 386/391, respectivamente).
Disconforme con dichos pronunciamientos, la parte actora interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 397/408 vta. de la presente y sus causas acumuladas A. 74.130 y A. 73.918, fs. 351/363 vta. y 394/405 vta. respectivamente), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente mediante resoluciones de fs. 410/411 vta. de la presente y de sus causas acumuladas A. 74.130 y A. 73.918 a fs. 365/366 vta. y 407/408 vta.
Dictadas las providencias de autos (v. fs. 416 de la presente y causas acumuladas A. 74.130 y A. 73.918, fs. 370 y 413, respectivamente), agregadas las memorias de la demandada (v. fs. 420/422 de la presente y de sus causas acumuladas A. 74.130 y A. 73.918, fs. 374/377 vta. y 417/419, respectivamente).
Con posterioridad este Tribunal, desestimó las presentaciones efectuadas por los señores Juan Carlos Ciminelli, en su condición de integrante del Área de Recursos Humanos del Instituto de Obra Médico Asistencial -IOMA- (v. fs. 431 y vta. de la presente) y por Idelmar Raúl Seillant en su carácter de Presidente del Sindicato Único de Profesionales Trabajadores y Técnicos del IOMA como amicus curiae y ordenó -en atención al requerimiento realizado por el apoderado de la parte actora- acumular a estos actuados las causas A. 74.130 y A. 73.918 (v. fs. 390/394), a fin de dictarse una única sentencia (v. fs. 481/483 de la presente).
Encontrándose las causas en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos a fs. 397/408 vta. de la presente y de sus causas acumuladas A. 74.130 y A.73.918 a fs. 351/363 vta. y 394/405, respectivamente?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los accionantes promovieron demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires, en su condición de médicos auditores contratados a fin de que se les reconozca el derecho de pasar a revistar en planta permanente y al cómputo de antigüedad en el empleo. Asimismo, peticionaron el pago de las diferencias salariales que correspondieran en cada caso (v. fs. 68/105 de la presente y de sus causas acumuladas A. 74.130 y A. 73.918, fs. 70/106 vta. y 67/104, respectivamente).
II. El juez de primera instancia admitió las pretensiones promovidas por los accionantes (v. fs. 348/355 vta. de la presente y de sus causas acumuladas A. 74.130 y A. 73.918, fs. 300/307 vta. y 344/351, respectivamente).
Entendió que, en atención a la naturaleza de contralor de la función desempeñada por los reclamantes, debía ser asegurada mediante una contratación estable, que garantizara autonomía e independencia en la toma de sus decisiones. De lo contrario -expresó- podrían verse afectados por la posibilidad de perder sus empleos. Invocó como sustento de sus conclusiones los arts. 5 y 7 de la Convención Internacional contra la Corrupción.
Sostuvo que, conforme al principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, no es válido el argumento de la demandada con base en el sometimiento voluntario de los accionantes a los términos del contrato o a un régimen jurídico; y que desde el punto de vista del principio de la primacía de la realidad -atento al tipo de tareas que realizaran y el plazo de duración de los contratos- el vínculo que unió a las partes reunía las características de una relación estable, a la que corresponde la protección que emerge del art. 14 bis de la Constitución nacional.
A mayor abundamiento señaló que el organismo asistencial ha efectuado un reconocimiento expreso del derecho reclamado, con motivo de haber iniciado el expediente 2914-9158/11 a fin de efectivizar el pase a planta permanente de los profesionales contratados y que manifestaran su intención de hacerlo.
Contra esa decisión, la Fiscalía de Estado interpuso recursos de apelación (v. fs. 366/378 vta. de la presente y de sus causas acumuladas A. 74.130 y A. 73.918, fs. 312/324 vta. y 362/374 vta., respectivamente).
III. La Cámara interviniente acogió las impugnaciones y, en consecuencia, revocó los pronunciamientos de primera instancia (v. fs. 389/394 de la presente y de sus causas acumuladas A. 74.130 y A. 73.918, fs. 341/347 y 386/391, respectivamente).
Para así decidir, precisó que los accionantes han sido designados como profesionales contratados a término de acuerdo a los arts. 15 inc. 2, apartado "c", 115, 116 y 117 de la ley 10.430, cuyo marco jurídico no fue impugnado por los reclamantes. Puntualizó que integran la planta de personal temporario y ante tal situación no podría derivarse la estabilidad en el cargo ni el reconocimiento del pase a planta permanente.
Consideró que el pronunciamiento de primera instancia incurrió en un error de juzgamiento al ordenar una transformación de la relación de empleo sobre la base de las tareas asignadas, o bien por la extensión temporal de la contratación, omitiendo el carácter temporario del vínculo. A partir de ello, entendió que la transmutación automática de funciones de carácter temporarias sin sustento normativo conspira contra el derecho a la carrera administrativa.
Indicó que los accionantes no han consolidado una relación de empleo estable como agentes del IOMA, toda vez que el transcurso del tiempo y las sucesivas renovaciones de los contratos no logran trastocar por sí, la situación de revista de quiénes han ingresado como empleados transitorios, vínculo que mantienen en la actualidad, y no han sido transferidos a otra categoría por acto expreso de la demandada.
Señaló que la precariedad es la nota característica de las designaciones de los demandantes y, por lo tanto, es inconsistente el argumento invocado de haber superado el término de prueba previsto en el art. 6 de la ley 10.430.
Sostuvo que el acto de designación es el que determina el tipo de relación y que, la petición de la parte actora, de un lado, pretende sortear los requisitos de selección e ingreso previstos en la ley 10.430, y del otro, ignora la zona de reserva de la Administración en la ejecución del presupuesto. A consecuencia de ello concluyó en la improcedencia de la aplicación del principio de primacía de la realidad y que no se había acreditado que la demandada haya incurrido en el vicio de desviación de poder.
Finalmente, consideró inaplicables las doctrinas sentadas por este Tribunal en la causa A. 69.913, "Villafañe", sentencia de 13-XI-2012 y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Madorrán", "Ramos" y "Cerigliano".
IV. Contra tales pronunciamientos, la parte actora interpuso los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 397/408 de la presente y de las causas acumuladas A. 74.130 y A. 73.918, fs. 351/363 vta. y 394/405 vta., respectivamente).
Denuncian que el Tribunal de Alzada incurrió en violación a los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y 11 de su par provincial; se apartó de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en las causas "Ramos", "Cerigliano", "Madorrán" y "Bolardi"; y transgredió el principio de primacía de la realidad. Finalmente, le achaca la inaplicación de los arts. 5 y 7 de la Convención Internacional contra la Corrupción. Asimismo, alegan absurdo.
Aducen que la Corte Suprema en la causa "Ramos" pulverizó la naturaleza del contrato de locación de servicios y en "Cerigliano" ordenó a los jueces el examen del material fáctico del proceso, obligación que en este caso la Cámara incumplió.
En otro orden, sostienen que las sentencias impugnadas efectúan una interpretación parcializada de la ley 10.430, al otorgarle eficacia a los arts. 115, 116 y 117, desentendiéndose de la naturaleza de las tareas que alegan son propias del organismo y del art. 6 que estatuye un período de prueba que se encontraría cumplido.
Señalan que la Cámara incurrió en absurdo al hacer recaer sobre los recurrentes la carga de la prueba de la ilicitud del accionar del IOMA, consistente en la celebración de contratos por tiempo indeterminado respecto de la totalidad de las auditorías médicas que se realiza en la Provincia de Buenos Aires.
Expresan que el pase que peticionan no tendría incidencia en el presupuesto provincial al carecer los procesos promovidos por los accionantes de contenido patrimonial.
Manifiestan que los pronunciamientos impugnados vulneran los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 11 de su par provincial, normas que -según afirma- prohíben tanto la ruptura discrecional e incausada de la relación de empleo público, como la división de grupos de trabajadores dentro de un mismo organismo, discriminando en lo concerniente a los derechos reconocidos (v.gr. pago de vacaciones, aguinaldos).
En otro orden, expresan que se transgrede el derecho en defensa en juicio al encontrarse el empleado contratado amenazado en forma permanente por la no renovación de su convenio, pudiendo disponerse su cese sin posibilidad de defenderse en una instrucción sumarial.
Finalmente aducen que, las sentencias atacadas afectan su derecho de propiedad al ocasionarles la modalidad de designación pérdidas de sumas salariales en concepto de bonificaciones, licencias, permisos, entre otros.
V. Los recursos no prosperan en atención a su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
V.1. Los recurrentes procuran subsumir a sus pretensiones en el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas "Madorrán", Fallos: 333:311; "Ramos", Fallos: 333:335 y "Cerigliano", Fallos: 334:398) y en la doctrina sentada por este Tribunal (causas A. 69.913, "Villafañe", sent. de 13-XI-2012; B. 64.315, "Carrizo", sent. de 13-XI-2013; e.o.) que receptó las directrices del Tribunal nacional.
Empero, no logran demostrar que la Cámara haya incurrido en infracción normativa al denegar tal encuadramiento. No hay en los recursos bajo análisis una crítica concreta a los fundamentos dados por los pronunciamientos impugnados, acerca de las diferencias causídicas entre aquellos precedentes y las concretas circunstancias del presente. Antes bien, se circunscriben a invocar genéricamente las conclusiones sentadas en los casos "Madorrán", "Ramos" y "Cerigliano" sin efectuar una adecuada vinculación con lo aquí debatido.
Es doctrina del Tribunal que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo y, se dedica a impugnarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (cfr. causas A. 72.391, "Vitale", sent. de 19-X-2016; A. 71.718, "Raymundo", sent. de 14-VI-2017 y A. 73.023, "Rodriguez", sent. de 9-V-2018).
V.2. Los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al igual que los de este Tribunal, han sido dictados frente a circunstancias fácticas y jurídicas sustancialmente diferentes a las de autos.
En la causa "Madorrán", el Superior Tribunal nacional se expidió sobre el despido de un agente de planta permanente cuya estabilidad fue trastocada por el pago de una indemnización; supuesto previsto en el convenio colectivo que regía la relación laboral, que finalmente fue declarado inconstitucional por considerarlo violatorio del art. 14 bis de la Constitución nacional. La diferencia con los antecedentes aquí analizados es palmaria en tanto se repara en que en aquel caso el agente gozaba, estatutariamente, de estabilidad en el empleo.
En los casos "Ramos" y "Cerigliano" se pronunció en punto a la ruptura de la relación laboral de agentes pertenecientes a la planta temporaria, cuyos vínculos se prolongaron ilegítimamente en el tiempo, reconociendo a las pretensiones deducidas un alcance resarcitorio. Como puede advertirse, aquella doctrina está estructurada con base en el acaecimiento de un distracto inmotivado, que se reputó lesivo de las expectativas que pudo albergar el agente transitorio. Aquí no se invoca que haya cese en la relación de empleo imputable a la Administración, tampoco se reclama una solución al conflicto análoga a allí alcanzada. De modo que la invocación de la violación de aquella doctrina legal resulta insustancial en la especie.
Para más, esta Suprema Corte reiteradamente ha precisado que no surge de tales precedentes que el mero transcurso del tiempo modifique la situación de revista del personal temporario. Ni que posean derecho a ser reincorporados. Pues se vulneraría el régimen legal de la función pública y la facultad legislativa de autorizar los gastos que demande la Administración. Este Tribunal, siguiendo los lineamientos de la Corte nacional, sostuvo que, al haberse acreditado que la Administración utilizó un sistema provisorio con un fin diverso al contemplado por el ordenamiento, y además habiendo generado expectativas de permanencia laboral a los reclamantes, frente al distracto inmotivado, se configura el deber de reparar el daño conforme la aplicación supletoria de los arts. 11 y 30 inc. "b" de la ley 10.430 (cfr. causas B. 64.315 y A. 69.913, cits.; B. 62.796, "Maza Vergara", sent. de 29-X-2014; e.o.). De tal modo que la solución adoptada no implicó el reconocimiento al agente transitorio de un eventual derecho a reingresar a los cuadros de la Administración, con calidad de agente permanente.
V.3. El vínculo de empleo de quienes aquí accionan -que no se alega interrumpido por acto unilateral del organismo demandado- se rige por los arts. 115, 116 y 117 de la ley 10.430, de los cuales se desprende, en lo que aquí interesa, que el personal contratado será afectado exclusivamente a la realización de tareas profesionales, que por su complejidad o especialización, no pueden ser cumplidas por personal permanente, rigiéndose dicha relación por las cláusulas del contrato de locación de servicios; el que deberá especificar como mínimo: i) los servicios a prestar; ii) el plazo de duración; iii) la retribución y su forma de pago; iv) los supuestos en que se producirá la conclusión del contrato antes del plazo establecido.
Por lo tanto, no existe en el régimen jurídico aplicable una regla específica que establezca un término de duración a los convenios o un plazo máximo de prestación de los servicios, a diferencia de lo ocurrido en "Ramos", en cuanto la normativa aplicable a ese caso limitaba la posibilidad de renovar los contratos a un máximo de cinco años (cons. 5°).
A su vez, la regulación provincial reseñada trasunta indefectiblemente la noción de transitoriedad y especificidad, con lo cual, queda al margen de los reproches que la Corte efectuó en la causa "Cerigliano" respecto al régimen que dio lugar al nacimiento del vínculo (cons. 4°, seg. párr.).
A la luz de lo señalado, deviene inaplicable la doctrina sentada en las causas invocadas por los recurrentes al haberse emitido en base a supuestos de hecho y jurídicos diferentes a los de estos casos.
V.4. Los recurrentes insisten en esta instancia extraordinaria con la pretendida aplicación del plazo de prueba de seis meses contemplado en el art. 6 de la ley 10.430; operado el cual -afirman- habrían adquirido estabilidad.
Sin embargo, omiten desvirtuar la conclusión del a quo referida a que tal precepto resulta inaplicable a su situación subjetiva y, por lo tanto, los agravios expuestos en torno a la violación del art. 14 bis de la Constitución nacional resultan inatendibles.
Esta Suprema Corte ha sostenido que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el aludido art. 279, esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia cuestionada (causas C. 78.278, "Randazzo", sent. de 18-VIII-2010; A. 73.509, "Diez", sent. de 9-VIII-2017; e.o.).
En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja firme la decisión controvertida, déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014 y A. 70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015).
En definitiva, el cuestionamiento de los accionantes no conmueve el razonamiento elaborado por la Cámara en cuanto al alcance de la normativa en que se hallan subsumidos los hechos de acuerdo a la prueba aportada.
V.5. De otro lado, tiene dicho esta Corte que indagar en cada hipótesis específica si el encuadre de una relación de empleo público a través de una modalidad temporaria oculta -o no- una designación permanente, se presenta ante este Tribunal, en su competencia recursiva, como una cuestión de hecho, irrevisable salvo absurdo (doctr. causas A. 72.386, "Cerardi", sent. de 23-XI-2016; v. voto del doctor Hitters en la causa A. 71.329, "Abiuso", sent. de 23-IX-2015 y sus citas).
Tal vicio lógico consiste en el error grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, incongruentes o incompatibles con las circunstancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.673, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.648, "Zitto", sent. de 20-VIII-2014; A. 72.030, "Eycheverry", sent. de 3-VI-2015; e.o.). Por ello sólo queda configurado si media acabada demostración de su existencia y no basta con invocarlo, sino que es menester evidenciarlo cabalmente a través de una correcta y concreta fundamentación, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección y valoración de la prueba (cfr. causas A. 69.412, "Pussacq", sent. de 18-VIII-2010; A. 70.247, "Capra", sent. de 20-III-2013 y A. 73.580, "Favini", sent. de 9-IX-2015).
A pesar de centrar sus reproches en la tarea apreciativa llevada a cabo por los jueces de las instancias de grado, los recurrentes no acreditan el vicio que denuncian pues sólo se limitan a manifestar que el pronunciamiento de la Cámara hace recaer sobre ellos la carga de la prueba de la conducta ilícita que imputan a la Administración. Así, sus objeciones aparecen como meras discrepancias con lo resuelto, carril que no constituye base idónea para esta índole de agravios, puesto que -como quedó expresado- el absurdo sólo se configura cuando media demostración de un yerro grave y sustancial.
V.6. Por último, los impugnantes ensayan un desarrollo argumental con base en normativa supranacional. Sin embargo, se advierte que las motivaciones
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.