Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75929
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.929, "Maldonado, Karina E. c/ Ministerio de Seguridad s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos y sus causas acumuladas", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Torres, de Lázzari .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, dictó sentencia única en la presente causa y en las indicadas en sus antecedentes (A. 75.992 C-8397, "Ver Jose Luis y otros c/Ministerio de Seguridad s/ pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.010 C-8398, "Caceres Maria de los Angeles y otros c/ Ministerio de seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.016 C-8399, "Aragon Jesus Evaristo y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.020 C-8400, "Basualdo Néstor Amilcar y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.935 C-8401, "Coria Héctor Luis y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretension restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.970 C-8402, "Daniele Claudia Alejandra y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.031 C-8403, "Capozzi José Luis y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.013 C-8404, "Abasgoitia Oscar Abel y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.035 C-8405, "Mendoza Juan Carlos y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.936 C-8406, "Morra Hugo Ricardo y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.932 C-8407, "Governatori Gustavo Rafael y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.949 C-8408, "Ortiz Javier Adolfo y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.952 C-8409, "Sanemeterio Hugo César y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.029 C-8411, "Mariezcurrena Raúl Eduardo y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.023 C-8412, "Camargo Jose Luis y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.993 C-8413, "Valles Hugo Javier y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.006 C-8414, "Pesoa Jorge Oscar y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.975 C-8415, "Aizpitarte Pablo Sergio y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.030 C-8416, "Sosa Héctor Omar y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.032 C-8417, "Ponzo Gustavo Daniel y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.925 C-8418, "Torres Juan Carlos y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.955 C-8419, "Dulce Alberto Jose y otros c/ ministerio de seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.024 C-8420, "Juarez Roberto Carlos y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.973, "Chavez Luis Alberto y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.939 C-8422, "Teisera Jose Elias y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.034 C-8423, "Lopez Alejandro Maria y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.019 C-8424, "Carrasco Roberto Atilio y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.011 C-8425, "Reyes Carlos Mariano y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.027 C-8426, "Suarez Jorge Alberto y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.934 C-8427, "Rodriguez Pedro Roberto y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.026 C-8428, "Vischetti Marta Beatriz y otros c/ ministerio de seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.094 C-8429, "Stainnekker Fernando Oscar y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.089 C-8430, "Romero Miguel Angel y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.017 C-8431, "Palazzo Horacio Pablo y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.966 C-8432, "Laz Cristian Dario y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.008 C-8433, "Gonzalez Daniel Oscar y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.951 C-8434, "Machin Claudio Andres y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.927 C-8435, "Ojeda Ariel Gaston y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.014 C-8436, "Alvarez Juan Eugenio y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.974 C-8437, "Heredia Lorenzo Sebastian y otros c/ ministerio de seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.938 C-8438, "Garach Cesar Oscar y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.940 C-8439, "Pereyra Miguel Angel y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.018 C-8440, "Rausch Wendelin Antonio y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.971 C-8441, "Ibañez Ricardo Nicolas y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.994 C-8442, "Serrano Juan Manuel y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.991 C-8443, "Rivero Ruben Roberto y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.007 C-8444, "Di Peto Norma Beatriz y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.989 C-8445, "Fernandinho Walter Ignacio y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.021 C-8446, "Faramiñan Ines Anahi y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.954 C-8447, "Baigorria Norberto Miguel y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.933 C-8448, "Montenegro Marcelo Walter y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.995 C-8449, "Figueredo Angel Fulgencio y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.033 C-8450, "Costa Carina Alejandra y otros c/ Ministerio de Seguridad s/Pretension restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.972 C-8451, "Carrozzi Carmelo Daniel y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.077 C-8452, "Ceilan Miguel Angel y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.928 C-8453, "Quiroga Edgar Alfredo y otros c/ ministerio de seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.958 C-8454, "Zarate Alberto Ismael y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.969 C-8455, "Erneta Domingo Luis y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.025 C-8457, "Lujan Luis Esteban y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.941 C-8458, "Fontana Sergio Antonio y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.012 C-8459, "Matias Jorge Antonio y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.950 C-8461, "Almaraz Walter Osvaldo y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.957 C-8462, "Boy Maria Adela y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.022 C-8463, "Gil Jorge Walter y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.090 C-8464, "Buceta Karina Andrea y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.924 C-8465, "Giannattasio Claudio Daniel y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos", A. 75.960 C-8466, "Miglia Miguel Angel y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.956 C-8467, "Martinez Jorge Alberto y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.930 C-8468, "Gagliano Andrés Fernando y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.009 C-8469, "Asad Mara Anabela y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.959 C-8470, "Saibene Esteban y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.043 C-8471, "Yzaurralde Ariel Orlando y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.028 C-8472, "Peña Pablo Daniel y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.953 C-8473, "Navarro Lidia Esther y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 76.015 C-8474, "Baez Jorge Mario y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.996 C-8475, "Bettili Marcelo Oscar y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.926 C-8476, "Escobar Octavio Claudio y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.990 C-8477, "Ibarra Nicolasa y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"; A. 75.931 C-8486, "Leon Montes Cesar Ernesto y otros c/ Ministerio de Seguridad s/pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos"" (v. fs. 91/109 vta., sent. de 15-XI-2018).
En lo que al caso interesa, el órgano de apelación rechazó los recursos de apelación interpuestos por los actores en cada una de las causas citadas y confirmó las sentencias de grado emitidas en tales expedientes en cuanto desestimaron las demandas promovidas por los accionantes en su condición de agentes policiales contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Además hizo lugar a los recursos deducidos por los demandantes en cada una de esos expedientes contra la regulación de honorarios contenida en los citados pronunciamientos respecto de su apoderado, doctor Andrés Barbieri y, en consecuencia, dejó sin efecto tales estipulaciones, retribuyendo su labor con aquellos estipendios fijados en el expediente "Aguerrido".
Disconforme con dicho pronunciamiento los actores, a través de su apoderado -doctor Barbieri- y este, en ejercicio de su propio derecho (v. escrito electrónico de 6-XII-2018, 10:08:24 a.m.) interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley. La Cámara interviniente concedió el deducido por los accionantes y denegó el interpuesto por el referido profesional (v. resol. de 21-III-2019).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de 9-VIII-2019), agregada la memoria de la parte demandada (v. escrito electrónico de 13-IX-2019) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demanda deducida por los accionantes en su condición de agentes de policía con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago del suplemento salarial (estipulado en un 20%) fijado por el decreto 2.988/91 - incorporado como inc. "g" del art. 361 del decreto 1.675/80, reglamentario del decreto-ley 9.550/80- para el personal policial que por las funciones que desempeñaren tuvieran trato directo con enfermos afectados por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido (SIDA) -ver sentencia del 14-III-2018-.
I.1. Para así resolver, el magistrado interviniente precisó -luego de analizar el contenido y espíritu del mentado decreto 2.988/91- que el objetivo de su inclusión en el estatuto policial fue otorgar un suplemento especial para el personal perteneciente a la fuerza que se encontrara en la misma situación de riesgo que los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, con la finalidad de ponerlos en igualdad de condiciones con estos últimos.
A fin de clarificar cual era la "similitud de situaciones y la identidad de razón" entre los agentes de ambas instituciones, puntualizó que el decreto 1.582/89 instituyó la bonificación "riesgo por SIDA" a todo el personal penitenciario que tuviera contacto directo y frecuente con personas afectadas por el SIDA, compensándolos en virtud del riesgo real y efectivo -y no eventual- de contagio.
Sostuvo que el beneficio incluido en el decreto 2.988/91 fue reservado sólo para el personal policial que mantuviera un roce permanente y trato directo con personas portadoras del virus, situación ésta que estimó no se hallaba los agentes policiales que iniciaron estas actuaciones.
Concluyó, en ese orden, que la norma que habilitaba el cobro de la bonificación estaba destinada a quienes se encontraran frente a un riesgo cierto de contagio, no para aquellos que pudieran estar ante una posibilidad eventual y, mucho menos, para todos los accionantes sin distinción alguna en cuanto a las tareas desarrolladas.
I.2. Con relación a la vulneración del principio de igualdad esgrimido en el escrito inicial estimó que los demandantes no habían aportado prueba a fin de acreditar que se le habría abonado, sin distinciones, a todo el personal que prestaba idéntico servicio y, además, descartó la existencia de precedentes administrativos que acreditaran que todos los agentes del Servicio Penitenciario percibían el suplemento cuyo pago la parte actora pretendía.
I.3. Finalmente destacó que la solución que propugnaba se alineaba con lo sentenciado en una causa anterior -"Alvarez"-, cuyo pronunciamiento había sido confirmado por la Cámara del fuero.
II. Disconformes con ese pronunciamiento, los actores apelaron dicha decisión (v. escrito electrónico del 31-III-2018).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata resolvió dictar sentencia única en la presente y en las indicadas en los antecedentes. En lo que a esta instancia extraordinaria interesa, rechazó los recursos interpuestos y, en consecuencia, confirmó las sentencias de primera instancia dictadas en todos los expedientes (v. fs. 91/109 vta., sent. de 15-XI-2018).
II.1. Para así decidir liminalmente precisó que dos cuestiones fácticas habían arribado firmes al Tribunal de Alzada: a) que no todos los agentes del Servicio Penitenciario y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires percibían la bonificación por riesgo de contagio del Virus de Inmunodeficiencia Humana; y, b) que no se había acreditado la existencia de precedentes administrativos que permitieran trazar un paralelismo con la situación de los accionantes, lo cual obstaba al reconocimiento del derecho que pretendían.
Sobre esa base advirtió que los recurrentes no habían efectuado una crítica ni demostrado una ponderación arbitraria, errónea u omisiva de la prueba valorada por el juez de primera instancia, lo cual impedía acreditar el trato desigualitario alegado por los demandantes, que lejos estaba de alcanzarse por los términos genéricos plasmados en las piezas recursivas.
En consecuencia, concluyó que los actores no habían asumido la carga procesal de demostrar la exclusión de aquello que a otros se les reconocía en similares circunstancias.
II.2. En otro orden, el Tribunal de Alzada declaró la deserción del recurso de apelación en cuanto al agravio referido a la omisión en el dictado de la reglamentación que especificara cuáles eran los funcionarios que podían acceder a la bonificación.
Entendió que dicho argumento no era más que un grosero desenfoque a los fundamentos del fallo atacado y nada de lo allí consignado se emparentaba con el sustento medular del pronunciamiento.
II.3. Por último, sostuvo que los demás reproches de los apelantes tampoco habían puesto en crisis la interpretación efectuada por el señor juez de primera instancia sobre la finalidad y alcance de la bonificación instituida por el decreto 2.988/91, ni acreditaban que los accionantes fueran merecedores del suplemento salarial cuyo pago pretendían.
II.3.a. En cuanto al primer punto - referido a la exégesis de esa normativa- manifestó que la decisión adoptada por el magistrado interviniente ya había sido convalidada por la Cámara en la causa C-1674, "Alvarez", cuyo pronunciamiento fuera confirmado por este Supremo Tribunal provincial.
Conforme a lo allí diseñado analizó los considerandos y fundamentos de los decretos 2.988/91 y 1.582/89 y concluyó que, si bien son idénticos, no lo son sus efectos. Por ello, armonizando sus contenidos, entendió que podía extraerse la identidad de razón y la similitud de situaciones respecto del reconocimiento al personal policial.
Así señaló que esa identidad residía en tener -como consecuencia de las funciones que se desempeñaren- trato en forma directa o contacto con personas afectadas por el virus y la similitud de situaciones se refería a la existencia de un riesgo real y efectivo de contagio y desempeñarse en unidades que alojen internos (o detenidos) afectados por SIDA.
Puntualizó que una interpretación razonable de aquella normativa involucrada permitía concluir: a) la existencia de un riesgo real y efectivo de contagio como condición para acceder al beneficio compensatorio, por lo que desplazaba el riesgo meramente eventual o potencial de transmisión de la enfermedad; b) la asiduidad del contacto.
II.3.b. Sostuvo que la confluencia de esas dos circunstancias, agravantes de la relación de empleo, imponía la necesaria igualación de ambas categorías de agentes públicos y que en el caso -conforme a lo acreditado por los demandantes- se advertía una diferencia de labores entre el personal del servicio penitenciario y la de los dependientes que dedujeron las pretensiones con sustento por un lado, en un supuesto de riesgo potencial de contagio y/o situaciones esporádicas de exposición al riesgo y, por el otro, -conforme a los términos volcados en el escrito de apelación- al hacinamiento de los detenidos en comisarías, a la deficiente infraestructura de las instalaciones y a los problemas de asistencia sanitaria de las personas privadas de la libertad.
En ese escenario entendió que los demandantes no reunían las condiciones de prestación de servicios que habilitarían el pago del adicional reclamado.
II.4
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.