Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74253
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma la sentencia impugnada en cuanto fue materia de debate (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 17 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Soria , Negri , Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.253, "Ponce, Miguel Ángel c/ Caja Ret. Jubs. Y Pens. de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión restablecimiento. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, haciendo lugar al recurso deducido por la demandada, revocando en consecuencia la sentencia de primera instancia y desestimando en su totalidad la pretensión del accionante (v. fs. 335/342).
Disconforme con ese pronunciamiento, el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 398/409), el que fue concedido a fs. 411.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 417) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La presente causa contencioso administrativa fue iniciada contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con la finalidad de obtener el ajuste del haber previsional sobre la base del cómputo de las horas de compensación de recargo de servicio (Co.Re.S.), y conforme la mayor función que aduce haber desempeñado.
La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, reconociendo el derecho del actor a obtener el reajuste de su haber previsional, en base al cargo de Jefe del Área de Logística de la Superintendencia de Prevención del Delito, equiparado salarialmente al cargo de Comisario, con retroactividad al día de su retiro (21 de octubre de 2006), con intereses. Por su parte rechazó el pago de horas Co.Re.S. atento su carácter no remunerativo conforme lo dispone el art. 26 de la ley 13.236, no correspondiendo en consecuencia su traslado a los haberes previsionales.
Ambas partes interpusieron recursos de apelación contra la decisión del magistrado de primera instancia interviniente.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la actora e hizo lugar al interpuesto por la demandada.
Para así decidir, el a quo efectuó las siguientes consideraciones:
II.1. En primer lugar, respecto a la pretensión de trasladar las horas Co.Re.S. al haber de pasividad sostuvo su improcedencia por carecer de los recaudos establecidos por la normativa aplicable -decreto ley 9.538/80- a tales fines.
Recordó así que las horas Co.Re.S. (arts. 1 y 2, dec. 1.501/87) constituyen un emolumento por el que se retribuyen tareas extraordinarias realizadas en exceso de la jornada laboral ordinaria, ostentando por ello una naturaleza diferente a la noción de remuneración de servicios comunes, generales y ordinarios, aunque se perciban en forma continuada. Se asimilan y guardan analogía sustancial con las horas extras, compensación con la que también se satisface la tarea que excede la jornada laboral, por lo que, en tal contexto, el traslado de dicho emolumento a la prestación previsional no se ajusta a las características que la normativa provincial establece.
Agregó que el principio de movilidad jubilatoria entre el sueldo que obtendría el agente de hallarse en actividad y el haber de pasividad, no es suficiente para dotar de carácter remunerativo a las horas Co.Re.S., ya que el procedimiento de proporcionalidad de la jubilación requiere, primero, de la determinación de la índole remunerativa para luego suscitar el traspaso de la mensualidad previsional. Así, el monto en cuestión es proporcional a la cantidad de horas laboradas y al tipo de servicio realizado, deben ser diaria y mensualmente acreditadas por el agente mediante el procedimiento establecido de su esfuerzo laboral adicional, a lo que cabe agregar que por este no se realizan tampoco aportes previsionales.
Concluyó que en el caso no se ha logrado demostrar que la compensación en cuestión no se encuentre vinculada con el rendimiento del trabajador o que los mismos se abonen en abstracto y con prescindencia de un incremento horario o de la realización de tareas específicas, suplementarias o especiales. Sostiene que todo lo allí expuesto conlleva a coincidir con la hermenéutica que proporciona la sentencia impugnada, en este punto, en tanto el recurso de apelación de la parte actora carece de consistencia respecto del tópico tratado, dado que el marco previsional aplicable al caso, denota que no se hallan presentes los recaudos para acceder al reajuste.
Por ello, finaliza el punto en desarrollo, considerando que el análisis que realizó el juez de grado sobre la compensación en cuestión, a la luz de la normativa que rige el caso, como de la especialidad del régimen legal aplicable, se ajusta a derecho y a la doctrina judicial de la Suprema Corte, correspondiendo el rechazo de la impugnación actoral y la confirmación de la sentencia de grado en este aspecto.
II.2. Ingresa luego al tratamiento de los agravios formulados por la parte demandada, adelantando que los mismos deben prosperar a tenor de numerosos precedentes de la propia Cámara en igual sentido.
En dichos antecedentes el Tribunal de Alzada entendió, respecto de los recaudos que deben seguirse para hacer lugar al reconocimiento de pago de diferencias de haberes por ejercicio de funciones de mayor jerarquía, exigiéndose un acto administrativo dictado por la autoridad competente que lo reconozca.
Agrega que es aplicable la regla que establece que el derecho al sueldo -y su correlato en el haber previsional- nace con el acto administrativo o legislativo que lo concede, así como también, que la prestación de servicios en un cargo superior al que revista el agente no autoriza a exigir el pago de las diferencias salariales entre uno y otro cargo, resultando necesario el nombramiento o designación retroactiva efectuada por autoridad competente.
Concluye sosteniendo que el acceso del accionante a las funciones de mayor jerarquía fue absolutamente irregular, sin el respeto a los procedimientos expresamente previstos en la normativa vigente, no asistiendo razón al actor en su pretensión de reconocimiento de reajuste de haberes en virtud de una eventual mayor remuneración, en tanto su designación careció de acto administrativo por lo que no puede derivarse de tales circunstancias fácticas derecho alguno.
II.3. Por ello hizo lugar al recurso de la parte demandada, revocando la sentencia impugnada y, en consecuencia, rechazó la demanda en su totalidad.
III. Contra dicho pronunciamiento se alza el actor mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, exponiendo los siguientes agravios:
III.1. En primer lugar, aduce que la decisión de la Cámara vulneró principios y garantías constitucionales como el derecho a una retribución justa, a igual remuneración por igual tarea, al principio de justicia social, de interpretación a favor del trabajador y al principio de primacía de la realidad, todos ellos reconocidos y garantizados en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Desarrolla su argumentación indicando que, por aplicación del principio de primacía de la realidad, el Tribunal de Alzada debió considerar aquellas cuestiones fácticas acreditadas en autos -y que fueran valoradas en la primera instancia- referidas al desempeño del accionante en las funciones de jefe del área de logística de la Superintendencia de Prevención del Delito.
Afirma que, a partir de la toma de posesión en el mayor cargo dejado vacante por el retiro de su antecesor, se originaron una serie de obligaciones, responsabilidades y derechos sobre su persona. Entiende que ocupó el cargo de jure , por lo que -más allá que su nombramiento se encuentre viciado por inobservancia de las formas- su actuación es válida hasta que no se declare nula su designación, generándole plenos derechos, entre los que destaca la justa retribución, de carácter alimentario, para compensar su labor en el referido cargo y que impacta sobre el salario tanto en actividad como en el haber previsional.
Finaliza el punto recordando que el principio de primacía de la realidad -receptado en la jurisprudencia de esta Corte- que preside e ilumina la materia laboral y se encuentra consagrado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, hace que deban prevalecer los hechos verificados en la causa, por sobre las formalidades o apariencias.
III.2. En su segundo agravio el recurrente denuncia la violación de la norma particular que rige el haber de pasividad al que tiene derecho el accionante.
En concreto, el art. 29 de la ley 13.236 exige para el otorgamiento de la retribución pretendida por el recurrente, el ejercicio efectivo de una función superior al grado que ostentaba, durante treinta y seis meses consecutivos y/o sesenta alternados.
Destaca que la ley 13.236 no requiere la designación efectiva por acto de autoridad competente. Así, enfrentadas las disposiciones de esta norma con la ley 13.201, invocada por la Cámara, ésta debió hacer primar los derechos reconocidos en la primera en aplicación del principio de interpretación a favor del trabajador.
III.3. Ataca luego la recurrente el desarrollo argumental del Tribunal de Alzada referido a la aplicación de la doctrina legal de este Tribunal en las causas B. 60.996, "Rocca"; B. 58.586, "Llopis"; B. 53.525, "Abbatista" y B. 53.522, "Angelini".
Así, entiende errado el razonamiento de la Cámara, pues en los primeros tres precedentes fueron resueltos en el marco de relaciones de empleo distintas a las del actor, reguladas por las leyes 10.430 y 10.328, y en el último de ellos se trató de un conflicto suscitado por la reestructuración orgánico funcional y de los planteles básicos de la Dirección de Vialidad.
III.4. Por su parte, respecto a la solución que la Cámara adoptó respecto del reclamo de pago de las horas Co.Re.S., argumenta que el Tribunal de Alzada violó aquí también los principios constitucionales de protección de los trabajadores.
Sostiene que el desconocimiento del cálculo de las 120 horas Co.Re.S. dentro de su haber jubilatorio violenta el principio de igualdad ante la ley, el derecho a una retribución justa y en especial a la proporcionalidad que debe existir entre la situación patrimonial del jubilado y la que correspondería de continuar en el desempeño del cargo.
Afirma que las llamadas inicialmente actividades extraordinarias adquirieron habitualidad ya que se abonaron regularmente y gozan de permanencia en el tiempo.
Trae como fundamento de su pretensión lo dispuesto por el decreto 797/99, el que estableció un beneficio o subsidio a favor de los familiares de policías fallecidos en actos de servicios, disponiendo que el monto del beneficio sería equivalente a la diferencia entre la pensión percibida por los derechohabientes y la mejor retribución mensual, normal y habitual percibida por el personal fallecido. Agrega que para determinar dicha mejor retribución debía computarse las sumas percibidas en concepto de sueldo, horas Co.Re.S. y adicionales a fin de mantener intangible el ingreso de la familia del policía fallecido en tales condiciones.
Sin desconocer que el supuesto contemplado en tal decreto no es aplicable al presente caso, destaca que de sus disposiciones surge en forma palmaria la naturaleza remunerativa de las llamadas horas Co.Re.S. y, el expreso reconocimiento de su habitualidad, generalidad y normalidad puesto que su consideración para el cálculo de la mejor retribución mensual, normal y habitual tuvo como único objetivo el de mantener la intangibilidad del ingreso del funcionario policial.
Concluye afirmando que las horas Co.Re.S. formaban parte del salario o remuneración del actor por revestir el carácter de regular y habitualidad, teniendo carácter remuneratorio y alimentario. La omisión en la que incurrió la Administración no puede constituir fundamento válido para denegar la inclusión para el cálculo del haber de pasividad de los montos percibidos habitualmente en concepto de horas Co.Re.S.
IV. El recurso no puede prosperar atento a la insuficiencia que porta. Ello en tanto este no refuta los fundamentos esenciales de la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo respecto de las dos pretensiones que fueran rechazadas.
En efecto, respecto al planteo de incorporación al haber previsional de las horas Co.Re.S, recordó su propia jurisprudencia de la que surge que la retribución carece de los recaudos establecidos por el decreto ley 9.538/80 para su traslado al haber de pasividad y sostuvo además que el actor no logró demostrar que dicha compensación no se encontraba vinculada con el rendimiento del trabajador o que se abonó en abstracto con prescindencia de un incremento horario o de la realización de tareas específicas, suplementarias o de especial dedicación.
Así concluyó que "el análisis que realiza el juez de grado de la compensación en cuestión, a la luz de la normativa que rige el caso, como de la especialidad del régimen legal aplicable (decreto-ley 9.538/80 en especial sus arts. 27 y 30, y los correlativos 26 y 28, ley 13.236) se ajusta a derecho y a la doctrina judicial de la Suprema Corte, en cuanto a las particularidades del sistema jurídico bajo examen, tornándose innecesario, en consecuencia, ingresar en los agravios relativos a la supuesta omisión de la consideración de la impugnación efectuada por el accionante al dictamen pericial producido en autos. Por lo expuesto, teniendo en cuenta el carácter del adicional pretendido, corresponde rechazar la impugnación de la actora y confirmar la sentencia de grado en dicho aspecto (arts. 58, 59 y concs., CCA)".
Por su parte respecto a la segunda de las pretensiones rechazadas, vinculada con el reconocimiento del pago de diferencias de haberes por el ejercicio de funciones de mayor jerarquía, el Tribunal de Alzada lo rechazó por entender que su designación careció de un acto administrativo que le diera debido sustento legal. Agrega que es criterio de esta Corte que la asignación de funciones de mayor jerarquía a un agente, realizada en forma irregular, es decir, en incumplimiento de los procedimientos y recaudos expresamente previstos en la norma vigente, no puede consolidar la pretensión de pago de diferencias salariales o previsionales (SCBA, causa B. 60.996, "Rocca", sent. de 23-V-2007).
Así, sostuvo que: "resulta aplicable al caso la regla general respecto a que el derecho a sueldo -y, como correlato de ello, en el caso de marras, del haber previsional- nace con el acto administrativo o legislativo que lo concede así como también, que la prestación de servicios en un cargo superior al que revista el agente no autoriza a exigir el pago de las diferencias salariales entre uno y otro cargo, resultando necesario el nombramiento o, en su caso, la designación con carácter retroactivo efectuada por autoridad competente".
Ahora bien, contra dichos fundamentos la recurrente se limita a sostener básicamente que la decisión de Cámara viola los principios protectorios de los trabajadores reconocidos tanto en la Constitución nacional como provincial, como así también la ley 12.236, pero sin explicar concretamente de qué forma la construcción desarrollada en la sentencia, centrada en el rechazo del reajuste por la inexistencia de acto de designación en las mayores funciones como así también por la ausencia de las características de regular y permanente de las horas Co.Re.S., contradice los mentados preceptos.
Ello así pues la mención genérica o la supuesta afectación de derechos o garantías de rango supralegal o la alusión a principios constitucionales no tiene eficacia a los fines de justificar el control casatorio si el recurrente no expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en la supuesta violación constitucional (causa A. 73.665, "Andreoli", sent. de 14-II-2018). La invocación de violación de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas legales que no fueron acreditadas (SCBA, causa L. 105.571, "Bettiolo", sent. de 5-XI-2014).
Como así también esta Corte tiene dicho que es inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual la parte, si bien alega genéricamente la violación a diferentes principios y garantías constitucionales, en puridad los embates resultan una copia textual del recurso de apelación. Ello se traduce en una técnica inidónea para demostrar que la sentencia controvertida conlleve alguna de las situaciones denunciadas que tiña su condición de acto jurisdiccional válido.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto.
V. Por los fundamentos expuestos, juzgo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, confirmando lo resuelto por la Cámara interviniente, con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 –texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Negri y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma la sentencia impugnada en cuanto fue materia de debate (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia