Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74837
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, Cód. cit.).
A.74.837 "BENTANCUR OSCAR ALBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS S/ PRETENSIONES DE RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS Y ANULATORIA. ---RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 20 de marzo de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la pretensión deducida por el señor Oscar Alberto Bentacur contra la Municipalidad de San Nicolás por la que persigue el cobro de la bonificación por antigüedad en razón de los servicios prestados en la Administración Pública nacional entre los años 1980 a 1986 conforme lo estipulaba la Ordenanza 2.054 vigente en ese período.
Para así decidir, en lo que aquí interesa la Cámara interviniente comenzó por precisar que el art. 19 inc. b) de la ley 11.757, vigente a la fecha del reclamo, esto es en el mes de marzo de 2001, prevé a partir del 1 de enero de 1996, el pago del uno por ciento por cada año de antigüedad en la Administración, sin que ello afecte los porcentajes adquiridos por antigüedad al 31 de diciembre de 1995.
Detalló que en el caso, el municipio demandado a través del decreto que aquí se impugna -dictado el 15.III.2010- denegó la solicitud del agente, en la inteligencia que los servicios militares prestados en la Marina fueron reconocidos al tiempo de la presentación de la pertinente certificación de servicios, en el mes de marzo del año 2001, fecha en la que ya se encontraba vigente la ley 11.757, quedando por tanto alcanzado por el art. 19 inc. b citado.
Advirtió la Cámara interviniente que tal apreciación de la norma no resulta razonable, toda vez que, no obstante la solicitud de reconocimiento de servicios fue efectuada en el año 2001, aquéllos fueron prestados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 11.757, en tanto el régimen se regía por la Ordenanza n° 2054, norma que reconocía un tres por ciento para el rubro en cuestión, generando a favor del empleado mayor porcentaje para el cómputo de la antigüedad.
A su vez recordó que la Administración Pública, en el marco de la relación que mantiene con sus empleados, posee atribuciones que le son propias y en su ejercicio se impone respetar los límites que le imprimen las normas jurídicas, evitando incurrir en arbitrariedad, absurdo, irrazonabilidad o desviación de poder.
Por otra parte, rechazó el argumento de la apelante al pretender diferenciar la situación de otro agente del municipio de apellido Torrado con la del agente Bentancur en tanto los datos del primero constaban en la base de datos comunal, y los del segundo resultaron acreditados con la certificación de servicios acompañada el 30.III.2001.
Entendió así que de tal forma se evidenciaba un trato desigual ante ambos agentes, ante el similar requerimiento al municipio de reconocimiento del porcentaje de antigüedad.
Concluyó entonces que la ilegitimidad e irrazonabilidad del acto administrativo impugnado surgían en forma palmaria y manifiesta y confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs. 177/185).
II. Frente a ello, la demandada vencida, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual esgrime que el fallo atacado incurre en absurdo al valorar erróneamente la prueba aportada, ello básicamente en relación al trato desigual evidenciado en tal decisorio.
A la vez se agravia por cuanto alega una incorrecta aplicación de la normativa que corresponde al caso por cuanto considera que al momento de solicitar el agente el reconocimiento de los servicios se encontraba en plena vigencia la ley 11.757 que establece el porcentaje de 1% de bonificación por antigüedad alegando que tal legislación es la que debe regir el caso.
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal ( doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018, entre otras).
En tal sentido, los argumentos esbozados por la recurrente respecto a que el agente gozaba simplemente de un derecho en expectativa que sólo se consolidaría como derecho adquirido una vez acompañada la certificación de servicios, y tal proceder fue realizado encontrándose vigente la ley 11.757, correspondiendo con ello su aplicación, no pasan de expresar un mero criterio divergente al adoptado en la sentencia, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por la Cámara interviniente para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Para más, sobre el particular este Tribunal ha expresado que el art. 19 inc. "b" de la ley 11.757 estableció que la bonificación por antigüedad se calcularía en el uno por ciento del sueldo a partir del 1-I-1996, garantizando al mismo tiempo el derecho adquirido hasta el 31-XII-1995 por dicho concepto. De tal modo, concluyó que, no existe duda, que esta ley legisla hacia el futuro, "desde ahora" -ex nunc-, en la especie a partir del 1-I-1996 (art. 19 inc. b), sin incluir supuesto alguno con efecto retroactivo, "desde entonces" -ex tunc- (doctr. causas B. 59.619, "Rodríguez", sent. del 25-VIII-2010; B. 59.732, "Franco", sent. del 20-III-2013 B. 64.951, "Trappani", sent. de 21-IX-2016).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece la sentencia que impugna (doctr. causas A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 y A. 74.999, "Aguzzi", resol. de 19-XII-2018).
IV. 2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos de la recurrente se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Tal agravio no se configura con la mera diferencia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018; (causa A. 75.149, "Gerez", resol. de 9-V-2018; A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018).
En tal marco, la crítica de la impugnante en torno a la apreciación efectuada por el Tribunal de Alzada en punto a la desigualdad evidenciada frente a la resolución del reclamo del actor y el tratamiento dado por la comuna a similar planteo de otro agente, no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018, entre tantas).
IV. 3. Para más, en punto a la vulneración de lo de lo dispuesto el art. 19 inc. b) de la ley 11.757 la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal parcela.
Tiene dicho este Tribunal que quien afirma que la sentencia viola preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un escrito interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", 9-III-2016; A. 74.131, "Magadán", resol. de 30-V-2018; A. 75.469, "Olano", resol. de 21-XI-2018, entre otras).
El argumento traído en el recurso no trasunta más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por el a quo , omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos, esto es, las razones tendientes a demostrar en qué medida lo resuelto por la Cámara importa una violación de la norma aplicada (doctr. causas A. 71.971, "Ciccone", sent. de 22-VI-2016; A. 72.682, "Biasetti", sent. de 16-V-2018; A. 74.336, "Macia", resol. de 10-X-2018, entre otras).
Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 94
Fin de la sentencia