Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72920
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (arts. 289 in fine y 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 25 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.920, "Manacero, Juan Carlos contra Inst. Prev. Social. Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que interesa para la resolución de este caso, rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora en todos sus términos, e hizo lugar parcialmente al interpuesto por la parte demandada, revocando la sentencia de primera instancia en lo atinente a la aplicación de los topes establecidos en la legislación de emergencia. Las costas las impuso en el orden causado (conf. art. 51 inc. 2, ley 12.008 -texto según ley 14.437-; v. fs. 299/306).
Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 310/320 vta.).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 328), agregado el memorial de la parte demandada a fs. 333/337, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El señor Juan Carlos Manacero, promovió demanda contenciosa administrativa contra el Instituto de Previsión Social (IPS), solicitando se reajuste, liquide y abone su haber jubilatorio en un equivalente al 80% del sueldo y bonificaciones asignadas al respectivo cargo en actividad y asimismo se liquide y pague incluyendo en el mismo los conceptos y las bonificaciones dispuestas por las resoluciones 18/99, 19/99 y 2/99 del señor Asesor General de Gobierno, ratificadas por el art. 1 del decreto del Poder Ejecutivo provincial 2.484/01.
II. La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda, declarando la nulidad de las actas del 5 de febrero de 2009 que rechazó el recurso interpuesto contra la del día 19 de febrero de 2004 y que fuera dictada en el marco del expediente n° 2350-111.829/01.
Como resultado de ello condenó al Instituto de Previsión Social a reconocer el derecho proveniente del "Fondo de Subasta de Automotores" abonado a los agentes en actividad, desde el 1 de diciembre de 2001, día a partir del cual se abona el beneficio de jubilación ordinaria acordado por resolución 523.060/01 y hasta el 31 de diciembre de 2003, fecha en que se incorpora a su haber previsional por decreto 169/03 (arts. 12 inc. 1, 50 inc. 1, 70 y concs., CCA; 40, 50 y concs., dec. ley 9.650/80; 40 y concs., dec. 476/81 y dec. 2.484/01).
Al importe así obtenido, ordenó adicionar el correspondiente a los intereses, cuyo cálculo dispuso que se liquide de acuerdo con la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el efectivo pago (arts. 7 y 10, ley 23.928 -texto según ley 25.561-; 622, Cód. Civ. y 5, ley 25.561), que deberá efectuarse dentro de los sesenta días (arts. 163, Const. prov. y 63, CCA). Con costas en el orden causado (art. 51, CCA).
A su vez, por el considerando 5°, desestimó la petición del actor tendiente a que su haber jubilatorio se liquide en un equivalente al 80% del sueldo, en lugar del porcentaje inferior que se aplica.
III. Contra esa decisión se alzaron ambas partes. En lo que aquí interesa analizar, la actora interpuso recurso de apelación a fs. 260/266, sosteniendo que el juez de grado se había apartado sin fundamento de la normativa vigente (ley 12.563 y dec. ley 9.650/80).
IV. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de la accionante (v. puntos V y VI, a fs. 299/306).
Para así decidir sostuvo que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 43 del decreto ley 9.650/80, para determinar en un mayor porcentaje el haber jubilatorio, se exigen condiciones que no se acreditan cumplidas en la especie, toda vez que el accionante se jubiló por aplicación de la ley especial 12.563, de jubilación anticipada en función de menores requisitos, de manera que no se advierte en su caso la configuración del supuesto al que remite la ley previsional general -en cuanto aquí interesa- a los fines del incremento de la prestación.
Destacó que la situación del interesado a la fecha del cese, cuando contaba con 60 años de edad y 30 de servicios, no encuadraba en el art. 24 inc. "a" del decreto ley 9.650/80 (60 años de edad y 35 de servicios), además de no acreditar la totalidad de los servicios en tareas de afiliación al Instituto de Previsión Social (sino 27 años, 6 meses y 17 días; cfr. fs. 85 cit.), conforme también lo exige el citado art. 43. Ello implica que el estatus del accionante no subsume en esa normativa para acceder a un superior porcentaje en el cálculo de su haber jubilatorio, pues no posee 35 años de antigüedad en tareas de afiliación al IPS.
Asimismo, también rechazó el propósito recursivo del accionante tendiente a lograr la aplicación de la tasa activa para la liquidación de las diferencias que se reconocen en la sentencia, en concepto de bonificación por subasta de automotores, por aplicación de la doctrina legal de este Tribunal, vigente en aquel momento.
V. Contra tal decisión se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 310/320 vta.), denunciando que ha sido erróneamente aplicada la ley previsional en la que debe encuadrarse el caso.
Se agravia de la sentencia del a quo por considerar desacertada la exégesis según la cual las previsiones de los arts. 24, 41 y 43 del decreto ley 9.650/80 solamente resultan aplicables a partir de la reunión de los recaudos previstos en el art. 24 citado y no a las jubilaciones ordinarias que se hubiesen obtenido con menores requisitos. También reputa violado el art. 39 de la Constitución de la Provincia.
Alega que la Cámara aplica erróneamente el concepto de jubilación ordinaria contenido en el art. 24 del decreto ley 9.650/80 y el art. 2 de la ley 12.563 en relación con las disposiciones contempladas por el art. 43 de aquel cuerpo legal.
Sostiene que el derecho a la concesión del beneficio de jubilación ordinaria, en los propios términos de la ley 12.563, fue alcanzado con la totalidad de los aportes efectuados al IPS y estando excedido en cinco años de edad respecto de lo que exige la propia norma especial señalada. Por lo que también debe gozar del beneficio adicional previsto en el art. 43 del decreto ley 9.650/80.
Afirma que no hay diferencias entre el art. 24 inc. "a" del decreto ley 9.650/80 y el art. 2 de la ley 12.563 porque ambos regulan una jubilación ordinaria, por lo tanto, el art. 43 del decreto ley 9.650/80 no excluye el supuesto del art. 2 de la ley 12.563, ya que este artículo no regula un supuesto diferente al del mentado art. 24 inc. "a".
Reseña que, estando en actividad, realizó tareas como dependiente del Senado provincial, por lo que su acceso al derecho jubilatorio se enmarca en la ley 12.563 al cumplir con los recaudos de edad y servicios a la luz del art. 2 de dicha norma. Y recalca que es la propia ley quien la califica como jubilación ordinaria.
Solo así interpretada la normativa podría llegarse al resultado observado, por cuanto sin perjuicio de los menores recaudos de edad y servicios necesarios para acceder al beneficio según el art. 2 de la ley 12.563, se obtiene el mismo haber previsional del 70% que el que hubiera correspondido por aplicación del art. 24 inc. "a" que, al partir del mismo piso, debe verse incrementado conforme el art. 43 del decreto ley 9.650/80.
Señala que otra interpretación partiendo de premisas que resulten en un trato inequitativo de quienes se jubilaron por normas especiales y de oficio, resulta violatoria del art. 39 de la Constitución provincial. El art. 43 comprende todos los supuestos de prestaciones ordinarias e incluye a aquellos beneficiarios que adquirieron su derecho bajo la normativa de la ley 12.563, consecuentemente, siendo que se trata sin dudas de una jubilación ordinaria, corresponde su aplicación lisa y llana, lo que implica reconocer el otorgamiento del adicional en cuestión.
Mantiene el caso federal.
VI.1. El recurso prospera.
En una causa sustancialmente análoga a la de autos, este Tribunal dispuso que "a falta de previsión legislativa, no corresponde sino considerar que las exigencias a partir de las cuales cabe determinar la correspondencia del premio o estímulo previsto en el art. 42 del decreto ley 9650/1980 son las definidas para la obtención de la jubilación ordinaria en el régimen de la ley 12.563" (v. causa A. 71.573, "Schargoredesky", sent. de 1-IV-2015).
Si bien la cuestión objeto de controversia exige la revisión de una norma diferente a aquella, donde lo analizado fue el art. 42, no encuentro fundamentos para separarme de una misma solución a la hora de precisar si resulta de aplicación al caso el art. 43 del decreto ley 9.650/80, que prevé: "El haber mensual de la jubilación ordinaria para el personal comprendido en el inciso a) del artículo 24 que acredite la totalidad de los servicios en tareas de afiliación al Instituto de Previsión Social, y el del personal docente comprendido en el inciso b) del citado artículo, será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la remuneración asignada a dichos cargos.
El haber resultante se incrementará en un cinco por ciento (5%) cuando continúan, respectivamente, en dichas tareas de afiliación al Instituto de Previsión Social si al momento de cesar en el servicio excedieran en tres (3) años la edad requerida y en un diez por ciento (10%) si excedieran en cinco (5) o más años dicha edad".
VI.2. Como quedara expuesto en el relato de antecedentes el a quo sostuvo que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 43 del decreto ley 9.650/80, para determinar en un mayor porcentaje el haber jubilatorio, se exigen condiciones que no se acreditan cumplidas en la especie, toda vez que el accionante se jubiló por aplicación de la ley especial 12.563, de jubilación anticipada en función de menores requisitos, de manera que no se advierte en su caso la configuración del supuesto (art. 24) al que remite la ley previsional general a los fines del incremento de la prestación.
VI.3. Como lo adelantara, entiendo que el caso impone otra hermenéutica y de allí que propicie el acogimiento de la impugnación.
La ley 12.563 estableció, transitoriamente, un régimen de excepción, disminuyendo las exigencias para obtener la jubilación ordinaria, sin dar precisiones sobre el tópico aquí en crisis.
Por su parte el decreto 432/01 estableció que "Para los supuestos no establecidos en la ley 12.563 serán de aplicación el Decreto Ley 9650/80 T.O. 1994, tanto en los requisitos para alcanzar el derecho jubilatorio como para la determinación del haber".
En tales condiciones, a falta de una expresa previsión legislativa, salvo la del propio art. 2 de la ley 12.563 cuando dispone que se debe otorgar el beneficio ordinario de conformidad con las normas establecidas en el decreto ley 9.650/80, no corresponde sino considerar que las exigencias a partir de las cuales cabe determinar la aplicación al señor Manacero del beneficio estatuido por el art. 43 de ese cuerpo normativo, son las definidas para la obtención de la jubilación ordinaria en el régimen de la ley 12.563.
A diferencia de lo que acontece en autos, en la causa A. 72.978, "Kaltenbach" (sent. de 10-IV-2019), el accionante debió utilizar para la concesión de su beneficio jubilatorio los años de servicios desempeñados en la órbita nacional.
Tal circunstancia desplaza, en mi criterio, el traslado de una solución análoga al caso debatido en la especie.
Como quedara acreditado en el sub lite , el señor Manacero accedió al beneficio de pasividad en virtud de lo dispuesto en el art. 2 de la ley 12.563. A tal fecha contaba con 27 años, 6 meses y 17 días de servicios en tareas de afiliación al IPS, encontrándose el momento del cese excedido en 5 años de la edad requerida por la norma aludida.
En esas condiciones, encuentro satisfecho el recaudo establecido en el art. 43 del decreto ley 9.650/80, en tanto a mi juicio el mismo se refiere a la totalidad de los años de servicios necesarios para la obtención del beneficio.
Esta es una postura que concilia con el principio emergente del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, "en caso de duda, interpretación a favor del trabajador", directriz que impone soslayar cualquier interpretación desfavorable de la norma aplicable a la situación en que se encuentran los beneficiarios de la seguridad social (doctr. causa A. 71.573, "Schargoredesky", cit.).
VII. Por los motivos acreditados mediante lo anteriormente expuesto, juzgo que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia impugnada y reconocer el derecho del accionante a percibir su haber previsional sobre la base del ochenta por ciento (80%) del sueldo y bonificaciones asignadas al respectivo cargo en actividad (art. 289, CPCC, aplicable al caso conforme lo dispuesto en el art. 60, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
En cuanto a los intereses, conforme doctrina emergente de la mayoría, en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sentencia de 18-V-2016, este Tribunal ha resuelto que a la suma a liquidar deberá adicionarse la correspondiente a los intereses calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 -modif. por ley 25.557-).
La suma que resulte de la liquidación que con tales pautas se practique, deberá ser abonada dentro de los sesenta días (art. 163, Const. prov.).
La ejecución de lo resuelto en esta sentencia quedará a cargo del juzgado de origen.
Con tal alcance, voto por la afirmativa.
Costas a la parte demandada por su condición de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Disiento con el colega que abre el acuerdo pues entiendo que el recurso no prospera.
La cuestión a dilucidar en el sub lite radica en determinar si el recurrente tiene derecho a un incremento en el porcentaje a aplicar a la remuneración del cargo base de su haber jubilatorio, de conformidad con los presupuestos establecidos en la ley previsional provincial.
II. Corresponde, en primer lugar, hacer referencia al marco normativo aplicable. Los arts. 42 y 43 del decreto ley 9.650/80 prevén una bonificación del haber cuando el beneficiario, una vez cumplidos los recaudos de edad y años de servicio para obtener la jubilación ordinaria, decide continuar en actividad y, de tal modo, incrementar el haber con el cual se jubilara, regulando tales disposiciones supuestos bien distintos y partiendo de porcentuales diferentes.
Conviene recordar que, según los fundamentos de la ley, los beneficios que acuerda el régimen previsional a quienes estuviesen en condiciones de jubilarse tienen por finalidad incentivar la permanencia del personal en actividad, aún después de cumplidos los requisitos a los que se supedita el otorgamiento de los beneficios.
Las normas involucradas en la presente contienda permiten concluir que el art. 42 comprende a quienes obtienen el beneficio invocando la reciprocidad jubilatoria, mientras que el artículo siguiente involucra a quienes hayan prestado servicios comunes en su totalidad con afiliación al Instituto de Previsión Social, es decir a quienes tienen una carrera pura (art. 24 inc. "a") y al personal docente con 25 años de servicios al frente directo de alumnos o profesores con 20 horas cátedra semanales (art. 24 inc. "b").
La aplicación del art. 43 abarca a aquellos beneficiarios que hayan desempeñado sus servicios exclusivamente en la Provincia, es decir, quienes hayan cumplido una carrera pura provincial, supuesto que no es el del actor, quien al momento de determinar las condiciones para acceder al beneficio jubilatorio utilizó servicios desempeñados en la órbita nacional, así según resulta del expediente administrativo son 27 años, 6 meses y 17 días en el IPS y 4 años y 3 meses en la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES- (v. fs. 85, expte. adm.).
III. Por las razones dadas, no habiéndose acreditado la errónea aplicación de las normas denunciadas, corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto, confirmándose la sentencia de la Cámara en todas sus partes (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (arts. 289 in fine y 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia