Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121642
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad traído, con el alcance establecido en el punto IV. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.642, "Ramírez, María Paula contra Prevención ART S.A. Accidente in itinere " con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 240/250).
Se dedujo, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 265/276 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal interviniente declaró procedente la acción promovida por María Paula Ramírez y condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y del adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773. En cambio, rechazó la reconvención de pago por consignación deducida por ésta última contra la actora (v. sent., fs. 249/250).
En lo que interesa destacar, por constituir materia de agravio, el a quo juzgó demostrado que la accionante a la fecha del accidente in itinere sufrido, poseía la edad de veintiséis años y que le correspondía un ingreso base mensual de $5.769,38, conforme las prescripciones del art. 12 de la ley 24.557 según art. 4 del decreto 1.278/00 (v. fs. 246/247).
En otro orden, juzgó no probado que la demandada hubiera depositado y puesto a disposición de la trabajadora la suma correspondiente a la indemnización, por la incapacidad del 43% determinada por la Comisión Médica n° 13 de Bahía Blanca.
II. Contra el pronunciamiento de grado, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los art. 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 509 última parte del Código Civil; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 12 de la ley 24.557; 3 de la ley 26.773 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 265/276 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, cuestiona la procedencia de la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
Considera que no se verifican en autos los presupuestos de aplicación de la norma, pues al momento del accidente la trabajadora no se encontraba en su lugar de trabajo, no existiendo controversia entre las partes en cuanto a que el accidente se produjo en el trayecto al domicilio.
Alega que la compensación adicional de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773 no fue reclamada en la demanda esgrimiendo en este aspecto violación del principio de congruencia.
II.2. En segundo lugar, se agravia de la determinación del ingreso base mensual efectuada por el a quo en la suma de $5.769,38. Sostiene que para su cálculo se tuvo en cuenta la remuneración bruta y no la sujeta a cotización con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, conforme lo establecido en el art. 12 de la ley 24.557.
Destaca que la parte actora no efectuó planteo de inconstitucionalidad de la citada norma, ni tampoco fue declarada de oficio por el tribunal de trabajo actuante.
II.3. Finalmente, controvierte la aplicación de intereses moratorios. Manifiesta que oportunamente puso a disposición de la actora la suma que le correspondía percibir, y que -por ello- no siendo la mora imputable a su parte se encuentra exento de las responsabilidades que de ella derivan.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Para un mejor orden examinaré en primer término el cuestionamiento concerniente a la composición del ingreso base establecido en el art. 12 de la ley 24.557.
III.2.a. La actora planteó en su demanda que la pauta salarial para estimar la prestación sistémica ascendía a la suma de $12.621,66 conforme el recibo de haberes de febrero de 2015. Por su parte, la demandada postuló que la cifra en cuestión arrojaba un importe inferior ($5.019,46), sobre cuya base mensuró el crédito y reconvino la demanda.
Ante la controversia así planteada, el juzgador determinó el valor mensual del ingreso base de la actora en la suma de $5.769,38, con apoyo en el informe pericial contable (v. fs. 240 vta.), destacando que "el IBM indicado en la primera cuestión del veredicto, se obtiene en base a las remuneraciones devengadas por la señora Ramírez en los doce meses anteriores al accidente, por ser la 'primera manifestación invalidante' según prescripciones del art. 12 de la ley 24557 según dec. 1278/2000".
III.2.b. En principio, es menester señalar que determinar el valor de dicho ítem para calcular la cuantía de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 y, en general, la base remuneratoria a tener en cuenta para cuantificar las indemnizaciones constituye una tarea reservada a los tribunales de trabajo que, al remitir al análisis de una típica cuestión de hecho, queda detraída del ámbito de la casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 88.330, "C., E.", sent. de 31-VIII-2007; L. 99.688, "López", sent. de 22-II-2012; L. 117.062, "Azame", sent. de 15-IV-2015 y L. 117.100, "M., L. A.", sent. de 3-VI-2015).
También es oportuno recordar que para acreditar dicho vicio no basta con invocarlo, sino que es menester demostrarlo a través de una correcta y concreta argumentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 117.708, "Espíndola", sent. de 3-VI-2015 y L. 117.273, "Delias", sent. de 24-IX-2014).
III.2.c. A tenor de esas directrices, la crítica formulada se exhibe marcadamente insuficiente para desvirtuar lo decidido en la instancia ordinaria, pues carece de un desarrollo argumental que ponga en evidencia la existencia de una absurda valoración de las constancias objetivas de la causa a la hora de dirimir la base salarial en disputa.
Cabe recordar que tiene dicho este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no demuestra el absurdo invocado al transitar por una mera disconformidad con lo resuelto, sin profundizar un concreto y eficaz ataque de las conclusiones fácticas volcadas por el tribunal de origen en función que le compete privativamente (causas L. 91.071, "Gómez", sent. de 28-V-2008; L. 94.183, "Giorello", sent. de 9-XII-2009 y L. 98.010, "Rey", sent. de 24-XI-2010).
III.3. En cambio, debe prosperar la impugnación vinculada con la condena al pago de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la mencionada ley 26.773.
En efecto, en las causas L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018); L. 120.170, "Fleita" (sent. de 29-VII-2015) y L. 120.205, "Pereyra" (sent. de 11-III-2020), este Tribunal ha resuelto que en el caso de un accidente in itinere no corresponde la indemnización adicional de pago único consagrada en la citada disposición, ya que su propósito es eliminar o restringir las eventuales diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre las reparaciones del sistema de la ley 24.557 y las fundadas en el derecho común (de la que pudiera ser pasible el empleador), hipótesis que es ajena al presente caso.
Lo dicho se encuentra en línea con el temperamento adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito, Dardo Luis c. Provincia ART S.A. s. accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 5°, seg. párr.).
En tales condiciones, debe casarse lo decidido por el a quo en cuanto condenó a Provincia ART S.A. a pagar la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, pues no se verifican en la especie los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación.
III.4. Por último, firme la determinación fáctica referida a la mensura de la prestación debida, y dado que la recurrente no ha impugnado los fundamentos brindados en la sentencia para descartar el oportuno y cabal cumplimiento de la obligación a su cargo, pierde entidad crítica el agravio referido a la condena a pagar intereses moratorios.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en los términos establecidos en el punto III.3. y remitir los autos al tribunal de origen a fin que practique nueva liquidación.
Costas por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad traído, con el alcance establecido en el punto IV. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN
La Plata, a los 9 días del mes de junio de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia