Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 38.859-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución N° 71/2017 (AD MEND), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 15163-560-2013, en cuanto condena al recurrente, Sr. José Gastón PRIETO CABRIE, al pago de una multa equivalente a una (1) vez el valor en aduana de la mercadería en infracción, importe que asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 24.175,49), por encontrarlo responsable de la infracción tipificada en el art. 979 ap. 1° del Código Aduanero.
2Confirmar parcialmente la Resolución N° 71/2017 (AD MEND), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 15163-560-2013, en cuanto condena al recurrente, Sr. José Gastón PRIETO CABRIE, a la pena de COMISO de la mercadería en infracción, esto es, divisas por el importe equivalente a u$s 4.640 (dólares cuatro mil seiscientos cuarenta), debiendo procederse a la devolución del resto del monto secuestrado. En caso de no poder efectivizarse la pena de comiso sobre las divisas secuestradas, el comiso deberá sustituirse por un importe equivalente a una vez el valor en plaza de la mercadería en infracción en los términos del art. 922 del Código Aduanero. Ello así por encontrarlo responsable de la infracción tipificada en el art. 979 ap. 2° del Código Aduanero.
3Imponer las costas según sus vencimientos, las que se estiman en un 60% a cargo del actor y en un 40% a cargo del Fisco Nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-69761894-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 27 de Junio de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Dr. Juan Manuel Soria, y Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14° Nominación), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “PRIETO CABRIE, JOSÉ GASTÓN c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. Nº 38.859-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 15/21, se presenta por apoderado el Sr. José Gastón PRIETO CABRIE, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 71/2017 (AD MEND), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 15163-560-2013, el día 26/04/2017, por la cual se lo condena al pago de una multa equivalente a una (1) vez el valor en aduana de la mercadería que asciende a la suma de $ 76.275,49 por encontrarlo responsable de la infracción tipificada en el art. 979 ap. 2° del citado texto legal; estableció asimismo, que dicho importe debía hacerse efectivo en el plazo del art. 1122 1ra. parte del C.A., es decir, dentro de los quince (15) días de quedar ejecutoriada la referida Resolución, bajo apercibimiento de lo previsto en dicho artículo, inc. a), b) y c) y los arts. 1124 y 1125 de la Ley 22.415. Asimismo, declaró el comiso de las divisas oportunamente secuestradas (y reintegradas), detalladas en la Planilla de Aforo N° 245/13, a saber: 69.100 pesos argentinos; 168.000 pesos chilenos; y 1.020 dólares estadounidenses y lo intimó a la devolución de dichas sumas efectos de hacer efectiva la sanción de comiso, en el perentorio plazo de quince (15) días a partir de la notificación del fallo en crisis. Por último, ordenó que, en caso de no poder concretar la devolución ordenada, sustituir la medida de comiso por una multa equivalente a una (1) vez el valor en plaza de la mercadería la que asciende a la suma de PESOS OCHENTA MIL OCHENTA Y NUEVE CON 26/100 ($ 89.089,26), conforme las disposiciones del art. 922 del C.A.
Relata que las actuaciones se inician cuando transitaba, el día 08/05/2013 por la ruta N° 7 desde la ciudad de Mendoza hacia Uspallata. Al llegar al punto operativo denominado ACI USPALLATA, fue demorado por personal de la AFIP-DGA. Al proceder a su revisión manual y la de su equipaje, en su calidad de tripulante, por parte de un agente aduanero, al momento del ingreso al ACI proveniente de la ciudad de Mendoza con destino a Chile, en el vehículo marca patente argentina LSU 473, marca IVECO, remolcando otro rodado patente chilena DRTF63, marca Hyundai de su propiedad, estando acompañado por otras personas se procedió al secuestro del todo el dinero que poseía, acción que resalta fue intempestiva y que incluyó el dinero que llevaba en su billetera, dejándole solo el monto de $50.-. Remite, en su descripción, al acta labrada en dicha oportunidad, la que adjunta, individualizada como ACTA N° 1484/2013 en donde consta que en el ACI USPALLATA ubicada en la Localidad del mismo nombre, de la Pcia. de Mendoza, el día 8 del mes de mayo de dos mil trece, se labró dicho documento, como consecuencia de una revisión manual del equipaje del actor, dentro de las delimitaciones de la Zona Primaria Aduanera y se detectó que este transportaba billetes sin haberlos declarado ante el servicio aduanero, siendo estos: Pesos Argentinos en uno de los bolsillos de la campera que llevaba puesta; Pesos Argentinos, Pesos Chilenos y Dólares Estadounidenses en la billetera que le pertenecía; constatándose la suma total de $ 69.100 Pesos Argentinos; $168.000 Pesos Chilenos y U$S 1.020 Dólares Estadounidenses; que se procedió a su secuestro por cuanto el hecho se consideró que podría estar encuadrado, prima facie, en la infracción tipificada en el art. 979 de la Ley 22.415. En la misma acta se da cuenta que las sumas secuestradas quedaron depositadas en la caja fuerte de la ACI a disposición del Administrador de Aduana de Mendoza; que los importes fueron contados en presencia del apelante y guardados en un sobre color marrón con el logo de la AFIP y rubricado por los agentes actuantes y por el Sr. Prieto Cabrie.
Refiere que esto sucedió en el primer puesto de control, es decir en la barrera de ingreso al predio, sin siquiera haber arribado, agrega, al edificio del complejo donde se registra en Migraciones.
Remarca que la conducta descripta, en la cual el no traspuso o intentó transponer el control de la aduana pertinente, no constituye infracción alguna, por lo que solicitó infructuosamente la devolución de los importes. Relata que su intención era ingresar el rodado dominio DRTF63 patente de Chile, ingresado bajo el régimen apoyo de flota, previsto en el A.T.I.T., ya que el mismo se hallaba averiado y transitaba mediante una grúa de remolque, a fin de suspender los plazos temporales que le estaban corriendo – aclarando que dicho vehículo había ingresado por el sistema MIC/DTA. Suma a su relato que se encontraba con choferes de la empresa de transporte que estaban allí estacionados realizando trámites de aduana, toda vez que en ese predio – acompaña a modo ilustrativo copia simple de una imagen aérea del ámbito referenciado- se concentra todo el tráfico de camiones internacionales, con el objeto de darles dinero de adelanto de gastos de sus viajes, en la forma de estilo. Remarca ciertas características especiales de este espacio aduanero, al que alude solo se trata de una suerte de predio de pre embarque y que lo único que hizo fue hallarse en una zona primaria aduanera con un vehículo, que no podía rodar por sus propios medios.
Invoca que en el sumario contencioso consta la pieza administrativa relativa que acredita que se apersonó para dejar el rodado en cuestión de la flota al amparo del MIC/DTA N° 13AR168768T –cuya copia adjunta a su recurso- y que dicha circunstancia no se discutió, sino que fue expresamente consignada en el fallo. Se agravia, asimismo, respecto de la incorrecta notificación del fallo aduanero, el que acusa no fue debidamente notificado, en virtud d la remisión a una dirección incorrecta de notificación, todo lo cual surge, entre otras constancias, del cuerpo de la cédula donde se consignó el domicilio que indica como erróneo.
Describe las previsiones que sobre el particular establecen los arts. 1002, 1005, 1012 a 1017 del C.A. Insiste en que no se constituyó la infracción que se le endilga, por cuanto del Acta de procedimiento se desprende que la requisa y secuestro que se le efectuara, lo fue en la misma puerta de acceso (barrera) del predio aduanero en cuestión, lugar donde, sostiene, no está previsto efectuar la declaración aduanera. Transcribe el art. 979 del C.A. a fin de dar sustento a su postura, alegando que fue detenido inmediatamente en la entrada del predio sin que se constate, fehacientemente, su intención o no de egresar, ni que tuvo la remota posibilidad de presentarse al edificio distante a unos cientos cincuenta metros del ingreso fin de documentar el ingreso del rodado para suspender la admisión temporal, consecuencia de los cual, resulta evidente que su conducta no es reprochable ni encuadrable en el art. 979 del C.A.
Acusa que la aduana reconoce que la infracción estaría dada por intentar hacer egreso del excedente de diez mil dólares estadunidenses (U$S 10.000) en función de los normado en el art. 3° del Dto. 1606/01 y que, de una simple aplicación lógica al supuesto en crisis en autos, eventualmente, solo debería habérsele secuestrado el excedente de dicho valor y no el total de lo que llevaba consigo.
En el tercer agravio que desarrolla, hace alusión a que en el fallo aduanero se le ordena la restitución de los montos supuestamente restituidos, sin embargo, afirma, que surge del sumario aduanero que esto no es posible por cuanto nunca se le hizo la devolución de los importes incautados, por lo cual se le estaría exigiendo una conducta de imposible cumplimiento.
Y agrega, que se le asigna al dinero un valor en plaza superior al real, ya que conforme se desprende de la planilla de aforo, se le adicionó, en su oportunidad, un derecho de exportación, el que sumado al valor en aduana arroja una suma mayor. A continuación, efectúa los cálculos pertinentes a fin de acreditar los extremos que manifiesta. El derecho de exportación que indica el servicio aduanero, erróneamente adicionó es del 5% y que esto es producto de una confusión técnica, cometida por la DGA, respecto de la determinación del valor en plaza, para el caso que aquí se evalúa.
Invoca que, sin consentir los cálculos aduaneros ni el fallo dictado, la multa, de corresponder, debería ser solo por el excedente del valor y no por el total de la suma secuestrada.
Cierra reiterando que, el hoy Departamento Aduana de Mendoza, llevó a cabo un procedimiento arbitrario y que omitió toda fundamentación legal para formular la sanción que pretende imponer.
Concluye que el caso no encuadra en el término equipaje, no se puede calificar la conducta dentro el art. 979 el C.A. que requiere extraer del territorio aduanero, por esa vía o por la de pacotilla, independientemente al hecho de considerar, desde su perspectiva, al dinero como mercadería o no. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso revocando la Resolución Fallo N° 71/2017 (AD MEND) del 25/04/2017 y se ordene la devolución de las sumas retenidas.
II. Que a fs. 35/37 vta. se presenta la representación fiscal, por apoderado y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido.
Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso y realiza una breve reseña de los hechos. Reseña las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, dentro de las cuales consta la presentación de una acción de amparo incoada por el actor por ante la Cámara Federal de Mendoza, Sala B, a saber: autos caratulados “PRIETO, José Gastón c/AFIP DGA s/ Amparo- Ley 16968”, Expte. N° 22020372/2013, en la que se ordenó, a la Dirección General de Aduanas (AFIP- DGA), la restitución al accionante de la suma de dinero interdictada mediante Acta N° 1484/2013 de fecha 08/05/2013, en el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días, a partir de la notificación de dicha manda. Continúa y señala que el día 25 de abril de 2017, el Administrador de la Aduana de Mendoza dicta la Resolución 71/2017, que dio origen al presente recurso.
Sostiene que los argumentos expuestos por la actora, no pueden desvirtuar la configuración de la infracción prescripta por el art. 979 del Código Aduanero. Cita la normativa que regula el régimen en análisis, es decir el art. 979 del plexo normativo en estudio, como asimismo, lo establecido por el art. 10 del mismo cuerpo legal, en el sentido que, a los fines del ordenamiento jurídico aduanero, se considera mercadería todo objeto susceptible de ser importado o exportado y completando lo expuesto con las previsiones del art. 11, relativas a la forma de individualización y clasificación de las mercancías.
Que en el caso en trato se trata de un pasajero que pretendió extraer por vía de equipaje una cantidad superior de divisas a la autorizada, conforme surge del art. 30 del Dto. 1606/2001, que sustituyó el art. 70 de Decreto 1570/01, que transcribe.
Continúa su exposición haciendo alusión a las disposiciones de las normas aplicables al caso en estudio, que determinan como única forma legal de egresar dinero del país, cuando se tratare de sumas superiores a lo permitido por el Régimen de Equipaje, que en su caso deberían hacerlo vía la intermediación de entidades sujetas al contralor de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, previamente autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.
Manifiesta que atento el carácter de prohibida de la mercadería en trato, el hecho infraccional que se ventila en el presente recurso, tipifica en la segunda parte del art. 979, que prescribe: “ARTICULO 979. – …. 2. En el supuesto previsto en el apartado 1, si la exportación para consumo de la mercadería en infracción estuviere prohibida se aplicará además su comiso”. Cita jurisprudencia.
Efectúa reserva de caso federal. Ofrece pruebe. Por último, solicita se dicte sentencia, confirmando el fallo aduanero, con expresa imposición de costas a cargo de la contraria.
III. Que a fs. 38 se tuvo por contestado el traslado del recurso de apelación por parte del Fisco a quien se lo intimó a acompañar las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. A fs. 40 se tuvo por cumplimentado dicho requerimiento por parte de los representantes fiscales de la DGA.
Con posterioridad, mediante providencia de fs. 58 de fecha 24/06/2025, se elevan los autos a la Sala "E" y mediante providencia glosada a fs. 63 dictada el día 26/06/2025 se ponen autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas N° SIGEA 15163-560-2013 se inician a fs. 1/2, con los hechos que se expresan y detallan en el Acta N° 1484/2013, labrada a raíz de una revisión en el punto operativo de la ACI Uspallata de un rodado conducido por el actor, con destino final República de Chile y dentro de las delimitaciones de la Zona Primaria Aduanera cuando al proceder al contralor del Sr. José Gastón Prieto Cabrie y de la fiscalización de su equipaje, se detectó que este transportaba consigo billetes de diversa denominación sin declarar, constando, en el documento supra referenciado, que se procedió a su inmediato secuestro. A fs. 17 obra glosada la constancia del depósito del dinero secuestrado en el Banco de la Nación Argentina en Depósito en Custodia y, a fs. 18, la Planilla de Aforo N° 245/13.
A fs. 19/20, con fecha 18/06/2013, consta la presentación el actor con patrocinio letrado, solicitando la devolución del dinero secuestrado. A fs. 21, el día 05/09/2013 solicita en otra presentación, el cese de la medida cautelar.
A fs. 24/25 luce agregada la Resolución N° 11/14 8AD MEND) de fecha 12/02/2014 que ordena la instrucción del sumario infraccional.
A fs. 26, proveyendo la presentación del actor de fs. 19/20, se lo tiene por presentado y respecto a lo que solicitara, sobre las sumas comisadas, se decide mantener la medida cautelar de interdicción y secuestro y a fs. 27 se ordena la corrida de vista de todo lo actuado al apelante.
A fs. 28/29 luce descargo del recurrente, contestando la vista conferida y peticionando el sobreseimiento en las actuaciones en desarrollo.
A fs. 30 vta. luce constancia de la interposición por parte del Sr. José Gastón Prieto Cabrie, de un recurso de amparo por ante la Cámara Federal de Mendoza.
A fs. 31 obra Aviso de Recibo de Carta Documento donde surge fecha de notificación del traslado de apertura del sumario el día 15/04/2015 al domicilio sito en Av Colón N° 430, Piso 7° Dpto. “A”, de la ciudad de Mendoza A fs. 33/42 se agregó el fallo de la Cámara Federal de Mendoza que no se hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal contra el amparo incoado por el actor.
A fs. 43/45, constan impresiones de pantalla con sendas consultas al Registro de Infractores.
A fs. 46/49 obra Dictamen Nro. 65/2017 y, a fs. 52/54, la Resolución 71/2017 (AD MEND) dictada el día 26 de abril de 202017, la que a través del presente recurso se cuestiona.
A fs. 55, consta notificación a la actora de fecha 03/05/2017, del fallo de referencia.
A fs. 72, luce escrito de la parte actora, peticionando la entrega de la mercadería que fuera secuestrada, en el marco de las actuaciones administrativas, en virtud de encontrarse firme el recurso de amparo incoado ante la Cámara Federal de Mendoza.
A fs. A fs. 73/74, consta correo suscripto por un funcionario de la Aduana de Mendoza, donde refiere que se ha autorizado consentir la sentencia de cámara en los autos del asunto y consta a fs. 74 un sello, nota manuscrita sobre la devolución de la mercadería detallada en la Planilla de Aforo N° 245/2013, que se encuentra afectada a la constancia de Depósito en Custodia del Banco de la Nación Argentina (fs. 17).
Finalmente, a fs. 75, se agregó nota de remisión urgente a este Tribunal Fiscal de la Nación y a fs. 76, Nota N° 361/18 suscripta por funcionarios del Dpto. Aduana de Mendoza que solicitan que, en virtud de la orden de levantamiento de la medida cautelar en el marco del recurso de amparo resuelto en la Cámara Federal, previo a la devolución, se constituya una garantía por las penas de multa y comiso, dado que el hoy actor, es de nacionalidad extranjera, ello a los efectos de resguardar los intereses del Estado Nacional, agregando que dicha solicitud se encuentra pendiente de contestación por parte del Juzgado Federal N° 2, Secretaría Penal N° 2 de Mendoza.
V. Narrado lo que antecede y sentadas las posturas de las partes en este litigio, corresponde a continuación analizar el fondo de la litis, es decir resolver si se ha configurado o no, en el caso sub examine, la infracción prevista penada, es decir tipificada en el art. 979 del C.A.
El art. 979 del C.A., sanciona al viajero de cualquier categoría, que extrajere o pretendiere extraer del territorio aduanero por vía de equipaje mercadería que no fuere de la admitida por la reglamentación, y establece que será sancionado con una multa de una a tres veces el valor en aduana de la mercadería en infracción, y en el apartado 2 dispone que si la exportación para consumo estuviere prohibida se aplicará además su comiso.
En el caso de autos, la aduana ordenó la instrucción del sumario por presunta infracción al art. 979 del Código Aduanero. Inició el procedimiento para las infracciones en ejercicio de facultades jurisdiccionales y propias de investigación, derivadas del art. 1018 y concordantes del Código Aduanero, por cuanto del cotejo de las pruebas obrantes en la causa administrativa, más las que adjuntó al impetrar el recurso de apelación, el Sr. José Gastón Prieto Cabrie, surge que el actor pretendió extraer del país por vía del régimen de equipaje, una cantidad superior de divisas a la autorizada Es importante en este punto recordar lo previsto en el art. 3° del Dto. 1606/01, a saber: “… Art. 3º — Sustitúyese el Artículo 7º del Decreto Nº 1570/01 por el siguiente: "ARTICULO 7º.- Prohíbese la exportación de billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, salvo que se realice a través de entidades sujetas a la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS y previamente autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, o sea inferior a DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas, al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA."
Que sobre el agravio planteado por el actor, relacionado con el lugar donde se llevó a cabo el contralor que dio como resultado el descubrimiento de la mercadería en infracción, lo cierto es que esa defensa no resulta adecuada para enervar la imputación de la que fue objeto.
Siendo que la mentada fiscalización acaeció en Zona Primaria Aduanera, ámbito en donde los agentes aduaneros se encuentran especialmente facultados para la realización de las acciones de control que fueren pertinentes, conforme los autorizan los arts. 121 y 122 del Código Aduanero, a saber: “ARTICULO 121. – 1. En la zona primaria aduanera el ingreso, permanencia, circulación y salida de personas y de mercadería deben efectuarse con la previa autorización y bajo la supervisión del servicio aduanero, el cual determinará los lugares, las horas y los demás requisitos correspondientes. ….. ARTICULO 122. – 1. En la zona primaria aduanera, sin perjuicio de sus demás funciones y facultades, el servicio aduanero, sin necesidad de autorización alguna, podrá: a) detener personas y mercadería, incluidos los medios de transporte, a fin de proceder a su identificación y registro. … c) interdictar y secuestrar mercadería, en especial libros, anotaciones, documentos, papeles u otros comprobantes, pero los documentos y papeles privados sólo podrán serlo cuando estén directa o indirectamente vinculados al tráfico internacional de mercadería. …. “ Que la revisión aconteció en la barrera de ingreso del ACI USPALLATA, lugar donde se verificó la existencia de los valores en trato, conforme fuera volcado en el acta correspondiente por el guarda actuante. Precisado ello, en el supuesto que nos ocupa, amerita realizar algunas consideraciones a nivel normativo, ya que serán las regulaciones las que dan el marco necesario para entender si los controles y el lugar donde se llevaron a cabo fueron los correctos, toda vez que este ítem constituye uno de los agravios que plantea el apelante. A través de la sanción de la Ley 25.229 se aprobó el Tratado con Chile sobre controles Integrados con cabecera única. A su vez la DGA dictó la Resolución N° 3/2007 de Habilitación Provisoria ZOA (Zona Operativa Aduanera) Uspallata; luego se emitió la Resolución DGS 71/2011, de Prórroga de la habilitación provisoria de la Zona Operativa Aduanera Uspallata (Res DGA 21/2011) y por último complementa el plexo normativo que da un marco de referencia al tema en estudio fue la Resolución General AFIP N° 3371/2012 de Delimitación ZPA (Zona Primaria Uspallata) Uspallata.
Estas normas constituyeron lo que se conoce como “Sistema Internacional Cristo Redentor”. Este sistema comprende el espacio físico geográfico que abarca una superficie de 46 ha. 9356,24 m2.
En Uspallata se hace el control de ingreso/egreso de cargas, tanto de importación como de exportación. Todo el ACI Uspallata (Área de Control Integrado) es zona primaria aduanera. Es una zona operativa y este sistema, en virtud de la normativa indicada supra, ya se encontraba vigente al tiempo de la comisión de la infracción en estudio, a saber, el día 8 de mayo de 2013.
En definitiva, el control físico se ejerció en un lugar correcto, es decir: en la barrera de ingreso a una zona primaria aduanera, donde la autoridad de aplicación de la normativa aduanera, el servicio aduanero, tiene amplias facultades de fiscalización.
Como consecuencia de todo lo señalado, el argumento esgrimido por el actor, que no había bajado de la cabina tampoco es una defensa eficaz, ya que el apelante ingresó a un lugar fiscalizado por la autoridad aduanera. El 1er. control físico lo fue en la barrera en el momento del ingreso al ACI, que es la frontera misma, al ámbito determinado por las regulaciones más arriba referenciadas como “Sistema Internacional Cristo Redentor”. En conclusión: en el caso que nos ocupa y la operatoria de comercio exterior analizada, exportación, en la barrera de ingreso al ACI (Área de Control Integrado) es donde se hizo y se hace, el primer control físico y documental, siendo esta una obligación de carácter normativo, a cargo del órgano de contralor.
VI. Pasando al análisis de otro de los puntos cuestionados, de la planilla de aforo se desprende que las divisas que se pretendían extraer excedían ampliamente lo permitido por la normativa.
Que, en lo que aquí interesa, el régimen de equipaje constituye un procedimiento especial de importación y de exportación, que es de trámite simplificado y que tiene un tratamiento tributario propio.
Que el Dto. 1601/2001 como, asimismo, lo establecido en la Resolución AFIP N° 2705/09, modificada por la Resolución N° 3010/2010, aplicables al caso que nos ocupa, establece una restricción de carácter económico fundada en razones de política cambiaria que limita el egreso mediante los regímenes de equipaje o pacotilla de sumas que excedan los dólares estadounidenses diez mil (U$S 10.000).
De lo hasta aquí expuesto se deduce claramente, que estamos frente a una prohibición de carácter económico y como tal, sujeta al control de la aduana, siendo que este organismo puede ejecutar la política cambiaria que fije el Poder Ejecutivo de la Nación, lo cual no implica asumir competencia del control cambiario del país, por lo que la función que esta asume es la de controlar que tales efectos egresen del país, en los límites que establece la normativa. Por tanto, los actos tendientes a burlar este control, si es de manera intencional, han de constituir delito de contrabando fundado en el hecho de eludir la prohibición de exportación. En otros supuestos, el hecho de portar dinero o metales amonedados por los valores superiores a los establecido en la reglamentación con motivo de un viaje al exterior por si sólo y excluyendo la existencia del elemento subjetivo dolo, tipifica la figura infraccional contenida en el art. 979 del Código Aduanero. En este sentido se expresa, entre otros, el autor Horacio Félix Alais al explayarse sobre el particular, en su obra “Régimen Infraccional Aduanero”. Por otra parte destaco, que el art. 10 del CA establece que a los fines del Código es mercadería todo objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado y el art. 11.1 dispone que "En las normas que se dictaren para regular el tráfico internacional de mercadería, ésta se individualizará y clasificará de acuerdo con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, establecido por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, elaborado bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera, en Bruselas, con fecha 14 de junio de 1983 y modificado por su Protocolo de Enmienda hecho en Bruselas el 24 de junio de 1986, y sus Notas Explicativas”.
En concordancia con lo detallado en los párrafos precedentes y a partir de las previsiones del ordenamiento jurídico aduanero, arribamos a la conclusión que los billetes de banco de curso legal nacionales o extranjeros son mercadería, ya que encuentra su clasificación como tal en el Nomenclador Arancelario Aduanero correspondiéndole el capítulo 49, posición 4907.00.100.
La normativa vigente, en este aspecto es clara: conforme surge de la Resolución General AFIP N° 2705/09, que fuera modificada por la Resolución General N° 3010/2010, el egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales preciosos amonedados del territorio argentino, mediante los regímenes de equipaje y pacotilla, podrá efectuarse únicamente cuando su valor sea inferior a DIEZ MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas.
Estará permitido el ingreso y retiro de sumas inferiores a U$S 10.000 o su equivalente en otra moneda. De requerir el ingreso/egreso de un monto superior, deberá realizarse una declaración especial en Aduana, mediante el formulario de declaración jurada OM-2249A, que era el vigente al tiempo de producirse a la infracción en trato. Para la conversión de monedas deberá tenerse en cuenta el tipo de cambio comprador correspondiente al cierre del día hábil inmediato anterior al del ingreso, comunicado por el Banco de la Nación Argentina. Es decir que: se debe declarar el importe de moneda nacional de curso legal que egresa del territorio argentino, cuando su valor sea igual o superior al equivalente a DIEZ MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.000). Dicha declaración se debía efectuar ante el servicio aduanero, al momento del egreso del país, mediante el formulario de declaración jurada OM-2249A, vigente y exigido al tiempo de imputación de la infracción en análisis.
Que, por otra parte, considero pertinente destacar que el art. 491 del C.A. establece que: “Capítulo Cuarto. Régimen de equipaje. … El Poder Ejecutivo podrá, por motivos fundados, restringir la aplicación del régimen previsto en este Capítulo con relación a determinados efectos”.
Que, la prohibición de egresar una mayor cantidad de dinero que la prevista por la norma, implica una prohibición de exportación de carácter económico (art. 609, inc. b) del CA) dispuesta, legalmente, por decreto del Poder Ejecutivo en los términos y conforme las facultades que establece el art. 632 del Código Aduanero y en el caso particular de Equipaje, en el transcripto 491 del citado cuerpo legal.
Que tanto el art. 632 del Código Aduanero como el transcripto art. 491 del mismo cuerpo legal, Ley 22.415, conforman un sólido armazón legal que proporciona indiscutible sustento jurídico a la facultad del Poder Ejecutivo en el establecimiento de esta prohibición económica, sino que, además, se adecúa a las prácticas globales de lucha contra el lavado de dinero (Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos).
Además, debemos recordar que el Digesto Jurídico Argentino (Ley 26.939 – B.O. 29-04-2014) declaró “vigentes” las normas incorporadas a su Anexo I, dentro de las cuales se encuentra la ley 22.415, que precisamente y a los fines del presente, estableció la delegación en el Poder Ejecutivo en lo que respecta a las prohibiciones de mercaderías y la pena de comiso cuando se pretendiere su exportación por la vía de equipaje.
Bajo tales premisas, y admitiendo que la prohibición involucrada es, en efecto, de carácter económico, cabe concluir que resulta acertado encuadrar en el tipo que establece el art. 979 del Código Aduanero a la conducta constatada en supuesto bajo estudio.
A su vez, en el entendimiento que los dólares y demás divisas, constituyen mercadería y en razón de lo dispuesto en el art. 1° de la Resolución AFIP 2705/09 y 1° de la Resolución 3010/10, en tanto allí dispone que la suma de U$S 10.000 se debe considerar por cada pasajero y que se debía efectuar al momento de egresar del país la declaración mencionada supra mediante el formulario en ese entonces requerido, a saber: OM-2249A y toda vez que como se señalara en el expediente aduanero, no hay constancias en autos ni en las actuaciones administrativas sobre la existencia y/o presentación del mismo y en virtud que la cantidad de dólares, pesos argentinos y pesos chilenos, que llevaba consigo el actor, superó la autorizada por la normativa imperante -esto es lo que el Sr. Prieto Cabrie portaba en exceso-, específica para el régimen de equipaje de exportación, el suscripto concluye que se configuró, en el caso de autos, la infracción tipificada en el art. 979 del CA.
VII. Ahora bien, de la liquidación obrante a fs. 18 de las Actuaciones Administrativas, luego transcripta en la Resolución aquí apelada, surge que la multa y el comiso de la mercadería se realizó sobre el total de las divisas transportadas (u$s 14.640) y no sobre el excedente de los u$s 10.000 permitidos.
Que la mercadería en infracción es aquella que excede el monto permitido y no la totalidad de lo transportado (cfme. autos “Capuz Amatriain, Santiago (TF 36.995-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, Sala II, CNACAF, “Neder, Gabriela Beatriz - TF 38.490-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, Sala V, CNACAF, entre otros).
En virtud de ello corresponde readecuar (reliquidar) las sanciones impuestas y confirmar parcialmente la resolución apelada solo sobre el monto excedente y en infracción, esto es, u$s 4.640 (dólares cuatro mil seiscientos cuarenta) que al tipo de cambio del día anterior a la fecha de comisión de los hechos asciende a la suma de pesos veinticuatro mil ciento setenta y cinco con cuarenta y nueve centavos ($ 24.175,49). Importe que corresponde tomar como base para el cálculo de la multa impuesta.
En idéntico sentido corresponde expedirse con relación a la sanción de comiso, el cual debe efectivizarse sobre el monto excedente y en infracción, esto es, u$s 4.640 (dólares cuatro mil seiscientos cuarenta), debiendo procederse a la devolución del resto del monto secuestrado. En caso de no poder efectivizarse la pena de comiso sobre las divisas secuestradas, el comiso deberá sustituirse por un importe equivalente a una vez el valor en plaza de la mercadería secuestrada en los términos del art. 922 del Código Aduanero.
VIII. Que por lo expuesto corresponde confirmar parcialmente el fallo apelado en cuanto condena al recurrente al pago de una multa y al comiso de la mercadería (o su importe sustitutivo) por encontrarlo responsable de la infracción tipificada en el art. 979 apartados 1ro. y 2do. del Código Aduanero. Con costas según sus vencimientos, las que se estiman en un 60% a cargo del actor y en un 40% a cargo del Fisco Nacional (art. 1163 del C.A.).
IX. Que por la forma en que se resuelve no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 71/2017 (AD MEND), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 15163-560-2013, en cuanto condena al recurrente, Sr. José Gastón PRIETO CABRIE, al pago de una multa equivalente a una (1) vez el valor en aduana de la mercadería en infracción, importe que asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 24.175,49), por encontrarlo responsable de la infracción tipificada en el art. 979 ap. 1° del Código Aduanero.
2. Confirmar parcialmente la Resolución N° 71/2017 (AD MEND), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 15163-560-2013, en cuanto condena al recurrente, Sr. José Gastón PRIETO CABRIE, a la pena de COMISO de la mercadería en infracción, esto es, divisas por el importe equivalente a u$s 4.640 (dólares cuatro mil seiscientos cuarenta), debiendo procederse a la devolución del resto del monto secuestrado. En caso de no poder efectivizarse la pena de comiso sobre las divisas secuestradas, el comiso deberá sustituirse por un importe equivalente a una vez el valor en plaza de la mercadería en infracción en los términos del art. 922 del Código Aduanero. Ello así por encontrarlo responsable de la infracción tipificada en el art. 979 ap. 2° del Código Aduanero.
3. Imponer las costas según sus vencimientos, las que se estiman en un 60% a cargo del actor y en un 40% a cargo del Fisco Nacional.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Doy por reproducido el relato expuesto por el Dr. Héctor Hugo Juárez en sus considerandos I a IV, continuando el continuando el considerando V conforme lo siguiente:
V. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -71/17-, en cuanto condena a JOSÉ GASTÓN PRIETO CABRIE al pago de una multa y ordena el comiso de la mercadería por la comisión de la infracción prevista en el art. 979 del CA, se ajusta a derecho.
Conforme surge del acta obrante a fs. 1/2 de las actuaciones administrativas, al proceder al control al momento del ingreso al ACI Uspallata proveniente de la ciudad de Mendoza con destino a Chile, el personal de la Aduana detectó que, luego de proceder a la revisión manual del equipaje, el Sr. JOSÉ GASTÓN PRIETO CABRIE transportaba sin declarar billetes por la suma de $69.100, $CH168.000 pesos chilenos y U$S1.020, cantidad que excedía el límite permitido en los términos de las Resolución General AFIP 2705/09, por lo que se procedió al secuestro de la totalidad del dinero por la presunta violación al régimen de equipaje, previsto y penado en el art. 979 del CA.
El art. 979 del CA sanciona al viajero de cualquier categoría, que extrajere o pretendiere extraer del territorio aduanero por vía de equipaje, mercadería que no fuere de la admitida por la reglamentación, estableciendo como sanción una multa de una a tres veces el valor en aduana de la mercadería en infracción. Asimismo, su apartado 2 dispone que si la exportación para consumo estuviere prohibida se aplicará además su comiso.
Por su parte, la Resolución General AFIP 2705/09 –vigente a la fecha del hecho- establece que el egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales preciosos amonedados del territorio argentino, mediante los regímenes de equipaje y pacotilla, podrá efectuarse únicamente cuando su valor sea inferior a DIEZ MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas. A este fin, se tendrá en cuenta el tipo de cambio vendedor correspondiente al cierre del día hábil inmediato anterior al de su egreso, comunicado por el Banco de la Nación Argentina (art. 1).
Los viajeros, en consecuencia, deberán declarar el importe de moneda nacional de curso legal que egresa del territorio argentino, cuando su valor sea igual o superior al equivalente a DIEZ MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.000). Dicha declaración se debe efectuar ante el servicio aduanero, al momento del egreso del país, mediante el formulario OM-2250-A. (conforme surge de la Resolución 3010/10 AFIP).
Por ello, siendo claro que el dinero constituye mercadería en los términos de los arts. 9, 10 y 11 del CA, y en razón de lo dispuesto en el art. 1 de la Resolución General AFIP 2705/09 y el art. 1 de la Resolución 3010/10, toda vez que no hay constancia en autos ni en las actuaciones administrativas de la declaración del dinero mencionada ut supra mediante el formulario OM-2250A y atento a que la cantidad de dinero transportada por el actor superó la cantidad autorizada referida precedentemente, específicamente en el marco del régimen de equipaje de exportación, se ha configurado en el caso de autos la infracción tipificada en el art. 979 del CA. Se destaca que resultan irrelevantes a tal efecto las afirmaciones del recurrente relacionado con el lugar donde se llevó a cabo el contralor que dio como resultado el descubrimiento de la mercadería en infracción.
V.1. Aclarado ello, corresponde expedirse sobre el monto de la multa aplicada. Según el aforo practicado a fs. 18 de las actuaciones administrativas, surge que la multa fue calculada sobre el total de las divisas transportadas –U$S14.640- y no sobre la mercadería en infracción –excedente U$S10.000-.
En atención a ello, corresponde reliquidar la multa impuesta, fijándose su importe en la suma de $24.175,49, producto de calcular las divisas en infracción –U$S4.640- por el tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha de comisión de los hechos -$5,21-.
V.2. Sentado lo que antecede, resta expedirse sobre la sanción de comiso establecida en el art. 979.2 del CA. Expuesto el plexo normativo aplicable al caso se adelanta, desde ya que, oportunamente, un nuevo examen de las cuestiones jurídicas involucradas -principio iura novit curia- condujo a que en este caso adoptara una solución distinta a la aplicada para causas similares anteriores. Ello en relación, específicamente, a la pena de comiso impuesta, la que será dejada sin efecto ordenando devolver al actor los dólares billete comisados por el servicio aduanero.
El fundamento de tal decisión radicará en que la prohibición a la exportación de la mercadería comisada fue dispuesta por el decreto de necesidad y urgencia (“DNU”) 1570/01 (BO: 03.12.01) conforme la reforma a su art. 7 emergente del DNU 1606/01 (BO: 06.12.01), que llevó la suma de dólares billete autorizada a exportarse de un máximo de mil (1.000) a uno de diez mil (10.000).
Conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema las disposiciones generales del Código Penal (Fallos: 287:76 del 18.10.1973 “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. c/ Aduana – Expte. Nº 414.028/64”; 290:202, 5º considerando y sus citas; 311:2779; 303:1548 y 297:215) son aplicables a las infracciones aduaneras –e.g. art. 979 del CA-, algunas de las cuales tienen recepción expresa en el CA (arts. 898, 899, 900, 961, 976, etc.).
Entre tales disposiciones generales del Código Penal (“CP”) y del Código Procesal Penal Federal (“CPPF”) ocupa un lugar eminente el principio de legalidad en materia punitiva, que postula que todos los elementos esenciales de una figura delictiva (entre los que se encuentra la pena, con su monto o alcance temporal) deben surgir de una ley en sentido formal -dictada por el Congreso-. La raíz de tal principio no es otra que la garantía fundamental del art. 18 de la Constitución. Conforme tal principio las penas para los delitos o infracciones que signifiquen la privación de un bien jurídico de las personas (e.g.: propiedad, libertad) solamente pueden ser impuestas por una ley del Congreso.
Resulta claro que la pena de comiso impuesta en autos el 25.04.17 (fecha de resolución apelada -71/17-) aplicando el tipo punitivo del art. 979.2 del CA se aplica, en cuanto a su alcance, sobre la mercadería cuya exportación está prohibida bajo el DNU 1570/01 (excedente de U$S 10.000), ello a pesar de que erróneamente la resolución apelada ordena el comiso sobre la totalidad de las divisas secuestradas. Así, nada menos que el monto de la pena de comiso del art. 979.2 del CA (tipo legal punitivo) deriva de un DNU del Poder Ejecutivo y no de una ley del Congreso.
Los DNU se encuentran gobernados por el art. 99 inc. 3 de la Constitución cuyo segundo párrafo, de modo tajante, establece que el Poder Ejecutivo (“PEN”) no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Si bien el tercer párrafo de la norma constitucional señala las circunstancias excepcionales (imposibilidad de seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de leyes) en las que el PEN podrá dictar DNUs, dispone también que ni aún bajo tales circunstancias excepcionales podrá hacerlo regulando materia penal.
Como se ilustró supra, nada menos que el monto de la pena (comiso de la mercadería prohibida; excedente de U$S 10.000) del tipo punitivo aplicado en autos –art. 979 del CA- se configura a partir del art. 7 del DNU 1570/01, que prohibió la exportación de dólares físicos en exceso a la suma de 10.000. En tal sentido, el DNU 1570/01 tiene un efecto manifiestamente punitivo en el caso de autos, definiendo el monto de la pena de comiso del art. 979.2 del CA, por la que se privó al actor de una suma de dinero que integraba su derecho constitucional de propiedad (art. 17 de la CN) del que también gozan los extranjeros (arts. 17 y 20 de la CN). En definitiva, todo alcance punitivo que pueda derivarse del DNU 1570/01 está expresamente vedado por el art. 99 inc. 3 tercer párrafo de la Constitución y no puede ser cohonestado por esta instancia jurisdiccional.
Conforme los fundamentos expuestos la pena de comiso sobre la mercadería de exportación prohibida del art. 979.2 del CA impuesta en autos debe ser dejada sin efecto, en tanto configura una proyección punitiva del DNU 1570/01 incompatible con disposiciones preeminentes de la Constitución que, terminantemente, vedan tal alcance penal a dichos instrumentos legales del PEN (art. 99 inc. 3 tercer párrafo).
En consecuencia, se revocará la pena de comiso impuesta en autos mediante la resolución apelada, debiendo devolverse a la actora los billetes comisados (planilla de aforo de fs. 18 de las act. adm.).
V.3. Resuelto lo anterior resulta menester realizar algunas aclaraciones respecto a la decisión que se acaba de tomar, en cuanto a sus límites e interpretación.
En primer lugar, la decisión de autos no implica, en absoluto, una declaración de nulidad constitucional (art. 99 inc. 3 párrafo segundo) del art. 7 del DNU 1570/01 ni de la prohibición de exportación de dólares billete en exceso de 10.000 que dispone dicha norma, prohibición que siempre estuvo vigente (conf. arts. 17 y 25 de la ley 26.122 y 133 de la ley 27.444). La decisión de esta causa se limita, exclusivamente, a privar a dicho art. 7 del DNU 1570/01 de sus efectos punitivos (comiso de la mercadería prohibida conforme art. 979.2 del CA) por estar ellos expresamente vedados por el art. 99 inc. 3 tercer párrafo de la Constitución.
En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, continúa vigente tanto la prohibición del art. 7 del DNU 1570/01, como indemnes las facultades de la DGA para hacer valer y ejecutar dicha prohibición contra quienes la incumplan, sin perjuicio de lo que pueda corresponder, en otros casos, respecto de la pena de comiso aplicable, resultando siempre castigada la referida conducta por la multa legal del art. 979.1 del CA, que será confirmada. En tercer lugar, en relación a lo anterior, debe señalarse que los hechos de autos ocurrieron en el año 2013 y la pena de comiso que se revoca fue impuesta por el art. 3 de la resolución de la DGA apelada de fecha 25.04.17, aplicando el art. 979.2 del CA. Al respecto, el art. 133 de la ley 27.444 sustituyó la primitiva redacción del art. 7 del DNU 1570/01 por una nueva con lo que, a partir de la vigencia de dicha sustitución de textos, dispuesta por la ley 27.444, el severo vicio de legalidad penal -sobre el que se fundamenta la decisión de revocar la pena de comiso en estos autos- se encuentra constitucionalmente purgado por la intervención del Congreso. A partir de la vigencia del art. 133 de la ley 27.444 (BO: 18.06.18) las penas de comiso impuestas por la DGA en el marco del art. 979.2 del CA y el decreto 1570/01 gozan de plena legalidad constitucional.
VI. Por último, cabe realizar 2 aclaraciones. En primer lugar, el apartado 2 del mencionado art. 979, por el cual se establece la sanción de comiso para el caso de que la mercadería en infracción estuviere prohibida, constituye una disposición especial y autónoma, separada del régimen de equipaje o pacotilla mencionados en el apartado 1. En segundo lugar, si bien el Poder Ejecutivo posee facultades delegadas a los efectos de determinar el alcance del régimen de equipaje o pacotilla (art. 491 y 521 CA) no ha sido esta vía –la de delegación legislativa- la escogida por el propio PEN para determinar el tratamiento que deben recibir los billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedado. En efecto, esto se debe a que el Poder Ejecutivo ha determinado que tales billetes y monedas –o al menos lo que exceda de U$S10.000- no forman parte del régimen de equipaje ni de pacotilla –ver también art. 58 del decreto 1001/82-, razón por la cual la técnica legislativa escogida para establecer la prohibición a la exportación de sumas mayores a U$S 10.000 ha sido la del DNU y no la del decreto delegado. Técnica legislativa que, se reitera, no es en absoluto tachada de nula –constitucionalmente- sino que tuvo y conserva vigencia, salvo en lo que respecta a sus efectos punitivos –hasta la fecha de su subsanación por la ley 27.444- atento a estar expresamente vedados por el art. 99 inc. 3 tercer párrafo de la Constitución.
VII. En relación a las costas se imponen: (i) a la actora por la parte de la multa que se confirma y, (ii) por su orden respecto de la revocación del comiso atento haberse resuelto dicha cuestión por los fundamentos del propio tribunal (art. 1163 del CA).
Por las razones expuestas VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la resolución 71/17 (AD MEND), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 15163-560-2013, fijando el importe de la multa en la suma de $24.175,49, por la comisión de la infracción prevista en el art. 979.1 del CA.
2. Revocar parcialmente la resolución 71/17 (AD MEND) en cuanto ordena el comiso de las divisas aforadas a fs. 18 de las actuaciones administrativas, las que deberán ser devueltas a la parte actora.
3. Imponer las costas a la actora respecto a la parte de la multa que se confirma y por su orden respecto a la revocación de la restante multa y del comiso (art. 1163 del CA), salvo la tasa de actuación que se mantiene a cargo de la actora.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez.
En virtud de lo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 71/2017 (AD MEND), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 15163-560-2013, en cuanto condena al recurrente, Sr. José Gastón PRIETO CABRIE, al pago de una multa equivalente a una (1) vez el valor en aduana de la mercadería en infracción, importe que asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 24.175,49), por encontrarlo responsable de la infracción tipificada en el art. 979 ap. 1° del Código Aduanero.
2. Confirmar parcialmente la Resolución N° 71/2017 (AD MEND), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 15163-560-2013, en cuanto condena al recurrente, Sr. José Gastón PRIETO CABRIE, a la pena de COMISO de la mercadería en infracción, esto es, divisas por el importe equivalente a u$s 4.640 (dólares cuatro mil seiscientos cuarenta), debiendo procederse a la devolución del resto del monto secuestrado. En caso de no poder efectivizarse la pena de comiso sobre las divisas secuestradas, el comiso deberá sustituirse por un importe equivalente a una vez el valor en plaza de la mercadería en infracción en los términos del art. 922 del Código Aduanero. Ello así por encontrarlo responsable de la infracción tipificada en el art. 979 ap. 2° del Código Aduanero.
3. Imponer las costas según sus vencimientos, las que se estiman en un 60% a cargo del actor y en un 40% a cargo del Fisco Nacional.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la DGA y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Juárez, Juan Manuel Soria y la Dra. Claudia Beatriz Sarquiz –Vocal subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación-, de conformidad a lo previsto en el art. 52 del Reglamento de Procedimientos ante el TFN.
Date: 2025.06.27 17:37:23 ART Date: 2025.06.27 20:05:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.27 21:14:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.27 21:15:13 -03:00
Fin de la sentencia