Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7205
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello coincido con el análisis efectuado por la Dra. Bard en su voto al que adhiero incluso con respecto de las costas atento que la sentencia exime de costas a la actora en pronunciamiento no apelado por los demandados.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7205 Sentencia: 2809 Actor: Prieto Quiroz, Doris Caroline Demandada: Rius, Gabriela/Hospital Privado Meprisa/Obra Social OSECAC Objeto: Daños y Perjuicios Fecha: 28/10/2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 28 días del mes de octubre de 2019, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “PRIETO QUIROZ, DORIS CAROLINE C/ RIUS, GABRIELA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº12469 del año 2009 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Caleta Olivia, que tuviera ingreso en esta instancia bajo el Nº 7205. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dra. Griselda Isabel Bard, Dr. Humberto Eduardo Monelos y Dr. Jorge Omar Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. A fs. 1/38 los Dres. Gustavo Eduardo Stobbia y Diana Ampuero, en representación de Doris Caroline Prieto Quiroz promueven demanda por daños y perjuicios contra la Gabriela Rius, Hospital Privado Meprisa y la Obra Social OSECAC por la suma de $250.000,00 con más los intereses. Refiere que en el año 2007 la actora cursaba un embarazo y era atendida en el Hospital Meprisa por parte de la Dra. Rius, que se desarrollaba normalmente hasta la semana 36. Continúa señalando que cuando se encontraba cursando la semana 37 de gestación comienza con complicaciones, lo que la llevó a realizar una consulta con su médica, la que se preocupó por su estado ante la posibilidad de que existiera retraso de crecimiento intrauterino (RCUI) y le ordenó la realización de una Ecodoppler Fetal, pero no con carácter de urgente, lo que considera una actitud negligente de la profesional.
Seguidamente refiere haber ido a OSECAC, donde se dió curso al pedido pero sin urgencia por cuanto no había sido requerida. Afirma que ante la inquietud por la realización del estudio en cuestión, logra realizarlo finalmente el 12 de marzo de 2007 en el Hospital Zonal siendo atendida por el Dr. Lemos. El nombrado profesional le refiere que tenía una delicada patología en el feto y que se dirija en forma inmediata a la médica tratante. Refiere que preocupada por lo informado concurre a Meprisa, donde es recibida por el Dr. Panero, esposo de la Dra. Rius, quien la revisa y le informa un grave estado del bebé y llama a Rius en forma inmediata quien ese mismo día 12 de marzo de 2007, saca al bebé de la actora sin vida.
Expone el trauma que generó en la actora esta situación, quien comenzó tratamiento psicológico con la Psicóloga Danisa Lesta; como asimismo que realizó la denuncia en el Juzgado de Instrucción 1. Dedica un acápite a describir la patología que padecía la actora como restricción del crecimiento intrauterino asimétrica; y que fue ello lo que llevó finalmente al deceso del bebé, y así lo informó oportunamente el Dr. Lemos al realizarle el estudio. Se explaya en la bibliografía respectiva. Sostiene que la negligencia médica estaría dada por un error de diagnóstico; y no haber ordenado el estudio de eco doppler fetal con carácter urgente, y en su caso la inmediata internación de la paciente para realizar la cesárea.
Traduce en este accionar una clara responsabilidad por parte de la Dra. Rius, por omisión en las conductas debidas lo que arrojó como resultado un trájico final para la actora. Detalla los presupuestos de la responsabilidad médica, en la falta de pericia suficiente, la conducta omisiva de la profesional; al daño producido y la relación de causalidad suficiente. Cita jurisprudencia. Se refiere a la responsabilidad del Hospital Privado Meprisa, ya que la intervención quirúrgica de la actora se realizó allí, y sostiene que pesa sobre dicha institución el deber de seguridad que debe brindar, que se traduce como un deber de asistencia, vigilancia y control, citando doctrina y jurispudencia acorde a su postura.
Asimismo expone la responsabilidad de la obra social, OSECAC, entendida como un deber asistencial hacia la afiliada y como un deber de seguridad. Detalla los rubros indemnizatorios que peticiona, ofrece prueba, hace reserva del caso federal.-
II. A fs. 111/124 el Dr. Alberto L. Tomassone se presenta en representación de OSECAC y deduce la excepción de incompetencia en razón de la persona por considerar que la causa debe tramitarse en el fuero federal por lo dispuesto en la ley que regula las obras sociales, hace reserva del caso federal. A fs. 176/186 contesta la demanda, analiza la relación de la obra social con quienes la contratan, aclarando que se trata de obligaciones de garantía que surgen de la ley. Sostiene que no le corresponde supervisar el accionar de los galenos y que se puede exigir de ellas el cumplimiento de sus obligaciones que en el particular se han realizado. Se explaya en la inexistencia de responsabilidad por su parte, que no responde por el accionar de sus prestadores, y en el particular no existe nexo causal entre el hecho invocado y el accionar de OSECAC. Cita doctrina y jurisprudencia acorde a su postura. Realiza una negativa de los hechos, hace propio el relato de las circunstancias de los demás demandados, impugna los daños reclamados. Hace reserva del caso federal. -
III. A fs. 144/162 el Dr. Ramiro Castillo contesta la demanda en representación del Hospital Privado Meprisa S.A. Realiza una pormenorizada negativa de los hechos y seguidamente expone que se remite a la contestación que hace la médica demandada. Refiere que la actora fue atendida por la Dra. Rius y que tal como surge de la historia clínica no presentó dificultades durante todo el embarazo. Aclara que la gestación se desarrolló dentro de los parámetros normales y no existían indicadores obstétricos que lleven a sospechar la existencia de RCIU. Ello hasta el día 5 de marzo de 2007 en que la actora concurre a control con una ecografía que informaba una gesta de 36 semanas por lo cual se ordena una ecodoppler fetal sólo por la diferencia encontrada en la edad gestacional en comparación con otros estudios, sin observar nada anormal ni que amerite urgencia en la realización. Cuando vuelve a consultorio el día 12 de marzo de 2007 con el estudio realizado ese mismo día a las 15,00 hs. aproximadamente, se advierte que el feto no tenía vida y se procede a realizar una cesárea para extraerlo quedando internada hasta el día 16 de igual mes y año. Concluye que no se encuentran dados los presupuestos de responsabilidad de la Dra. Rius, tales como factor de atribución y relación causal suficiente a lo que suma el hecho de un tercero por el que no debe responder. Se explaya sobre la patología alegada de Retardo en el Crecimiento Intrauterino (RCIU). Afirma que no existe una causa suficiente en el accionar de la Dra. Rius al no haber dispuesto con "urgencia" la realización del estudio en cuestión y que la sola existencia del daño no supone la responsabilidad profesional como se peticiona; aclarando que como correlato la médica fue diligente en la atención de la paciente. Sostiene que el hecho del Dr. Lemos constituye el accionar de un tercero por quien no debe responder y lo hace responsable de no haber internado a la paciente en forma inmediata a la realización del estudio, ya que lo informa en su presentación al Director del Hospital. Sostiene que carece de rigor científico haber alegado la responsabilidad profesional por no haber indicado "urgencia" en la realización del estudio, abundando en consideraciones sobre la la actuación prudente y diligente de la Dra. Rius que se tiene presente. Impugna los rubros de daños reclamados. Solicita se cite en garantía a Compañia de Seguros Rivadavia.-
IV. A fs. 237/245 Gabriela Inés Rius con el patrocinio letrado del Dr. Paulo Luis Schmidt contesta la demanda incoada. Solicita la citación en garantía de Seguros Médicos S.A. Niega pormenorizadamente los hechos. En su relato de los hechos reconoce haber atendido profesionalmente a la actora de autos, y realizar los controles del embarazo. Sostiene que las afirmaciones de la actora son inexactas pues el seguimiento fue dentro de los parámetros normales, que se encuentra registrado en la Historia Clínica Perinatal, donde no se presentaron indicadores de RCIU como da por sentado la reclamante, teniendo el feto el peso y altura normal, todo lo cual ha sido registrado. Relata que el día 5 de marzo de 2007 la paciente concurrió a control con una ecografía realizada el día 26 de febrero que informaba una gesta de 36 semanas, y se ordenó un eco doppler fetal por la diferencia existente con otros estudios realizados luego de la semana 30. Se explaya en la bibliografía del caso, en especial en que la maduración placentaria era acorde con la edad gestacional y no se verificaban situaciones que hagan pensar en la existencia de RCIU, por lo que la práctica solicitada no revestía carácter de urgente. Más adelante señala que así quedó acreditado luego de la realización de la autopsia y del estudio histopatológico de la placenta, ya que se descartó la existencia de un retardo de crecimiento intrauterino. Describe las prácticas realizadas. Ofrece prueba, funda en derecho.
V. A fs. 279/305 contesta la citación Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada por medio de sus letrados, haciendo referencia que se encuentran vinculados por un contrato de seguro con relación a Meprisa y aclaran que eventualmente deberá responder por el límite de la cobertura. Realiza la negativa de los hechos y reitera en similares términos el responde de Hospital Privado Meprisa, se explaya sobre los presupuestos subjetivos de responsabilidad con relación a la Dra. Rius, concluyendo que no se encontraría acreditada tal circunstancia. Sostiene la improcedencia de la responsabilidad objetiva de Meprisa, refiriendo que la Dra. Rius no era dependiente de dicho Hospital y que por otra parte la propia actora se atendió con diferentes profesionales y no únicamente en dicho centro de salud. Impugna los rubros de daños reclamados, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
VI. A fs. 331/361 contesta la citación Seguros Médicos S. A. por medio de su representante con el patrocinio letrado del Dr. Carlos A. Romanut. Reconoce la existencia de la vinculación por medio de un contrato de seguro con la Dra. Rius y señala en caso de prosperar la demanda responderá por el máximo de la póliza. Realiza negativa de los hechos, ofrece prueba y hace reserva de derechos.
VII. A fs. 376/377 se dicta resolución que rechaza la excepción de incompetencia. A fs. 417/420 se abre la causa a prueba ordenándose la producción de las medidas ofrecidas por las partes. Habiendo finalizado la producción de la misma, a fs. 1183/ 1191 se dicta sentencia de grado que desestima la demanda interpuesta por Doris Carolina Prieto Quiroz contra Gabriela Rius, Hospital Privado Meprisa y OSECAC por daños y perjuicios, exime de costas a la actora y regula los honorarios profesionales; habiendo aclarado sobre el monto de éstos últimos a fs. 1192.-
Contra la misma recurre la parte actora quien expresa agravios con la presentación de fs. 1248/1254, estando la causa en condiciones de ser elevadas con la certificación de estilo. Los agravios son contestados por la representación de OSECAC a fs. 1262/1269 y por la representación de Gabriela Rius a fs. 1271/1274, estando la causa en condiciones de resolver.-
En primer término la actora se agravia por considerar la sentencia incongruente y contradictoria, afirmando que se realiza una apreciación errónea de la prueba producida. Señala que pone en cabeza de la actora la responsabilidad por la no realización del estudio médico en forma urgente, cuando no resulta ser una persona idónea al respecto ni tener los conocimientos técnicos y científicos suficientes para haber conocido la gravedad del cuadro, cuando en realidad debió ser la profesional demandada quien supiera ello y se lo hiciera saber a la interesada. Hace referencia a la interpretación parcializada que se realiza de la declaración del Dr. Lemos, en cuanto a la gravedad del cuadro y los infructuosos llamados que realizó a la Dra.
Rius. Señala lo dictaminado por los profesionales de la salud intervinientes como peritos y testigos en cuanto a la gravedad del sufrimiento fetal que padecía la actora y que la médica demandada advirtió oportunamente y no recomendó la realización de los estudios en forma urgente. Se explaya sobre los procedimientos a seguir en caso de un “posible RCIU” y refiere que la demandada fue imprudente ante el diagnóstico. Destaca la importancia al respecto del informe de Maternidad Sardá y el testimonio del Dr. Lemos, refiriendo que la sentencia no evalúa los testimonios aportados por la actora en el punto. Como segundo agravio se explaya en lo que considera una errónea valoración de las pruebas con relación a la inexistencia de culpa de la víctima y considera que no había razones para pensar que el estudio era de urgencia, transcribe parte de la sentencia en términos que se tienen presentes, y le agravia la forma en que el juez de grado arriba a la conclusión de que era responsabilidad de la actora no haberse realizado el estudio en forma rápida y la responsabilidad administrativa y sanitaria en cabeza de la víctima.
Se agravia concretamente que se afirme que la Dra. Rius no tenía motivos para solicitar la realización del estudio eco-doppler fetal en forma urgente y como correlato que la actora debía saber de la urgencia. Afirma que fue la médica quien violó el protocolo a seguir en este tipo de casos y así lo declararon los médicos testigos y no fueron tenidos en cuenta al momento de valorar la prueba. Transcribe parte de los argumentos expuestos en la querella penal y en la demanda de autos. Concluye que por tales argumentos la sentencia debe revocarse. Como tercer agravio introduce el tema de la imposición de costas las que requiere sean impuestas a la parte demandada. Como cuarto agravio apela por bajos sus honorarios profesionales y por altos los de la contraparte.
A fs. 1262/1263 el Dr. Ernesto R. Bonicatto contesta la expresión de agravios por OSECAC. En primer término considera que debería declararse desierto el recurso por consistir en mera disconformidad con lo decidido. En respuesta a los agravios relata brevemente los hechos y concluye que la Dra. Claudia Yance es clara en su pericia indicando que la Dra. Rius obró de buena práctica y no se evidenciaba motivo para considerar “urgente” la realización del estudio. Afirma seguidamente que la sentencia es congruente con la prueba producida, donde todas las demandadas han aportado elementos que son demostrativos de que la Dra. Rius obró con diligencia y prudencia y que el desenlace fatal obedeció a una causa ajena al accionar de la médica mencionada.
Como correlato sostiene que los actores no han probado la mala praxis que se atribuye a la profesional demandada y solicita se confirme la sentencia. A fs. 1264/1269 hace lo propio el Dr. Ramiro Castillo en representación de Hospital Privado Meprisa. Con relación al primer agravio sostiene que no había razones médico científicas para ordenar el ecodoppler con urgencia, siendo falsa la afirmación que realiza la actora de que la Dra. Rius advirtió el sufrimiento fetal. Hace referencia a la prueba producida que demuestra que un buen crecimiento fetal y que según la curva presentada de crecimiento fetal valorda por la altura uterina nunca se encontró por debajo del percentilo 10. Hace referencia a lo sucedido y concluye que es falso que la Dra.
Rius detectó un sufrimiento fetal, cuando en realidad observó un dispersión de 2 o 3 semanas en la gestación, lo que se encuentra dentro de los parámetros normales. Relata las pericias médicas realizadas por el Dr. Vera Maydana y la Dra. Claudia Yance las que entiende categóricas en el tema y cita en las partes pertinentes concluyendo que la actora no presentaba signos clínicos obstétricos ni ecográficos de RCIU; reiterando que la actora tuvo un embarazo normal. Coincide con los argumentos desarrollados en el fallo de la instancia de grado, que transcribe. Sostiene que no resulta atendible el argumento de la actora de que no concurrió a Comodoro Rivadavia el mismo día que OSECAC le dio el turno, alegando el avanzado estado de embarazo y el mal estado de la ruta, por cuanto agrega que en el año 2007 la ruta estaba buena y podría haberse realizado el estudio ese mismo día.- Al contestar el segundo agravio referido a la negligencia médica reitera argumentos ya expuestos en el sentido de que el Juez de grado analiza coherentemente las pruebas periciales producidas concluyendo que no había motivos para suponer una urgencia y que el embarazo se desarrolló normalmente.
Se explaya sobre los dictámenes de los expertos y finaliza señalando que se ha descartado que la actora haya padecido la patología de RCIU como así ninguna patología que justifique otro accionar diferente al que se llevó a cabo. Solicita se impongan las costas a la actora, se mantenga proporcional la regulación de honorarios. Hace reserva del caso federal.-
A fs. 1271/1274 contesta los agravios la representación letrada de la Dra. Gabriela Rius. En primer término sostiene que los agravios son improponibles por tratarse de mera discrepancia con la sentencia. Seguidamente se refiere a la improcedencia de los agravios expresados, haciendo referencia tanto a la prueba pericial producida por la Dra. Claudia Yance, al informe de la autopsia y al estudio histopatológico de la placenta de los cuales entiende debidamente probado la inexistencia de RCIU. Analiza lo expuesto en la pericia del Dr. Vera Maydana en similar sentido. Concluye que desde el inicio la demanda contiene datos erróneos y parte de una base fáctica inexacta que no ha logrado acreditarse con las pruebas rendidas en éstos. Continúa reseñando que tampoco en agravios puede pretender demostrar la relación causal entre el accionar de Rius y el desenlace dañoso. Recordando que la muerte se produjo por una patología miocárdica ajena a lo alegado en el escrito de demanda. Sostiene que ello es debidamente tratado por el sentenciante de grado, cita jurisprudencia en igual sentido a su postura. Solicita finalmente se desestimen los agravios y se confirme la sentencia.-
VIII. En primer término habré de señalar que no comparto las apreciaciones de la demandada en el sentido de que el escrito con el que la actora sostiene su recurso no contiene una crítica concreta y razonada y solicita se declare desierto el recurso. Ha dicho la doctrina y la jurisprudencia que expresar agravios, en su estricta acepción, significa refutar y poner de manifiesto los errores de hecho o de derecho que contenga la sentencia y que la impugnación que se intente contra ella debe hacerse de modo tal que rebata todos los fundamentos esenciales que le sirven de apoyo. Supone como carga procesal, una exposición o discurso por medio del cual, con un análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencia su injusticia. Es decir se deben refutar los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tache de erróneo el pronunciamiento. Para valorar el cumplimiento de esta carga y si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio o con palmario apartamiento de lo que quede de ella se desprende con inequívoca claridad, pues si así se actúa cabe descalificar lo resuelto por haberse incurrido en arbitrariedad. (Corte Suprema de Justicia de la Nación La Ley 146/624 La Ley 1980-C-255 o Fallos 328:4009 citado por Morello Sosa y Berizonce en su Códigos Procesales …. 4ª ed. Tomo IV p. 281 parágrafo b.6). En autos está claro el ataque contra la sentencia: se imputa una errónea valoración de la prueba y no aplicación del principio de la carga de la prueba. Y si bien pueden haberse reiterado argumentos, lo expuesto resulta suficiente para ser entendidos y tenidos por válidos los agravios propuestos.
Por ello rechazo lo requerido en el sentido de declarar desierto el recurso de la parte actora debiendo ingresar al estudio de los agravios.(conf. arts. 264, 265 CPCC).-
IX. Aclarado ello, e ingresando al análisis de los agravios propuestos, debo señalar que con relación al primer agravio existe razón al recurrente en el sentido de que no se alegó en éstos la culpa de la víctima como causa del daño finalmente ocasionado. No obstante las cuestiones propias de la responsabilidad médica que se desarrollarán infra, en este particular supuesto coincido en que no puede existir responsabilidad de la actora en la producción del evento dañoso. En primer término porque ninguno de los demandados alegó este supuesto, lo que ab initio impide ingresar a tal hipótesis. Sumado a ello, por cuanto la actora carecía de conocimientos médicos, científicos y/o técnicos suficientes en el área de la salud y específicamente en la gestación y maternidad, cuando además se trató de su primera gestación, es decir hasta carecía de experiencia en el tema de debate.
A mayor abundamiento su propia médica tratante, Dra. Rius, en quien ella había depositado su confianza para el seguimiento de su embarazo, refiere que no le ordenó el estudio de urgencia por que no lo consideró de tal modo. Por estas razones concluyo que en la hipótesis de autos no existió culpa de la víctima que haya influido activamente en la producción del evento dañoso.- En los restantes argumentos ensayados el actor intenta fundamentar una errónea apreciación de la prueba. Deviene necesario señalar que la actora cursaba un embarazo en estado avanzado (36/37 semanas) cuando ante un control de rutina le indica la realización de un estudio ecodoppler fetal. El actor imputa la mala praxis médica, en una parte por entender que existió un error de diagnóstico y el estudio revestía el carácter de urgente, sostiene que la Dra.
Rius transgredió las prácticas de estilo para los casos de sospecha de RCIU (retraso de crecimiento intrauterino). En este punto debo señalar que el análisis que realiza el Juez de grado es coherente y se arriba a igual conclusión. Los médicos que se han expedido en la etapa probatoria de autos, a saber: Dra. Claudia Yance (fs. 547/549, 654/655), Rubén Vera Maydana (fs. 1025/1027), Dra. María Pizzuto (fs. 570) y Dr. Diez (fs. 613/614) dan explicaciones con relación a que el RCIU es una patología que consiste en la falta de crecimiento de los porcentilos indicados para la edad gestacional; y que el feto de la actora no presentaba esta patología. Es importante referenciar que el Dr. Lemos, quien realiza el ecodoppler fetal es quien observa dificultades en la gestación y envía a la actora a consultar con su médica tratante.
Este mismo profesional refiere que estaba ante un posible caso de RCIU y que la actora no habría sido debidamente informada de su estado de salud. En esta situación concreta funda el actor la mala praxis profesional, y así lo transcribe en su líbelo de demanda, afirmando que se habría dado un mal diagnóstico a la actora, que debió requerirse el estudio con carácter urgente y a partir de ello analiza los daños producidos. Este diagnóstico referido por el profesional (Dr. Lemos), es el único en tal sentido, y si bien tiene un respaldo profesional, debo atender a que fue realizado cuando efectivamente la actora se encontraba en una situación compleja de salud, ya que lo pudo observar el Dr. Lemos al momento de realizar el estudio el día que debió interrumpirse fatalmente el embarazo.
El Dr. Lemos declaró nuevamente en el pleito, estando en extraña jurisdicción, a fs. 986, y no agrega mayores datos que los brindados en el informe que realizó en el Hospital Zonal de Caleta Olivia; razón por la cual no pudo tener a la vista la historia clínica de la actora y demás resultados que fueron acompañados a éstos. Las restantes medidas probatorias de carácter científico médico han logrado desvirtuar tales argumentos, lo que se construye a partir del estudio de la historia clínica de la actora, el seguimiento de la gestación y la opinión que de tales cuestiones han referenciado los demás galenos. En el punto éstos han descartado la existencia de RCIU en la gestación de la actora de autos y tal afirmación lamentablemente quedó palmariamente desvirtuada luego de la realización autopsia; donde la Dra.
Ana María Pizzuto (fs. 12/14) da cuenta de las medidas y detalles de la bebé fallecida, y no surge de dicho informe disminución en el peso y la talla (características propias de la patología de RCIU). En tal sentido se expide claramente la Dra. Marta Claudia Yance en su informe y respuesta a la impugnación que se le realizara a su dictamen pericial, referenciando en forma reiterada que no se estaba en precencia de una patología de RCIU, y que por tal razón no revestía carácter de urgente ninguna práctica en particular. Señalando que ante iguales circunstancias lo actuado por la Dra. Rius fue acorde a las prácticas.- Hago propio el pronunciamiento que señala que "...debe considerarse que el obrar del médico fue el adecuado ya que del análisis retrospectivo de los hechos a la luz del resultado de la autopsia, resulta fácil sugerir cuál hubiese sido la conducta médica óptima, esta reconstrucción intelectual posterior, no invalida la justificación del obrar médico en el contexto en que éste se desenvolvió, toda vez que el mismo estuvo entre los procedimientos médicos usuales y aceptables indicados para casos similares" (F.
O. J. y S. B. c/ L. N. G. G., E. J. V. M S. y Estado provincial s/ daños y perjuicios, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Jujuy, Sala: III, 12-nov-2013, Cita: MJ-JU-M-84664-AR | MJJ84664 | MJJ84664).-
La actora cursó una gestación con adecuado crecimiento fetal y según la curva presentada valorada por la altura uterina nunca se encontró por debajo del percentilo 10, lo que se desprende de su historia clínica, que fuera explicada además tanto por la Dra. Yance como por el Dr. Vera Maydana, quienes coinciden que no existía ningún motivo que hiciera aconsejable requerir el ecodoppler fetal con carácter urgente, por cuanto el desarrollo del embarazo lo era dentro de los cauces normales sin que existan sospechas de anomalías en el mismo. También los galenos que se expidieron en autos descartaron el sufrimiento fetal como posibilidad idónea para el desenlace fatídico.-
En lo que respecta a las restantes pruebas producidas, debo señalar que si bien aportan conocimientos con relación a la patología RCIU (ej. el informe del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá a fs. 606 y ss.), como el gran número de puntos de pericia existentes en el punto, ilustran sobre la patología en cuestión, y por su parte los testigos de conocimiento dan cuenta del estado de salud de la actora o de tener conocimiento de su embarazo, su dolor "sentimental" ante lo acontecido, sin aportar mayores detalles de lo verdaderamente cuestionado que es la práctica médica. Debo señalar que requerí desde esta sede informe con respecto a la causa penal a la que se hace referencia, habiéndome informado que se ha dispuesto su archivo por no constituír delito, sin perjuicio de que fue ofrecida como prueba y no se agregó al expediente, habiendo quedado subsanado ello por haberlo solicitado por Secretaría y tenido a la vista.- No debemos dejar de observar que la mala praxis fue imputada a la Dra. Rius, por un mal diagnóstico y seguidamente por no haber dispuesto el ecodoppler con carácter urgente. La falta de precisión de la causa de la muerte, en este particular caso, no justifica dar por sentada responsabilidad de la médica demandada, quien ha demostrado haber actuado con la pericia del caso, sin que pueda demostrarse una actitud reprochable en la atención a la actora de autos.-
Es sabido que el magistrado sólo debe analizar la prueba conducente, lo que en este caso ha sido realizado en forma integral, destacando que en casos como el presente las pericias médicas son las de mayor trascendecia para el Juzgador, y se han evaluado en forma conjunta, conexa y siguiendo la línea de coincidencia en los argumentos vertidos por los expertos. Ninguna de las hipótesis ha quedado debidamente acreditada a mi criterio, entiendo así que el Juez de grado ha realizado una correcta apreciación de las medidas de prueba producidas y en el éste caso no se logró acreditar relación de causalidad entre la conducta de la médica tratante y el daño. El médico no puede asegurar un resultado.
X. En esta línea de exposición debo consignar que por la forma que se ha tratado y decidido sobre la responsabilidad de la Dra. Rius, tampoco cabe responsabilidad al Hospital Privado Meprisa S.A. habida cuenta que el servicio de salud que presta dicho establecimiento se ha llevado adelante dentro de los estándares esperables y adecuados para la praxis de que se trata, tampoco se ha probado en éstos falta del deber de seguridad; en similar sentido con la Obra Social demandada OSECAC, toda vez que no se ha demostrado incumplimiento alguno a los deberes de la misma como prestadora del servicio de salud; ya que no es responsable de la atención y resultado padecido por la accionante, en tanto que su accionar (en el caso otorgar un turno para el estudio) se desarrolló dentro de las normas de ejercicio propio de la prestataria del serviico de salud, por lo que no corresponde imputación de responsabilidad alguna (arts. 504, 1109 y ccs. CC.)
XI. Que al contestar agravios los demandados solicitan se confirme la imposición de costas a la parte actora. Debo advertir que en la instancia de grado se eximió de costas en virtud de haber tramitado la actora un beneficio para litigar sin gastos. Este punto del fallo no ha sido materia de agravios, por lo que no corresponde el tratamiento de lo manifestado en la constestaciones de agravio debiendo estarse a lo normado en el punto por el art. 84 del código adjetivo.
Se agravia el actor por los honorarios fijados en autos. Teniendo en cuenta el monto reclamado en el escrito de demanda, la duración del proceso, resultado obtenido, entiendo que los emolumentos fijados en la instancia de grado se encuentran ajustados a derecho y deben confirmarse (arts. 13, y ccs. ley 3330) Corresponde regular por la labor profesional desarrollada en esta instancia a favor del Dr. Gustavo Stobbia la suma de $ 18.000; a los Dres. Ernesto Roque Bonicatto, Ramiro E. Castillo y Paulo Luis Schdmidt la suma de $ 22.000 a cada uno de ellos, dejando constancia que dichos montos no contienen IVA (arts. 24 y ccs. ley 3330).-
Por estas consideraciones rechazo parcialmente los agravios vertidos y los admito parcialmente en cuanto a que no existió culpa de la víctima. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XII. Que esta causa tiene su razón en un hecho doloroso como fue la imposibilidad de concretarse exitosamente un embarazo en una madre primeriza. Pero la sola ocurrencia de este desgraciado hecho no quiere decir que exista responsabilidad profesional. El memorial de agravios no obstante lo expuesto por la demandada contiene una crítica concreta al imputar errónea valoración de la prueba y el principio de la carga de la prueba y es suficiente para ingresar al examen de los expuestos y desechar la sanción del art. 265 del CPCC. Coincido en que no hubo culpa de la actora.
Se imputó mala praxis por error en el diagnóstico, omisión de las conductas debidas y no haber ordenado como urgente la indicación de realización de un ecodoppler fetal para desechar la existencia de retraso de crecimiento intrauterino o RCIU, estudio que es realizado en el Hospital Distrital por el Dr. Lemos quien le refiere una delicada patología en el feto y la dirige en forma inmediata a su médica, la Dra. Rius. Pero lo cierto es que las pericias posteriores (autopsia estudio Histopatológico de placenta) no pudieron acreditar que existieran indicadores de RCIU (y por ende urgencia) o que hubiera retraso de crecimiento intrauterino.
Se critica que la historia clínica manifieste que ingresa por guardia a las 21 hs. mientras los testigos de la actora indican que lo hizo a las 19 hs. y que el Dr. Antipani data la muerte de 12 horas. Hay confusión. La actora se dirigió primero al consultorio de la Dra. Rius y allí fue atendida por el Dr. Panero esposo de la demandada y con su misma especialidad. Es con posterioridad que ingresa a internación por la Guardia donde se realiza los estudios de práctica antes de la cesárea. La estimación de la data de la muerte realizada por el Dr. Antipani es estimativa y se carece de la hora en que la realizó. Es más clara y precisa la Dra. Claudia Yance a fs.548 vta. en su respuesta al 9º punto de pericia.
Respecto de la carga de la prueba aún recurriendo a las cargar probatorias dinámicas, tenemos que los demandados han aportado la Historia Clínica, e incluso colaboró la Dra. Rius con la hermana de la actora cuando ésta le manifestó su deseo de realizar la autopsia (ver fs. 544).
Por ello coincido con el análisis efectuado por la Dra. Bard en su voto al que adhiero incluso con respecto de las costas atento que la sentencia exime de costas a la actora en pronunciamiento no apelado por los demandados.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XIII. Que en atención a la forma que respondí a la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Desestimar el pedido de las demandadas de declarar desierto el recurso. 2º) Admitir el primer agravio expresado por la parte actora en cuanto a la inexistencia de culpa de la víctima y rechazar los restantes.- 3º) Confirmar la sentencia en lo demás que fuera materia de agravios, aclarando que la imposición de costas deberá diferirse en atención a que la actora cuenta con Beneficio para litigar sin gastos. 4º) Regular por la labor profesional desarrollada en esta instancia a favor del Dr. Gustavo Stobbia la suma de $ 18.000; a los Dres. Ernesto Roque Bonicatto, Ramiro E. Castillo y Paulo Luis Schdmidt la suma de $ 22.000 a cada uno de ellos, dejando constancia que dichos montos no contienen IVA (arts. 24 y ccs. ley 3330). 5º) Tener presente la reserva del caso federal. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XIV. Concuerdo con la propuesta elevada al Acuerdo por la primer votante. Adhiero a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, de octubre de dos mil diecinueve.
Y
La deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales, doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Desestimar el pedido de las demandadas de declarar desierto el recurso.-
2. Admitir el primer agravio expresado por la parte actora en cuanto a la inexistencia de culpa de la víctima y rechazar los restantes.-
3. Confirmar la sentencia en lo demás que fuera materia de agravios, aclarando que se ha declarado el proceso exento de costas en la instancia de grado por la existencia del Beneficio para litigar sin gastos resultando operativo en el caso el art. 84 del CPCC.-
4. Regular por la labor profesional desarrollada en esta instancia a favor del Dr. Gustavo Stobbia la suma de $ 18.000; a los Dres. Ernesto Roque Bonicatto, Ramiro E. Castillo y Paulo Luis Schdmidt la suma de $ 22.000 a cada uno de ellos, dejando constancia que dichos montos no contienen IVA (arts. 24 y ccs. ley 3330).
5. Tener presente la reserva del caso federal.
6. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
El Dr. Jorge O. Alonso suscribe la presente sin emitir opinión por no existir disidencia entre los votantes.FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-Presidente-; Jorge O. Alonso -Juez de Cámara Subrogante-. Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201 044S.191 Tomo: XCII Sentencia: 2809 Folio Nº: 001/010 Secretaria: 1
Fin de la sentencia