Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa INC 35540 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la decisión que adoptó el Juez Juan Sebastián Galarreta, titular del Juzgado de Ejecución N° 2, de incluir a Marcos Ariel Montes Romero en lo que ha denominado "régimen de tratamiento en comunidad"; todo ello en cuanto fuera materia de recurso del Ministerio Público Fiscal. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° INC-35540-1, y de cuyas constancias,
El Ministerio Público Fiscal ha recurrido la decisión que adoptó el Juez Juan Sebastián Galarreta, titular del Juzgado de Ejecución N° 2, de incluir a Marcos Ariel Montes Romero en el "régimen de tratamiento en comunidad", tal la denominación que le dio el Magistrado al instituto que estableció.
El alcance de esa modalidad de ejecución de pena y su naturaleza misma es lo que cuestionan los representantes de la vindicta pública y sobre ello discurrirán los argumentos de los suscriptos, por lo que, a fin de evitar repeticiones innecesarias, no abocaremos de inmediato a su tratamiento.
Para comenzar haremos un repaso del trámite de las actuaciones, lo que en definitiva constituye el argumento central del modo de ejecución de pena que dispuso el a quo. De acuerdo a lo que consta en el cómputo de pena, el Tribunal en lo Criminal N° 4, con fecha 19 de julio de 2016, "condenó a Marcos Ariel Montes a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISION, más accesorias legales y las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por el padre, en fecha previa y próxima al día 21 de septiembre de 2014, y del que resultara víctima Cielo Mía Montes Nimo ( CP, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 119 último párrafo con su reenvío al primer párrafo y el concurso del inc. b.). El 23 de marzo de 2017 el Tribunal de Casación Penal confirmó la resolución aludida, y el 24 de octubre del mismo año declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa del imputado. El 18 de abril de 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia rechazó la queja deducida por el Defensor Oficial de Casación Penal en favor de Montes. El Máximo Tribunal Provincial el 13 de febrero de 2019 denegó por inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto a favor del encausado. Finalmente, el 22/10/2020 se desestimó la queja interpuesta, y el 6/8/2021 se archivaron las actuaciones".
Se advierte que desde la fecha de comisión del ilícito por el que fue condenado Montes hasta el momento de su detención para que comience a cumplir la pena de encierro efectivo que se le impuso transcurrieron algo mas de siete años y el procesado agotó la totalidad de las posibilidades recursivas en el plazo de cuatro años y tres meses (19 de julio de 2016 al 22 de octubre de 2020), lo que se anotició tardíamente al órgano de juicio.
A criterio del Juez de Ejecución por la demora estatal hasta la firmeza de la condena se ha violado las garantías constitucionales al juzgamiento en un plazo razonable y la previsiones de los instrumentos internacionales que rigen la materia, lo considera que distorsiona el fin mismo de la pena a ejecutar.
Partiendo de tal hipótesis y remitiéndose a diversos antecedentes de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías Departamental, a saber, "Robledo" (causa N° 18.796), "Angelani" (causa N° 21.796) y "Nieva" (causa 22.908), en cuanto a la posibilidad de adelantar regímenes de la etapa de ejecución, y "Santos" (causa 24.520), a cuyas pautas se remitió para seleccionar la modalidad de pena, decidió en este proceso que Montes sea incluido en "tratamiento en comunidad".
En concreto: (1) ponderó que el penado cuenta con empleo desde hace 25 años a la fecha, que puede continuar con tal relación laboral, que no ha cometido nuevos delitos y que tiene una nueva pareja y un círculo familiar con vínculos afectivos y (2) por todo lo señalado consideró innecesaria la progresividad penitenciaria y, en consecuencia, la continuidad del encierro efectivo, por lo que, aun cuando el penado no ha sido beneficiado con una condena de ejecución condicional -por imperativo legal- ni estaba en condiciones temporales de beneficiarse con alguno de los institutos que prevén el acceso anticipado al medio libre en el propio Código Penal o en las Leyes 24.660 y 12.256 -también por imperativo legal-, dispuso la inclusión de Montes en un régimen al que el Magistrado ha denominado "tratamiento en comunidad". Se trata en definitiva del acceso al medio libre pero con la imposición de condiciones que constituirían una suerte de tratamiento resocializador.
El Juez Galarreta citó el art. 122 de la Ley 12.256, única referencia legal al "tratamiento en comunidad" que existe en ese cuerpo normativo, pero soslayó que tal precepto se refiere a una de las modalidades del régimen penitenciario abierto y no a un mecanismo de acceso anticipado al medio libre, es decir, a una suerte de ejecución condicional de una pena superior a tres años de prisión que se fundaría en la premisa o el convencimiento personal de la innecesariedad del tratamiento penitenciario, aspecto en cuyo análisis se introduce en razón del plazo del trámite recursivo y, que en el caso particular, involucra a una persona que ha sido condenada por considerarlo autor de un abuso sexual cometido en perjuicio de su hija, en cuyo favor valora dos aspectos previos a la comisión del ilícito -tener hijos y trabajo estable- y uno concomitante al juicio y la sentencia -contar con una nueva pareja estable-.
Veamos en primer término la lógica normativa del instituto: luego de la parte preliminar de la Ley 12.256, se encuentra la "Primera Parte", se titula "Del Servicio Penitenciario" y comprende los arts. 6 a 160; el tercer título de esa parte se denomina "Régimen de condenados" y su cuarto capítulo -de los seis que contiene- se llama "Régimen Abierto" y en este se encuentra comprendido el art. 122.
Bajo el rótulo "Alternativas en la Ejecución de la Pena. Prisión Discontinua, semidetención, prisión diurna, prisión nocturna" dice el precepto en cuestión: "Los lineamientos de los programas de tratamiento correspondientes al régimen abierto estarán determinados por la evaluación particular de cada caso, abarcando desde las formas semi institucionales con alojamiento en las dependencias y salidas laborales, educacionales, asistenciales y familiares, hasta el tratamiento en la comunidad" (el subrayado nos pertenece).
No parece lógico que tamaño beneficio en el cumplimiento de la pena haya sido incluido por el legislador en la referencia final del precitado artículo y sin regulación o exigencias normativas de ningún tipo. A contrario, parece razonable suponer que constituye una modalidad de cumplimiento del régimen penitenciario abierto y que por tal naturaleza, de acuerdo al art. 98 del la Ley 12.256, la inclusión de los penados correspondería al Servicio Penitenciario con comunicación al Juez de Ejecución si la persona se encontrara ya en el régimen abierto o al Magistrado con asesoramiento de la Junta de Selección si no lo estuviere (art. 100 de la Ley 12.256).
Mas elocuente aun resulta la exposición de motivos del cuerpo normativo, se lee, "[...] el proyecto incorpora figuras tales como la detención domiciliaria (artículos 19 a 21) para la atención de situaciones especiales tanto para procesados como para condenados; la libertad asistida (artículos 101 a 108) concebida como un régimen de egreso anticipado con alcance también a aquellos condenados a penas mayores de tres años de prisión o reclusión; prisión discontinua y semi detención con sus modalidades prisión diurna y nocturna, formas semi institucionales contempladas en el régimen abierto de condenados (artículo 123).
Estas alternativas en la ejecución de la pena de prisión permiten un adecuado tratamiento en la comunidad, manteniendo sólo fracciones del día y períodos privado de libertad (semi detención: prisiones diurna y nocturna, y prisión discontinua), sin el desarraigo y desamparo familiar, y la consecuente marginación social que arrastra al grupo de pertenencia. [...]"
"Por último las penas substitutivas de prisión permiten además que la sociedad participe en la ejecución penal como un factor activo de contención e integración social (trabajo comunitario) y preventivo de la reiteración y reincidencia delictiva".
"De acuerdo a las características y extensión territorial de la provincia de Buenos Aires y concordante con las normativas provinciales vigentes en la materia, se establece con claridad que en el territorio bonaerense la ejecución penal que implique privación de la libertad – aunque ésta sea en las formas de semi detención, prisión discontinua o domiciliaria- será administrada por el Servicio Penitenciario bonaerense, en tanto que la ejecución de toda sanción penal que se cumpla en libertad será administrada por el Patronato de Liberados bonaerense. En ambos casos la ejecución penal siempre estará bajo el contralor del juez de Ejecución".
La decisión del legislador parece clara, el tratamiento en comunidad no es mas que una de las modalidades de encierro penitenciario y los fines que se debieron verificar para la concesión de este beneficio son los que expuso en el tratamiento de la Ley.
En síntesis, la decisión debe ser revocada y por ese motivo Montes debiera reingresar a la Unidad Penitenciaria a cumplir la pena firme que se le ha impuesto, siendo ese es el ámbito adecuado para determinar cuál de las modalidades de encierro efectivo es la que se adecua en mejor medida a sus necesidades tratamentales.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: revocar la decisión que adoptó el Juez Juan Sebastián Galarreta, titular del Juzgado de Ejecución N° 2, de incluir a Marcos Ariel Montes Romero en lo que ha denominado "régimen de tratamiento en comunidad"; todo ello en cuanto fuera materia de recurso del Ministerio Público Fiscal. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 05/10/2022 12:23:36 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2022 12:23:46 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2022 12:23:55 - DE LEÓN PRANDI Juan Manuel - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 05/10/2022 12:24:09 hs. bajo el número RR-510-2022 por DE LEON PRANDI JUAN MANUEL.
Fin de la sentencia