Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia dictada el 10/09/2025, con costas a la apelante vencida (art. 68 del CPCC); y por lo resuelto en esta Alzada y conforme lo aquí decidido, el interés perseguido, el resultado obtenido y el carácter de sus tareas, se fijan los estipendios de la Defensora Evangelina Mujica en la suma de 5 jus, lo que así se decide (arts. 14, 15, 16, 24, 31 y concs. ley 14967; Ac 4200 ap. 1) SCBA).
(RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 22 días del mes de diciembre de 2025, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados:
“ASESORÍA DTAL. N° 2 C/ B. J. E. Y OTRO/A S/ PRIVACIÓN/SUSPENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL",
Expte. N° 15.540, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y el art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Sra. Jueza Dra. Laura Alicia Bulesevich, Señor Juez Dr. Fabián Marcelo Loiza y Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1a ¿Se ajusta a derecho la sentencia dictada el 10/09/2025?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. El 10 de septiembre de 2025 la jueza a cargo del Juzgado de Familia N° 1 dictó sentencia en la que resolvió, en lo que interesa respecto a la cuestión que se trae a revisión, privar de la responsabilidad parental a los progenitores del niño -nacido el 17 de agosto de 2017- en los términos de los incs. c y d del art. 700 del CCyC y declarar su situación de adoptabilidad, poniendo ello en conocimiento del RUAGA.
Mediante un relato cronológico de los antecedentes de la causa referenció los argumentos expuestos por la Asesora en su demanda en la que hizo saber que desde el 18/10/2024 el niño se encuentra bajo una medida de abrigo en el Hogar Convivencial “Nuevo Amanecer” de la ciudad de Lobería y que, anteriormente, cuando tenía un año de vida había estado bajo una medida de protección excepcional junto a sus hermanos (según obra en expte. 22.074/2018) quienes a la fecha continúan bajo esas medidas protectorias porque su madre nunca modificó ni intentó trabajar las habilidades maternas para ejercer el cuidado (conforme surge de expedientes 22.072 y 22.073 que tramitan también ante su Juzgado). En esa cronología la jueza señala que, previo a la contestación de la demanda, ambos progenitores concurrieron a una audiencia con el patrocinio letrado de la defensoría oficial en la que se les explicó en lenguaje claro los motivos de la citación y su situación procesal. Allí ambos comentaron algunas cuestiones vinculadas a su desconfianza con los organismos de niñez de Lobería y explicaron los motivos por los cuales no habían concurrido a las citaciones cursadas, expresando querer que su hijo regrese con ellos.
En la continuidad de esa narración se menciona la incomparecencia de los progenitores tanto a la fecha de la entrevista fijada por el Equipo Técnico (6/08/2025) como a la celebración de la audiencia de prueba (3/7/2025).
La jueza pondera la normativa constitucional y convencional aplicable, destaca la excepcionalidad que ostenta la medida de separación del hijo de su familia biológica y pone especial énfasis en la consideración del interés superior del niño.
Así, en el caso, concluye que el niño se hallaba en un contexto de violencia entre los adultos responsables y expuesto a diversas situaciones que vulneraban su derecho a la salud y a la educación, sin poder reconocer ninguno de sus progenitores aquellas situaciones que lo exponían a riesgos psicofísicos, mostrando en ello falta de voluntad para revertir la situación (art. 607 inc. c del CCyC). Por lo que valora que el superior interés del niño se constituye -en este caso- en la posibilidad de su inserción en la sociedad alejado de las personas que vulneraron sus derechos y de crecer en el seno de una familia que lo acompañe y contenga.
Finalmente la decisión concluye privando de la responsabilidad parental a ambos progenitores, agregando en su valoración la reiterada citación y constante incomparecencia de la madre a los sucesivos turnos fijados en el Hospital Neuropsiquiátrico local para ser evaluada. Reticencia que también se produjo cuando ambos progenitores fueron citados por el Equipo Técnico. Refiere que, sólo se logró realizar una evaluación interdisciplinaria en el expediente donde tramitó la medida de protección de otro de sus hijos, en fecha 8/10/2019 (expte. 22.073), el que transcribe en su totalidad.
II. Disconforme con el pronunciamiento, la progenitora apeló y expresó sus agravios mediante escrito del 30/09/2025.
La crítica de la resolución la desarrolló en dos agravios encolumnados a poner de manifiesto su disconformidad con la decisión adoptada, que califica de “sanción encubierta” por haberse llevado a cabo sin una valoración exhaustiva y omitiendo el estándar de certeza que la doctrina y la jurisprudencia reclaman.
En el primer agravio alega que la sentencia se apoya casi exclusivamente en antecedentes administrativos y en informes de seguimiento que reproducen valoraciones previas, sin permitir una efectiva contradicción, ni mostrar que su realidad y la de su hijo podrían ser diferentes con un acompañamiento adecuado.
Critica los informes obrantes en el expediente que aduce, “se han confeccionado con una mirada sesgada de prejuicios, sin tener en cuenta que nunca recibí un verdadero apoyo o asesoramiento para comprender lo que se me pedía; recibiendo un trato culpable desde el inicio de las intervenciones, sin la posibilidad de escucharme, ni de proporcionarme las debidas herramientas para mejorar”.
Manifiesta que la prueba cuya producción no se realizó (declaraciones testimoniales y pericias pisquiátricas) no puede implicar una renuncia tácita a la prueba. Por lo que, “al prescindirse de tales medios de prueba, se ha privado a esta parte de la posibilidad de demostrar la aptitud para revertir las apreciaciones negativas, configurándose una clara violación al derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en las “Cien Reglas de Brasilia”.
En el segundo agravio el énfasis es puesto respecto de la declaración en situación de adoptabilidad de su hijo, remarcando que la sentencia reduce el análisis al señalamiento de conductas de supuesta negligencia materna, omitiendo explorar alternativas menos gravosas que la declaración de adoptabilidad y la privación de la responsabilidad parental, tales como dispositivos de fortalecimiento familiar, acompañamiento institucional y revinculación progresiva.
III. El 06/10/2025 la asesora contestó la vista conferida solicitando el rechazo del recurso y la confirmación de la sentencia.
IV. El 12/11/2025 este Tribunal tomó contacto con el niño F. mediante audiencia celebrada en esta sede en la cual contó circunstancias de su vida en el Hogar, el colegio, sus actividades extracurriculares y amistades.
V. 1. Ingresando al abordaje del recurso, anticipo que propondré al acuerdo la confirmación de la sentencia, pasando a dar seguidamente las razones de mi decisión que me llevan a coincidir con mi colega de grado. De tal modo, valoro que lo decidido en la instancia pondera la consideración del interés prioritario y superior del niño, en tanto pauta rectora que debe alumbrar toda decisión que sobre él se adopte, pues el resguardo de ese interés se antepone al que puedan revestir los adultos, abrevando en ello la tutela judicial efectiva (arts. 3 y 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; art. 8. 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Observaciones generales 12 y 14 del Comité de los Derechos del Niño; Opinión Consultiva de la CIDH OC 17/2002; art. 36 inc. 2 de la Constitución Provincial; arts. 594, 595 y 706 inc. c del CCyC; arts. 2 y 3 de la ley 26.061; art. 4 ley 13.298).
La Corte Suprema de la Nación ha entendido que el Interés Superior del Niño apunta esencialmente a dos propósitos, "...cuales son las de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio, pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido que la decisión se defina por lo que resulta de mayor beneficio para ellos..." (C.S.J.N., in re "S.,C.", sentencia dictada el 2 de agosto de 2005. Voto concurrente de los doctores Fayt, Zaffaroni y Argibay, pub. en L.L., 2005-D, 873).
Este eje central y prioritario en el que se constituye la consideración del interés superior del niño transversaliza e irradia sus efectos a todo el examen del caso, que -en los procesos como el presente- siempre sucede en contextos complejos, dolorosos y en el marco de un entramado familiar en el que no existe red que permite el crecimiento y desarrollo saludable del niño en el seno de su familia de origen o ampliada (art. 595 inc. c del CCyC). La excepcionalidad de esa separación sólo responde a ese derecho humano fundamental del niño a crecer en una familia que lo cuide en el más amplio sentido de la palabra: material y afectivamente (conf. 594 del CCyC). La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 17/2002 sobre “Condición jurídica y derechos Humanos del niño” en referencia a la separación excepcional del niño de su familia expresamente afirmó: “74. -…- La autoridad que se reconoce a la familia no implica que ésta pueda ejercer un control arbitrario sobre el niño, que pudiera acarrear daño para la salud y el desarrollo del menor. Estas preocupaciones y otras vinculadas con ellas determinan el contenido de varios preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 5, 9, 19 y 20, inter alia)”.
V. 2. Desde tal atalaya conceptual, advierto -en el análisis de la apelación- que el desarrollo argumentativo hilvanado en ningún momento posa la mirada en esa perspectiva que tiene como eje la infancia y la protección integral de sus derechos.
Por el contrario, la impugnación focaliza su crítica en una falta de prueba que no surge en modo alguno de las profusas constancias del expediente, que resultan ser una concatenación de estrategias y medidas en pos de fortalecer el vínculo de ambos progenitores con el niño, en el marco de un tiempo legal y prudente de cara a sus derechos.
En efecto, el recurso no asume los argumentos medulares de la decisión, que dan cuenta de un contexto de vulneración de derechos del niño que se constituyen en circunstancias de gravedad que justifican la declaración judicial de la situación de adoptabilidad del niño por darse las condiciones establecidas en los arts. 607, 700, ss y ccdtes del CCyC. La sentencia expresamente reza: “Por todo lo expuesto, ha quedado acreditado en autos que ambos progenitores han incurrido en negligencia y malos tratos hacia su hijo F. (informes del órgano administrativo, de los establecimientos escolares, evaluación del ET). M. no ha podido brindarle a su hijo F. un ambiente de contención integral, más allá de la cuestión afectiva que la vincula con él. No habiendo podido proteger al niño de situaciones de violencia por parte del progenitor. Y J. B., ha ejercido violencia física y verbal no sólo respecto de los hijos mayores de M., sino también respecto de F. y de la propia M.”.
La sentencia también transcribe la evaluación interdisciplinaria agregada el 08/10/2019, la que tampoco es asumida por la apelante, y que resulta fundamental en la valoración integral del caso. En dicho informe se lee:
“Marco Histórico y Contexto del Estudio: La pareja conformada por B. - V. tiene un solo hijo F. de un año y medio de edad. T. y A. son hijos de la sra. V. de un matrimonio anterior, cuyo marido fallece en un accidente. T. y A. habían atravesado anteriores medidas protectorias por situaciones de violencia en la pareja anterior de la sra. V.. El Servicio Local de Lobería toma una medida de protección respecto de los tres menores dadas situaciones de descuido de los mismos referidas por las instituciones escolares. Datos aportados por las entrevistas: La sra. V. se presentó a algunos de los turnos fijados, siendo acercados a esta sede por un vehículo gestionado por el Servicio Local. En una oportunidad el auto se presenta en su domicilio, pero ella expresa que no quería venir a la evaluación por eso no salió de su casa. Presenta una actitud hostil en la entrevista, muy defensiva respecto a las preguntas que se realizan. Le resulta difícil establecer una relación de confianza dado que interpreta que el otro la agrede. Ha presentado conductas de violencia en el Servicio Local llegando incluso a romper objetos.
La entrevistada se encontraba lúcida, orientada en tiempo y espacio, sin trastornos sensoperceptivos al momento de la evaluación. Presenta un nivel intelectual por debajo del promedio. Presenta un bajo umbral de tolerancia a la frustración y alto nivel de impulsividad. Desconoce los motivos que llevan a tomar la medida con los niños. Niega descuidos, que luego logra mencionar en el relato. Niega situaciones de violencia en su hogar. Su discurso presenta variaciones claras, que dan cuenta de sus dificultades al momento de sostener una idea o pensamiento.
Se observan indicadores de sostener un vínculo de significativa dependencia con el sr. B.. Establece un vínculo de afecto con sus hijos, sin poder dimensionar su bienestar ni conductas de cuidado hacia los mismos. No ha establecido cuidados respecto a la salud, cuidados básicos de alimentación y pautas educativas y sostenimiento de la escolaridad de los mismos (como consta en los informes de seguimiento del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Fojas 2de autos). Presenta sintomatología compatible a un trastorno de personalidad, con rasgos paranoides. Desde la separación con los niños, su conducta ha sido muy variable desde ir a las visitas al hogar a no concurrir sin aviso o solicitar solo para tomar contacto con F.. No se observan indicadores de angustia respecto de que los niños se encuentren en el hogar.
Desde la evaluación de los menores, se observan indicadores de un vínculo de afecto con su madre pero logrando armar una vida por fuera de la misma, y encontrándose muy bien en el hogar. No ha podido frenar la violencia del sr. B. especialmente respecto a uno de ellos. Reconocen haber pasado mucho tiempo afuera de la casa, en la placita por ejemplo, regresando tarde en la noche sin supervisión de un adulto.
El sr. B. se presenta a las entrevistas que concurre la sra. V.. No colabora con las mismas, restringe lo que dice, responde casi con monosílabos. El entrevistado se encontraba lúcido, orientado en tiempo y espacio, sin trastornos sensoperceptivos al momento de la evaluación. El sr. B. no refiere actividad laboral (ha trabajado esporádicamente), solo tareas domésticas, su vinculación con otros es muy baja. No demanda ni cuestiona la medida respecto a su hijo. Se observa una conducta de apatía hacia el entorno. Presenta indicadores de sintomatología de trastorno de personalidad con rasgos esquizotípicos. Presenta una vinculación de alta dependencia a su pareja.
De acuerdo a la evaluación psicológica realizada con los niños T. y A. G. surgen indicadores de haber sufrido situaciones de violencia por parte del sr. B. con claros indicadores de angustia evidenciados en las entrevistas. Si bien existe un vínculo de afecto con su madre, la separación respecto del sr. B. ha sido muy positiva en el desarrollo emocional de los niños, encontrándose al momento con mayor organización en el orden emocional y de su vida cotidiana (escolar, horarios de juego, etc.). El matrimonio carece de apoyo familiar a los fines de acompañar sus funciones, y no permiten el acompañamiento institucional.
Respecto a las Capacidades parentales: Por lo expuesto, es posible considerar que la sra. V. establece un vínculo de afecto con sus hijos con dificultades para establecer pautas de crianza y una relación de cuidado hacia los mismos, no pudiendo protegerlos de la violencia verbal y física del sr. B..
El sr. B. presenta una preocupación parcial respecto al bienestar de su hijo F. con serias fallas para sostener un vínculo adecuado como padre afin, debido a las conductas de agresividad evidenciada hacia los mismos. El sr. B. y la sra. V. presentan serias fallas para sostener funciones de cuidado y sostén para el desarrollo emocional de los niños a su cargo, exponiéndolos a situaciones de vulnerabilidad emocional y física. No habilitan el apoyo institucional”.
V. 3. En este contexto complejo, con múltiple e interdisciplinaria intervención de los distinto operadores, en el que se destaca la incesante actuación de la Asesora, la respuesta de la judicatura debe ser aquella que resulte más adecuada a la situación de vida que le toca transitar al niño, que garantice y promocione su pleno desarrollo; y conjugue protección, estabilidad, bienestar, restauración de sus derechos fundamentales y lo sustraiga de una eventual reiteración a su conculcación.
En tal senda de análisis, hay una circunstancia que en estos procesos resulta vital: el tiempo.
Tanto el interés superior del niño como la tutela judicial efectiva no pueden escindirse del transcurso del tiempo porque resulta condicionante, tanto en la efectiva consideración prioritaria de un niño en pleno crecimiento que día a día va construyendo su identidad, como así también de una tutela judicial que para ser efectiva debe ser oportuna.
Así se ha interpretado que, "hay otros aspectos que en el ámbito de la tutela judicial efectiva se concretan con la necesidad del tribunal de adaptar fases sobre la marcha del trámite y de asegurar proveimientos adecuados (arts. 706 y 709, Cód. Civ. y Com.), ante los avatares que puedan surgir durante el proceso, para que el instituto regulado por el Código de fondo -la prioridad en la permanencia en la familia de origen o ampliada y, de no alcanzarse esa premisa, se avance en la adopción, siempre en un tiempo razonable de resolución- no pierda virtualidad. Con otras palabras, si no fuera oportuna la tutela no tendría efectividad el derecho sustancial que impulsa a que la justicia tenga en cuenta proteger a los niños ante el paso del tiempo vital que los involucra en esta indefinición familiar -ver arts. 607 inc. "c" del Código Civil y Comercial; 12 de la ley 14.528- (v. Morello, Augusto M. y Arazi, Roland, "Procesos urgentes", JA 2005-I, págs. 13118-1352. De los Santos Mabel, "Cuestiones procesales a la luz del Código Procesal Modelo de Familia" (que responde al nuevo Código Civil y Comercial, Suplemento especial Código Civil y Comercial de la Nación, Familia [diciembre], 12-IV-2014, 125)" (conf. SCBA LP C 121036 S 29/11/2017 Juez DE LÁZZARI (OP))”. (Expte. 12.722, reg. elect. 162 (RR) del 22/06/2021)
El rol trascendental del tiempo es reiteradamente destacado por la doctrina: “El respeto por el derecho de niños y adolescentes a la vida familiar es uno de esos derechos humanos que no admite u observa un escaso margen para dilaciones, so pena de incurrirse en actitudes y/o decisiones que violan el principio rector del interés superior del niño. De este modo, para que la respuesta estatal -el otorgamiento de la adopción- sea eficaz, oportuna y beneficiosa para el niño, el procedimiento debe tener la mayor agilidad posible, pues [...] el factor tiempo cobra una importancia inusitada y determinante; pero siempre, teniéndose en cuenta todos los intereses en juego, es decir, cuidándose de que la celeridad no conculque otros derechos que también pueden estar comprometidos como aquellos que titularizan la familia de origen, incluso la adoptiva. Una vez más, la regulación de la adopción gira en torno a la idea de equilibrio, con la complejidad que ello significa”. (Herrera Marisa y Molina de Juan Mariel, “El derecho humano a tener una familia y el lugar de la adopción cuando fondo y forma se encuentran” en Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Dir. Silvia Eugenia Fernández, Ed. Abeledo Perrot, 1° ed, 2da. Reimpresión, 2017, Tomo 1, p. 1165).
Desde tal exigencia constitucional y convencional, consustancial a los derechos del niño, valoro que el posicionamiento de la progenitora en su apelación conduce a una dilación inaceptable del proceso de adopción con la pretensión de producir prueba a la que ella misma durante todo el trámite de la causa persistentemente se sustrajo (v. informe del Servicio Local acompañado el 29/10/2024; informe inicial PER del 12/11/2024, informe final PER del 25/02/2025, informes acompañados el 16/05/2025, informe incomparecencia 27/05/2025, dictamen del 29/05/2025).
V. 4. Retornando a la cronología de esta historia familiar, es necesario destacar que la primera medida de abrigo -relativa a los tres hermanos- se adoptó en virtud de las diferentes situaciones de riesgo a las que estarían expuestos los niños, inmersos en un contexto de violencia entre los adultos responsables, con vulneración del derecho a la salud y educación, evidenciando ello un abandono de las responsabilidades parentales de ambos progenitores en el cuidado de sus hijos.
La ausencia de referentes familiares motivó el alojamiento de los niños en el Hogar “Gambetando Vientos” de Lobería (ver adopción de medida de abrigo del 23/08/2018 y su posterior legalización), continuando desde entonces los hermanos de F. con medidas de protección (v. expedientes agregados referidos a medidas protectorias en institución de T. y A.)
En ese momento F. contaba con 11 meses de vida. Se puede observar la cuantiosa prueba que resulta de los distintos expedientes referida a las diversas estrategias implementadas para fortalecer el rol materno de M. respecto de F. lo que permitió el egreso del niño del Hogar para volver a vivir con sus progenitores (v. informe de seguimiento del PER del 08/10/2018; informe de evolución PER a los 45 días obrante en hojas 43-48; Guarda institucional del 21/5/2019, acta del 02/09/2019; informe del Servicio Local de Lobería agregado mediante resolución del 11/03/2021, entre otros).
En ese transcurrir se observa el informe PER por cese de medida y restitución de derecho acompañado el 30/06/2021, que permitió el regreso del niño con sus progenitores y la oportunidad para F. de crecer junto a su familia biológica y de sus progenitores de cuidarlo y de garantizar sus derechos.
Sin embargo, en la actualidad F. tiene 8 años y desde hace 14 meses que está viviendo nuevamente en un Hogar, que en esta oportunidad resulta ser el Hogar “Nuevo Amanecer”.
La medida de protección se tomó el 18/10/2024 y fue legalizada por resolución judicial del 13/11/2024. Las razones: sufrir agresiones físicas por parte de su madre, quedar expuesto a agresiones físicas entre ambos progenitores, ausencia de controles médicos y de vacunación, e inasistencias reiteradas a la escuela. Todas ellas conductas reveladoras de negligencia en el cuidado, con la consecuente vulneración de los derechos del niño por parte de los adultos responsables, quienes sin implicarse en la realidad vivencial en la que sumen a su hijo, culpan a las instituciones de las medidas de protección adoptadas (v. informe y solicitud de turno para evaluación psiquiátrica del ET del Servicio Local presentado el 22/11/2024) Precisamente esas medidas tuvieron como norte favorecer y promocionar la reinserción del niño en su ámbito familiar de origen, cuyo agotamiento de tal posibilidad se constata en forma expresa en la historia vital de F. y escurre de las cientos de hojas de intervención que tiene toda la causa en el marco de la historia familiar de los tres hermanos, que nos interpela por la ausencia de protección, cuidado y contención por parte de quienes eran los adultos responsables de los niños.
V. 5. En el escenario familiar expuesto, para finalizar, no puedo dejar de meritar que las objeciones que la progenitora plantea se limitan a exteriorizar una mera disconformidad con lo resuelto, sin lograr demostrar un error que permita descalificar la sentencia ni una violación a su derecho de defensa, que estuvo suficientemente garantizado con la asistencia de la defensoría oficial. Las constancias objetivas que obran en la causa permiten arribar a tal conclusión.
Lo valorado hasta aquí es suficiente a fin de desestimar la apelación deducida.
A la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.
El Sr. Juez doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
La Sra. Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DRA BULESEVICH DIJO:
En atención al resultado de la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia dictada el 10/09/2025, imponiendo las costas a la apelante vencida (art. 68 del CPCC). Finalmente, por lo resuelto en esta Alzada y conforme lo aquí decidido, el interés perseguido, el resultado obtenido y el carácter de sus tareas, se fijan los estipendios de la Defensora Evangelina Mujica en la suma de 5 jus, lo que así se decide (arts. 14, 15, 16, 24, 31 y concs. ley 14967; Ac 4200 ap. 1) SCBA).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el Sr. Juez doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la Sra. Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 22 de diciembre de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se resuelve: Confirmar la sentencia dictada el 10/09/2025, con costas a la apelante vencida (art. 68 del CPCC); y por lo resuelto en esta Alzada y conforme lo aquí decidido, el interés perseguido, el resultado obtenido y el carácter de sus tareas, se fijan los estipendios de la Defensora Evangelina Mujica en la suma de 5 jus, lo que así se decide (arts. 14, 15, 16, 24, 31 y concs. ley 14967; Ac 4200 ap. 1) SCBA).
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por la actora (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA).
Fin de la sentencia