Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 36253
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Arts. 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 22, 23, 25 y concordantes de la ley 12.008 y modificatorias; y demás normas legales citadas;
Estos autos caratulados "SOLDATTI GUSTAVO RUBEN C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ PROC.SUMARIO CONTRA SANCS.EN MAT.DE EMPLEO PUBLICO", expediente Nº 36253, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y
I. Que a fs. 1/115, se presenta el Dr. Jorge Alberto Sioville, en el carácter de apoderado del Sr. GUSTAVO RUBEN SOLDATTI iniciando pretensión en los términos del art. 72 del CPCA, e impugnando la sanción aplicada mediante RESFC-2018-4947 GDEBA-DGCYE, la cual importa la exoneración de su cargo.- Asimismo, solicita conjuntamente, el dictado de una medida cautelar que le devuelva al actor el status que gozaba antes del dictado del acto administrativo que se pretende anular en la acción principal iniciada.
II. Efectuando una apretada síntesis en cuanto a los antecedentes fácticos y jurídicos en los que se funda la pretensión de fondo; el actor manifiesta que el día 28/09/2018, el cuerpo directivo, docentes y auxiliares, de la Escuela Primaria Nº 73 del distrito de Moreno, en el marco de una actividad pedagógica programada con motivo de los festejos de la primavera y la semana de las artes, organizan -para los alumnos del nivel primario-, actividades de carácter recreativo-musical; a su vez, y dado que el Prof. de Educación Física Sr. Medina Gustavo, se retiraba del servicio activo, aprovechaban el evento para despedirse de sus alumnos y compañeros de trabajo. Asegura que estas actividades estaban programadas para ser realizadas al aire libre, con motivo de la lluvia se suspenden y solo se realiza un ágape con los presentes en el turno y colegas invitados.
Comenta que en base a lo expuesto, se ordena desde el nivel central iniciar una Investigación Sumarial, dado que las filmaciones que se realizaron en dicho evento fueron subidas a las redes sociales, y posteriormente emitidas en el programa periodístico que se emite por Canal Trece de Buenos Aires, conducidos por el periodista Jorge Lanata.
Expone que a raiz de ello, mediante resolución PV-22634132- GEDEBA-DIGDGCYE, las Direcciones correspondientes solicitan el dictado del acto administrativo que instruya sumario disciplinario a los agentes intervinientes del evento.
Refiere que por resolución N° 2018-963-GDEBA-SSEDGCYE, firmada el 01/10/2018, el Sr. Subsecretario de Educación de la D.G.C.y E., se resuelve instruir sumario administrativo al Sr. Gustavo Rubén Soldatti, ordenar el relevo transitorio de sus funciones y disponer el cese de las funciones jerárquicas transitorias de Director Provisional de la Escuela de Educación Primaria N° 73 del Distrito de Moreno.
Finalmente, relata que con fecha 14/12/2018, el Sr. Director General de Cultura y Educación, por medio de la Resolución RESFC-2018-4947-GDEBA-DGCYE, resuelve la "exoneracion del actor, implicando el cese en todos los cargos docentes.
III. Particularmente y en lo que respecta a la medida cautelar, solicita mediante ella, la suspensión de los efectos de la Resolución atacada, disponiéndose en consecuencia provisoriamente y hasta el dictado de la sentencia, la reinstalación del agente con el consiguiente restablecimiento de derecho a percibir salario.
Achaca que su derecho es verosímil atento que el acto administrativo que sanciona al Sr. Soldatti disponiendo su exoneración, resulta viciado por exceso de punición, lo que se desprende de la lectura de la resolución impugnada, donde no se ha tenido en cuenta el legajo del docente para evaluar atenuante o agravantes, disponiendo una pena expulsiva que si bien resulta reglada por la ley para su aplicación, entra en coalición con las Garantías Constitucionales y normas internacionales que propugnan el derecho a la estabilidad del empleo, a la dignidad de la persona y la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones.
En lo que respecta al peligro en la demora, refiere que de los hechos expuestos puede advertirse el perjuicio que podría ocasionarle al Sr. Soldatti, la no percepción de sus haberes, toda vez que el salario que percibe como empleado Dirección General de Cultura y Educación, es su único medio de subsistencia y sostén de su familia. Como así también la desprotección de asistencia médica, al retirarle la cobertura el IOMA.
IV. Que con fecha 07/05/2019, el organismo demandado adjunta el informe requerido respecto de la medida cautelar.-
V. Que con fecha 09/05/2019, encontrándose los autos para ello, pasan las presentes actuaciones para resolver y;
1. El régimen cautelar regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo (Titulo I, cap. IV) dispone los requisitos que el peticionante debe cumplimentar para la obtención de las medidas cautelares: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) no afectación del interés público.
2. Que a su vez, aún cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre si: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando mas evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L. B.A., 1998, pag. 1163).
3. Abordado el análisis de los recaudos precedentemente indicados, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega el actor adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa. (Art. 22º inciso 1º a) C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando que antecedente.
4. Examinadas las constancias colectadas en la causa no se advierte que el acto administrativo impugnado -reitero: en este exámen preliminar y periférico- adolezca prima facie de una invalidez, que permita descalificarlo como tal.
En efecto, de las constancias del expediente administrativo (copias acompañada por la propia actora) y del informe brindado por la demandada (v. presentación electrónica de fecha 07/05/2019) se desprende que la resolución atacada ha sido dictada conforme la normativa que le es aplicable.
Por lo demás no surge -prima facie- que el procedimiento adolezca de defectos, en cuanto al trámite allí seguido, como tampoco que la medida dispuesta luzca infundada.-
En cuanto al encuadre normativo de la deficiencia en que el accionante funda la verosimilitud de su derecho, he de destacar que el art. 140 de la Ley 10579, refiere que al disponerse la instrucción del sumario deberá agregarse la foja de servicio del agente, y por su parte, el art. 92, apart. 1 a) del Decreto N°4161/96 (reglamentario de la Ley 10430), establece la agregación de las copias del legajo personal de cada agente, con todos los antecedentes que obran en él.-
No obstante lo expuesto, el hecho de no encontrarse tales constancias documentales agregadas a los fragmentos del expediente administrativo agregado en autos (en copias), no me permite inferir que ellos tampoco se encuentren agregados al expediente principal o por cuerda al mismo, ni que no hayan sido considerados al momento de disponerse la instrucción sumarial o al momento del dictado del acto final; tampoco que esa sola circunstancia sea suficiente para invalidar, en su caso, el acto administrativo; y pueda considerarse como un disparador necesario para hacer lugar a la medida solicitada, circunstancia que será evaluada oportunamente.- Destáquese asimismo, que las actuaciones administrativas en original no han sido allegadas aun a esta causa.-
Que es sabido que quien solicita el dictado de una medida cautelar, en virtud de la cual se pretenda suspender los efectos de un acto administrativo debe demostrar -prima facie- la arbitrariedad manifiesta del acto. Ello en función de la presunción de legitimidad de que gozan tales actos.
En ese orden, mientras tal presunción no sea derribada, no se configura la necesaria verosimilitud del derecho que hace operativa la protección cautelar.
5. Ante ello, las alegaciones vertidas por la actora no tienen en los elementos agregados respaldo suficiente, con el título provisorio que se requiere en esta oportunidad, como para enervar la presunción de legitimidad del acto administrativo cuestionado, resultando cuestiones que exceden el acotado y provisorio marco de conocimiento de la medida cautelar, requiriendo un mayor debate y prueba, aún para dilucidar la mera verosimilitud del derecho invocado (Cfr. CCALP doctrina causa Nº 917 "Centro Automotores S.A."; y causa Nº 272 "Abelleira").
6. Así, teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado que precede, y al advertir que no se halla configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (Cfr. art.22 del C.P.C.A.), ello es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05); y en consecuencia, no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Arts. 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 22, 23, 25 y concordantes de la ley 12.008 y modificatorias; y demás normas legales citadas;
III. Consentida o firme que se encuentre, continúen los autos según su estado.-
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
SENTENCIA Interlocutoria . REGISTRADA BAJO EL N° ................/2019 .-
Fin de la sentencia