Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 28429-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Por unanimidad, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación de fojas 129/134;
2Por unanimidad, fijar los honorarios profesionales por la actuación ante la instancia anterior de acuerdo a lo expuesto en el considerando VIII del voto del Dr. Treacy;
3Por mayoría, imponer las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).
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16584/2013 PROCESADORA ARGENTINA DE BORATOS SA (TF 28429-A) c/ DGA Y OTROS s/ RECURSO DIRECTO A CAMARA.
Buenos Aires, de noviembre de 2014.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy, dijo:
I. Que a fojas 129/134 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las Resoluciones Nros. 291, 292 y 293 del 13 de agosto de 2010 dictadas por el Sr. Administrador de la Aduana de Jujuy en las actuaciones Nros. 12674-558-2009, 12674-561-2009 y 12674-562-2009. Dichos actos administrativos habían rechazado las impugnaciones realizadas por la accionante contra las liquidaciones tributarias arrojadas por el Sistema Informático María (SIM) en los Permisos de Embarque Nros. 09031EC01000837K, 09031EC01000836J y 09031EC01000758M.
Para así resolver, luego de reseñar los antecedentes del caso, sostuvo que la cuestión debatida consistía en determinar si las liquidaciones de los derechos de exportación implicaban o no una violación al régimen de estabilidad fiscal establecido por la Ley Nº 24.196 y en consecuencia, si las resoluciones recurridas se ajustaban a derecho.
Al respecto, compartiendo los fundamentos dados por la Sala II de esta Cámara en el expediente “Procesadora de Boratos Argentinos S.A (TF 28.448-A) c/ DGA, del 28/06/2012; y por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Altiplano S.A c/ EN- PEN y Otra s/ Amparo, del 10/07/2012, expresó que si la actora alegaba un aumento en la carga tributaria total que afectaba la estabilidad fiscal de la que gozaba, tenía la carga de probarlo, para lo cual existía un mecanismo expresamente previsto en la Ley Nº 24.196. Sobre ello, sostuvo que la accionante no aportó las registraciones contables a las que aludía la normativa aplicable ni tampoco brindó otras constancias a fin de probar que la aplicación de las resoluciones del Ministerio de Economía afectaba la carga tributaria total.
II. Que contra dicha decisión, la actora apeló a fojas 148 y expresó agravios mediante el escrito de fojas 151/165. En su memorial de apelación, luego de reseñar los hechos del caso, afirmó que al argumento dado por el Tribunal Fiscal de la Nación en relación con la supuesta falta de prueba de la afectación de la carga tributaria de su mandante, no fue introducido por el Fisco Nacional en autos y por lo tanto no era materia de la litis. Asimismo, sostuvo que la Dirección General de Aduanas, se encontraba inhabilitada para pretender el cobro de tributo o arancel alguno que no fuese exigible al momento de adquirir la estabilidad fiscal.
También alegó que se encontraba probado que los derechos de exportación afectaban la carga tributaria total de su representada, siendo suficiente para acreditar tal extremo la existencia de un arancel que no se encontraba vigente a la fecha de la adquisición del beneficio de la estabilidad fiscal. Manifestó que, de acuerdo a la restricción impuesta por el artículo 1145 del Código Aduanero, no podía ofrecer prueba ante el Tribunal Fiscal de la Nación que no hubiese sido brindada en sede administrativa.
Por otro lado, entendió que las disposiciones de la Resolución Nº 11/02 no resultaban aplicables a su representado por resultar contrarias a lo dispuesto en el Régimen de Inversiones Mineras que poseía jerarquía normativa superior y que las Notas SM Nros. 230/07 y 288/07 también eran inoponibles a su mandante.
En otro orden de ideas, afirmó que la vía elegida era procedente. Asimismo, sostuvo que el caso guardaba analogía con el precedente “Cerro Vanguardia” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que por el contrario, lo resuelto por el Máximo Tribunal en el fallo “Minera del Altiplano” no se aplicaba al sub lite. Por último, planteó la inconstitucionalidad de la Resolución Nº 11/02 del Ministerio de Economía y sus modificatorias.
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III. Que a fojas 167 el tribunal a quo reguló los honorarios profesionales de la representación letrada de la demandada, que fueron apelados por altos (v. fs. 171) y por bajos (v. fs. 174/175).
IV. Que a través de la presentación de fojas 168/169, el Fisco Nacional (Dirección General de Aduanas) contestó los agravios vertidos por la actora.
En su escrito, sostuvo que la fundamentación de la accionante se limitaba a un mero desacuerdo con lo resuelto y no constituía una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que consideraba erróneas. Por ello, solicitó que se declarara la improcedencia del recurso interpuesto.
Luego, afirmó que el tema en análisis constituía una cuestión de hecho y prueba en los términos del artículo 1180 del Código Aduanero, de modo que la decisión en examen debía ser confirmada. Sin perjuicio de ello, expresó que la actora no probó que los derechos de exportación afectaban su ecuación económica, por lo que correspondía tener por válida la sentencia del Tribunal Fiscal.
V. Que habiendo tomado intervención el Sr. Fiscal General Subrogante (v. dictamen de fs. 271/272), es conveniente señalar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino sólo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).
Sentado ello, la cuestión planteada en el sub lite exige dilucidar si la liquidación de los derechos de exportación contemplados en la Resolución ME Nº 11/02 afecta la estabilidad fiscal reconocida a la empresa actora en los términos de la Ley Nº 24.196.
V.1. A tal efecto, cabe recordar que la mencionada ley establece un régimen destinado a promover las inversiones en la actividad minera que, entre otros beneficios, contempla que los emprendimientos mineros allí comprendidos gozarán de estabilidad fiscal por el término de treinta años contados partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad (art. 8º).
En ese contexto, la propia ley define el concepto de “estabilidad fiscal” como la prohibición de que las empresas que desarrollen actividades mineras vean incrementada su carga tributaria total, considerada en forma separada en cada jurisdicción y determinada al momento de la presentación del citado estudio de factibilidad, en los ámbitos nacional, provinciales y municipales (art. 8º, inc. 1º, punto 2, lo destacado no es del original).
A continuación, la ley especifica que: “Por incremento de la carga tributaria total, y en atención a las pertinentes normas legales vigentes a la fecha de presentación del estudio de factibilidad, se entenderá a aquel que pudiere surgir en cada ámbito fiscal, como resultado de los actos que se enuncian en el párrafo siguiente y en la medida que sus efectos no fueren compensados en esa misma jurisdicción por supresiones y/o reducciones de otros gravámenes y/o modificaciones normativas tributarias que resulten favorables para el contribuyente” (art. 8º, inc. 2º).
A su vez, el inciso 5º, punto 1 del artículo 8º dispone que “[e]stará a cargo de los sujetos beneficiarios de la estabilidad fiscal que invoquen que ella ha sido vulnerada, justificar y probar en cada caso -con los medios necesarios y suficientes- que efectivamente se ha producido un incremento en la carga tributaria en el sentido y con los alcances emergentes de las disposiciones de este artículo. Para ello deberán efectuar sus registraciones contables separadamente de las correspondientes a sus actividades no comprendidas por la estabilidad fiscal, adoptar sistemas de registración que permitan una verificación cierta y presentar al organismo fiscal competente los comprobantes que respalden su reclamo, así como cumplir toda otra forma, recaudo y condiciones que establezca la autoridad de aplicación de esta ley” (lo destacado no es del original).
En sentido acorde con lo expuesto, el inciso 7º del artículo 8º establece que: “La compensación de aumentos tributarios y arancelarios con reducciones de los mismos conceptos, para determinar si se ha producido en el mismo ámbito jurisdiccional un incremento de la carga tributaria total, se realizará por cada emprendimiento alcanzado por la estabilidad fiscal y por cada ejercicio fiscal vencido, entendiéndose, en todos los casos el que corresponde a la empresa para el impuesto a las ganancias, en la forma y condiciones que establezca la autoridad de aplicación”.
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Finalmente, el artículo 11 prevé que “[c]ualquier alteración al principio de estabilidad fiscal, enunciado en el presente Título, por parte de las provincias y municipios, que adhieran y obren de acuerdo al artículo 4, última parte, dará derecho a los inscriptos perjudicados a reclamar ante las autoridades nacionales o provinciales, según correspondiera, que se retengan de los fondos coparticipables que correspondan al fisco incumplidor, los montos pagados en exceso, para proceder a practicar la devolución al contribuyente”.
Cabe agregar que, al reglamentar esta norma, el Poder Ejecutivo dispuso -con la finalidad de determinar la magnitud de la carga tributaria y arancelaria efectivamente soportada y asegurar el efectivo goce del beneficio de la estabilidad fiscal-, lo siguiente: "El sujeto que hubiera soportado en un ejercicio fiscal una carga tributaria y/o arancelaria total superior a la que hubiera correspondido, atendiendo a su calidad de sujeto beneficiario de la estabilidad fiscal, de conformidad con las disposiciones establecidas por la ley 24.196 y sus modificaciones, podrá solicitar la compensación o devolución de las sumas que hubiere abonado de más, en la forma, plazo y condiciones, que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, la que, asimismo, establecerá la forma, plazo y condiciones para el ingreso al Fisco de lo que se hubiere tributado de menos por aplicación de estas normas, pudiendo además determinar los intereses compensatorios que correspondieren en uno u otro caso" (art. 4°, inc. c, del Anexo I del Decreto Nº 2686/93). Atento a tales disposiciones, el artículo 24 de la Ley Nº 24.196 prevé que la Autoridad de Aplicación de dicha ley y sus disposiciones reglamentarias, será la Secretaría de Minería de la Nación o el organismo específico que lo sustituya.
Si bien de la normativa reseñada podría inferirse que el régimen al que se acogió la actora prevé un mecanismo de reclamo particular ante la autoridad de aplicación, esto es, la Secretaría de Minería, habiéndose iniciado la causa ante el Tribunal Fiscal de la Nación -lo que permitió a las partes ofrecer y sustanciar las pruebas necesarias-, corresponde ingresar al análisis de la cuestión de fondo y examinar si se justificó y probó el incremento de la carga tributaria a partir del dictado de la Resolución ME Nº 11/02.
V.2. Previo a ello, cabe señalar que la cuestión relativa a la constitucionalidad de los derechos de exportación establecidos en la Resolución ME Nº 11/02 ya ha sido analizada por esta Sala en las causas: “Bio Sidus SA (TF 22128-A) c/ DGA” del 8/04/2010; “Sancor CUL (TF 25072-A) c/ DGA” del 15/04/2010; “Dow química Argentina SA (TF 28020-A) c/ DGA” del 16/02/2012; “Champion IB SA (TF 28432-A) c/ DGA” del 3/05/2012, entre otras.
En dichos precedentes, a cuyos fundamentos cabe remitirse en homenaje a la brevedad, el Tribunal -por mayoríaconcluyó que la resolución ministerial indicada resultaba compatible con las disposiciones del Tratado de Asunción y, asimismo, que había sido dictada en ejercicio de facultades delegadas, de conformidad con el Código Aduanero y la Ley Nº 25.561.
Por tal motivo, toda vez que dicha resolución no es contraria a los preceptos constitucionales, corresponde, a los fines de interpretar las normas aquí en análisis (es decir, la Resolución ME Nº 11/02 y la Ley Nº 24.196), adoptar un criterio que evite darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 311:194; 312:1461).
V.3. Aclarado ello, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó que las previsiones de la Ley Nº 24.196 no eximen directamente a los sujetos comprendidos en su régimen del pago de los nuevos gravámenes que se establezcan, o de los incrementos que se dispongan, con posterioridad a la presentación del estudio de factibilidad que prevé la ley, pues, en las condiciones definidas por el legislador en el ya citado artículo 8º de la Ley Nº 24.196, las nuevas gabelas o sus incrementos podrían no superar, en cada ámbito fiscal, las supresiones, reducciones o modificaciones tributarias favorables para el contribuyente. Es decir que, la única conducta vedada al Estado por el régimen al que voluntariamente se adhirió la actora es el incremento de la carga tributaria total, sumado a la negativa de compensar o devolver las sumas abonadas de más por la empresa promovida que se soliciten mediante el mecanismo previsto en dicha ley y en el Decreto Nº 2683/93 (conf. doctrina de Fallos: 335:1315).
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Asimismo, el Máximo Tribunal en la causa P.
645. XLVIII “Procesadora de Boratos Argentinos S.A (TF 28.448-A) c/ DGA”, sentencia del 19 de noviembre de 2013, se expidió sobre una cuestión similar a la aquí debatida. Al respecto, en concordancia con la doctrina de Fallos: 335:1315, expresó que no existía conflicto alguno entre el régimen de estabilidad minera regulado por la Ley Nº 24.196 y el pago de los derechos de exportación, debido a que de acreditarse que se producía un incremento en la carga tributaria total, resulta aplicable el mecanismo de compensación o devolución de las sumas abonadas de más, en la forma, plazo y condiciones establecidas en las normas pertinentes.
De acuerdo con ello, resulta claro que, conforme lo dispone expresamente la Ley Nº 24.196 y los términos expuestos por el Alto Tribunal, para demostrar la afectación de la estabilidad fiscal, la actora debía justificar y probar el incremento de la carga tributaria total teniendo en cuenta la aplicación de los cuestionados derechos de exportación. Adviértase que para facilitar dicha prueba la ley prevé que las empresas beneficiadas efectúen sus registraciones contables separadamente de las correspondientes a sus actividades no comprendidas por la estabilidad fiscal, que adopten sistemas de registración que permitan una verificación cierta de sus erogaciones por tributos y que presenten al organismo fiscal competente los comprobantes que respalden su reclamo, así como el cumplimiento de toda otra forma, recaudo y condiciones que establezca la autoridad de aplicación de la ley. Por lo tanto, la prueba para acreditar lo alegado por la empresa exigía la demostración de que el monto correspondiente a la totalidad de los tributos abonados efectivamente por ella durante el ejercicio anterior al dictado de la Resolución ME Nº 11/02, resultaba menor a la carga tributaria total abonada por dicha parte en el ejercicio fiscal en que comenzó a regir la resolución ministerial cuestionada. Ello constituía una cuestión fáctica que no fue objeto de probanza específica alguna. En efecto, la presente causa fue promovida ante el Tribunal Fiscal de la Nación, donde no se produjeron pruebas sobre este extremo (en particular, pericial contable), lo cual es imputable a la conducta discrecional de la actora.
En otras palabras, nada impedía a esta última presentar comparativamente la carga tributaria total que la afectaba en el ejercicio anterior a la vigencia de la Resolución ME Nº 11/02 y en el ejercicio posterior, para lo cual era idónea una pericia contable. En particular, la actora tampoco ha indicado que la carga tributaria derivada de la aplicación de las disposiciones de la Resolución ME Nº 11/2002, conforme lo establece la normativa aplicable, no se encuentra compensada mediante supresiones y/o reducciones de gravámenes y/o aranceles y/o modificaciones normativas tributarias en la jurisdicción nacional que le resultaren favorables (art. 8º, inc. 2º).
En definitiva, no habiéndose demostrado que se afectó la estabilidad fiscal que le ha sido garantizada a la actora por la Ley Nº 24.196, la postura del Fisco se ajusta a derecho.
VI. Que en relación con la solicitud de opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR (v. fs. 274/284), cabe señalar que el recurrente no introdujo en ningún momento el argumento acerca de una supuesta colisión entre las normas en juego y las normas del MERCOSUR, ni explicó en qué podría consistir ésta. Por lo demás, como ya se observó, la cuestión de autos fue abordada por el Alto Tribunal en el precedente “Procesadora de Boratos Argentinos S.A”, sustancialmente análogo, sin que la actora haya aportado nuevos argumentos que justifiquen apartarse de la doctrina allí sentada por el Máximo Tribunal (conf. Fallos: 307:1094). Por tal motivo, corresponde desestimar tal petición sin perjuicio de que la actora, en caso de recurrir el presente decisorio, reitere su pedido a fin de que éste sea evaluado en la instancia correspondiente (cfr. art. 2º in fine de la Decisión Nº 37/03 del Consejo del Mercado Común, en concordancia con el art. 1º, segundo párrafo de su similar Nº 02/07).
VII. Que en atención a los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación. Las costas de esta instancia se imponen a la actora vencida, en virtud del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).
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VIII. Que en cuanto a las apelaciones incoadas contra la resolución de fojas 167, teniendo en cuenta el monto del proceso, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por la representación letrada de la demandada, corresponde modificar sus honorarios profesionales y fijarlos en la suma de $ 3400 (pesos tres mil cuatrocientos) por las tareas desempeñadas ante el Tribunal Fiscal de la Nación (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
Asimismo, considerando las pautas mencionadas, por la labor desempeñada ante esta Alzada se fijan sus honorarios profesionales en la suma de $ 1.020 (pesos mil veinte). Se aclara que dichos importes no incluyen suma alguna en concepto de impuesto al valor agregado, el cual deberá adicionarse en caso de que los profesionales acrediten su condición de responsables inscriptos.
ASI VOTO.
Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Jorge F.
Alemany y Pablo Gallegos Fedriani, dijeron:
I. Que en cuanto al relato de los hechos nos remitimos a lo manifestado por el Dr. Guillermo F. Treacy en su voto.
II. Que la cuestión resulta sustancialmente análoga a la resuelta por esta Sala V en la causa “Procesadora de Boratos Argentinos S.A. (TF 28.192-A) c/ DGA”, expte. Nº 10.055/2012, del 9 de octubre de 2012, entre muchas otras.
En dicha causa, por mayoría, se sostuvo que la Resolución n° 11/02 del Ministerio de Economía carece de virtualidad suficiente para dejar sin efecto el régimen de estabilidad fiscal previamente establecido en el artículo 8º de la ley 24.196. En tal sentido, se puso de manifiesto que, tal como se afirmó en Fallos 332:1531 (Cerro Vanguardia), el régimen de estabilidad fiscal establecido por la ley 24.196 reconoce a quienes legítimamente se hallan amparados por esa ley el derecho a que la carga fiscal correspondiente a los derechos de exportación no se incrementara en el futuro.
Finalmente, en la causa referida se concluyó que tampoco resultaban aplicables las consideraciones formuladas en la causa M. 137, XLVI, “Minera del Altiplano S.A. c/Estado Nacional – PEN y otra s/ amparo”, del 10 de julio de 2012, en la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación había revocado la sentencia que había admitido la acción de amparo interpuesta por una empresa minera, amparada en el régimen de estabilidad fiscal establecido en la ley 24.196, tendiente a que el Estado se abstuviera de exigirle los derechos de exportación creados por la Resolución 11/02 del Ministerio de Economía. Al respecto, se sostuvo que en la causa en cuestión la parte actora concretamente había puesto en cuestión la constitucionalidad de la aplicación de los derechos de exportación creados por la Resolución 11/02 del Ministerio de Economía en un proceso de conocimiento amplio originado en el procedimiento de impugnación promovido por la firma interesada, en el que ambas partes habían tenido la posibilidad de probar los presupuestos de hecho en los que sostenían sus respectivas pretensiones.
Por otra parte y en cuanto al examen de las normas que se hallaban en juego, se puso de relieve que en el artículo 8, inciso 1º, apartado 2º de la ley 24.196 se define a la estabilidad fiscal de la siguiente manera: “Significa que las empresas que desarrollen actividades mineras en el marco del presente régimen de inversiones no podrán ver incrementada su carga tributaria total, considerada en forma separada en cada jurisdicción determinada al momento de la presentación del citada estudio de factibilidad, en los ámbitos nacional, provinciales y municipales que adhieren y obren de acuerdo al artículo 4º, última parte de esta ley”. Además, en el artículo 8, punto 2 de la ley 24.196 se estableció lo siguiente: “Por incremento en la carga tributaria total, y en atención a las pertinentes normas legales vigentes a la fecha de presentación del estudio de factibilidad, se entenderá a aquél que pudiere surgir en cada ámbito fiscal, como resultado de los actos que se enuncian en el párrafo siguiente y en la medida que sus efectos no fueren compensados en esa misma jurisdicción por supresiones y/o reducciones de otros gravámenes y/o modificaciones normativas tributarias que resulten favorables para el contribuyente 2.1. En la medida en que se trate de tributos que alcanzaren a los beneficiarios del presente régimen como sujetos de derecho, los actos precedentemente referidos son los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V siguientes: 2.1.1. La creación de nuevos tributos. 2.1.2. El aumento de las alícuotas, tasas o montos…”.
Por tales razones, en la mencionada causa “Procesadora de Boratos Argentinos S.A. (TF 28.192-A) c/ DGA”, expte. Nº 10.055/2012, del 9 de octubre de 2012 se concluyó que el incremento en la carga tributaria total tenía lugar por la mera fijación de los nuevos derechos de exportación creados por la Resolución 11/02 del Ministerio de Economía, debido a que ellos no existían en el momento en el que la empresa se había acogido al régimen establecido en la ley 24.196. Asimismo, se aclaró, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, incisos 2º, 5º y 7º de esa ley, la estabilidad fiscal no se considera afectada en la medida en que el incremento registrado en la carga tributaria total, en una misma jurisdicción, haya sido compensado con reducciones o supresiones de otros gravámenes o bien modificaciones normativas tributarias que impliquen un beneficio al contribuyente y que; además, se encuentra a cargo del beneficiario del régimen la demostración de estos extremos.
En tal sentido, se destacó en relación con la creación de nuevos tributos, o del incremento de las alícuotas o las tasas preexistentes, que una interpretación literal de los preceptos transcriptos en los que se obliga al contribuyente a demostrar que ese incremento no ha sido compensado o neutralizado por la reducción, supresión o disminución de otros impuestos lo colocaba en la exigencia de tener probar un hecho negativo, es decir, la “falta de neutralización” de la carga tributaria en cuestión; que, además, no podía resultar una circunstancia desconocida por la Administración Federal de Ingresos Públicos, que tiene a su cargo la recaudación de todos los tributos nacionales; y, además, debido a que la solución contraria comportaría en la práctica, imponerle a la firma el pago previo del impuesto en exceso y exigirle que, con posterioridad, interponga el respectivo reclamo o demanda de repetición.
III. Que, sin perjuicio de lo expuesto en el considerando precedente, cabe advertir que el 19 de noviembre de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en la causa S.C., P. 645, L. XLVIII “Procesadora de Boratos Argentinos S.A. (TF 28.448-A) c/DGA”, sustancialmente análoga a la presente, en la que, al confirmar la sentencia dictada por la Sala II de esta Cámara que había revocado la sentencia del Tribunal Fiscal, se admitió la pretensión del Fisco en cuanto a la aplicabilidad de los derechos de exportación fijados en la Resolución n° 11/02 del Ministerio de Economía a la empresa referida, amparada por el régimen de estabilidad fiscal establecido en la ley 24.196. Al respecto, y compartiendo los términos del dictamen de la Procuración General de la Nación, la Corte sostuvo que “…la Ley de Inversiones Mineras y su reglamentación no prohíben que se establezcan nuevos gravámenes o que se incrementen los existentes, pues tanto la mencionada ley como su reglamentación aluden a que no se incremente ‘la carga tributaria total’ (art. 8° de la ley 24.196) para lo cual establece un mecanismo de compensación o devolución de las sumas abonadas en más por la empresa promovida (art. 4°, inc. c, del decreto 2686/93) para el supuesto de que se hubiese demostrado que el nuevo gravamen, en el caso, el previsto en la resolución 11/02 del Ministerio de Economía, se traduzca en un incremento de tal”.
En consecuencia cabe atenerse a lo resuelto por la Corte Suprema en el precedente invocado, (cfr. doctrina Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582, entre otros; Bianchi, Alberto: “De la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema [Una reflexión sobre la aplicación del stare decisis]”, Revista El Derecho Constitucional, El Derecho, Buenos Aires, 2000-2001, pág. 340). Por tanto corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora, y confirmar la sentencia apelada.. Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en virtud de la complejidad de la cuestión debatida y al cambio jurisprudencial operado en la materia (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). ASÍ VOTAMOS.-
IV. Que en lo relativo al planteo formulado por la parte actora tendiente a que se dé curso a una opinión consultiva ante el Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR, cabe señalar que a fs. 37vta/39 invocó la supuesta colisión entre lo dispuesto en la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Resolución n° 11/02 del Ministerio de Economía y lo establecido en los artículos 1° y 5° del Tratado de Asunción y las Resoluciones del Consejo Mercado Común mediante las cuales se aprobaron los listas confeccionadas por la República Argentina, establecidas por los decretos n° 2275/94 y 998/95, en los que se mantuvieron diversos regímenes especiales, excluido el minero (cfr. artículo 3°, párrafo 1 y artículo 5° de la Resolución del Consejo Mercado Común n° 37/03 que fijó el Reglamento del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR y artículo 4° de la Resolución del Consejo Mercado Común n° 2/07). En virtud de ello, y de lo establecido en el artículo 2°, del Anexo, de la Acordada CSJN n° 13/08, corresponde que la parte actora formule esa petición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ASÍ TAMBIÉN VOTAMOS.
V. Que, en cuanto a los recursos de apelación interpuestos contra la regulación de honorarios practicada a favor de los letrados del Fisco por las actuaciones cumplidas en la instancia precedente, adhiero a lo manifestado por el Dr. Guillermo F. Treacy en el primer párrafo del considerando VIII.- de su voto.
Por el contrario, y en virtud de la manera en que resultan impuestas las costas de esta instancia, es decir, por su orden, no corresponde regular honorarios a los letrados del Fisco por las actuaciones cumplidas ante esta instancia. Ello, en virtud de la prohibición establecida en el artículo 40 del decreto 34.952/47, en el artículo 60 de la ley 11.672, en el artículo 98 de la ley 11.683, y en el artículo 7º del decreto 1204/01 y a que, según se ha expresado en Fallos 306:1283, 317:735, consid. 4º, y 330:4721, los letrados del Fisco no tienen derecho al cobro de tales honorarios contra la Nación (conf. esta Sala en la causa “Austral Líneas Aéreas (Cielos del Sur S.A) (TF 191152-I) c/ D.G.I.”, expte. 17.933/08, sentencia del 20 de marzo de 2012). ASÍ TAMBIÉN VOTAMOS.
En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Por unanimidad, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación de fojas 129/134; 2) Por unanimidad, fijar los honorarios profesionales por la actuación ante la instancia anterior de acuerdo a lo expuesto en el considerando VIII del voto del Dr. Treacy; 3) Por mayoría, imponer las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY (en disidencia parcial)
Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia