Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 33.936-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones (DE ASAT) n° 1178/13, 1102/13 y 1174/13, recaídas en los expedientes administrativos nros. 13289-28527/29613/28529-2010.
2Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-15612434-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 12 de Febrero de 2025 DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “PROCESADORA DE BORATOS ARGENTINOS S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº 33.936-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 71/91 vta., se presenta por apoderado, la firma epígrafe e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones (DE ASAT) n° 1178/13, 1102/13 y 1174/13, recaídas en los expedientes administrativos nros. 13289-28527/29613/28529-2010, por las cuales se denegaron los pedidos de devolución intentados por la actora en concepto de derechos de exportación. Relata que oportunamente presentó ante la Dirección de Inversiones y Normativa Minera el proyecto de inversiones y la documentación complementaria a los fines de gozar de la estabilidad fiscal contemplada en el art. 8 de la Ley 24.196, tal presentación tuvo respuesta favorable, dictándose en consecuencia la Resolución n° 682/99. Expresa que en virtud de ello se emitió un certificado de estabilidad fiscal que es acompañado a la causa.
Sin embargo, manifiesta que al documentar los PE en cuestión el sistema informático MARIA ilegítimamente liquidó derechos de exportación, cuando con anterioridad a la fecha 5/12/07 no se liquidaban estos derechos para las posiciones arancelarias involucradas, ya que estos no eran de aplicación al régimen promocional minero. Refiere a que siempre había documentado las operaciones utilizando la ventaja DEJUAUTO de forma tal de que el SIM no cobre automáticamente los derechos de exportación, no obstante, sin previa comunicación al respecto se le prohibió hacer uso de dicha ventaja. Manifiesta que se vio obligada a pagar el importe exigido por los derechos de exportación a los efectos de evitar una demora en los embarques a pesar de su disconformidad.
Sostiene que tal exigencia es ilegítima por ser violatoria de la estabilidad fiscal de la que goza por la Ley citada. Hace referencia al Decreto n° 2686/93. Indica que el cobro de estos derechos afecta a la carga tributaria total de la empresa. Asimismo, sostiene que tal situación debería haber sido determinada por la autoridad de aplicación (Secretaria de Minería) y no por la Aduana. Considera que hay una violación inadmisible a la ley y una afectación de derechos adquiridos. Manifiesta que la conducta de la Aduana configura inequívocamente una vía de hecho en los términos del art. 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Expresa que no resulta aplicable al caso el precedente “Minera del Altiplano” toda vez que los supuestos de hecho y los fundamentos de la pretensión son distintos.
Subsidiariamente, solicita se declare inconstitucional la Resolución n° 11/02. Realiza consideraciones en cuanto al Tratado de Asunción. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 98/117 vta., la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Manifiesta que no se acreditó en el expediente administrativo que efectivamente gozara de estabilidad fiscal. Expresa que se liquidaron derechos de exportación correspondientes a los PE, de conformidad al régimen legal vigente, no por una vía de hecho, sino en función de la Resolución n° 11/02. Considera que la actora aceptó la voluntad de las autoridades que en aquel momento entendieron que gozaba del beneficio pero nunca solicitó un acto administrativo formal que así lo declarara y le otorgara formalmente un derecho que ahora pueda entenderse como adquirido. Sostiene que no puede sostenerse que la administración haya actuado con ilicitud por medio de una vía de hecho existiendo el goce de un beneficio. Recuerda la doctrina sentada por la CSJN que establece que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes ni a la inalterabilidad de los gravámenes creados o dispensados por ellas. Expresa que la resolución antes mencionada no exime del pago de derechos a los alcanzados por la Ley 24.196. Hace referencia al art. 755 del C.A. y al Código del MERCOSUR. Subsidiariamente, solicita la inaplicabilidad del monto reclamado en dólares solicitando se abone la devolución en pesos de curso legal, es decir, se devuelvan en la misma moneda con lo cual se canceló la obligación tributaria. Aclara que no resulta de aplicación el art. 20 de la Ley 23.905 en ese sentido. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 118, se abre la causa a prueba (producida a fs. 125/146, 147/170, 187/192 y 217/250). A fs. 255, se declara clausurado el período de prueba. A fs. 272, se ponen los autos para alegar. A fs. 276/277, alega el Fisco. A fs. 278, se elevan los autos a la Vocalía y, a fs. 279, quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA n° 13289-28527-2010 se inician, a fs. 1, con la solicitud de repetición de la firma recurrente, a fs. 11/12, obra copia de los PE n° 10 001 EC01 120999 L y 118540 A y, a fs. 46/47, luce la Nota n° 843/12 del Departamento Técnica de Exportación. A fs. 50/51, consta el Dictamen n° 656/13. Finalmente, a fs. 53/55, se dicta la Resolución (DE ASAT) n° 1178/13, aquí apelada. Las actuaciones SIGEA n° 13289-28529-2010 se inician, a fs. 1, con la solicitud de repetición de la firma recurrente, a fs. 11, obra copia del PE n° 10 001 EC01 117979 P y, a fs. 37/38, luce la Nota n° 837/12 del Departamento Técnica de Exportación. A fs. 41/42, consta el Dictamen n° 653/13. Finalmente, a fs. 44/46, se dicta la Resolución (DE ASAT) n° 1174/13, aquí apelada.
Por último, las actuaciones administrativas SIGEA n° 13289-29613-2010 se inician, a fs. 1, con la solicitud de repetición de la firma recurrente, a fs. 11/12, obra copia de los PE n° 10 001 EC01 125634 C y 125482 D y, a fs. 43/44, luce la Nota n° 1073/12 del Departamento Técnica de Exportación. A fs.47/48, consta el Dictamen n° 604/13. Finalmente, a fs. 50/52, se dicta la Resolución (DE ASAT) n° 1102/13, aquí apelada V.- En principio, corresponde tratar el planteo de la recurrente en cuanto manifiesta que la conducta llevada a cabo por la Aduana habría configurado una vía de hecho en términos del art. 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Específicamente, refiere a que el servicio aduanero no estaba facultada para apartarse de la Ley de Inversiones Mineras, no existiendo –a su criterio- norma alguna que sea contraria a lo establecido en el art. 3, inc a) del Anexo I del Decreto n° 2686/93, la cual prohíbe a la DGA requerir el pago de cualquier tributo o arancel que no fuere aplicable al momento de adquisición de estabilidad fiscal. Considera que tal accionar conllevó a una vía de hecho por parte de la administración.
No obstante, el servicio aduanero fundamenta su proceder en virtud de la Nota n° 130/07 de la Secretaria de Minería, la cual le comunicó que se dejaran sin efecto las notas emanadas de la Subsecretaria de Minaría y de la Dirección General de Minería mediante las cuales se individualizaban las empresas y los emprendimientos alcanzados con la exención de los derechos de exportación conforme a la estabilidad fiscal emergente del art. 8 de la Ley 24.196, entre las que se encontraba la firma recurrente. Además, por Nota n° 288/07, dicha Secretaría junto a la Secretaría de Comercio Interior le recordaron al organismo la plena vigencia de la Resolución n° 11/02 del Ministerio de Economía e Infraestructura y el Decreto n° 509/07.
Asimismo, argumenta que el art. 24 de la Ley 24.196 define a la Secretaria de Minería de la Nación Argentina como autoridad de aplicación del Régimen de Inversiones para la actividad minera, quedando dicha Secretaria facultada para dictar todas las normas complementaria y aclaratoria de la citada ley. Es decir, la Aduana no actuó de manera intempestiva al imponerle el cobro de los derechos de exportación sino que su accionar fue conforme a lo impartido por la autoridad de aplicación de la normativa en la cual se ampara aquí la recurrente.
Por lo tanto, no ha existido una conducta material de la administración pública sin un sustento legal que la legitime, por el contrario, la conducta cuestionada se asienta en un plexo legal, más allá del criterio que tenga la actora sobre la idoneidad jurídica de las cuestionadas decisiones administrativas. Atento a ello, el planteo debe ser rechazado sin más por cuanto no se advierte en autos acto material alguno -por parte de la Administración- que no se halle sustentado en una norma legal.
VI. Que la cuestión debatida en autos se centra en determinar si corresponde o no la devolución intentada por la actora.
De la compulsa de las actuaciones administrativas surge que la recurrente mediante las destinaciones n° 10 001 EC01 120999 L, 118540 A, 117979 P, 125634 C y 12582 D, documentó las exportaciones a consumo de la mercadería descripta como “Los demás –Los demás BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO CALCINADOS), EXCEPTO LOS BORATOS EXTRAÍDOS DE LAS SALMUERAS NATURALES ; ÁCIDO BÓRICO NATURAL CON UN CONTENIDO DE H3BO3 INFERIOR O IGUAL AL 85%, CALCULADO SOBRE PRODUCTO SECO”, que ubicó en la P.A.
2528.90.00.900Q, con una cantidad total de 857.000 kg, por la que abonó un 10% en concepto de derechos de exportación por cada operación.
Consecutivamente, la recurrente presentó un pedido de repetición en las que solicitaba la devolución de lo abonado en concepto de derechos de exportación sobre las destinaciones aludidas, por considerar de que tal exigencia era violatorio de la estabilidad fiscal de la que gozaba en virtud de su acogimiento al Régimen de Inversiones para la Actividad Minera establecida en la Ley 24.196.
Aclaró en esa ocasión que, el pago se efectuó al solo efecto de poder exportar la mercadería documentada, ya que se encontraba bloqueada la ventaja DEJUAUTO que le permitía no cobrar automáticamente los derechos de exportación. Además, insistió en que el pago resultó indebido habida cuenta de que mediante la Resolución n° 682/99, la firma se encontraba incluida en el régimen promocional minero y que los productos exportados en los embarques citados correspondían a una actividad realizada en el marco de la actividad minera beneficiada por la normativa mencionada.
En cuanto a ello, el Fisco justificó su proceder en base a una comunicación recibida –mediante nota- de la autoridad de aplicación del régimen mencionado (Secretaria de Minería), comunicándole la plena aplicación de la Resolución n° 11/02, incluso a las empresas y emprendimientos alcanzados por -hasta ese momento- la exención de los derechos de exportación conforme a la estabilidad fiscal establecida por la Ley 24.196.
En este contexto y por tales fundamentos, fueron denegados los pedidos de devolución intentados por la recurrente de los derechos de exportación aludidos mediante el dictado de las resoluciones aquí apeladas.
VII. Respecto al fondo del asunto debo recordar que esta Sala en su oportunidad, en causas análogas a la de autos (entre otras, en las causas TFN exptes. N° 28.812-A, 28.415-A, 28.957-A, de igual carátula al presente, sentenciadas con fecha 8-8-13) ha resuelto en el sentido que correspondía revocar las resoluciones apeladas por encontrarse la actora beneficiada por el régimen establecido por la ley 24.196 y gozar, por ende, de la estabilidad fiscal que contempla el art. 8 de esa ley. En tales pronunciamientos se tuvo en cuenta que el régimen de estabilidad fiscal es comprensivo de “todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos, tasas y contribuciones impositivas, que tengan como sujetos pasivos a las empresas inscriptas, así como también a los derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación” y, que de conformidad con sus normas reglamentarias, el sujeto beneficiario del mismo debe cumplir con sus obligaciones tributarias y arancelarias, aplicando las disposiciones normativas vigentes al momento de la obtención del beneficio, u optar en forma expresa por aplicar las disposiciones de cada ejercicio fiscal, si éstas le resultaren más convenientes. Se concluyó que de la prueba producida, la recurrente no había ejercido esta última opción de tributar de conformidad con los tributos vigentes en cada ejercicio fiscal, y por lo tanto, no deberían haberse exigido los derechos de exportación establecidos por medio de la resolución ME 11/02, por cuanto los mismos no existían a la fecha de otorgamiento del beneficio, en abril de 1996. Se indicó que su exigencia resultaría contraria a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que no corresponde la retroactividad cuando se hubiera liberado al contribuyente de impuestos o asegurado el derecho de pagar uno menor durante cierto tiempo (Fallos 283:360, 295:621 entre otros), situación en la que se encontraba incursa la recurrente al ser beneficiaria de la Ley 24.196.
Asimismo, se consideró aplicable la doctrina que surge del voto mayoritario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Cerro Vanguardia S.A. (TF 22.172-I) c/DGI”, fallado en 30/6/2009, en tanto en ese precedente, luego de señalar la limitación que se impuso el Estado mediante la ley en vista, se sostuvo que “las normas que estatuyen beneficios de carácter fiscal no deben interpretarse necesariamente con el sentido más restringido que su texto admita, sino, antes bien, en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación, lo que vale tanto como admitir que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia (Fallos 296:253, 310:177), pues su inteligencia debe determinarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan (Fallos 285:322, entre otros)” y aclaró que “en el caso se configura un supuesto de excepción, precisamente a raíz de que la ley 24.196, con la finalidad de promover las inversiones en el sector minero, estableció la estabilidad por un determinado lapso del régimen tributario aplicable a los respectivos emprendimientos”.
VIII. Sin perjuicio del criterio expuesto, la cuestión planteada ha sido resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Minera de Altiplano S.A. C/ Estado Nacional- PEN y otra” (Fallos:335:1315), estableció “que ninguna disposición de la ley 24.196 ni de su reglamentación exime a los sujetos comprendidos en su régimen del pago de los nuevos gravámenes que se establezcan, o de los incrementos que se dispongan, con posterioridad a la presentación del estudio de factibilidad al que hace referencia el art. 8° del citado ordenamiento legal”.
Explicó que “la conducta vedada al Estado por el régimen de la ley 24.196 y el decreto 2683/93 que la reglamenta tiene, necesariamente, dos componentes: el incremento de la “carga tributaria total” (art. 8° de la ley), y la negativa a la compensación o devolución de las sumas abonadas de más por la empresa promovida (art. 4°, inc. c, del Anexo 1 del decreto reglamentario)”....por lo que, “al ser ello así, ... no se advierte que exista conflicto alguno entre el régimen de estabilidad minera regulado por la ley 24.196 y el pago de los derechos de exportación cuestionados en las presentes actuaciones, puesto que, de acreditarse que de esa manera se produce finalmente un incremento de la carga tributaria total, será de aplicación el mecanismo para compensar o devolver las sumas abonadas de más, en la forma, plazo y condiciones que establezcan las normas pertinentes”.
Cabe advertir que en esta causa, se dijo además que, “no ha sido alegado ni mucho menos demostrado por la actora, motivo que, en mi criterio, impone la revocación de la sentencia apelada y sella definitivamente la suerte adversa de la pretensión por la vía procesal elegida”, habida cuenta de que el reclamo se hizo por la vía del amparo.
Con posterioridad, en la causa “Procesadora de Boratos Argentinos S.A. (TF 28.448-A) c/ DGA”, del 19/11/13 (Fallos: 336:2209), a diferencia de la acción de amparo intentada en el antecedente, se siguió la vía procesal administrativa y judicial regulada en el Código Aduanero.
Con todo, la Corte volvió a reiterar la doctrina sentada en el fallo “Minera del Altiplano” aclarando que “ no se advierte que exista conflicto alguno entre el régimen de estabilidad minera regulado por la ley 24.196 y el pago de los derechos de exportación cuestionados en las presentes actuaciones, puesto que, de acreditarse que de esa manera se produce finalmente un incremento de la carga tributaria total, será de aplicación el mecanismo para compensar o devolver las sumas abonadas de más, en la forma, plazo y condiciones que establezcan las normas pertinentes. Es decir, el argumento en que se funda la actora resulta ineficaz para oponerse al pago de los aludidos derechos de exportación.” (el resaltado me pertenece).
IX. Particularmente, debe destacarse que, el caso de autos fue objeto de una pericia contable, en la que se señaló que “el pago de los derechos de exportación cuya repetición se solicita afecta a la carga tributaria total en el año 2010 por un 9,69% (sobre las ventas netas del ejercicio), (…) los pagos de derechos de exportación, que afectan a la carga tributaria y de la incidencia adicional del 5% más del impuesto a las ganancias”, (…) “el pago de derechos de exportación objeto de repetición afectan a la ecuación económica garantizada a PBA SA por el Certificado de Estabilidad Fiscal” (ver fs. 241/250 de autos). En tal sentido, he de remitirme a los lineamientos de la CSJN al resolver las causas anteriormente citadas, en las cuales sentó dos premisas básicas:
-No hay conflicto entre el régimen de estabilidad minera regulado y el pago de los derechos de exportación;
- De producirse un incremento de la carga tributaria total, será de aplicación el mecanismo para compensar o devolver las sumas abonadas de más, en la forma, plazo y condiciones que establezcan las normas pertinentes.
Por ende, en base al desarrollo precedente, entiendo que al no ser incompatible el pago de los derechos de exportación con el régimen de estabilidad fiscal, el proceder de la Administración fue conforme a derecho. Ahora bien, en cuanto al incremento de la carga tributaria total, la pericia contable en esta instancia no resulta relevante ni suficiente para acreditar tal incremento, por las razones que se han sido expuestas en la causa “Procesadora de Boratos Argentinos S.A. c/DGA expte n° 34.194-A, de fecha 7/8/19, en la que este Tribunal se expidió de la siguiente manera -en base a lo establecido en el fallo de Cámara en Procesadora de Boratos Argentinos S.A. (TF 28.448-A)-, “…el régimen de estabilidad fiscal contempla la posibilidad de la imposición de cargas a la beneficiaria en la medida que se compensen los aumentos. Ello, sobre la base del punto 2 del modificado art. De la ley 24.196, en cuanto señala por incremento de la carga tributaria total, y en atención a las pertinentes normas legales vigentes a la fecha de presentación del estudio de factibilidad, se entenderá a aquel que pudiere surgir en cada ámbito fiscal, como resultado de los actos que se enuncian en el párrafo siguiente y en la medida en que sus efectos no fueren compensados en esa misma jurisdicción por supresiones y/o reducciones de otros gravámenes y/o modificaciones normativas tributarias que resulten favorables para el contribuyente”, ello en referencia al art. 8 de la ley en cuestión.
Igualmente, el mismo artículo, en su punto 5, impuso que "a los fines del presente artículo resultarán asimismo de aplicación las siguientes disposiciones: 5. 1. Estará a cargo de /os sujetos beneficiarios de la estabilidad fiscal que invoquen que ella ha sido vulnerada, justificar y probar en cada caso con los medios necesarios y suficientes que efectivamente se ha producido un incremento en la carga tributaria en el sentido y con los alcances emergentes de las disposiciones de este artículo. Para ello deberán efectuar sus registraciones contables separadamente de las correspondientes a 'sus actividades no comprendidas por la estabilidad fiscal, adoptar sistemas de registración que permitan una verificación cierta y presentar al organismo fiscal competente los comprobantes que respalden su reclamo, así como cumplir toda otra forma, recaudo y condiciones que establezca la autoridad de aplicación de esta ley". A lo que, el punto 7, añadió que "la compensación de aumentos tributarios y arancelarios con reducciones de los mismos conceptos, para determinar si se ha producido en el mismo ámbito jurisdiccional un incremento de la carga tributaria total, se realizará por cada emprendimiento alcanzado por la estabilidad fiscal y por cada ejercicio fiscal vencido, entendiéndose, en todos los casos el que corresponde a la empresa para el impuesto a las ganancias, en la forma y condiciones que establezca la autoridad de aplicación". Además, en los términos del art. 24 de la ley 24.194 es ante la autoridad de aplicación del régimen que se debe dilucidar el incremento de la supuesta carga tributaria, compensación entre los incrementos y jurisdicciones según corresponda, motivo por el cual la pericia contable no resulta de aplicación en este ámbito.
Ello así, y por aplicación de la doctrina citada, corresponde confirmar las resoluciones apeladas, y los cargos que por ellas se confirman, con costas.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar las Resoluciones (DE ASAT) n° 1178/13, 1102/13 y 1174/13, recaídas en los SIGEA n° 13289-28527/28529/29613-2010.
2. Costas a la actora.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Vocal Preopinante. ASÍ LO VOTO.-
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar las Resoluciones (DE ASAT) n° 1178/13, 1102/13 y 1174/13, recaídas en los expedientes administrativos nros. 13289-28527/29613/28529-2010.
2. Costas a la actora.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.02.12 17:24:09 -03:00 Date: 2025.02.12 18:05:32 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.12 18:05:33 -03:00
Fin de la sentencia