Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 30105-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación de la actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas a la vencida (art. 68, CPCCN).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3807/2020 PROCESADORA DE BORATOS ARGENTINOS SA TF
30105-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de julio de 2021.- SMZ Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que, a fs. 272/275 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar las resoluciones (AD JUJU) 413/11, 414/11, 415/11, 416/11, 417/11 y 418/11 dictadas por el Administrador de la División Aduana de Jujuy en las Actuaciones SIGEA 12674-530-2010, 12674-68-2011, 12674-592-2010, 12674-555-2010, 12674-554-2010 y 12674-571-2010, respectivamente. Mediante dichas resoluciones se rechazaron las solicitudes de repetición iniciadas por la actora respecto de los importes pagados en concepto de derechos de las operaciones documentadas en los permisos de embarque en trato. Impuso las costas por su orden. Cabe destacar que en el pronunciamiento recurrido, el a quo se remitió a lo resuelto por la Corte Suprema de Justica en el causa “Procesadora de Boratos Argentinos S.A (TF 28.448-A) c/ DGA”, sentencia del 19/11/13, debido a la sustancial analogía que guardan las cuestiones aquí debatidas con aquélla.
Explicó que respecto del planteo de inconstitucionalidad en relación a la resolución ME 11/02, debe estarse a lo dispuesto en el art. 1164 del CA.
Por último, en lo relativo a la solicitud de que se designe un perito contable que se expida sobre el incremento de la carga tributaria, señaló que la pretensión resulta improcedente en virtud de la oportunidad procesal en la que fue planteada, así como en relación a la finalidad de la misma.
II. Que, a fs. 276 la actora apeló y expresó sus agravios a fs. 300/322 vta., los cuales fueron replicados por la contraria a fs. 328/345 vta. En primer término, sostiene que no resulta aplicable al sub examen, la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Procesadora de Boratos Argentinos S.A” citada. Manifiesta que en el caso de autos se ha acreditado el pago de los derechos de exportación cuya procedencia se discute y se ha demandado a la DGA su devolución, en los términos del art. 1.068 del CA, la cual fue denegada. Al contrario del precedente mencionado donde se inició mediante el procedimiento de impugnación previsto en el art. 1053 inc. a) del CA, que tramitó sin que se efectúe el pago previo de los derechos de exportación en virtud del efecto suspensivo previsto en el art. 1058 C.A.
Por otra parte, explica que, al no haber ejercido la opción prevista en el párrafo 2 del artículo del Anexo I del decreto 2686/93, la prohibición de la Aduana de liquidar tributos a la exportación opera en forma inmediata y no queda condicionada a la prueba de ningún otro hecho.
Bajo tales consideraciones, afirma que la obtención del Certificado que acredita la estabilidad fiscal es prueba suficiente para demostrar que el cobro de derechos de exportación afectó su carga tributaria total por cuanto implicó el cobro de un arancel que no se encontraba vigente a la fecha de adquisición del beneficio. Añade que no resulta de aplicación lo resuelto por el Alto Tribunal en la causa “Procesadora de Boratos”, en tanto su decisión se remite a los fundamentos expuestos en la causa “Minera de Altiplano”, en la que no se planteó la inconstitucionalidad de los derechos de exportación —como aquí se reclama—.
Plantea la inconstitucionalidad de la resolución ME 11/02 y de las notas SM N°130/07 y SCI N° 288/07, pues entiende que fueron establecidas en violación al principio de legalidad en materia tributaria y en violación al Tratado de Asunción.
Argumenta que ni la mencionada resolución, ni las notas invocadas por la Aduana como fundamento legal de la pretensión tienen entidad suficiente para derogar un beneficio fiscal establecido por ley.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3807/2020 PROCESADORA DE BORATOS ARGENTINOS SA TF
30105-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por otra parte, indica que la actuación de la DGA no sólo es ilegítima sino que además es contraria a sus propios actos, habida cuenta que la Instrucción General 19/02, dictada con posterioridad a la resolución 11/02, ordenó a sus funcionarios que se abstuvieran de aplicar esa norma.
Por último, solicita la apertura a prueba a fin de comprobar esa norma.
III. Que las cuestiones planteadas en el recurso interpuesto por la parte actora son sustancialmente análogas a las resueltas por este Tribunal con fecha 5 de mayo de 2021 en el expediente nº 3084/20, caratulado “PROCESADORA DE BORATOS ARGENTINOS SA TF 30115-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”. De tal modo, resultan de aplicación los fundamentos allí vertidos, a los que cabe remitirse, en lo pertinente, a fin de evitar innecesarias reiteraciones.
Se hace saber a la partes que podrán consultar copia del precedente citado en la Mesa de Entradas del Tribunal o en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
En mérito a lo expuesto, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación de la actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas a la vencida (art. 68, CPCCN).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia