Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 32034-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar la resolución del Tribunal Fiscal, solo en lo que respecta a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la actora vencida (arts. 1163 del C.A., y 68, primer párr. del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
25.368/2023 Procesadora de Boratos SA (TF 32034-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 10 de diciembre de 2024.
VISTOS Y
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 18/10/2022 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones números 261/12, 262/12, 263/12, 264/12 y 265/12, dictadas por la Aduana de Jujuy, en las actuaciones administrativas SIGEA n° 12674-44-2011; 12674-582-2010; 12674-91 2012; 12674-89-2012; 12674-90-2012, respectivamente, con costas por su orden.
Sostuvo que, en primer lugar, correspondía resolver si las resoluciones apeladas, en cuanto rechazaban las repeticiones de los derechos de exportación abonados en relación a las operaciones involucradas en la causa, se ajustaban a derecho.
Precisó que, mediante las destinaciones nros. 11 031 EC01 000142P, 10 031 EC01 001088B, 12 031 EC01 000136T, 12 031 EC01 000126S, 12 031 EC01 000135S, oficializadas en fecha 15/02/2011, 2/12/2010, 23/02/2012, 22/02/2012, 23/02/2012, respectivamente, la actora documentó ante la Aduana de Jujuy la exportación para consumo de “Boratos Naturales y sus concentrados”, clasificables en la P.A. SIM 2528.90.00.900Q y 2528.00.00.990T con destino a Brasil.
Puntualizó que, respecto de tales mercaderías el Sistema María liquidó los derechos de exportación al 10%, en virtud de lo dispuesto por la resolución ME n° 11/02.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Manifestó que, la Resolución número 11/02 del ME e Infraestructura, conforme surgía de sus considerandos, se fundaba en el fuerte deterioro de los ingresos fiscales tornándose necesaria “la disposición de medidas que atenúen el efecto de las modificaciones cambiarias sobre precios internos, especialmente en lo relativo a los productos esenciales de la canasta familiar”. En el art. 1° fijó un derecho del 10% a la exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) detalladas en el Anexo, estableciendo un derecho del 5% para aquellas mercaderías no incluidas en el citado Anexo. La referida resolución fue publicada en el Boletín Oficial el día 5 de marzo de 2002, estableciendo en el art. 8° que regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
El Tribunal a quo, refirió que, la actora fundaba la improcedencia de la exigencia de los derechos de exportación en el régimen de la ley 24.196 de Inversiones Mineras, invocando el acogimiento al régimen allí dispuesto, en virtud de la Resolución SIC y M Nro. 682/99.
Destacó que, conforme surgía de la contestación de oficio de fs. 196 el certificado de estabilidad fiscal de la actora era auténtico y la firma se encontraba inscripta en el Registro de la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras desde el día 16 de septiembre de 1999 bajo el Nº 372. Asimismo, a la fecha de oficialización de los P.E. involucrados en autos gozaba del beneficio de estabilidad fiscal. Añadió que, de la prueba producida a fs. 182 surgía que en la contestación de oficio remitida por la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se informaba mediante la Nota DINM Nº 132/2013 que desde la fecha de obtención del beneficio de Estabilidad Fiscal la empresa había ejercido únicamente la opción prevista en el primer párrafo del art. 1 del Anexo I del Decreto 2686/93.
Adujo que, en las actuaciones administrativas obraban agregados copia del Aviso DGA (DE TEEX) n° 16/02 que disponía que “atento los términos de las notas números 3 y 07 del 2002 emanadas de la Subsecretaría de Minería respecto de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II las empresas alcanzadas por la estabilidad fiscal dispuesta por el artículo 8 de la ley 24.196 y considerando la Instrucción General Nº 19/02, corresponde difundir la lista de exportadores eximidos”, entre los que se encontraba la firma Procesadora de Boratos Argentinos S.A., P.A. 2528.10.00 y 2528.90.00.
Indicó que, mediante Nota N° 288/07 suscripta por los Secretarios de Comercio Interior y de Minería se hizo saber al Director General de Aduanas la vigencia de la Resolución ME 11/02 y el Decreto 509/07 y la aplicación de las mismas a los casos que incumbían a la materia y competencia de la DGA. Señaló que, por la Nota N° 130/07 el Sr. Secretario de Minería ratificó la Nota 288/07 (fs. 35/37 de las actuaciones administrativas), reafirmando la vigencia de la Resolución ME 11/07, comunicando que habían quedado sin efecto las notas cuyos números indicaba, mediante las cuales se individualizaban las empresas y emprendimientos alcanzados con la exención de derechos de exportación, conforme a la estabilidad fiscal emergente del art. 8 de la ley 24.196, señalando que la DGA debería arbitrar las medidas conducentes para que las exportaciones de las firmas consignadas en las citadas notas tributen los derechos de exportación vigentes, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia.
Ponderó que, la cuestión planteada en autos había sido resuelta por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Procesadora de Boratos Argentinos S.A. (TF 28.448-A) c/ DGA”, del 19/11/13. En dicho pronunciamiento, el Tribunal Superior, remitiéndose a los fundamentos expresados al decidir en la causa “Minera de Altiplano S.A. c/ Estado Nacional- PEN y otra s/Amparo”, de fecha 10 de julio de 2012, (Fallos: 335:1315), estableció “(...) que ninguna disposición de la ley 24.196 ni de su reglamentación exime derechamente a los sujetos comprendidos en su régimen del pago de los nuevos gravámenes que se establezcan, o de los incrementos que se dispongan, con posterioridad a la presentación del estudio de factibilidad al que hace referencia el art. 8° del citado ordenamiento legal”.
Seguidamente, insistió en que la ley de Inversiones Mineras y su reglamentación no prohibían que se establezcan nuevos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II gravámenes o los existentes sean incrementados, sino que se hacía referencia expresa a la “carga tributaria total”, y destacó que establecía un mecanismo de compensación o devolución de las sumas abonadas en más por la firma promovida (art. 4, inc. C, del Anexo I del decreto 2686/93) para el supuesto en que se demostrara que el nuevo gravamen que se haya impuesto -en el caso, el previsto en la resolución ME nº 11/02-, implique un incremento de la carga tributaria total. Explicó que “la conducta vedada al Estado por el régimen de la ley 24.196 y el decreto 2683/93 que la reglamenta tiene, necesariamente, dos componentes: el incremento de la “carga tributaria total” (art. 8° de la ley), y la negativa a la compensación o devolución de las sumas abonadas de más por la empresa promovida (art. 4°, inc. c, del Anexo 1 del decreto reglamentario)”.
Agregó que “(...) al ser ello así, (...) no se advierte que exista conflicto alguno entre el régimen de estabilidad minera regulado por la ley 24.196 y el pago de los derechos de exportación cuestionados en las presentes actuaciones, puesto que, de acreditarse que de esa manera se produce finalmente un incremento de la carga tributaria total, será de aplicación el mecanismo para compensar o devolver las sumas abonadas de más, en la forma, plazo y condiciones que establezcan las normas pertinentes”.
Destacó que, en los términos del art. 24 de la ley 24.196 era ante la autoridad de aplicación del régimen que se debía dilucidar el incremento de la supuesta carga tributaria, compensación entre los incrementos y jurisdicciones según corresponda; motivo por el cual resultaba improcedente analizar la pericia contable obrante en autos.
Por lo expuesto, consideró que, correspondía confirmar las Resoluciones apeladas y no hacer lugar a las repeticiones de los derechos de exportación abonados en relación a los P.E. números 11 031 EC01 000142P, 10 031 EC01 001088B, 12 031 EC01 000136T, 12 031 EC01 000126S y 12 031 EC01 000135S, en razón de que la presente causa se resolvía por aplicación del fallo de la CSJN resultaba procedente imponer las costas por su orden.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
II. Que contra dicha decisión, con fecha 30/11/2022, la demandada interpuso recurso de apelación y expresó agravios, los que fueron contestados por la contraria el 14/12/2022.
III. Apelación del Fisco Nacional:
Cuestionó únicamente el modo en que fueron distribuidas las costas del proceso.
En primer lugar, destaca que el principio general sobre imposición de costas se halla contenido en el artículo 68, apartado 1, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto dispone que "la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado". Lo que instala el ordenamiento procesal nacional vigente se sostiene en el principio objetivo de la derrota, con prescindencia de la buena o mala fe con que la parte vencida pudo haber actuado durante la sustanciación del proceso. Aduce que, con referencia a lo anterior y teniendo en consideración que su parte es parte ganadora del pleito, las costas deberán imponerse en su totalidad a la parte actora dado que, de acuerdo al principio objetivo de la derrota, las costas deben ser cargadas íntegramente a la parte vencida.
Pondera que, se desprende de la simple lectura de las constancias administrativas que la Resolución apelada por la actora y que motivara la presente acción judicial fue confirmada por el a quo en su totalidad. Es decir que el acto administrativo atacado se había expedido de acuerdo a la legislación específicamente vigente, según los hechos acreditados y los antecedentes disponibles.
Alega que, asimismo, su parte aplicó la normativa vigente al momento de contestar el recurso de apelación rechazando la repetición interpuesta, respetando la inteligencia del Código Aduanero y desarrollando la jurisprudencia imperante en la materia.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
En razón de lo expuesto, considera que resulta injustificada la falta de imposición de costas a la vencida en la sentencia recaída en autos, atento que agravia a quien en todo momento se ajustó al derecho aplicable.
Expone que, esta situación se ve empeorada, asimismo, toda vez que el TFN en el voto de la mayoría solamente justifica el apartamiento al principio general de la derrota tan solo indicando que las costas se imponen por su orden indicando “Las costas se decretan por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato".
Por último, recuerda que de conformidad con el artículo 184, cuarto párrafo, de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), la parte vencida en el juicio tramitado ante el TFN deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado.
Añade que, no comprende su parte por qué el TFN resolvió declarar las costas por su orden, si en definitiva la Dirección General de Aduanas resulta vencedora de su pretensión y no contaba la sentencia con justificación suficiente para apartarse de un principio general del derecho.
Por lo los fundamentos expuestos, solicita se revoque la sentencia del TFN en cuanto hace a las costas, estableciéndolas en cabeza de la actora que es quien debe soportarlas por haber sido vencida en autos, y en tal sentido no puede verse beneficiada con lo resuelto por el "a quo".
IV. Que, de manera inicial debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
V. Que, en lo que respecta a las costas de la anterior instancia, el artículo 1163 del Código Aduanero establece que “[l]a parte vencida en juicio deberá CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición…”.
En el caso: (i) la actora resultó sustancialmente vencida en su solicitud de devolución de los importes abonados en concepto de derechos de exportación; (ii) a la fecha de dictado del pronunciamiento apelado (18/10/2022) la cuestión ya no podía calificarse como compleja y novedosa, pues los pronunciamientos del Máximo Tribunal que dirimieron la discusión y le sirvieron de fundamento datan del 19/11/2013 y 10/07/2012, respectivamente (v. Fallos: 336:2209 y 335:1315); y (iii) el ejercicio de la acción se mantuvo pese a lo expuesto en el punto precedente; es decir que no se advierten motivos que justificaran eximir al accionante de los gastos del pleito.
En consecuencia, corresponde admitir el recurso interpuesto por la demandada y revocar la sentencia del TFN, solo en lo que respecta a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la actora vencida (arts. 1163 del CA y 68, primer párrafo, CPCCN).
En consecuencia, este Tribunal
admitir el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar la resolución del Tribunal Fiscal, solo en lo que respecta a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la actora vencida (arts. 1163 del C.A., y 68, primer párr. del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia