Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 120789
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
C 120.789. "SERANTES, JORGE EDUARDO C/ TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. S/ PROCESO COLECTIVO-ACCION DE CLASE"
La Plata, 13 de Agosto de 2020.
I. El letrado apoderado de la parte demandada interpuso recurso extraordinario federal contra la resolución de esta Corte que desestimó el de inaplicabilidad de ley, en razón de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC; v. fs. 455/471 vta. y 449/450 vta., respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente -en lo que interesa destacar- confirmó lo resuelto por el magistrado de origen que, a su turno, desestimó la excepción de incompetencia planteada por la accionada, al entender que la acción promovida tendría sustento en la legislación de defensa del consumidor, resultando competente el Juzgado de Paz actuante (art. 30, ley 13.133, modif. por ley 14.514; v. fs. 278 y 302 y vta.).
II. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, conforme lo resuelto por la Corte Suprema nacional (v. fs. 581 y vta.), el mismo fue contestado por el actor (v. fs. 593/604 vta. y escritos electrónicos de fecha 14-IX-2019).
III. En su presentación, el recurrente funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional. Asimismo, invoca la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, juez natural, propiedad e igualdad, así como la vulneración de los principios de razonabilidad y jerarquía normativa (arts. 75 incs. 13, 14, 18 y 19, Const. nac.; v. fs. 460/462, 466 vta., 467 vta./468 y 469 vta./470).
Sostiene que la decisión en crisis, mediante afirmaciones dogmáticas y carentes de fundamentación, desestimó el remedio de inaplicabilidad de ley por considerarlo insuficientemente fundado. Y afirma que esa postura implicó confirmar el apartamiento de la causa de sus jueces naturales que, de forma exclusiva y excluyente, deben conocer en materia federal (v. fs. 460 y vta., 462 vta./466 y 469/470).
Así asevera que -contrariamente a lo aquí resuelto- en la vía local impetrada se denunció no sólo la vulneración de la doctrina legal de este Tribunal, en la que se determinó que era la justicia federal quien debía entender en casos como el presente, sino también su similitud y aplicación a la controversia de marras. En tal sentido, alega que la correspondencia con el caso que cita es palmaria dado que ambos reclamos consisten en la regularización del servicio de telecomunicaciones y en un resarcimiento por sumas de dinero que la contraria entiende nunca debieron abonarse (v. fs. 463 vta./464).
A tal fin, denuncia que debe interpretarse el sentido y alcance de normas federales, tales como la Ley Nacional de Telecomunicaciones n° 19.798, entre otras que cita. Y agrega que el señor Procurador General provincial también dictaminó favorablemente, al entender que debía darse acogida al remedio intentando, dado el carácter federal de la controversia planteada en autos (v. fs. 459 vta., 461 vta., 464, 465, y 466 vta./468).
III.1. Aduce, por otro lado, que las reseñas jurisprudenciales de la Corte nacional y de otros tribunales que se expusieron, fueron al sólo efecto de demostrar la coincidencia de posturas que existe en materia de competencia federal entre esos órganos y esta Corte local (v. fs. 464 vta./466 y 468/469).
III.2. Finalmente, refiere que el fallo atacado omitió arbitrariamente tratar las cuestiones referidas a la aplicación al caso de la doctrina fijada en el precedente de la Corte nacional "Di Mascio" (CSJN, Fallos: 311:2478) y la presencia de un supuesto de gravedad institucional, en tanto lo que se decida afectará a todos los usuarios del servicio de telefonía en todo el país, trascendiendo el interés de las partes (v. fs. 466 y 470/471 vta.).
IV. En el caso, corresponde liminarmente señalar que las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite , la suficiencia técnica del recurso extraordinario local -art. 31 bis, ley 5.827- para desvirtuar la conclusión del a quo respecto a la competencia del fuero provincial, con base en el art. 30 de la ley 13.133) no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal (conf. CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010; Fallos: 249:530; 250:373; 251:164; 310:1542 y 322:1888 y también: 324:4349, 330:133, entre otros).
En estos casos, se hace particularmente exigible que la apelación cuente -en relación a los agravios que la originan- con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial, situación que no se advierte en el presente en tanto los argumentos del recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente como tal para habilitar la vía federal (art. 14 y 15, ley 48).
IV.1. En lo que respecta a la denuncia de arbitrariedad con base en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y omisión de cuestiones, tampoco se exponen fundamentos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la demostración de un supuesto de carácter excepcional.
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
En ese marco la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía del caso excepcional de la arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren satisfechos en la especie.
IV.2. Por otro lado, en lo que atañe a la pretendida vulneración de la garantía de juez natural (v. fs. 460 vta.) no se evidencia -en principio- que se hayan formulado razones suficientes para demostrar la relación directa e inmediata con las circunstancias particulares del caso, no siendo idóneas -a tal fin- las alegaciones generales efectuadas (doctr. art. 15, ley 48).
IV.3. Cabe apuntar, además, que la simple denuncia de la invocada violación de normas constitucionales (defensa en juicio, propiedad, igualdad, jerarquía normativa y art. 75 incs. 13, 14, 18 y 19 de la Const. nac.; v. fs. 460/462, 466 vta., 467 vta./468 y 469 vta./470), así como la mera mención del precedente "Di Mascio" (v. fs. 466 y 470 vta./471), no abastece el medio de impugnación formulado, puesto que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 119.977 "ITATIC SAAICEI", resol. de 13-IX-2017; "Kusayu SA", resol. de 15-VIII-2018; C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; entre otros).
IV.4. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso (doctr. Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; v. también 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. fs. 466 y 470/471 vta.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES DANIEL ALFREDO CARRAL
MARIA FLORENCIA BUDIÑO
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
(Conf. Ac. 3971)
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia