Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75612
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 289 CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.612, "Maldonado, Telma Edith c/ Municipalidad de Tandil. Proceso Sumario contra Sanciones en Materia de Empleo Público. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocó la sentencia de primera instancia. En consecuencia -en lo que aquí interesa- declaró la nulidad del decreto 1.374/09 -y su confirmatorio 1.401/10- mediante el cual el intendente del municipio demandado aplicara a la actora la sanción de cinco días de suspensión y ordenara su reubicación en otra área del Hospital Municipal Ramón Santamarina de la ciudad de Tandil (v. fs. 254/273).
Disconforme con dicho pronunciamiento , el apoderado de la Municipalidad accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 3 de septiembre de 2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 279 vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 282) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia: a) declaró la nulidad del decreto 1.374/09 -y su confirmatorio 1.401/10-, por el que se sancionara a la actora con cinco días de suspensión y se ordenara su reubicación en otra área del Hospital Municipal Ramón Santamarina de la ciudad de Tandil, por encontrarla responsable de haber trasgredido las obligaciones previstas en los arts. 59 incs. "b", "f", "i", 60 inc. "b" y 64 incs. 3 y 10 de la ley 11.757, disponiendo su consecuente absolución en el sumario que motivara el dictado de los actos anulados y b) en relación a la impugnación del decreto 319/09 -por el que se condicionara la asunción de la accionante al cargo de Supervisora de Enfermería- y su reclamo salarial accesorio, decretó la nulidad de todo lo actuado en la instancia a partir del dictado del proveído de fs. 176 -que abriera el juicio a prueba y proveyera la pertinente- ordenando la remisión de las actuaciones al juzgado de origen a los fines de que se cumplimenten los pasos allí indicados, tendientes a brindar un tratamiento autónomo a las pretensiones en cuestión y garantizar el derecho de defensa del agente que pudiera haber sido designado para cubrir el cargo en cuestión (v. fs. 254/273).
Para así decidir -en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada efectuó las siguientes consideraciones:
I.1. En primer lugar, encontró fundado el reproche dirigido contra el decreto 1.374/09 -y su confirmatorio 1.401/10-, al considerar absurda la valoración de la prueba realizada por la instrucción en el marco del sumario disciplinario, toda vez que -a la luz de las constancias administrativas- no advirtió comportamiento alguno atribuible a la agente Telma Edith Maldonado que pudiera válidamente subsumirse en las normas cuya transgresión se le reprochara.
En efecto, señaló que la autoridad demandada endilgó a la actora un supuesto incumplimiento a una orden impartida por su superior jerárquico -cuyo contenido habría consistido en impedir que un recién nacido dejara el nosocomio-, como así también no haber dado aviso a sus superiores del egreso de la madre -junto con el menor- del hospital.
Destacó que, a esa conclusión arribó el municipio al estimar acreditado que la accionante, que se desempeñaba como Enfermera Jefa del nosocomio, había tomado conocimiento del texto de la manda judicial emitida por la titular del Tribunal de Menores de Tandil, que impedía el egreso del recién nacido del hospital, y de la consecuente orden impartida por su superior jerárquico -el Jefe de Servicio doctor Fernando Adolfo Fernández- en igual sentido.
En ese marco, la Cámara efectúo un análisis de las constancias probatorias colectadas en el sumario -testimoniales, careos y documental- como así también del contexto fáctico donde se habría impartido la orden que se reprochara incumplida, y concluyó que ninguna de las faltas enrostradas a la actora surgían debidamente acreditadas, en tanto la Administración no logró demostrar que la orden impartida por el Jefe de Servicio, en el ámbito de un ateneo médico, haya sido comunicada con claridad, precisión y que resultase conocida por todos los asistentes al coloquio -entre ellos, la actora- como así tampoco que la accionante hubiere tomado conocimiento pleno y cabal del contenido del oficio judicial.
Sin perjuicio de lo expuesto, que estimó suficiente para desechar los incumplimientos endilgados, el Tribunal de Alzada realizó consideraciones sobre cuál debía haber sido el proceder de la autoridad administrativa -v.gr. incorporar a la historia clínica del menor o de la madre la orden judicial, a fin de posibilitar el conocimiento del contenido y proceder en consecuencia; solicitar a la jueza la guarda policial del menor- destacando, asimismo, la ausencia en el nosocomio de un marco normativo expreso que aportara reglas claras, a los agentes dependientes del hospital, sobre cómo proceder en casos como el presente.
Por su parte, desestimó los restantes reproches que el municipio demandado le formulara a la actora en el sumario, consistentes en haber omitido incorporar a la historia clínica la novedad del egreso del hospital del menor interdicto y facilitado a la enfermera Claudia Patricia Jiménez el número telefónico del Tribunal de Menores interviniente, por considerar que tales presuntas faltas fueron realizadas por otras personas y no por quien -en definitiva- resultara sancionada en el marco de las actuaciones allí analizadas. Consecuentemente, al no tener por acreditada ninguna de las faltas endilgadas, descartó que la agente hubiera afectado el prestigio de la institución hospitalaria.
En suma, consideró que la Administración -a través del decreto 1.374/09 -y su confirmatorio 1.401/10- actúo con arbitrariedad e irrazonabilidad en la apreciación de la prueba reunida en las actuaciones administrativas, al tener por acreditados hechos cuya verificación no surgía de aquella, motivo por el cual revocó tales decisiones.
I.2. En segundo término, se expidió sobre el decreto 319/09, mediante el cual se dispusiera que la actora podría asumir el cargo de Supervisora de Enfermería -que se encontraba en condiciones de acceder en virtud del orden de mérito obtenido en el concurso-, una vez resuelto el sumario y solo en el caso de resultar absuelta (cfr. art. 2, dec. cit.), como así también respecto del reclamo salarial accesorio.
Señaló que, si bien la absolución dispuesta permitiría que la agente pudiera asumir el puesto en cuestión, advertía que el acto administrativo impugnado también facultaba a cubrir el cargo de Supervisor de Enfermería que hubiere correspondido a la actora, con personal que reúna las condiciones para dicho puesto, en forma interina a partir del 1 de febrero de 2009 y hasta que se resuelva el sumario (cfr. art. 4, dec. cit.).
En consecuencia, sostuvo que la legitimidad del decreto 319/09 no podría ser decidida sin garantizar previamente la audiencia de aquel agente que pudiera haber sido designado para cubrir el cargo en cuestión, motivo por el cual declaró la nulidad de todo lo actuado en la instancia a partir del dictado del proveído de fs. 176 -que abriera el juicio a prueba y proveyera la pertinente-, ordenando la remisión de las actuaciones al juzgado de origen a los fines de que se cumplimenten los pasos que indicó necesarios, ante la imposibilidad de poder pronunciarse -en esa etapa- sobre las cuestiones de fondo sometidas a su conocimiento, en razón de la prematuridad en que quedara inmerso el fallo de grado en esa parcela.
II. Contra dicho pronunciamiento la Municipalidad demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 3 de septiembre de 2018), en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de la doctrina legal que entiende comprometida en la especie.
Básicamente, sostiene que la sentencia atacada incurre en el vicio de absurdo, por resultar incorrecta la valoración de la prueba allí realizada. Para ello, efectúa una selección de distintas declaraciones testimoniales brindadas en el proceso sumarial que -a su entender- acreditan que la agente sancionada tenía pleno conocimiento del contenido del oficio judicial -a la postre incumplido- y de la orden impartida por su superior jerárquico, por lo cual aduce que yerra el Tribunal a quo al considerar que en las actuaciones administrativas no se logró demostrar las faltas imputadas en los decretos cuestionados.
Por otra parte, indica que la accionante nunca acreditó la ilegitimidad o irrazonabilidad de la sanción aplicada, ni tampoco explicó con claridad cuáles eran los fundamentos de la impugnación pretendida para cada decreto en particular, lo que conlleva -según su criterio- a un quebrantamiento a la doctrina legal de esta Suprema Corte que establece que es al accionante a quien le incumbe la carga de probar dichos extremos.
Como corolario, propicia que se revoque el decisorio impugnado y se confirme la validez de los decretos municipales 1.374/09, 1.401/10 y 319/09.
III. El recurso no puede prosperar, en atención a la falta de sustancialidad o trascendencia que el planteo contiene (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
En efecto, conforme surge del relato de antecedentes, el tema central que se plantea a decisión de esta Corte -con independencia de los argumentos expuestos por los jueces de grado-, se vincula con la impugnación del municipio demandado contra la decisión de la Cámara que dispuso la anulación del decreto 1.374/09 -y su confirmatorio 1.401/10- mediante el cual se aplicó a la actora una sanción correctiva de cinco días de suspensión y se ordenó su reubicación en otra área del Hospital Municipal Ramón Santamarina de la ciudad de Tandil.
Así, analizando la naturaleza y entidad del conflicto que llega a esta instancia, se observa que la cuestión que se somete a conocimiento es -en efecto- insustancial o carente de trascendencia para ser abordada por un Tribunal superior como esta Corte, por lo que corresponde la utilización de la facultad contenida en el art. 31 bis citado y desechar, sin más, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por la Municipalidad demandada (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC; conf. C. 103.088, "Campi", sent. de 13-VIII-2014; A. 72.794, "Rafaniello", sent. de 13-VI-2018; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 289 CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia