Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 33243
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado en el punto V del escrito inicial.-
2No hacer lugar a la medida cautelar peticionada en el punto VI de la demanda.-
3Imponer las costas de la incidencia a la actora en su calidad de vencida (cfme. doctrina causa: "DOMATO" (expte. N°26.271) en trámite por este Juzgado y CCASM causa 6480 "RACCO").-
Estos autos caratulados "PRISMA MEDIOS DE PAGO SA C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD - OTROS JUICIOS", expediente Nº 32243, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y de los que,
1. Que a fs.10/39 se presenta el Dr. Abel Darío Preiti, letrado apoderado PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., promoviendo demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Moreno, a los efectos de que se declare la nulidad del Decretos Nº 994 y concordantes dictados por el Intendente de la Municipalidad de Moreno en el expediente N°4078-182038-P-2016 en concepto de Derechos de Publicidad y propaganda, con mas los intereses y multas correspondientes, por el periodo 2016.-
2. Relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa. Funda su pretensión en derecho y ofrece prueba.-
3. Que asimismo, solicita cautelarmente que mientras tramite esta acción, se suspenda la ejecución de la intimación al pago de la liquidación aprobada por el municipio de Moreno, debiendo este abstenerse de promover y/o impulsar juicio de cobro compulsivo de las sumas que pretende reclamar.-
4. Por otra parte, plantea la inconstitucionalidad del art. 19 del CPCA -"solve et repete".-
En primer lugar manifiesta que el previo pago, importa un grave cercenamiento al derecho de defensa en juicio, como así también la garantía del debido proceso, siendo violatorio de tratados internacionales con jerarquía constitucional.-
5. Que con fecha 15/08/2018, se requiere al municipio demandado produzca, en el plazo de cinco días, informe previo respecto de la medida cautelar solicitada y conteste el traslado respecto del planteo de inconstitucionalidad formulado por la accionante.-
6. Que con fecha 16/10/2018, se presenta la Dra. Silvina Ledesma -apoderada de la Municipalidad de Moreno-, efectuando el informe requerido en la providencia inicial.-
En tal presentación solicita el rechazo del despacho cautelar peticionado por la accionante, en tanto que de los términos del art.198 y cdtes. de la ordenanza fiscal vigente que parcialmente transcribe, se desprende que la publicidad desplegada en el interior de locales comerciales se encuentra abarcada por la norma en cuestión.
Asimismo, manifiesta que de hacerse lugar a la medida solicitada -en merito de que tendría efecto sobre la recaudación municipal- se vería afectado el interés publico.-
En cuanto a la inconstitucionalidad, refiere que la regla solve et repete, constituye un medio de tutela del crédito tributario del Estado y se funda en la presunción de legitimidad del acto administrativo y entraña la ejecutoriedad del mismo.-
Afirma que luego de la reforma constitucional, el apartamiento de la regla solve et repete, por parte de la doctrina de la Corte, hasta la actualidad, siempre fue a través de situaciones de excepción, sin derogarla bajo ningún aspecto: la CSJN fijó una y otra vez como doctrina, que el pago previo no es contrario a los derechos de igualdad y de defensa en juicio, evidenciándose así que la regla solve et repete es constitucional.-
Asegura que la actora es una de las empresas líderes en su rubro y no ha esgrimido ni probado su imposibilidad de pago, solo se ha limitado a plantear la inconstitucionalidad de un precepto legal.-
Refiere que como en cualquier otra cuestión constitucional, es menester que el litigante precise su alegación y demuestre en el caso concreto, el perjuicio que le causaría la aplicación de la norma cuya invalidez pretende.-
Funda su planteo en jurisprudencia y doctrina relativa a la cuestión y solicita se rechace el planteo de inconstitucionalidad incoado y se intime al pago bajo apercibimiento de tenerla por desistida de la acción.-
7. Que en fecha 13/11/2018/ y 22/11/2018 se requiere al municipio remita los expedientes administrativos relacionados al dictado del acto administrativo cuestionado.-
8. Atento el estado de autos, con fecha 04/12/2018, pasan las actuaciones a despacho para resolver.-
1. Que conforme los expedientes administrativos allegados y lo que se desprende del acto administrativo N° 994 dictado por el Intendente municipal de Moreno, el período involucrado en esta pretensión es el año 2016.-
Asimismo se advierte -de forma preliminar y de las constancias hasta el momento adjuntas- que las actas de determinación de Deuda de Derechos por Publicidad y Propaganda que la comuna pretende ejecutar administrativamente se trata de las actas N°14993 y N°14927, conforme descargo de fs. 21/28 del expediente 4078-196713-D-2017 y descargo de fs. 2/8 del expediente 4078-182038-P-2017 (ambos reservados en secretaria).-
Ello en consonancia con la cedula de notificación de fs. 55 del expediente administrativo N°4078-191827-P-2017.-
Bajo ese piso de marcha, corresponde dar tratamiento a la incidencia planteada.-
2. En relación al planteo de inconstitucionalidad y la procedencia de la obligación del pago previo en materia tributaria, el mismo constituye un requisito de admisibilidad formal de aquellas pretensiones anulatorias, que se articulen contra actos administrativos que imponen o determinan obligaciones de naturaleza tributaria, cuyo cumplimiento el juez deberá verificar, antes de proseguir con el proceso, conforme lo regla el cuestionado art. 19 del CPCA.-
Examinada la normativa cuestionada y en razón de las consideraciones que siguen, me permito anticipar, que la inconstitucionalidad articulada por el accionante, no ha de prosperar.-
En primer termino, se destaca que la norma limita el pago previo a la materia tributaria, excluyendo de la exigencia a las impugnaciones de actos administrativos que impongan otro tipo de cargas económicas. Al propio tiempo, y dentro de aquella materia, excluye las multas y recargos accesorios de las obligaciones fiscales de que se trate.-
Por otra parte, la norma establece que el recaudo no será exigible, cuando su imposición configurase un supuesto de denegación de justicia (inciso 3 ap."a" art. cit.).-
Es entonces, que la regulación del pago previo -exigencia legal fundamentada en la protección de las finanzas publicas- presenta limites que impiden la ruptura del equilibrio, entre aquella finalidad que contiene el instituto y el derecho constitucional de acceso a la justicia, en tanto y en cuanto, comprobados que sean los extremos del supuesto de excepción previsto en el inc.3 apartado "a", el peticionante quedara habilitado para sortear el valladar de marras.-
En otras palabras, puede afirmarse que, en la medida en que la exigencia del recaudo, queda dispensado por la propia ley, cuando se verifique que su cumplimiento perjudica irremediablemente el derecho de acceso irrestricto a la justicia, cabe concluir que la norma no evidencia visos de arbitrariedad o irrazonabilidad que permitan afirmar una transgresión a las normas constitucionales (art.15 Const. Pcial.; arts.18 y 28 Const. Nac.).-
No puede pasar desapercibido a los fines del rechazo de la inconstitucionalidad articulada, la falta de ofrecimiento de toda prueba que acredite que, en el caso concreto de autos, nos hallamos en presencia de un supuesto de denegación de justicia, que afecta los alegados derechos de raigambre constitucional.-
Por las consideraciones expuestas corresponde el rechazo del planteo de inconstitucionalidad formulado por el accionante (arts.166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art.19 y ss., y 77 de la Ley 12.008 y sus modificatorias; art. 161 del C.P.C.C.; y demás citas legales dadas).-
3. En cuanto a la medida cautelar:
3.1. El régimen cautelar regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo (Titulo I, cap. IV) dispone los requisitos que el peticionante debe cumplimentar para la obtención de las medidas cautelares: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) no afectación del interés público.-
Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre si: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando mas evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L. B.A., 1998, pag. 1163).
3.2. Abordado el análisis de los recaudos precedentemente indicados, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.-
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega el actor adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa. (Art. 22º inciso 1º a) C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando que antecede
3.3. Examinadas las constancias colectadas en la causa no se advierte que el acto administrativo impugnado -reitero: en este examen preliminar y periférico- adolezca prima facie de una invalidez, que permita descalificarlo como tal.-
En efecto, de la resolución cuestionada, se desprende que la misma ha sido dictada en una materia en la que la comuna cuenta con facultades legales propias y en consecuencia, el acto dictado no aparece reñido con un uso razonable de aquellas, las que a su vez, le dan suficiente sustento normativo.-
De otro lado, los vicios del acto administrativo que alega el accionante, no se exhiben -en el conocimiento periférico que permite, reitero, esta instancia preliminar- de una forma manifiesta y notoria tal, que obliguen a restablecer cautelarmente la legalidad. En su mérito, la cuestión torna necesario un mayor debate y prueba que el provisorio de esta etapa procesal, aun para dilucidar la mera verosimilitud del derecho invocado (Cfr. CCALP doctrina causa Nº 917 "Centro Automotores S.A."; y causa Nº 272 "Abelleira").-
3.4. Por otra parte, cabe resaltar que la pretensión cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estas actuaciones y esta quede firme, comprende básicamente la suspensión de los efectos propios del acto administrativo emitido por la autoridad administrativa comunal, como así también, del acto legislativo que implica la sanción de las ordenanzas fiscales en la que aquella se funda -Art. 77 inc. a) Decreto- Ley 6769/58 modif. por Ley 13.101- situación que colisiona con la presunción de legitimidad de los actos públicos, lo que lleva al juzgador a una mayor prudencia en el análisis de los requisitos legales que habilitan la procedencia de aquella (art.22 C.P.C.A.), en particular la apariencia de buen derecho o fumus bonis iuris (cfr.: este mismo juzgado causa 2086 "Cepas Argentinas S.A."; causa 5887 "Ferrum S.A."; causa 6354 "Pirelli"; entre otras).-
3.5. Que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada, ello es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05) y en consecuencia no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.-
POR ELLO, y con fundamento en lo dispuesto por los arts.18 y 28 Const. Nac.; arts.15, 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 19, 22, 23, 25 y concordantes de la Ley 12.008 y modificatorias; arts. 161 y cctes. CPCC; y demás citas legales dadas;
1. Rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado en el punto V del escrito inicial.-
2. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada en el punto VI de la demanda.-
3. Imponer las costas de la incidencia a la actora en su calidad de vencida (cfme. doctrina causa: "DOMATO" (expte. N°26.271) en trámite por este Juzgado y CCASM causa 6480 "RACCO").-
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia Interlocutoria registrada bajo el N°............./2018.-
Fin de la sentencia