Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 44681 2024
Expte. Nº 44681 .- Autos:"EDENOR S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD - OTROS JUICIOS ".- Mercedes, en el día de su firma digital.-AR
Estos autos caratulados “EDENOR S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 44681, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que, RESULTA: I.- Que mediante presentación electrónica de fecha 31/5/2023, se presenta el Dr. Fernando Sebastián Perez como apoderado de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR), iniciando demanda contra la MUNICIPALIDAD DE MORENO, pretendiendo la nulidad de la Resolución dictada por el Juzgado de Faltas N° 2 de la localidad de Moreno en el marco del Expte.
N° 4078- 220235-D-2020 "OJEDA MARIA ADRIANA C/ EDENOR S.A.", en el cual se le impusiera una multa de $981.405, la suma de $1.000 en concepto de costas y el 20% sobre el monto total por los arts. 43 y 44 de la Ordenanza Tarifaria y Tributaria N° 6.662/21.- Comienza un apartado indicando que, de acuerdo con lo establecido en el art. 50 de la ley 24.240, su parte opone excepción de prescripción sobre todo hecho anterior al día 2 de marzo 2017, siempre que la apertura del expediente administrativo tiene fecha 2 de Marzo de 2020, tal como surge del acto administrativo objeto de autos. Sobre ello, señala que el hecho aducido por la requirente con fecha 24 de julio de 2015, se encuentra ampliamente prescripto.- Por otro lado, señala la nulidad del acto administrativo por vicios en la competencia en razón de la materia, entendiendo que, el Juzgado de Faltas N° 2 del Municipio de Moreno, resulta incompetente para dictar resoluciones que puedan sancionar a EDENOR por un supuesto incumplimiento al Reglamento de Suministro (Res.
ENRE 524/2017). Entiende que, esta cuestión, se resuelve estrictamente por la aplicación de normas federales -el Marco Regulatorio de la Energía Eléctrica aprobado por la Ley Nacional 24.065, el Decreto Nacional 1398/92, las Normas de Calidad del servicio público y sanciones del Subanexo 4 del Contrato de Concesión suscripto entre el Estado Nacional y EDENOR y, específicamente, por el Reglamento de Suministro aprobado por la Res. ENRE 524/2017.- Aduce que la conducta reprochada a EDENOR, consiste precisamente en un hecho que comportaría un incumplimiento del específico deber de prestación del servicio a cargo de la licenciataria del servicio público federal, regulado por la normativa federal –Ley 24.065, Régimen de calidad del servicio de distribución de energía eléctrica y Reglamento de Suministro de energía eléctrica, cuya supervisión se encuentra a cargo del ENRE, autoridad federal con competencia especial para imponer sanciones por supuestos incumplimientos contractuales de las distribuidoras nacionales-.
Señala que se ha asignado al ENRE la competencia especial para interponer sanciones (conf. Arts. 56, inc. o) y 78 de la Ley 24.065 y Subanexo 4 del contrato de concesión), manifestando que está ceñida a la comprobación y determinación de la falta, la aplicación de sanciones y la fijación de su monto, conforme a las pautas establecidas por vía reglamentaria y contractual.- Afirma de esta manera que, el ENRE, es el único órgano administrativo facultado para aplicar una multa por el supuesto incumplimiento de la distribuidora a las obligaciones contractuales.- Arguye que, la autoridad municipal, no se encuentra facultada para aplicar sanciones por el supuesto incumplimiento de las normas de calidad del servicio público federal, indicando que debe resguardarse la competencia asignada al ente regulador nacional que se encuentra específicamente asignado a los efectos de vigilar, mediante mecanismos específicamente establecidos, el cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias vigentes en orden al cumplimiento y desenvolvimiento del servicio involucrado en cuestión.- En ese sentido, señala que la autoridad municipal sólo tiene a su cargo el control del servicio cuyo incumplimiento motiva la denuncia, en todos aquéllos aspectos que se relacionen con la atribución conferida de velar por los derechos del consumidor a la luz de las previsiones contenidas en la ley 24.240 y en tanto no se vinculen directamente con la prestación misma del servicio público federal, cuya supervisión se encuentra a cargo del ENRE, a quien incumbe el control de la actividad desarrollada por las concesionaras que comercialicen el servicio público de distribución de energía eléctrica.- Sostiene que existe una normativa expresa y particular de orden federal que regula la prestación del servicio público de distribución de electricidad, que estipula los cargos y multas frente a las posibles irregularidades que se presenten en dicha prestación de servicio y que conforme lo establecido por la Constitución Nacional, constituye una materia cuya consideración que se encuentra reservada únicamente a la autoridad federal.
Explica que si bien el artículo 25° de la LDC modificado por el artículo 10° de la ley 26.361, autoriza al consumidor a elegir el organismo donde puede presentar su denuncia, indica que ello resulta de aplicación sólo para consideraciones que deriven de las obligaciones determinadas en la LDC. Manifiesta que, al analizar el presente caso, la autoridad municipal no tuvo en cuenta que la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica reconoce exclusivamente a los organismos federales como autoridad de aplicación y control respecto de los reclamos formulados con relación a la prestación del servicio. Cita doctrina.- En otro orden, se refiere a la violación del principio de legalidad de la sanción, señalando que la decisión de la autoridad municipal de imponer una multa que prácticamente duplica el límite máximo establecido por la ley provincial 13.133 vigente al momento de iniciarse la etapa sumarial del procedimiento, explica que no tiene fundamento jurídico ni respaldo normativo alguno, encontrando -a su criterio- exclusivo fundamento en la voluntad del Municipio e importa una clara aplicación retroactiva de la pena prevista en la Ley 15.410, lo que se encuentra expresamente prohibido por el art. 18 de la C.N. y el art. 7 del C.C.y C.N.- Entiende que resulta importante advertir que, al momento de iniciarse la etapa sumarial del expediente administrativo N° 4078-220235-D-2020, la ley 15.410 no se encontraba vigente por cuanto la misma fue publicada en el boletín oficial en fecha 10/01/2023.
Adjunta link.- Explica que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, la autoridad administrativa inició el procedimiento sumario previsto en la ley 13.133 en fecha anterior a la última reforma introducida mediante la ley provincial N° 15.410, motivo por el cual, entiende que no puede ahora pretender aplicar retroactivamente tal norma a los efectos de sortear ilegítimamente el límite cuantitativo previsto en el art. 73 de la ley vigente al momento de iniciarse las actuaciones administrativas, afirmando que tal situación, implica una aplicación retroactiva de la norma -expresamente prohibido por el art. 18 de la C.N. y art. 7 del C.C.yC.N.- como así también, una clara trasgresión al principio de legalidad.- Advierte que, el acto administrativo emitido por el Juzgado de Faltas del partido de Moreno, resulta a todas luces ilegitimo por cuando pretende arbitrariamente evadir el límite establecido en la norma vigente al momento de iniciarse el sumario, el cual es de $500.000.- Por otro lado, indica que observa que la administración pública procedió a sancionar a su firma por una supuesta infracción en los términos de los arts. 4, 8 bis y 25 de la Ley Nacional 24.240, habiendo efectuado -a su criterio- para tal fin una arbitraria interpretación del derecho aplicable.- Continúa relatando que el Juzgado de Faltas afirma que existe una infracción al art. 4 de la Ley 24.240, manifestando que remite a la viva letra de dicha normativa y a la cita genérica de doctrina, entendiendo que la sanción sobre la referida norma resulta absolutamente arbitraria por cuanto carece de motivación, no realizando la autoridad municipal una subsunción de la norma en los supuestos hechos que fundarían la atribución de responsabilidad.
Pone de relieve que, la requirente, formula su reclamo ante la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Moreno el día 2 de Marzo de 2020, señalando que sin embargo dicha oficina da traslado del mentado reclamo el día 31/08/22, es decir dos años y medio después. Aduce que, el objeto de reclamo de la Sra. Ojeda, recaía sobre un recupero de energía por un monto de $4670,09, el que se encontraba sujeto a la Resolución ENRE 58/21, manifestando que el mismo no es exigible hasta que dicho Ente Autárquico se expida sobre el mismo, señalando que dicho saldo no se encontraba en los montos a pagar liquidados en las facturas de consumo mensuales. Agrega que, resulta falaz la postura de la autoridad municipal al referir “Que no habiendo efectuado la requerida ninguna propuesta (…)”, indicando que se podrá constatar del expediente administrativo objeto de autos y de la documental agregada, que su parte ha realizado ofrecimiento conciliatorio, haciendo lugar en su totalidad a la pretensión de la reclamante.- Enfatiza que surge del descargo de imputación presentado con fecha 28/12/2022, la solicitud de reapertura de la instancia conciliatoria, por cuanto la OMIC no había dado traslado en momento alguno del ofrecimiento realizado por EDENOR a la Sra.
Ojeda. Entiende que el objeto que motivó el reclamo administrativo, se encontraba ampliamente satisfecho, manifestando que siempre que se procedió a la anulación total del recupero de energía.- Señala que la deuda generada desde el 06/11/2018 por liquidaciones de consumo mensuales impagas, no solo no constituye una infracción a la Ley 24.240, así como tampoco forma parte del objeto de reclamo, indicando que viola el principio de congruencia por cuanto se sanciona a su mandante por motivos que no constituyen objeto de autos para finalmente, constituír un incumplimiento a las obligaciones que se encuentran en cabeza de los usuarios como ser abonar las facturas corrientes no objetadas.- En cuanto al art. 25 de la LDC, explica que la autoridad de aplicación se limita a expresar que su parte no presentó documental al efecto, así como que no realizó los procedimientos normativamente establecidos, esto es, el art. 5 inc d. ap II del Reglamento de Suministro según Res.
ENRE 524/17, sin expresar en que punto o instancia dicha norma no fue cumplida. Indica asimismo que omite valorar el hecho de que su parte ofreció y procedió a realizar la anulación total, sin reconocimiento de hechos ni derechos del recupero de energía que motivó el reclamo administrativo, es decir, señala que su parte satisfizo en su totalidad la pretensión de la reclamante y del objeto del expediente N° 4078- 220235- D- 2020.- En ese sentido, entiende que deviene absolutamente irrisoria y arbitraria las expresiones emanadas de la autoridad de aplicación.- Destaca en cuanto al art. 8 bis de la LDC que su parte puso en conocimiento en todo momento del recupero de energía realizado, la absorción de dicho recupero por la Resolución ENRE 58/21, explicando que no se perseguía su cobro hasta que el ENRE resuelva con relación al mismo, circunstancia que consta en las facturaciones emitidas.- Afirma que, la demora en el tratamiento del presente caso, tuvo su total existencia en el actuar de la OMIC quien traslado el reclamo habiendo pasado más de dos años de su gestión por parte de la reclamante en instancia administrativa, manifestando que fue la misma autoridad administrativa la que omitió dar traslado y tratamiento al ofrecimiento realizado por su parte, cerrando intempestivamente la instancia conciliatoria y procediendo a la imputación que deviene en la multa objeto de autos.- Relata en cuanto a la desproporcionalidad de la sanción, manifestando que la resolución recurrida se encuentra viciada en su finalidad por cuanto la sanción impuesta no guarda relación con el supuesto incumplimiento imputado, afirmando que en el caso que se considere que la conducta endilgada a su mandante es pasible de sanción alguna, el monto de la multa aplicada es exageradamente desproporcionado, irrazonable y arbitrario por cuanto -a su criterio- no guarda relación con los antecedentes de hecho y derecho del caso, recayendo éste en un exceso de punición.- Señala que, el artículo 77 de la ley 13.133, establece que las multas deben graduarse en atención a: (a) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario (el cual, conforme lo manifestado precedentemente es inexistente); (b) La posición en el mercado del infractor, (c) La cuantía del beneficio obtenido por el proveedor; (d) El grado de intencionalidad; (e) La gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivado de la infracción y su generalización; (f) La reincidencia; y (g) demás circunstancias relevantes del hecho.
Entiende que de lo expuesto, nada fue evaluado por la autoridad administrativa al imponer a su mandante una abultada multa de $981.405 por la supuesta falta atribuida, afirmando que al graduar el monto de la multa impuesta por la resolución dictada, la autoridad administrativa del Municipio de Moreno omitió considerar la entidad de la supuesta infracción, la inexistencia de daño causado, la inexistencia de indicios de intencionalidad, así como las supuestas infracciones por las habría sido condenada su mandante. Cita doctrina y jurisprudencia.- Sostiene que la Resolución pretendió legitimar el monto de la sanción impuesta a su mandante, omitiendo la realización de análisis y razonamiento alguno ni mención de su vinculación precisa y especifica respecto de los hechos que se presentan en el caso, destacando que surge de manifiesto toda vez que el reclamo objeto de autos versaba sobre un monto de $4670,09 y el saldo total adeudado por la reclamante en concepto de liquidaciones de servicio publico impagas -monto que no constituyó objeto de autos- era de $45740,58, siendo absolutamente arbitrario, improcedente e infundado la aplicación de una multa por $981.405.- Por último, aduce que de la mera lectura respecto a lo establecido en los arts. 43 y 44 de la Ordenanza Tarifaria y Tributaria N° 6662/21, entiende que resulta su inaplicabilidad al caso.
Pone de relieve que recepta la ordenanza municipal que: “(…) CAPÍTULO XVII TASA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Artículo 43º: Fijase una alícuota del diez con cincuenta por ciento (10,5%) sobre los tributos, accesorios y/o multas por contravenciones que se abonaren al Municipio, en concepto de Tasa de Salud y Asistencia Social, cuyo importe estará destinado: 0,5% a la “Fundación Mariano y Luciano de La Vega”, un 0,5% a la Infraestructura Hospitalaria y el 9,5% restante a solventar otras erogaciones previstas en el Artículo 373º de la Ordenanza Fiscal. En cuanto al art. 44º: Fijase una alícuota del nueve con cincuenta por ciento (9,5%) sobre los tributos, accesorios y/o multas por contravenciones que se abonaren al Municipio, en concepto de Tasa por Protección Civil.
Según lo previsto en el Artículo 377° de la Ordenanza Fiscal. Manifiesta que, sendos artículos, refieren claramente que tributan sobre “multas por contravenciones”, indicando que resulta el presente un acto sancionatorio emanado en el marco de un procedimiento sancionatorio regulado por la provincial ley 13.133 y no de un procedimiento contravencional en los términos del decreto ley 8751/77. Entiende que resulta claro que la autoridad municipal pretende ilegítimamente aplicar un tributo sobre un hecho que no se encuentra alcanzado por la norma y no resulta imponible.- Ofrece prueba y peticiona.- II.- Que en fecha 3/10/2023 se presenta el Dr. Francisco Rodrigo Lilo -en carácter de apoderado- contestando demandada por la Municipalidad de Moreno.- Comienza relatando en cuanto a la excepción de prescripción opuesta por la parte actora, indicando que en virtud del art. 50 de la Ley 24.240, dicha pretensión debe ser rechazada en todos sus términos por la propia letra de la normativa.- Sobre ello, manifiesta que queda claro tal como reza: "Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de TRES (3) años.
La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas. (Artículo sustituido por punto 3.4 del Anexo II de la Ley N° 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley N° 27.077 B.O. 19/12/2014)".- Refiere que, en este caso, la requirente efectúa su presentación ante la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Moreno el día 2 de marzo de 2020, efectuando previamente el reclamo ante la empresa sin tener respuesta alguna, señalando que es por ello que inicia su pretensión ante la Dirección de Defensa del Consumidor. Manifiesta en cuanto a los hechos acaecidos en el año 2015 como antecedentes, indicando que lo cierto es que su pretensión gira en torno a las facturas que la requerida pretende percibir en el año 2019, conforme surge de la documental obrante en el Expte.
Adm. 4078-220235-D-2020, solicitando de esta manera el rechazo del planteo con costas.- Por otro lado, liminarmente, por imperativo legal, formulan una negativa generalizada de los hechos y derechos expuestos por la aquí actora en el escrito de demanda, como así también la documental aportada.- En cuanto al pedido de nulidad del acto administrativo, señala que el mismo ha sido emitido con todos los recaudos de ley y dentro de la esfera de su competencia, indicando que no ha violentado el ejercicio de ningún derecho constitucional, siendo que el accionante se encontraba a derecho y ha ejercido en todo momento su derecho de defensa y que la competencia en el dictado de la resolución, surge de la Ley 13.133 de la provincia de Buenos Aires y de la Ley 24.240 de la Nación.- Advierte que la Ley Nacional n° 24.240 llamada "LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR" sancionada el 22/09/1993 en su Artículo 25 legisla sobre su ingerencia en aquellos Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios como el caso de marras consignando: "...Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley.
En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor...", manifestando que dicha ley es declarada de orden público en su art. 65.- Afirma que si bien el ámbito de competencia del ENRE, resulta específico en materia de contratación o de cumplimiento de la prestación del servicio público de energía eléctrica de manera general en todo el ámbito de nuestro país, indica que queda claro que la Ley de Defensa al Consumidor protege al usuario en su relación de consumo con la prestataria del servicio, para aquellos casos particulares y no generales en la prestación del servicio y que debe tenerse presente lo que resulte mas favorable al consumidor.- Destaca que con la modificación del art. 25 mediante la Ley 26.361, la aplicación de este cuerpo legal en referencia a la LDC y en especial a los servicios públicos domiciliarios, derogó su aplicación supletoria cuando tales servicios contaran con legislación específica y organismos de control por ella contemplados.
Cita doctrina.- Refiere que no debe confundirse la relación de consumo/usuario con la finalidad del ENRE que regula la actividad eléctrica y controla que las empresas del sector -generadoras, transportistas y distribuidoras Edenor y Edesur- cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio y en los Contratos de Concesión.- Continúa relatando que, tal interpretación, se refuerza con lo normado por el art. 3 de la LDC en relación a que se integra como
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