Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 43092 2023
Expte. Nº 43092 .-
Autos:"MORENO MARLENE C/ MUNICIPALIDAD DE BRAGADO S/ PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-NG
Estos autos caratulados "MORENO MARLENE C/ MUNICIPALIDAD DE BRAGADO S/ PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD", Expediente Nº 43092, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que con fecha 12/10/2022, se presenta la Sra. Marlene Moreno, con el patrocinio letrado del Dr. Gustavo E. Arabia, promoviendo demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Bragado, a fin de obtener la nulidad del Decreto del Municipal N°1229/22, del 13 de septiembre de 2022, dictado en el marco del sumario administrativo (Expte. nro. 4014-2373/22), mediante el cual se le impuso la sanción de cesantía.
En ese orden, solicita se condene a la demandada a su reincorporación en el cargo que ocupaba y al pago de los salarios caídos desde el inicio de la suspensión preventiva y hasta la fecha de la cesantía.
Asimismo, solicita se condene al municipio al pago de una indemnización en concepto de daño moral, el que valúa en el 25% del monto total resultante del crédito por el daño material, todo ello con más las costas del proceso.
En ese sentido, considera ilegitimo e irrazonable el acto que impugna por lesionar la normativa legal vigente; sustentarse en un procedimiento nulo al vulnerar el principio de legalidad, procedimiento formal, los principios de defensa en juicio, debido proceso, verdad material y estabilidad en el empleo público, adoleciendo el acto de vicios en la motivación, en la causa e irrazonabilidad manifiesta.
En su relato de los hechos expone que ingresó a trabajar en dependencias de la Municipalidad de Bragado como personal de planta transitoria el 01/09/2016 y después pasó a planta permanente, en el Corralón Municipal, en la sección de Administración.
Asegura que durante todos los años transcurridos desde su ingreso trabajó con esmero, buena fe, dedicación y jamás fue sancionada.
Relata que el día 15 de junio de 2022, participó a las 6 de la madrugada (antes de su horario habitual de trabajo) de una Asamblea de empleados municipales del Corralón Municipal y asegura que, a consecuencia de esa participación, se le inició un sumario administrativo.-
Fue notificada del Decreto N° 818/22 de fecha 24/6/2022, que dispuso la instrucción del sumario administrativo para deslindar responsabilidad por supuestas inconductas, conjuntamente con la suspensión preventiva en forma precautoria, con goce de haberes "básicos", por el término de 60 días.-
Menciona que junto con la notificación se adjuntó el formulario de inicio de medida disciplinaria, impulsado por el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bragado, Mauricio Tomasino, en el cual le imputaba que el 15/6/2022, a las 7:00 hs., encontrándose reunido con un grupo de empleados del Corralón Municipal, mientras transcurría la reunión, se dirigió hacia su persona "de forma insultante e irrespetuosa". Como también que impidió la salida de los equipos de trabajo del Corralón Municipal para realizar su recorrido habitual.
Se adjuntaba, además, la declaración testimonial de solo cuatro empleados municipales (Oscar Alfredo Palacios, Néstor Mintegui, Mario Rodolfo Molina y Mario Rodolfo Mintegui), pese a que ese día y en ese lugar había no menos de 40 que participaron de la asamblea.
Achaca que las declaraciones, tomadas el día lunes 21 de Julio del 2022, son impropias de un empleado municipal, que fueron armadas, dado que son extensas y contienen términos no usuales en sus compañeros de trabajo.
Indica que el Sr. Molina le imputa que organizó dicha reunión porque habían "echado" a su hermana -Jorgelina Moreno- del cargo de Directora de Servicios Urbanos, (es decir jefa de la recolección de residuos, alumbrado, barrido, etc.).
Alega que Molina dice haber estado en el Corralón Municipal, el día 15/6/2022, desde las 4:45 horas; y que el día anterior Jorgelina Moreno (su hermana), Emiliano Morillo y la actora le dijeron que el 15 de junio iban a "parar todo". Y que ese día la escuchó decir a los empleados que llegaban al lugar que ".no salieran a trabajar.", que ". se tenía que armar un petitorio para hacer un paro de actividades, y quería hacerlo en apoyo de Jorgelina".
En los párrafos siguientes transcribe textualmente los fragmentos que considera relevantes de las declaraciones de los testigos Oscar Alfredo Palacios, Néstor Mintegui, Mario Rodolfo Molina y Mario Rodolfo Mintegui, a las que me remito en orden a la extensión de tales relatos.
Menciona que posteriormente, se cierra la etapa de cargo de prueba y se da traslado para presentar los alegatos, aún ante la inexistencia de prueba que la vinculara con el hecho objeto de investigación.-
Señala que en esa instancia del procedimiento la persecución emprendida en su contra, resultaba palmaria.
Explica que el acto de imputación se asimila a la acusación en un proceso penal y se ha entendido aplicable en sede administrativa el criterio de que las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio, exigen que la acusación contenga un detalle preciso de la conducta imputada y que en el caso se achaca una participación activa, que no fue precisada en debida forma a efectos de que pueda ejercer en plenitud su derecho de ser oído y producir prueba en el descargo, así como el de hacer valer todos los medios que conduzcan a su defensa conforme a las leyes de procedimiento.
Deja en claro que a lo largo del procedimiento en ningún momento reconoció una actitud activa ni pasiva, sino que siempre cumplió con las obligaciones a su cargo.
Asegura que los presupuestos objetivos legalmente previstos para que pueda aplicarse la sanción, son tal como la realidad los exterioriza y como quedan acreditados en un expediente administrativo. No es jurídicamente posible prescindir de ellos, inventarlos o desfigurarlos.
Con relación a la prueba, menciona que se desvirtuaron todos y cada uno de los elementos obrantes en el expediente, los cuales fueron parcialmente tenidos en cuenta por la Instrucción.-
Por separado se ocupa de los fundamentos de la nulidad del acto de cesantía y asegura que ha sido privada de sus derechos como trabajadora pública.
Denuncia que la Administración no ha sujetado su actuar al plexo normativo. En ese sentido, efectúa una comparación del proceso sumarial y el proceso penal en lo que interesa a la etapa probatoria, y alega que la declaración de todos los testigos debe responder al principio de bilateralidad en el control de la prueba. En ese aspecto, es inconstitucional el art. 30 de la Ley 14.656 -cuya declaración solicita- por cuanto establece que el procedimiento es secreto.
Por ello, achaca que las declaraciones testimoniales tomadas por la instrucción son nulas de nulidad absoluta porque carecen de bilateralidad y contradicción, en tanto no fue citada a las respectivas audiencias en que declararon los testigos.
Cita el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, jurisprudencia de la Corte IDH, así como de la Suprema Corte de Justicia, en relación al derecho de defensa.
Alega deficiencia del razonamiento probatorio y explica que la finalidad prioritaria de la actividad probatoria en un proceso de este tipo, es la averiguación de la verdad y ello supone que los enunciados facticos que describen los hechos que se declaran probados sean verdaderos (es decir, se correspondan con la realidad) y, a la vez, que no se declaren como probados enunciados que son falsos.-
Así, advierte que al aplicársele una sanción sin merituar la totalidad de la prueba existente, se vulneró por parte de la administración la razonabilidad probatoria.
Destaca que desde el inicio del expediente sostuvo que de su parte que no se encontraba configurada falta alguna y mucho menos que se probara a lo largo del procedimiento.
Menciona que los testimonios de los testigos ofrecidos por su parte contradicen abiertamente la hipótesis de la denuncia del Secretario de Gobierno y no surge evidencia de la comisión del incumpliendo que se le endilga.
Por el contrario, resalta que las faltas que le achacan no tienen entidad para sanción alguna, ni siquiera correctiva, porque lo denunciado no existió en la realidad.-
Expone que el acto administrativo impugnado debe ser fulminado de nulidad ya que el mismo refiere que los hechos que se tienen por probados resultan suficientes para tener por acreditada una participación activa y necesaria por acción en los hechos ocurridos el 15 de junio de 2022, y para llegar a tal conclusión se sustentó en la investigación desarrollada por la instrucción sumariante, pesquisa por demás nula por lo expuesto y en tanto fue parcial y cercenada en la interpretación de la ley, los hechos y en la producción de prueba.
Argumenta, que en la investigación llevada adelante no existió un análisis real de los hechos sino una interpretación antojadiza y forzada, pese a sus constantes intentos -a través de distintas presentaciones- de que el sumario tomara un cauce de legalidad.
En resumen, cuestiona que no se valoró otra prueba en el expediente administrativo, que no sea la que claramente la perjudicaba, dejando de lado el frondoso material probatorio que la eximía de los hechos endilgados, vulnerando el principio de inocencia (art. 18 CN).-
Invoca la nulidad del acto por exceso punitivo y enfatiza que el acto final que dispuso su cesantía no se encuentra debidamente motivado, ya que no encuentra fundamento en hechos que determinaran incumplimientos de su parte que pudieren dar lugar a la sanción de cesantía y mucho menos que las pruebas resultaren conducentes para disponer su expulsión.
Asi, destaca que no contaba con sanciones desde su ingreso a la comuna, circunstancia que al dictar el acto, la administración municipal no sopesó adecuadamente. Este era un factor esencial a fin de estimar no sólo su conducta en el caso concreto, sino también para apreciar con ecuanimidad la sanción a imponer con sustento en las diversas variables que implican sus antecedentes y que en última instancia, sirven de fundamento para agravar o atenuar la pena.-
Asegura que el análisis de estos antecedentes se omitió al momento del dictado del decreto de cesantía impugnado, tanto en el Visto como en el Considerando del acto se encuentra ausente la ponderación de sus condiciones y circunstancias personales.
El decreto, es solo una descripción cronológica de los actos administrativos cumplidos, sin más, y por ello, entiende que es manifiesta la falta de motivación.
Alega que las figuras contravencionales (incumplimiento de responder por la eficacia y rendimiento de la gestión, proceder con cortesía, diligencia y ecuanimidad, mantener una conducta cooperativa y solidaria en el ámbito de trabajo, inconducta notoria" y falta grave), son figuras abiertas, amplias donde cualquier conducta, inclusive dentro de su casa, puede configurarse indecorosa e indigna, según quien lo valore.
En esa línea, cuestiona la validez constitucional del art 101 de la Ley 14.656, en tanto las figuras mencionadas, están previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo, y alega que por el principio de legalidad no puede un municipio con los gremios tipificarlas, ya que se necesita una ley formal de la legislatura provincial (art. 18 CN), en consecuencia, razona que son inconstitucionales las figuras cuya violación se le imputa.
Por todo lo expuesto, solicita se haga lugar a la demanda declarando la nulidad del Decreto nro.1229/22.
A continuación, se ocupa de los rubros indeminizatorios. Reclama por lucro cesante, solicitando la compensación por los salarios devengados y no percibidos desde el cese acaecido el día 8 de setiembre de 2022, con más los intereses a la tasa pasiva digital (art. 768 inc. c CCCN).
Asimismo, peticiona por la pérdida de chance, en cuanto a la diferencia salarial por los aumentos de categorías otorgados por Acuerdos Paritarios y/o adicionales no remuneratorios abonados desde la separación preventiva, según la antigüedad que le hubiere correspondido en cada caso.
Por último, solicita el resarcimiento por el daño moral, requiriendo se aplique la doctrina afirmada por la SCBA en punto a la presunción de su existencia.
Menciona que tal circunstancia, ha de tenerse por demostrada por el sólo hecho de la acción antijurídica.
En ese orden, asegura que el hecho tuvo amplia repercusión periodística dado que en el lugar y día del hecho se encontraba el periodista Fernando Ezequiel Del Rio, y que después tomaron otros medios.
En los apartados contiguos, ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.-
II. Que con fecha10/2/2023, se presenta la Dra. Karina Daniela Caballero, en su carácter de apoderada de la Municipalidad de Bragado y contesta la demanda instaurada.
En primer lugar, efectúa una negativa particular y detallada de los hechos expuestos en la demanda.
En su versión de lo acontecido refiere que mediante el Sumario Administrativo N° 4014-2373/22, el Secretario de Gobierno de esta Municipalidad, realizó una formal denuncia ante la Dirección de Personal, contra la empleada Marlene Moreno, debido a un hecho de inconducta durante el desempeño de sus funciones en el Corralón Municipal.
Menciona que el hecho por el cual se iniciaron dichas actuaciones consistió en que la empleada Moreno, el día 15 de junio, durante el cumplimiento de la jornada laboral, le faltó el respeto e insultó al Secretario de Gobierno, en oportunidad en que éste se encontraba reunido con un grupo de trabajadores en el Corralón Municipal.
Relata, que de acuerdo a lo denunciado por el funcionario municipal -que se encuentra agregado a fs. 4 del mencionado expediente administrativo-, la situación de irregularidad se produjo cuando la Sra. Moreno se dirigió a él de forma insultante e irrespetuosa, como así también habiendo impedido que el resto de los empleados salieran a cumplir con sus funciones habituales.
Que a tenor de lo sucedido, se procedió al inicio del sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades, procediéndose a recabar los medios de prueba para determinar la responsabilidad en el hecho denunciado, tomando declaración testimonial al personal del Corralón que se encontraba presente el día 15 de junio de 2022, lo que se encuentra agregado a fs. 16/23 del mencionado sumario.
A continuación, releva detalladamente las declaraciones testimoniales prestadas en sede administrativa por los testigos Oscar Alfredo Palacios, Néstor Oscar Mintegui, Mario Rodolfo Molina y Mario Rodolfo Mintegui, a lo que me remito en razón de la brevedad de esta narrativa.
Prosigue su relato y asegura que a los fines de garantizar el derecho de defensa de la agente municipal Marlene Moreno, se le corrió traslado en los términos del art. 118 del Convenio Colectivo de Trabajo, pudiendo allí efectuar su descargo y ofrecer la prueba de que intentara valerse.
Menciona que la empleada Moreno en legal tiempo y forma efectuó su descargo negando los hechos y ofreciendo prueba testimonial de otros empleados municipales, como así también pidiendo la nulidad de las pruebas testimoniales aportadas por el Secretario de Gobierno, por entender que fueron recabadas sin su participación y control.
Al respecto indica que, la instructora sumariante dejó aclarado que las pruebas testimoniales recabadas en la etapa inicial del sumario administrativo, son prueba de cargo, es decir, prueba que se recaba durante la etapa investigativa; y que en virtud de lo establecido en el art. 118 del C.C.T. el sumario administrativo es secreto hasta que se dé por terminada la prueba de cargo, y durante dicha etapa no se admiten debates ni defensas.
Que en consecuencia, en la oportunidad de hacer el descargo y ofrecer los medios de pruebas que hacen a su defensa la Sra. Moreno, podría haber solicitado que las audiencias testimoniales se volvieran a realizar y allí formular las preguntas que considerara oportunas, es decir, podría haber ofrecido como testigos a aquellos aportados por el Secretario de Gobierno en oportunidad de realizar la denuncia, situación que no sucedió, por lo que las pruebas de cargo son perfectamente válidas en cuanto a la forma en que fueron incorporadas al expediente.
Aduce que la Sra. Moreno aportó como medio de prueba la declaración testimonial de distintos testigos, las cuales fueron producidas a fs. 35/47 del mencionado expediente sumarial.
Que, en dichas declaraciones los testigos ofrecidos negaron haber visto que la empleada Moreno haya actuado con actitud agresiva hacia el Secretario de Gobierno, como así también declararon que había muchos empleados en la reunión, tal el caso del agente Oscar Darío Hernández, quien sostiene que había entre 70 y 80 empleados, por lo que no recuerda que estuviera presente el empleado Palacios.
Posteriormente, a raíz de haberse producido toda la prueba ofrecida la instructora sumariante dispuso el cierre de la etapa investigativa corriendo nuevo traslado a la empleada Moreno, conforme lo dispuesto por el artículo 118 del C.C.T., para que alegue sobre el mérito de la prueba producida en autos.
Comenta que fue así que, en legal tiempo y forma, la agente presentó su alegato rechazando las imputaciones efectuadas e insistiendo en la nulidad de las declaraciones testimoniales de cargo por no haber presenciado las mismas, en completo desconocimiento de lo que establece el Convenio Colectivo de Trabajo vigente.
Achaca que ha quedado probada la responsabilidad de la empleada municipal Moreno en los hechos que se le atribuyeron, toda vez que el día 15 de Junio de 2022 la misma conjuntamente con el empleado Emiliano Nicolás Morillo, impidieron que los empleados del Corralón salieran a realizar su labor con normalidad, y que al momento de apersonarse el Secretario de Gobierno arremetieron en su contra, cuando éste intentó aclarar la situación de la ex Directora General de Servicios y Espacios Públicos, y disuadir a todos los empleados a que retomaran sus tareas, faltándole el respeto con agravios verbales.
Menciona que en ese orden, la Subsecretaría Legal y Técnica emitió dictamen legal en los términos del artículo 119 del C.C.T., entendiendo que los cargos susceptibles de sanción que surgen del Sumario Administrativo, fueron los siguientes: 1) incumplimiento del art. 99 incisos b) ("Responder por la eficacia, el rendimiento de la gestión"), c) ("Obedecer las órdenes del superior jerárquico"), e) ("Proceder con cortesía, diligencia y ecuanimidad . y mantener una conducta cooperativa y solidaria en el ámbito de trabajo.") y f) ("Conservar en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna."); 2) incurrir en las causales previstas en el art. 102 inc. b) ("Falta de respeto a los superiores"); 3) incurrir en las causales previstas en el art. 103 incisos c) ("Inconducta notoria") y k) ("Falta grave que perjudique materialmente a la Administración o que afecte el prestigio de la misma") del Convenio Colectivo de Trabajo.
Comenta que posteriormente, con fecha 8 de septiembre de 2022, la Junta de Disciplina resolvió que la agente municipal Marlene Moreno había mantenido una conducta violatoria del régimen disciplinario contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo, entendiendo que correspondía aplicársele la sanción establecida en dicha norma en el artículo 101 apartado II, es decir, la cesantía, a partir del día 8 de septiembre de 2022, como personal de la planta permanente de la Municipalidad, habiéndose dictado el correspondiente acto administrativo, mediante el Decreto Municipal N°1229/22.
Sintetiza que, resultando que la conducta asumida por la actora se ha tornado violatoria de la relación de empleo público, por considerarla incursa en incumplimiento del artículo 99 inciso b) "Responder por la eficacia, el rendimiento de la gestión; c) "Obedecer las órdenes de su superior jerárquico"; e) "Proceder con cortesía, diligencia y ecuanimidad . y m
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.