Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72600
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.600, "Bagnera, Stella Maris c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y ot. s/Proceso sumario de ilegitimidad. Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, de Lázzari, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y revocó, en consecuencia, el fallo de primera instancia que había admitido la demanda promovida por la señora Stella Maris Bagnera contra la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 314/318).
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 321/334), los que fueron concedidos por el Tribunal de Alzada a fs. 336 vta.
Mediante resolución de fs. 343/344 esta Suprema Corte desestimó el recurso de nulidad y dictó la providencia de llamamiento de autos para resolver el de inaplicabilidad de ley. De ese modo, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda interpuesta y, en consecuencia, anuló las resoluciones 2.928/08 y 2.971/09 y condenó al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires al dictado de un nuevo acto administrativo con ajuste a lo establecido en los considerandos de su sentencia (v. fs. 255/264).
II. Apelado tal pronunciamiento por la accionada (v. fs. 288/295), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativa con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso y revocó el fallo de grado, con costas de la instancia en el orden causado.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró que al momento del fallecimiento del causante (29-IV-2001) se encontraba vigente la ley 24.241, a tenor de cuyas disposiciones la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) asumió el rol de Caja otorgante y le concedió el beneficio a la actora (19-IX-2001). Sostuvo, además, que con posterioridad a ello la señora Bagnera reclamó al Instituto de Previsión Social (IPS) que asumiera el rol de Caja otorgante, petición que fue rechazada con el argumento que el causante computaba mayor cantidad de años de servicios con aportes en el régimen nacional (resol. 534.967). Puntualizó que luego, ante la modificación introducida al art. 67 del decreto ley 9.650/80 por la ley 13.524, la accionante reanudó la solicitud del beneficio amparada en dicha reforma legislativa, la que fue resuelta nuevamente en sentido adverso a su pretensión.
Señaló que cuando se requieren o se invocan servicios pertenecientes a distintas jurisdicciones computables en virtud del principio de reciprocidad, los causahabientes se hallan sujetos a la determinación legal del organismo que asume el rol prestador, en función de la mayor antigüedad de servicios con aportes en uno u otro ámbito.
Manifestó que existe una construcción pretoriana que permite la voluntaria renuncia de cómputos de los servicios de afiliación a la jurisdicción nacional cuando no son necesarios para obtener la jubilación o pensión y superen en tiempo a los provinciales, a fin de poder obtener el beneficio en el ámbito local.
En ese orden, afirmó que quien solicita la jubilación -verbigracia por invalidez- al amparo de la ley local, no está obligado a denunciar ni computar los servicios prestados bajo el régimen de reciprocidad ni, por ende, a someterse a él para determinar la Caja otorgante del beneficio. Recordó que en tal sentido se inscribe la modificación efectuada por la ley 13.524, resaltando que la misma no se encontraba vigente al momento del deceso del afiliado.
Así, consideró que el interesado se hace responsable de la invariabilidad del sistema adoptado como efecto de su propia decisión, pues la elección de una Caja previsional sobre la base del régimen de reciprocidad determina un estado jurídico específico que no puede variar ante la ausencia de norma expresa que establezca la posibilidad de cambio en la opción efectuada.
Según el a quo, otorgado el beneficio por la Caja nacional a pedido de la cónyuge que pretendió la pensión en ese ámbito, no pudo ésta, luego de otorgado el beneficio por la ANSES, ejercer la opción en favor de la Caja provincial.
Recordó que: a) en las obligaciones disyuntivas o de sujeto alternativo, hecha la opción por quién está facultado a hacerla, se consolida el título de la obligación respecto del deudor elegido y se desvanece el crédito contra el otro deudor originario disyunto; b) la elección actúa irrevocablemente siendo inaplicables al caso las normas que permiten modificarla (arts. 648 y 1.204, Cód. Civ. y 216, Cód. Com.); c) en principio, la Caja otorgante de la prestación es invariable; d) en el régimen de reciprocidad aplicable al caso no está previsto el cambio de elección y por ende tampoco lo necesario para recomponer los fondos de la Caja provincial.
Concluyó en que el estatus previsional de la actora quedó consolidado bajo la órbita de la Caja nacional que asumió el rol de otorgante de la pensión, por lo que resultaba improcedente retrotraerlo para su ulterior modificación, sin previsión normativa que así lo contemplase. Ello aun cuando la accionante ofreciera renunciar al beneficio que actualmente percibe a través del régimen nacional, pues tal manifestación implicaba desentenderse de las consecuencias de la anterior expresión de voluntad no viciada ni excluida.
III. Contra ese pronunciamiento la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 10, 15, 25, 39 inc. 3 y 171 de la Constitución provincial; 29, 34 inc. 1 apartados "b" y "c", inc. 3, 45, 48 y 67 del decreto ley 9.650/80; 163 inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial; 23 de la ley 14.370 y 14 bis de la Constitución nacional (v. fs. 321/334).
En primer lugar, aduce que al solicitar ante el IPS el beneficio de pensión por el fallecimiento de su esposo, ocurrido mientras prestaba servicios en relación de dependencia en la jurisdicción provincial, dejó constancia que sólo computaría servicios provinciales, con expresa renuncia de los de afiliación al ANSES y de la pensión otorgada en dicho ámbito nacional. Señala, a su vez, que ante la negativa del Instituto de Previsión Social impugnó tal decisión, alegando que en su caso no existía la necesidad de invocar la reciprocidad jubilatoria en tanto pudo haber accedido a los beneficios de ambas jurisdicciones en forma independiente, computando sólo los servicios pertenecientes a cada una de ellas.
Cuestiona la sentencia en crisis por entender que aplicó erróneamente la doctrina legal elaborada por este Tribunal para supuestos de renuncias a beneficios dentro del marco de la reciprocidad jubilatoria que habilitan la elección de una Caja previsional acumulando servicios con aportes de ambos sistemas.
Se agravia de lo afirmado por el Tribunal de Alzada respecto a la imposibilidad de renunciar al beneficio obtenido en sede nacional para adherirse al sistema provincial de seguridad social, toda vez que considera que carece de fundamento normativo, encontrando únicamente apoyatura en un precedente dictado por este Tribunal en 1984 ("Rodríguez Ollo de Ríos"), lo que contraviene, a su entender, el requerimiento formal previsto en el art. 163 inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial al no referirse a los preceptos normativos que dan sustento a su decisión.
Expresa que la Cámara resolvió el vacío normativo aplicando las pautas doctrinarias del citado precedente "Rodríguez Ollo de Ríos" que abreva en normas y principios del derecho privado. Frente a ello, considera que la resolución del caso debió encuadrarse en normas específicas del derecho de la seguridad social con prevalencia de éstas sobre las disposiciones o principios de otras ramas ajenas a la índole de la cuestión debatida y recurrir a las reglas que inspiran los principios previstos en el art. 14 bis de la Constitución nacional.
Destaca la necesaria aplicación al caso del principio de irrenunciabilidad de los derechos previsionales, entendido como una protección que el ordenamiento jurídico les otorga a los beneficiarios aún a pesar de su voluntad individual. En virtud de ello, a su criterio, la Cámara debió reconocerle el derecho a acceder a la mejor pensión prevista en la legislación provincial, no pudiendo considerar que al haber accedido a otro beneficio con anterioridad existió una renuncia a aquel.
Con base en doctrina de este Tribunal, insiste en que el fallo impugnado debió hacer prevalecer el carácter integral e irrenunciable de la pensión, su imprescriptibilidad y las características de la contingencia de desamparo que la misma tiende a cubrir.
Alega que el a quo tampoco aplicó el criterio de interpretación dispuesto en materia previsional en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que indica que estando en juego derechos sociales debe optarse por la intelección más favorable al beneficiario que los esgrime (art. 39 inc. 3, Const. prov.).
Por último, trae a colación el principio de progresividad de los derechos sociales reconocido en la Constitución nacional (art. 75, inc. 23) y en diversos tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
IV. En mi criterio, el recurso extraordinario en tratamiento ha de prosperar con el alcance que seguidamente señalaré.
IV.1. Conforme surge de los antecedentes obrantes en autos la controversia se ha estructurado sobre la base de la pretensión actoral tendiente a que la demandada le conceda el beneficio de pensión en virtud de una nueva disposición legislativa (ley 13.524), cuyo texto, según aduce, posibilitaría el otorgamiento del beneficio de pensión a partir de su entrada en vigencia. A tal fin, la accionante expresa que previo a ello realizaría la correspondiente renuncia al otorgado por la ANSES.
El IPS, por su parte, rechazó la solicitud de aplicación de la nueva norma con fundamento en que la demandante registra una pensión otorgada por la ANSES con anterioridad a la reforma legislativa, por haber contado con mayor cantidad de años de servicios con aportes en el ámbito nacional (art. 168, ley 24.241).
IV.2. Esta Suprema Corte tiene dicho que la opción realizada por el beneficiario previsional conlleva a que el interesado sea responsable -en contrapartida- de la invariabilidad del sistema adoptado como efecto de su propia decisión y que, en tales circunstancias, tal elección de la Caja previsional sobre la base del régimen de reciprocidad determina un estado jurídico específico que no puede variar, ante la ausencia de norma expresa que establezca la posibilidad de modificación en la opción efectuada, ello siempre que no cambien las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon el caso (doctr. causas B. 48.948, "Rodríguez Ollo de Ríos", sent. de 24-VIII-1984; B. 52.852, "Alsina", sent. de 5-V-1992 y A. 72.927, "Pascual", sent. de 5-VII-2017).
Asimismo, es criterio del Tribunal que la norma provincial que otorga un beneficio previsional sin exigir un tiempo mínimo de servicios no queda excluida en su aplicación cuando el afiliado haya prestado servicios en el orden nacional en tiempo que supere a los provinciales, pero que no son traídos a cómputo para su acogimiento al régimen local (causas B. 60.578, "Haspert de Russo", sent. de 30-X-2002; B. 61.789, "Mascara", sent. de 2-IV-2003; B. 60.656, "Borras", sent. de 27-VI-2007; B. 62.661, "Labarta", sent. de 14-XI-2007 y B. 67.427, "Vigheto", sent. de 18-IV-2012).
A diferencia de lo que acontece en el sub lite , en los referidos precedentes los beneficiaros tuvieron oportunidad de ejercer la opción mediante la cual escogieron una de las Cajas previsionales posibles.
Sin embargo, la demandante de autos se vio imposibilitada de efectuar dicha opción en tanto el régimen vigente al momento en que solicitó el beneficio derivado del fallecimiento de su esposo no la contemplaba.
Fue recién con la sanción de la ley 13.524 cuando se introdujo en el ámbito local dicha posibilidad.
IV.3. De ese modo, resulta sustancial analizar el impacto de la modificación referida en la situación de la demandante.
Ahora bien, el art. 67 del decreto ley 9.650/80, en la redacción dada por la citada ley 13.524, exceptúa del criterio de determinación de Caja otorgante por el mayor tiempo de aportes a los beneficios de jubilación por incapacidad y pensión por fallecimiento en actividad, estableciendo que en dichos supuestos la jurisdicción previsional provincial resultará Caja otorgante de la prestación, en tanto el agente se encontrare afiliado a la misma al momento de producirse la incapacidad o el deceso respectivamente.
En los fundamentos de la aludida ley 13.524 se expresa que "...en relación a los alcances del artículo 67 de la normativa en cuestión, la experiencia en la aplicación del mismo en esta jurisdicción, ha demostrado en los supuestos de incapacidades y fallecimientos en actividad, resultados insatisfactorios para sus afiliados y contrarios al espíritu previsional y laboral, dando lugar a diversas interpretaciones. En este mismo sentido se ha pronunciado mediante vasta jurisprudencia nuestro más alto tribunal provincial. Consecuentemente resulta adecuado proceder a una modificación legal de excepción para los casos señalados, estableciendo que resultará caja otorgante del beneficio jubilatorio o pensionario respectivamente, aquella en la que siendo afiliado a su jurisdicción se produzcan tales eventos".
Es doctrina de esta Suprema Corte que el reconocimiento del derecho a una prestación de pensión con sustento en un régimen que no se encontraba vigente a la fecha del fallecimiento del causante (causas B. 56.829, "Pellegrini", sent. de 8-IV-1997 y B. 56.793, "Feliu", sent. 7-X-1997) no implica un supuesto de aplicación retroactiva de la ley en cuestión, en tanto la misma no es retroactiva por la sola circunstancia de que los hechos o requisitos de los cuales depende sean extraídos de un tiempo anterior a su vigencia (causas Ac. 45.304, sent. 10-III-1992, publicada en "D.J.B.A.", t. 143, p. 109; Ac. 51.831, sent. 20-IX-1994 y Ac. 55.341, sent. 6-VIII-1996; e.o.), como sucede en el caso.
Conforme tiene dicho el Tribunal la aplicación retroactiva de la ley es lícita en todos aquellos casos en que a nadie perjudica. Este y no otro es el alcance de la pauta interpretativa que contenía el art. 3 del por entonces vigente Código Civil en cuanto admitía, como excepción, que la aplicación retroactiva de un precepto se consagre a condición de no afectar derechos y garantías constitucionales. El principio de irretroactividad de la ley en materia no penal es meramente legislativo, de suerte que puede determinarse que sus efectos se extiendan hacia el pasado (doctr. causas B. 53.071, "Pucheu" y B. 53.082, "Machella", ambas publicadas en 'Acuerdos y Sentencias', 1992-I-270). Las leyes en nuestro ordenamiento pueden, en ciertas hipótesis, tener efecto retroactivo bajo la condición obvia de que no afecten garantías constitucionales; si las afectan, la ley de que se trate es atacable no por su retroactividad, sino por su inconstitucionalidad (conf. causa Ac. 56.457, sent. 20-II-1996).
En la especie, tales criterios hermenéuticos han sido soslayados por el a quo , quien insistió en señalar que el principio que rige en la materia es aquel según el cual los beneficios previsionales se rigen por la ley vigente al momento de producirse el hecho que los genera, sin considerar que tal postulado debe ceder cuando la ley vigente al momento del juzgamiento importa una regulación más benigna de la situación de hecho que toca analizar.
Bajo ciertas condiciones, como las que se presentan en el caso bajo análisis, las modificaciones posteriores introducidas por el legislador a las normas vigentes pueden servir de elementos útiles para confirmar la corrección de un determinado criterio interpretativo (conf. doctr. causas B. 63.493, "Tonelli", sent. de 27-VIII-2008 y B. 55.328, sent. de 26-IX-2012; e.o.).
IV.4. Sentado ello, cabe resaltar que al peticionar el otorgamiento del beneficio de pensión en sede provincial con fundamento en la reforma normativa que ahora así lo permite, la accionante no invocó en su favor el sistema de reciprocidad, sino que ofreció prescindir de los aportes efectuados en la órbita nacional.
Esta Suprema Corte ha resuelto que el carácter irrenunciable de la totalidad de los servicios prestados por el afiliado ha sido enunciado como principio a su favor para no vedarle su invocación posterior al otorgamiento de la jubilación a los efectos del reajuste del haber (conf. doctr. causa B. 48.919, "Cabral", sent. de 29-X-1985; e.o.), sin que pueda tornarse en su contra cuando es él -o sus herederos en este caso- quien expresamente decide prescindirlos para acogerse a un beneficio que no los exige.
El régimen de beneficio o prestación única con el alcance tuitivo indicado, no puede constituirse en un obstáculo para que, quien pueda acceder a él acogiéndose al sistema de reciprocidad, se excluya por su voluntad prescindiendo parcialmente de los servicios prestados, remuneraciones y aportes consecuentes, para obtener una jubilación por invalidez, optando por la Caja cuya legislación no requiere un tiempo mínimo para el otorgamiento (conf. doctr. causas B. 62.661, "Labarta", sent. de 14-XI-2007 y B. 67.427, "Vigheto", sent. de 18-IV-2012).
De allí que no estando obligada la actora a denunciar el cómputo de todos los servicios prestados en otras jurisdicciones, queda facultada a renunciar a un beneficio previamente otorgado en la órbita nacional, ello a partir del reconocimiento de la pensión en la esfera bonaerense.
De tal modo y frente a la renuncia por parte de la actora respecto de los servicios prestados por el causante en el ámbito nacional y del correspondiente beneficio otorgado por la ANSES, lo decidido por el Instituto de Previsión Social en orden a desestimar su reclamo deviene en un proceder ilegítimo.
IV.5. El fundamento que inspira a todo régimen legal en materia de previsión social es la protección del afiliado y su grupo familiar ante el acaecimiento de las contingencias de vejez, invalidez o muerte.
En el caso de la pensión debe tenerse presente que se trata de un beneficio que procura compensar el desequilibrio económico que produce en el grupo conviviente la muerte de uno de los miembros económicamente activos (conf. causas B. 66.120, "Weingardt", sent. de 11-XI-2009; e.o.). La pérdida de quien contribuía al sostén económico de una familia y a un sistema de previsión social trata de ser compensada -o cuanto menos mitigada- mediante el otorgamiento a sus derechohabientes de una prestación económica periódica y duradera. De allí que se haya considerado que la pensión es un beneficio de carácter sustitutivo (causas B. 58.220, "Butti", sent. de 27-XII-2006 y B. 57.806, "Papolla", sent. de 5-II-2014; e.o.).
Estas pautas de interpretación obligan al juzgador a realizar, en cada causa, una ponderación del derecho y de los hechos que se concilie con esa finalidad tuitiva y con los principios constitucionales en juego, evitando rigorismos que puedan ser frustratorios de esta clase de derechos.
En tal sentido, se ha señalado con reiteración que en materia previsional debe procurarse la aplicación racional de las normas que la integran, evitando así la adopción de soluciones injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, en tanto en materia de seguridad social se requiere
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