Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75509
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.509, "Cablevisión S.A. c/ Municipalidad de La Plata s/Proceso sumario de ilegitimidad. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la empresa Cablevisión S.A. En consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto declaró que se encontraban acreditadas las infracciones previstas en los arts. 4 y 19 de la ley 24.240 que le fueron endilgadas a la firma actora y lo revocó sólo en cuanto al régimen jurídico aplicable a la sanción impuesta. Por ello, ordenó a la autoridad administrativa que -dentro del plazo de sesenta días- dicte un nuevo acto conforme al marco legal provincial (arts. 1, 73 y concs., ley 13.133). Impuso las costas del proceso en el orden causado, en atención al resultado del pleito (v. fs. 274/282).
Disconforme con dicho pronunciamiento la apoderada de la Municipalidad de La Plata interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 285/294 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 296/297.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 299), agregada la memoria de la parte actora (v. presentación electrónica de fecha 2-XI-2018) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que al recurso interpuesto interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, revocó la sentencia de grado sólo en cuanto al régimen jurídico aplicable a la sanción impuesta, ordenando a la autoridad demandada el dictado de un nuevo acto administrativo conforme al marco legal provincial por ella referenciado -arts. 1, 73 y concordantes de la ley 13.133- (v. fs. 274/282).
En consecuencia, el Tribunal de Alzada entendió que la tramitación de una infracción sumarial bajo los términos procedimentales de la ley 13.133 no podía justificar el cambio subrepticio y la construcción interpretativa de una sanción por fuera del marco legal provincial (conf. arts. 1, 73 y concs., ley 13.133).
Destacó que el art. 73 de la citada norma prevé que si la resolución tiene por verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las sanciones que estatuye, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso y bajo las pautas fijadas por el art. 77 de la misma ley.
Por las consideraciones expuestas, la Cámara decidió que la resolución dictada por el juez en el Juzgado Municipal de Faltas n° 2 de Defensa del Consumidor devenía parcialmente nula, correspondiendo devolver los autos a la autoridad administrativa a fin de que, en el plazo de sesenta días, dicte un nuevo pronunciamiento que remueva el óbice señalado dentro del marco legal referenciado (arts. 1, 73 y concs, ley 13.133).
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. fs. 285/295) la parte demandada denuncia la errónea interpretación de la legislación vigente (v. punto IV, a fs. 287/294).
II.1. Señala que la ley provincial 13.133 establece los mecanismos para implementar en la jurisdicción local la ley nacional 24.240, de protección y defensa de los consumidores. De ello, deduce que éstas conforman un bloque jurídico, son complementarias y concurrentes.
Sostiene que la multa aplicada se ajusta al art. 47 de la ley 24.240 (cfr. CCALP, causa n° 15.177 "Plan Ovalo", sent. de 23-IX-2014) ya que en su art. 3 dispone que "...Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo [...] En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor...".
Se agravia de lo decidido por la Cámara en cuanto sostuvo que "la potestad sancionatoria es local, aún bajo el argumento de constituir leyes de presupuestos mínimos y, por lo tanto, concurrentes y complementarios a su eje sustancial".
Refiere que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que los derechos de los consumidores constituyen normativa de fondo (CSJN "Isabel Cardoso c/ Galeno Argentina S.A.", Fallos: 332:1163 y "Telefónica de Argentina S.A.", Fallos: 327:5771; e.o), lo que significa que, en principio toda norma sobre derecho del consumidor debería ser dictada por el Estado nacional, salvo la que establezca procedimientos para aplicar esos derechos (trámites judiciales o administrativos), ya que las provincias tienen como facultad exclusiva reglar el funcionamiento de sus instituciones.
Agrega que, no obstante ello, el aludido tribunal en Fallos 330:3089 concluyó que era posible afirmar que la competencia concurrente está claramente fundada en la Constitución.
Luego expresa que ley 24.240 es de orden público y argumenta acerca de la protección de usuarios y consumidores destacando que esa norma es esencial, debido a que representa valores íntimamente ligados a la realización de los objetivos del Estado, por lo que cualquier norma que colisione con ella o disminuya la tutela que asegura, debe ceder. Detrás del interés concreto del consumidor individual, existe también implicada la satisfacción del interés general de toda la sociedad. Apoya su postura en un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata ("Martinelli José c/ Banco del Buen Ayre", sala II, sent. de 20-XII-1997) y en otro de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Salta ("Quiroga, Juan Pedro c/ Wal Mart Argentina SRL", sent. de 26-IV-2011).
También argumenta sobre el principio protectorio, el cual tiene su razón de ser en la situación de debilidad y vulnerabilidad estructural en la cual se encuentran situados los consumidores. Destaca que se expresa en tres formas: regla in dubio pro consumidor; regla de la norma más favorable y regla de la condición más beneficiosa.
Concluye que conforme lo ha destacado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 329:695), la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o del usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, debiendo lograrse una interpretación que no produzca conflicto internormativo ni controvierta los derechos y garantías consagrados en el art. 42 de la Constitución nacional.
Luego menciona las modificaciones al plexo normativo operadas en el régimen de defensa del consumidor y concluye que queda evidenciada la intención del legislador nacional de incrementar el tope superior de la sanción de multa en $5.000.000 por considerar que el anterior de $500.000 devenía desactualizado y no lograba disuadir a los proveedores condenados, atento el tiempo transcurrido desde la sanción de la ley primigenia y los cambios operados en la economía nacional. Aduce que esa modificación no se replicó en el orden local, dejando a los consumidores en situación de desventaja (y a los proveedores en una posición más provechosa), por el simple hecho de que los acontecimientos reprochables se habían verificado en jurisdicción nacional.
Arguye que en función de los principios protectorio y de progresividad, existiendo una norma que resultaría más beneficiosa para el consumidor, su aplicación deviene indiscutible.
II.2 Con respecto a la graduación y cuantificación de la sanción arguye que la autoridad administrativa no se apartó de la normativa que rige el caso, que el monto de la multa se encuentra dentro de los parámetros de la norma legal y que el tope implementado por la ley provincial resultaría insuficiente para disuadir al proveedor sancionado.
Señala que la aplicación de la multa se encuentra fuera de discusión. Cita la doctrina de un precedente de esta Corte (causa B. 66.966, "Avila", sent. de 14-VIII-2013) relativa a la determinación de la sanción a imponer cuando el ordenamiento jurídico autoriza al órgano a elegir entre varias alternativas punitivas, la más ajustada a las circunstancias del asunto.
Respecto a la graduación concreta, sostiene que tanto el art. 77 de la ley provincial 13.133, como el art. 49 de la ley nacional 24.240, hacen referencia a las mismas pautas valorativas y que, en el caso, la firma proveedora incurrió en casi todos los supuestos previstos por las referidas normas.
Aduce que atenerse a la escala de la ley provincial y aplicar una multa de menor cuantía no sería disuasivo de la conducta antijurídica que se ha registrado en varias localidades de la provincia.
III. El recurso no puede prosperar atento la insuficiencia que porta (arts. 279 y 289, CPCC).
III.1. Tiene dicho esta Corte, que una de las notas características de esta instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (conf. Ac. 88.916, sent. de 14-IX-2005).
El acabado cumplimiento de las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial exige que el recurrente indique con claridad las disposiciones legales que hacen al sentido de la decisión cuestionada y precise en qué consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas, ya que suplir de oficio las citas legales que debe hacer el apelante o inferirlas por interpretación resulta incompatible con la índole de la instancia extraordinaria (doctr. causas A. 72.687, "Caldera", sent. de 9-V-2018 y A. 73.491, "Lin Jinying", sent. de 13-VI-2018).
En la especie, la impugnante omite denunciar cuáles son las normas o la doctrina legal de este Tribunal erróneamente aplicadas o violadas y cómo ellas se relacionan con la cuestión debatida.
III.2. La facultad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (doctr. causas A. 74.932, "Martin", sent. de 17-X-2018; A. 74.103, "Mercedes Benz Argentina S.A.", sent. de 24-IV-2019 y A. 74.433, "Clair", sent. de 8-V-2019; e.o).
Pues bien, por cuanto concierne a la queja bajo análisis, dicha carga en modo alguno aparece cumplida.
La Cámara, por mayoría, descartó la aplicación del régimen nacional considerando que la potestad sancionatoria es local, aún bajo el argumento de constituir leyes de presupuestos mínimos y, por tanto, concurrentes y complementarias. De ese modo interpretó que el ejercicio del poder de policía respecto del tipo y alcance de sanción aplicable, constituye una potestad propia. Concluyó que la tramitación de un procedimiento sumarial bajo los términos de la ley 13.133 no puede justificar el cambio subrepticio y la construcción interpretativa de una sanción legal por fuera del marco provincial.
Tales cuestiones, que por cierto constituyen el fundamento jurídico del fallo, no han recibido reproche por parte de la recurrente, quien ha centrado su embate en disentir sobre la decisión de la Cámara de aplicar a la sanción impuesta a la actora la normativa provincial y no la nacional, sin cuestionar los argumentos de la sentencia que conforma el voto mayoritario de la Cámara.
Es doctrina de esta Corte que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. doctr. causas A. 73.740, "Del Campo", sent. de 10-VIII-2016; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016 y A. 72.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
III.3. No mejora la suerte del recurso las citas de los fallos de la Corte Suprema nacional y de las Cámaras de Apelación efectuadas por la recurrente.
Sobre el punto, esta Corte tiene dicho que la invocación de precedentes de otros tribunales no resulta eficaz para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de la Nación (doctr. causas A. 74.262, "Capomaggi", sent de 13-III-2019 y A. 75.613, "Lopez", sent. de 10-VII-2019; e.o.).
IV. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código Procesal, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado (art. 289, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (art. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2020 10:54:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2020 11:57:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2020 16:20:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2020 19:30:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2020 10:00:06 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia