Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75531
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaOído el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto ante su insuficiente fundamentación (arts. 299 y 300, CPCC y 31 bis, ley 5827 -texto según ley 13.812-). Las costas se distribuyen en el orden causado, por las particularidades del caso (conf. arts. 60 inc. 1, CCA –texto según ley 13.101-; 68, segundo párrafo, y 303, CPCC).
A.75.531 “OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO (OSPIV) C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTIN S/ PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INCONST.—JUICIOS”
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad del art. 70 de la ley 13.133, en su segundo párrafo, en el entendimiento de que la exigencia del pago previo de las multas impuestas vulneraba las garantías de tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia (conf. arts. 10 y 15, Const. prov.). En su apoyo, citó lo resuelto por esta Corte en la causa I. 3361, "Herrera", sentencia de 19-XII-2012.
II. Contra este pronunciamiento, el Fiscal General del Departamento Judicial de San Martín interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
II.1. En cuanto al fondo de la cuestión, denunció que la sentencia impugnada desconoce expresos textos legales y trabajosa doctrina y jurisprudencia desarrollada durante años en materia de defensa de los derechos de los consumidores, como asimismo el principio de legalidad de los actos administrativos y la ausencia de derechos absolutos, a partir de la facultad del Estado de dictar leyes que reglamenten su ejercicio (conf. art. 14, Const. nac.).
II.2.a. Invocó doctrina legal de esta Corte en torno a los criterios de interpretación que deben ponerse en juego a fin de armonizar la materia del consumidor con el resto del ordenamiento jurídico.
Citó en tal sentido las decisiones adoptadas en los autos "Cuevas", sent. de 1-IX-2010; "Tev S.A.", sent. de 22-XII-2010; "B.B.V.A. Banco Francés S.A.", sent. de 5-X-2011; C. 119.166 "Rodríguez", sent. de 11-II-2016; y el voto del doctor de Lázzari en C. 117.245, "Crédito para Todos S.A.", sent. de 3-IX-2014.
II.2.b. En lo que atañe al solve et repete , comentó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha confirmado su constitucionalidad, de modo tal que los contribuyentes solo pueden sortear dicho requisito: a) cuando resulte desproporcionada la magnitud del monto a pagar en relación con su concreta capacidad económica; b) cuando exista falta comprobada e inculpable de recursos económicos para poder hacer frente a su pago; c) cuando su efectivización importe un verdadero desapropio o revele en forma inequívoca propósitos persecutorios o configure la doctrina de la desviación del poder; d) cuando se afiance en forma suficiente el monto del litigio.
Señaló que en la causa I. 3.361, "Herrera", sent. de 19-XII-2012, invocada por la Cámara en la sentencia atacada, esta Suprema Corte trató la constitucionalidad del art. 42 de la ley 11.477 (pago previo de una multa en materia pesquera, exigido a un contribuyente que carecía de habilitación para alquilar botes). Refirió que en dicha ocasión, tres votos se inclinaron por el criterio sentado por la Corte nacional, mientras que los cuatro restantes declararon la inconstitucionalidad del requisito de pago previo, debido a que las multas reclamadas no podían considerarse válidamente como recursos ordinarios del sistema financiero público.
Advirtió que en el presente caso también se discute el acceso a la instancia judicial para el cuestionamiento de una multa administrativa, pero resaltó que ésta fue impuesta en el marco de las leyes 13.133 y 24.240, correspondientes al derecho del consumidor. Manifestó que en este ámbito particular, la exigencia del pago previo de las multas responde principalmente a que el consumidor se encuentra en una situación desigual ante la empresa (con mayor solvencia para afrontar su pago) y a la usual menor cuantía de los asuntos involucrados.
Concluyó en este aspecto que el ya citado precedente "Herrera" difiere fácticamente del supuesto bajo análisis, descartando la aplicación analógica de la solución allí alcanzada.
Por otro lado, sostuvo que la modificación de la ley provincial en cuestión responde a un " aggiornamiento " y que respeta la jurisprudencia de la Corte nacional, toda vez que no diferencia a las multas de otros supuestos en la aplicación del solve et repete , por lo que éstas se encuentran sometidas únicamente al régimen de excepciones antes descripto.
Agregó que la ley 13.133 prevé la posibilidad de eximir el pago a los peticionarios que acrediten la existencia de un perjuicio, lo que en el caso no ha ocurrido.
II.2.c. Asimismo, cuestionó el fundamento de la Cámara relacionado con la naturaleza jurídica de la sanción pecuniaria discutida.
Argumentó que ni la justificación del solve et repete tradicionalmente esgrimida para las obligaciones tributarias, basada en la necesidad de financiamiento del Estado, ni los principios genéricos referidos a sanciones punitivas impuestas en otras materias, pueden aplicarse al derecho del consumidor, sino que es necesario realizar un análisis particular y específico para éste.
Alegó que las particularidades del régimen específico adoptado a nivel constitucional, nacional y provincial, imponen un esfuerzo adicional a los magistrados. Ponderó en tal sentido la afectación establecida por el art. 75 de la ley 13.133 (texto según ley 14.393) para el producido de las multas impuestas en dicho marco normativo. Expresó que éstas cumplen una importante función de sostén del sistema protectorio del consumidor a nivel municipal, en mérito a su destino financiero, como así también una función preventiva y disuasoria para que los proveedores de los servicios pongan su mejor esfuerzo en evitar el conflicto y, en su caso, le brinden una solución en tiempo apropiado a los consumidores.
II.2.d. Por último, recordó que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes gozan de una presunción de legitimidad que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia.
Añadió que la Cámara debió expresar con total precisión, a más de la norma tachada de inconstitucional, el perjuicio real y efectivo que causaba su cumplimiento, requisitos indispensables para tomar una decisión de tal envergadura.
Indicó que todos los derechos individuales reconocidos y consagrados por la Constitución nacional están sujetos a las reglamentaciones fijadas con fines de conveniencia social y seguridad común (conf. art. 14, Const. nac.).
Culminó su exposición planteando la existencia de "…sobrados motivos para que este Superior Tribunal, en uso de las facultades casatorias que le son reservadas por la Constitución provincial, confirme la vigencia del art. 70 de la ley 13.133 [y] de la doctrina legal vigente en la materia en relación a la integración normativa, revocando la sentencia basada en una declamada defensa del acceso a la justicia, que importa en realidad, una violación al régimen legal y constitucional vigente, inaplicable en la especie, de acuerdo a lo establecido por el art. 7 del Código Civil y Comercial y 3 de la LDC".
III.1. En las condiciones del caso, el recurso extraordinario es admisible atento a que el Fiscal General no podrá reeditar su planteo ligado a la exigencia del pago previo más allá de la etapa en la que actualmente se encuentra el pleito, pues de progresar la pretensión anulatoria incoada por la parte actora sorteando el requisito contenido en el art. 70 de la ley 13.133 la discusión habrá devenido abstracta, tal como expusiera el doctor Soria en la causa A. 74.883, “Telecom” (sent. de 23-XII-2020).
III.2. No obstante, se advierte que el impugnante ataca la decisión de la Cámara que declaró inconstitucional el segundo párrafo del art. 70 de la ley 13.133, pero no funda correctamente su posición en un confronte directo entre esta cláusula legal y determinados preceptos de la Constitución local.
El recurso de inconstitucionalidad deducido no resulta autosuficiente, no demuestra debidamente los errores jurídicos que -a juicio del recurrente- padece el fallo que se impugna (conf. causas Ac. 32.929, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ La Rosa Pedernera", sent. de 30-XI-1984; Ac. 83.866, "Village Cinemas", sent. de 16-IV-2003; A. 69.574, "Saavedra Zapata", sent. de 30-V-2012; e.o.; art. 31 bis, ley 5.827 –texto según ley 13.812-).
Sabido es que resulta un requisito indispensable de una adecuada fundamentación de dicho remedio la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento, tarea que no se cumple cuando el impugnante se limita a anteponer una línea argumental distinta a la del juzgador, omitiendo desarticular el basamento primordial del auto atacado (causa A. 73.201, "Colegio de Escribanos", sent. de 24-IV-2019).
Por otra parte, en la especie se evidencia la misma situación analizada por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (causas A. 74.883, "Telecom", cit.; A. 74.885, "Telecom"; A. 74.886, "Telecom" y A. 74.906, "Telecom", todas sent. de 9-IV-2021 y A. 75.325, "AMX Arg. S.A.", sent. de 27-V-2021, e.o).
En consecuencia, oído el señor Procurador General, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto, ante su insuficiente fundamentación (arts. 299 y 300, CPCC y 31 bis, ley 5827 -texto según ley 13.812-).
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. En primer lugar, observo que el Fiscal General del Departamento Judicial de San Martín ha fundado su legitimación para interponer el recurso extraordinario bajo análisis en el art. 27 de la ley 13.133, norma que determina la actuación del Ministerio Público como “fiscal de la ley”, a la par que prescribe su intervención, tratándose de derechos de incidencia colectiva, en supuestos de abandono de la pretensión por las asociaciones legitimadas para en tales situaciones continuar con el proceso. Una situación análoga ocurrió en la causa A. 74.883, “Telecom”, sent. de 23-XII-2020, por lo que en la presente he de reproducir los argumentos que allí expuse.
I.1. Como sostuve en el aludido precedente, dicha regulación se inscribe en el Título VII de la ley 13.133, donde se abordan las pretensiones formuladas con el objeto de defender los derechos e intereses de usuarios y consumidores (conf. art. 23, ley cit.). Específicamente, el art. 26 de esa normativa -texto según ley 14.640- reconoce legitimación para interponer las acciones judiciales correspondientes a los consumidores y usuarios, en forma individual o colectiva; a las asociaciones de consumidores debidamente registradas; y a los municipios, a través de las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC).
En todos los litigios indicados resultan competentes los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial o los juzgados de paz letrados -según corresponda-, salvo que se trate de controversias regidas por el derecho administrativo, suscitadas entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuyo caso la competencia es de los juzgados del fuero contencioso administrativo (art. 30, ley cit. -texto según ley 14.514-).
Como algo distinto de lo anterior, el procedimiento administrativo relativo a la inspección, comprobación y sanción de las infracciones al régimen de protección de los derechos del consumidor y del usuario se encuentra legislado en el Título VIII, Capítulo IV, de la ley 13.133 (art. 36 y sigs.). En este trámite se aplican las prescripciones del código de implementación y, en forma supletoria, las del decreto ley 7.647/70.
El infractor que de acuerdo con lo recién indicado resulte pasible de las penalidades contempladas en los arts. 73 y siguientes de la ley 13.133 –concordantes con las previstas en el art. 47 de la LDC- puede acudir a la revisión judicial de los actos dictados por la autoridad de aplicación conforme al procedimiento establecido en el art. 70 del mismo plexo (conf. art. 23, ter. párr., ley 13.133). Este precepto dispone que las decisiones adoptadas por el organismo correspondiente agotan la vía administrativa y que la impugnación debe presentarse ante la misma entidad emisora del acto, quien habrá de remitirla junto al expediente administrativo al juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo competente.
Igual mecanismo se aplica a las sanciones que impongan los municipios, a los que los arts. 79 y siguientes de la ley 13.133 les han encomendado el ejercicio de las competencias allí previstas respecto de las infracciones cometidas dentro de los límites de sus respectivos partidos (conf. art. 80, ley cit.).
I.2. En la especie, la demanda judicial no se ha iniciado por alguno de los legitimados a los que el ordenamiento confiere preferente tutela, sino que ha sido promovida por un presunto infractor de los derechos de consumidores y usuarios, luego de agotada la instancia administrativa destinada a la comprobación de infracciones a su marco normativo. Tal procedimiento, culminó con la imposición de una multa por parte del funcionario municipal a cargo del organismo especializado previsto en el art. 81 de la ley 13.133, lo cual fue impugnado por el aparente infractor en los términos del art. 70 del código de implementación ante el fuero contencioso administrativo.
Es decir que, en autos, el impugnante de la penalidad impuesta por la autoridad administrativa del consumo es la parte actora en el litigio entablado, mientras que la demandada es la propia municipalidad que estableció dicha sanción, resultando ajena la consumidora denunciante a la relación procesal.
En ese escenario, que difiere sustancialmente de las situaciones previstas en los arts. 26 y 27 de la ley 13.133, la participación del Ministerio Público Fiscal no solo no es obligatoria, sino que en rigor no es procedente. Ello, por tratarse de un ejercicio impugnativo que atañe únicamente a quien fue sancionado y que se vincula al control judicial suficiente que los tribunales han de ejercer para que la adjudicación que tenga lugar en sede administrativa sea constitucionalmente válida (art. 15, Const. prov.; CSJN Fallos: 247:646 y 328:651).
Con todo, dada la intervención que se le confirió al Fiscal General departamental en las instancias previas y en virtud del principio favor actionis que en este supuesto manda al uso prudencial del examen oficioso de legitimación, corresponde soslayar aquí lo anterior y decidir la suerte del recurso.
II. Sentado ello, he de adherir a la opinión de los colegas que me preceden, en cuanto el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto no prospera dada su insuficiencia (art. 31 bis, ley 5827 -texto según ley 13.812-).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Oído el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto ante su insuficiente fundamentación (arts. 299 y 300, CPCC y 31 bis, ley 5827 -texto según ley 13.812-). Las costas se distribuyen en el orden causado, por las particularidades del caso (conf. arts. 60 inc. 1, CCA –texto según ley 13.101-; 68, segundo párrafo, y 303, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 inc. 3 ap. "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/06/2021 16:29:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/06/2021 11:14:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/06/2021 19:11:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2021 16:50:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2021 19:03:59 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia