Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75845
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaOído el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto ante su insuficiente fundamentación (arts. 299 y 300, CPCC y 31 bis, ley 5827 -texto según la ley 13.812-).
Las costas se distribuyen en el orden causado, por las particularidades del caso (conf. arts. 60 inc. 1, CCA –texto según ley 13.101-; 68, segundo párrafo, y 303, CPCC).
A.75.845 “TELECOM PERSONAL SA. C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTIN S/ PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INCONSTITUCIONALIDAD—“
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y, en consecuencia, confirmó la providencia simple del juez de primera instancia que había considerado que debía prosperar el planteo de inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 70 de la ley 13.133 -texto según ley 14.652-, estableciendo que al momento de analizar la admisibilidad de la acción no sería exigible el recaudo del pago previo de la multa fijada.
Así resolvió por entender que la exigencia del pago previo de las multas impuestas vulneraba las garantías de tutela judicial continua y efectiva, y el acceso irrestricto a la justicia (conf. arts. 10 y 15, Const. prov.). En su apoyo, citó lo resuelto por esta Corte en la causa I. 3361, "Herrera", sentencia de 19-XII-2012.
II. Contra este pronunciamiento, el Fiscal General del Departamento Judicial de San Martín interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad, el que fue concedido.
II.1. Comenzó por denunciar que la sentencia impugnada desconoce expresos textos legales, doctrina y jurisprudencia desarrollada en materia de defensa de los derechos de los consumidores, como asimismo el principio de legalidad de los actos administrativos y la ausencia de derechos absolutos, a partir de la facultad del Estado de dictar leyes que reglamenten su ejercicio (conf. art. 14, Const. nac.).
Luego invocó la doctrina legal de esta Corte en torno a los criterios de interpretación que deben ponerse en juego a fin de armonizar la materia del consumidor con el resto del ordenamiento jurídico, citando en tal sentido las decisiones adoptadas en los autos "Cuevas", sent. de 1-IX-2010; "Tev S.A.", sent. de 22-XII-2010; "B.B.V.A. Banco Francés S.A.", sent. de 5-X-2011; C. 119.166 "Rodríguez", sent. de 11-II-2016; y el voto del doctor de Lázzari en C. 117.245, "Crédito para Todos S.A.", sent. de 3-IX-2014.
II.2. Posteriormente resaltó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha confirmado la constitucionalidad del solve et repete , estableciendo las circunstancias en las que los contribuyentes puedan sortear dicho requisito.
Señaló que la causa I. 3.361, "Herrera", sent. de 19-XII-2012, invocada por la Cámara en la sentencia atacada, difiere fácticamente del supuesto bajo análisis. Ello así -sostiene- en tanto en aquella esta Suprema Corte trató la constitucionalidad del art. 42 de la ley 11.477 (pago previo de una multa en materia pesquera, exigido a un contribuyente que carecía de habilitación para alquilar botes) y, en cambio, en el presente caso, si bien también se discute el acceso a la instancia judicial para el cuestionamiento de una multa administrativa, ésta fue impuesta en el marco de las leyes 13.133 y 24.240, correspondientes al derecho del consumidor. Manifestó que en este ámbito particular, la exigencia del pago previo de las multas responde principalmente a que el consumidor se encuentra en una situación desigual ante la empresa (con mayor solvencia para afrontar su pago) y a la usual menor cuantía de los asuntos involucrados.
Agregó que la ley 13.133 prevé la posibilidad de eximir el pago a los peticionarios que acrediten la existencia de un perjuicio, lo que en el caso no ha ocurrido.
II.3. Asimismo, cuestionó el fundamento de la Cámara relacionado con la naturaleza jurídica de la sanción pecuniaria discutida.
Argumentó que ni la justificación del s olve et repete tradicionalmente esgrimida para las obligaciones tributarias, basada en la necesidad de financiamiento del Estado, ni los principios genéricos referidos a sanciones punitivas impuestas en otras materias, pueden aplicarse al derecho del consumidor, sino que es necesario realizar un análisis particular y específico para éste.
Ponderó en tal sentido la afectación establecida por el art. 75 de la ley 13.133 (texto según ley 14.393) para el producido de las multas impuestas en dicho marco normativo. Expresó que éstas cumplen una importante función de sostén del sistema protectorio del consumidor a nivel municipal, en mérito a su destino financiero, como así también una función preventiva y disuasoria para que los proveedores de los servicios pongan su mejor esfuerzo en evitar el conflicto y, en su caso, le brinden una solución en tiempo apropiado a los consumidores.
II.4. Por último, recordó que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes gozan de una presunción de legitimidad que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia y que por ello la Cámara debió expresar con total precisión, a más de la norma tachada de inconstitucional, el perjuicio real y efectivo que causaba su cumplimiento, requisitos indispensables para tomar una decisión de tal envergadura.
III. El recurso no puede prosperar.
En efecto, se advierte que el impugnante ataca la decisión de la Cámara que declaró inconstitucional el segundo párrafo del art. 70 de la ley 13.133, pero no funda correctamente su posición en un confronte directo entre esta cláusula legal y determinados preceptos de la Constitución local.
El recurso de inconstitucionalidad deducido no resulta autosuficiente, no demuestra debidamente los errores jurídicos que -a juicio del recurrente- padece el fallo que se impugna (conf. causas Ac. 32.929, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ La Rosa Pedernera", sent. de 30-XI-1984; Ac. 83.866, "Village Cinemas", sent. de 16-IV-2003; A. 69.574, "Saavedra Zapata", sent. de 30-V-2012; e.o.; art. 31 bis, ley 5827 –texto según ley 13.812).
Sabido es que resulta un requisito indispensable de una adecuada fundamentación de dicho remedio la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento, tarea que no se cumple cuando el impugnante se limita a anteponer una línea argumental distinta a la del juzgador, omitiendo desarticular el basamento primordial del auto atacado (causa A. 73.201, "Colegio de Escribanos", sent. de 24-IV-2019).
Por otra parte, en la especie se evidencia la misma situación analizada por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (causas A. 74.883, "Telecom", citada; A. 74.885, "Telecom"; A. 74.886, "Telecom" y A. 74.906, "Telecom", todas sent. de 9-IV-2021 y A. 75.325, "AMX Arg. S.A.", sent. de 27-V-2021, e.o.).
En consecuencia, oído el señor Procurador General, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto, ante su insuficiente fundamentación (arts. 299 y 300, CPCC y 31 bis, ley 5827 -texto según la ley 13.812-).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas A. 74.883, "Telecom Personal SA" y A. 74.886, "Telecom Argentina SA" (sents. antes citadas, e.o.) respecto a la participación del Ministerio Público Fiscal en las situaciones previstas en los arts. 26 y 27 de la ley 13.133, adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas que me preceden en cuanto a que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto no prospera dada su insuficiencia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Oído el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto ante su insuficiente fundamentación (arts. 299 y 300, CPCC y 31 bis, ley 5827 -texto según la ley 13.812-).
Las costas se distribuyen en el orden causado, por las particularidades del caso (conf. arts. 60 inc. 1, CCA –texto según ley 13.101-; 68, segundo párrafo, y 303, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/08/2021 13:40:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2021 16:24:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/08/2021 19:34:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2021 11:00:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2021 12:38:30 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia