Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76905
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn atención a lo resuelto en casos sustancialmente análogos, hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia impugnada en cuanto declaró que corresponde la intervención del Ministerio Público en este caso (arts. 31 bis, tercer párr., ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Ello es sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos y del rol que pudiera corresponderle al Ministerio Público como "fiscal de la ley" en los procesos regidos por el art. 23 y siguientes de la ley 13.133 -texto según ley 14.652-.
Sin costas dada la naturaleza institucional de la cuestión y la ausencia de contradicción en torno al tema sometido a revisión (arts. 60 inc. 1, CCA y 68, segundo párr., CPCC).
A.76.905 "AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ S/ PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Carral dijeron:
I. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial San Isidro declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 70 del Código Provincial de Implementación de Derechos de Consumidores y Usuarios (ley 13.133, texto según ley 14.652), que impone el depósito de la multa como exigencia previa para la procedencia de la demanda (v. sent. de 22-V-2020).
II. Apelado el pronunciamiento por la Municipalidad de Vicente López, la Cámara del fuero con asiento en la ciudad de San Martín, en lo que al recurso interesa, declaró que en la especie correspondía la intervención del Ministerio Público Fiscal y, a continuación, rechazó el recurso de apelación interpuesto confirmando, en consecuencia, la resolución dictada por el juzgado (v. sent. de fecha 14-XII-2020).
III. Contra ese pronunciamiento, el doctor Rodrigo Fernando Caro —agente fiscal asignado al Área de Ejecución Penal, Transición y Representación ante Otros Fueros del Departamento Judicial de San Isidro— interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-XII-2020), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 23 de febrero de 2021.
Denuncia que la sentencia atacada aplicó erróneamente el Acuerdo 3.957 y, con ello, se afectan las funciones del Ministerio Público Fiscal. Alega que dicho pronunciamiento le causa gravamen irreparable por no existir otra instancia en el proceso apta para discutir la intervención que le cabe al Ministerio Público y que, además, reviste gravedad institucional, en tanto su impacto trasciende del caso concreto, generando un perjuicio al servicio de justicia.
Considera que la intervención judicial del Ministerio Público, en materia de usuarios y consumidores, queda ceñida exclusivamente a la suplantación de la asociación legitimada ante el desistimiento de la acción colectiva, no teniendo participación alternativa como “fiscal de la ley” en todos los supuestos (conf. art. 27, ley 13.133).
Se agravia, puntualmente, sosteniendo que no corresponde, en este caso, que el Ministerio Público Fiscal intervenga en el marco de la vista que le fue conferida.
IV.1. Pasando a analizar la procedencia de la impugnación, corresponde señalar que el art. 31 bis, tercer párrafo, de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a este Tribunal a hacer lugar a los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, cuando hubiese estimado otros recursos en casos sustancialmente análogos. En tal supuesto se considerará suficiente fundamento la referencia a los precedentes aplicados y la cita del presente texto legal.
IV.2. Sentado lo que antecede, se advierte que la participación del Ministerio Público Fiscal en casos como el de autos, sometida a decisión a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por el agente fiscal Rodrigo Fernando Caro, ha sido resuelta por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (causas A. 76.854, "Volkswagen S.A. c/ Municipalidad de Vicente López", sent. de 18-IX-2023 y A. 76.835, "Volkswagen S.A. c/ Municipalidad de Pilar ", sent. de 13-XII-2023).
En las citadas causas, esta Suprema Corte fijó doctrina legal en relación a que no es procedente la participación del Ministerio Público Fiscal en las causas iniciadas por un presunto infractor que busca anular una sanción administrativa dictada bajo las leyes de defensa del consumidor, por tratarse de un ejercicio impugnativo que atañe únicamente al sujeto sancionado y que se vincula al control judicial suficiente que los tribunales han de ejercer para que la adjudicación de derechos en sede administrativa sea constitucionalmente válida (conf. art. 15, Const. prov).
IV.3. Ello resulta suficiente, de acuerdo a lo establecido en el art. 31 bis, tercer párrafo, de la ley 5.827 -texto según ley 13.812, para dar respuesta al presente, haciendo lugar parcialmente al remedio interpuesto y declarando que no corresponde que el Ministerio Público Fiscal intervenga en una pretensión anulatoria como la de autos, promovida en los términos del art. 70 de la ley 13.133 -texto según ley 14.652- (art. 31 bis, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
En atención a lo resuelto en casos sustancialmente análogos, hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia impugnada en cuanto declaró que corresponde la intervención del Ministerio Público en este caso (arts. 31 bis, tercer párr., ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Ello es sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos y del rol que pudiera corresponderle al Ministerio Público como "fiscal de la ley" en los procesos regidos por el art. 23 y siguientes de la ley 13.133 -texto según ley 14.652-.
Sin costas dada la naturaleza institucional de la cuestión y la ausencia de contradicción en torno al tema sometido a revisión (arts. 60 inc. 1, CCA y 68, segundo párr., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:09:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:43:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:16:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2026 10:48:38 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2026 11:27:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/08/2026 11:28:24 hs. bajo el número RR-688-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia