Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73964
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.964, "Farías, Pablo Oscar c/ Poder Judicial s/ proceso sumario de ilegitimidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078) doctores: Pettigiani, Torres, de Lázzari, Natiello, Maidana .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (v. fs. 450/458 vta.) y revocó la sentencia de primera instancia que había admitido la pretensión anulatoria promovida por el señor Pablo Oscar Farías contra el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 472/486).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 488/498), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 500/501.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 529), agregada la memoria presentada por la accionada (v. fs. 543/547) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada y revocó la sentencia de primera instancia que había admitido la pretensión promovida por el señor Pablo Oscar Farías por la que persiguiera la nulidad de la resolución 3.664/12 dictada por este Tribunal, mediante la cual le impusiera la sanción de cesantía en el cargo de Prosecretario con funciones en el Departamento de Policía Judicial de la Procuración General, en el marco del sumario 3001-6542/11, PG 039/11 (v. fs. 472/486).
Para así decidir, en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, efectuó las siguientes consideraciones:
I.1. Señaló que las citadas actuaciones se iniciaron por la denuncia pública realizada por el entonces titular de la UFI Descentralizada de Presidente Perón, doctor Leandro Heredia, en la cual involucraba al doctor Farías por haberlo presionado para que presentase su renuncia, entre otros aspectos.
Puntualizó que en dicho sumario el accionante efectuó su descargo y, previa emisión de informes por los instructores y por el Fiscal de Casación Penal, esta Corte dispuso su cesantía.
Precisó que la sanción fue impuesta al verse "...claramente acreditadas conductas incompatibles con la función de un Funcionario Judicial, al prestar el doctor Farías colaboración y/o asesoramiento o gestionar contactos en pos de lograr resultados que favorecerían en forma ilegal al Agente Fiscal Heredia en los procesos en trámite en los cuales se encontraba involucrado (ante el Jurado de Enjuiciamiento y ante el fuero penal), conductas que transgredían el fin para el cual el funcionario había sido designado (colaborar con la doctora La Rocca en la investigación de las causas que le fueran asignadas). Así también, involucró el sumariado -en sus conversaciones- a diferentes funcionarios de la Procuración General, comprometiendo su buen nombre y honor, descalificando los cargos que desempeñan en el Ministerio Público provincial y, más allá de haber sido puesto en conocimiento de la opinión pública por el Agente Fiscal, su difusión afectó claramente el prestigio del Poder Judicial".
Culminó expresando "todo ello, en los términos de las disposiciones del Acuerdo 2300 y Resolución 1233 P.G. que contemplan las conductas analizadas".
I.2. Admitió la autenticidad de las grabaciones de audio y video obtenidos por el doctor Heredia en su oficina e interés personal -no en carácter de funcionario público-, a través de una cámara oculta, con sustento en los dictámenes periciales de los licenciados Forte (Especialista en Procesamiento Digital de Imágenes y Video) y Santos (Fonoaudióloga); la ausencia de medios que demostraran algún tipo de irregularidad y falsificación material; y considerando que el demandante no desconociera haber tenido reiterados encuentros con el denunciante en su despacho público.
En base a dichos elementos y a otras consideraciones referidas a la obtención de los archivos digitales sin advertir menoscabo a derechos y garantías constitucionales, la Cámara destacó que no procedía la exclusión probatoria opuesta por el accionante, que fuera apreciada en sede administrativa para sancionarlo.
I.3. Respecto a la índole de los diálogos, entendió que conforme las transcripciones de los audios 12, 14, 15 y 16 y la restante prueba ponderada por la autoridad administrativa, el imputado no había sido provocado para expresarse del modo en que lo hizo, en virtud de que el accionante no negara -y estaba demostrado- que concurrió voluntariamente a la oficina del denunciante con quien mantenía un trato cordial, en horario de trabajo.
I.4. Sostuvo que la determinación de los hechos y la imputación al accionante no sólo fue acreditada por el video y grabaciones de voz sino también por otros antecedentes entre ellos la denuncia, las pericias de los licenciados Forte y Santos y los testimonios rendidos, en especial los dichos de los doctores Amorín -que da cuenta de la entrevista mantenida con el accionante-, La Rocca -referidos al pedido de Farías sobre la renuncia del doctor Heredia a fin de evitar el Jury- y Martire -respecto a frases de conversaciones entre el denunciante y denunciado atinentes a los hechos del caso-.
I.5. En otro orden consideró que la autoridad administrativa no incurrió en exceso de punición al verificar que la conducta del doctor Farías se encuadraba en las faltas previstas en los arts. 67 incs. "e" y "g" del Acuerdo 2300, 11 incs. "d", "e", "g", y "k" del Acuerdo 3354 y 46 de la Resolución 1.233 de la Procuración General, aún, cuando los hechos y las expresiones de falta de respeto hubieren trascendido a instancia del denunciante.
Señaló que el obrar del accionante era incompatible con las funciones para las que había sido designado y en razón de la gravedad de su conducta resultaba razonable la sanción impuesta y como consecuencia de ello, inaceptable su permanencia en los cuadros del Poder Judicial por haber vulnerado su dignidad y prestigio.
I.6. Por último, desestimó que en el procedimiento sumarial se hubiera omitido el dictamen jurídico previo al acto sancionatorio.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el accionante denunció vulneración de lo normado por los arts. 10, 11 y 15 de la Constitución provincial; 57, 101, 103 y 108 del decreto ley 7.647/70; 37 de la ley 13.757; y, 6, 7, 9, 10 y 130 del Acuerdo 3354 de esta Suprema Corte de Justicia (v. fs. 488/498).
También adujo violación de la doctrina legal de este Tribunal emergente de las causas B. 64.413, "Club Estudiantes de La Plata", sent. de 4-IX-2002; B. 65.739, "Burtin", sent. de 9-XII-2010, referidas a la exigencia del dictamen jurídico previo al dictado del acto administrativo; B. 59.122, "Huertas Díaz", sent. de 22-X-2003; B. 62.837, "Conde", sent. de 8-VIII-2007; B. 60.027, "Rodríguez", sent. de 18-VI-2008 y B. 62.104, "T., D.J.,", sent. de 5-VIII-2009; entre otras, concernientes al principio de proporcionalidad entre la sanción y la conducta endilgada.
Por último, denunció absurdo interpretativo en la valoración de la prueba.
II.1. En primer lugar, expresó que la Cámara vulneró los arts. 37 de la ley 13.757 y 57 y 101 del decreto ley 7.647/70 que prevén la intervención del Asesor General de Gobierno y Fiscal de Estado en forma previa al dictado de un acto administrativo que afecta derechos de los ciudadanos y se apartó de la doctrina sentada por esta Corte en las causas B. 64.413, "Club Estudiantes" y B. 65.739, "Burtin", precedentemente citadas que, establecieron la exigencia del dictamen jurídico con anterioridad a la emisión de la resolución final.
Precisó que dicha cuestión fue introducida en el escrito de demanda al esbozar la vulneración de la garantía del debido proceso en el procedimiento disciplinario y la falta de fundamentación suficiente de la resolución sancionatoria.
II.2. Por otro lado, expresó que la sentencia impugnada interpretó en forma errónea los arts. 67 incs."e" y "g" del Acuerdo 2300; 6, 7, 9, 10 y 11 incs. "d", "e", "g" y "k" del Acuerdo 3354 y 46 de la resolución 1.233 de la Procuración General, en cuanto convalidó las conductas imputadas de "falta de respeto a sus superiores" y "haber vulnerado la dignidad y el prestigio del Poder Judicial" que se hallan sancionadas con penas más leves.
En virtud de ello, esgrimió que la Cámara vulneró el principio de proporcionalidad entre la sanción y el comportamiento que motivó su aplicación, apartándose de lo expresado por este Tribunal en las causas B. 62.897, "M., D. H."; B. 59.122, "Huertas Díaz"; B. 60.027, "Rodriguez" y B. 62.104, "Tauil"; entre otras, sobre el mentado postulado.
Señaló -sin ignorar la doctrina legal de esta Corte respecto a que el pronunciamiento administrativo es independiente del judicial- que existían otros parámetros para graduar la sanción tales como que, en el marco de las IPP 08-00-01-5276, Regional La Plata e IPP 25.086/11 Regional Mar del Plata, sobre "averiguación de ilícito", no se realizaron pasos procesales por más de cuatro años desde su inicio, no habiendo sido siquiera citado en carácter de imputado, ni procesado.
II.3. Alegó que, la Cámara incurrió en absurdo en la apreciación de: a) las conclusiones arribadas por el perito licenciado Forte; b) los testimonios brindados por los doctores Martire, Dipascual y Amorín; y, c) las transcripciones del contenido de los audios 14, 16 y de audio 0920035, obrantes a fs. 245/249 de las actuaciones sumariales.
Así expresó que tal vicio se ha configurado al admitir la autenticidad de las grabaciones de voz y video en sentido contrario a lo concluido por el perito Especialista en Procesamiento Digital de Imágenes y Video; al valorar en forma fragmentada las declaraciones testimoniales de los doctores Martire, Dipascual y Amorín y los registros de las grabaciones, por cuanto, si bien se da una certeza sobre la existencia de conversaciones, no se pudo precisar el contenido cierto de las mismas al poseer términos demasiados laxos y, destacó que de los dichos del doctor Amorín no surgía que el accionante tuviera ánimo de lucro ni que haya sorteado los carriles del Poder Judicial, y finalmente al apartarse de los audios de los cuales se desprende preguntas sugestivas y afirmaciones engañosas formuladas por el doctor Heredia.
II.4. Por último, adujo que el Tribunal de Alzada omitió el tratamiento de un punto que consideró esencial y que el órgano administrativo sopesó para imponer la cesantía, cual es que la afectación al prestigio del Poder Judicial no resulta una conducta que pueda atribuírsele.
III. El recurso no puede prosperar (art. 279, CPCC).
III.1. En primer lugar, con relación al reproche referido a la omisión del dictamen jurídico, observo que las consideraciones dirimentes del fallo atacado respecto al rechazo de dicha cuestión se sustentó en que el procedimiento sumarial tramitó con arreglo a las resoluciones de la Procuración General 1.233 y sus modificatorias y, a su vez -a mayor abundamiento- destacó la condición letrada de los órganos que intervinieron en su instrucción y desarrollo y que, se emitieron informes con opiniones jurídicas respecto del caso en forma previa al dictado del acto sancionatorio.
III.1.a. Tales fundamentos en base a los cuales el Tribunal de Alzada concluyó en la no afectación al debido procedimiento -al margen de su acierto o error- no fueron mínimamente controvertidos por el impugnante, quien se limita a citar las normas que considera transgredidas - arts. 13 ley 13.757; 57 y 101 del decreto ley 7.647/70-, que son inaplicables al caso con motivo del marco jurídico –Resolución 1.233 de la Procuración General- que rigiera la sustanciación del procedimiento llevado a cabo para determinar la responsabilidad administrativa del recurrente.
En tal sentido, conforme la citada reglamentación y las constancias sumariales, luego de decretarse el cierre del sumario y la emisión de un informe final por los instructores sumariantes (conf. art. 36) se remitieron las actuaciones al órgano superior -Fiscal de Casación Penal- (conf. art. 38, v. fs. 314/316) el cual se expidiera sobre los hechos investigados y las normas jurídicas involucradas; la responsabilidad endilgada y la recomendación de la sanción aplicable; el aporte de los antecedentes del sumariado, para luego con posterioridad elevar la causa disciplinaria a este Tribunal para su resolución definitiva.
De tal modo la mencionada intervención importó la elaboración de un informe que contiene una opinión de índole jurídica por un órgano letrado, sin que se advierta que el impugnante oponga reparos a la validez de la normativa aplicada ni al alcance de la actuación allí prevista.
Por lo tanto, en virtud del marco legal al cual debió ajustarse el procedimiento sumarial llevado a cabo en el caso, la intervención de la Asesoría General de Gobierno a la que alude el recurrente es inatendible, en cuanto tiene a su cargo el asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo y de todos sus organismos que integran la Administración pública centralizada y descentralizada (conf. arts. 37 de la ley 13.757; 1 y sigs. de su dec. reglamentario 2.178/08), y del señor Fiscal de Estado que, en su actuación administrativa posee funciones de fiscalización de la legalidad y no de asesoramiento, caracterizándose por actuar en defensa de los intereses patrimoniales de la Provincia y no en el de los particulares (conf. dec. ley 7.543/69 y causa B. 63.686, "Severo", sent. de 7-IX-2011).
En tales condiciones, esta Suprema Corte tiene dicho que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que denuncia la transgresión de un precepto que no fue lo que dio fundamento legal al fallo, pero no denuncia como violada la norma actuada en la sentencia, ni indica en qué consistiría la violación o el error en su aplicación (doctr. causas A. 70.173 y A. 70.134, cits.; A. 72.033, "Herrera", sent. de 16-V-2018; e.o.).
Quien afirma que el pronunciamiento viola determinados preceptos no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas Ac. 94.259, "Milers", sent. de 15-III-2006; C. 117.350, "S.d.B.M.", sent. de 10-XII-2014 y C. 121.276, "Pontet", sent. de 29-XI-2017), ni la invocación de la supuesta afectación de derechos o garantías de rango supralegal o la genérica alusión a principios contenidos en nuestras Constituciones nacional o provincial si el impugnante no indica de qué manera se produjeron las transgresiones que predica (doctr. causas A. 69.592, "B., P.B.", sent. de 6-V-2009 y A. 73.385, "S.J.C.", sent. de 24-VI-2015).
III.1.b. Asimismo corresponde desestimar la violación de la doctrina de este Tribunal que denuncia el recurrente, por cuanto la plataforma fáctica y jurídica que rodea al caso sub examine difiere de aquellas que dieron sustento a los pronunciamientos recaídos en las causas B. 64.413, "Club Estudiantes de La Plata", en la cual se advirtiera la ausencia de dictamen jurídico en un procedimiento municipal –conforme art. 57 de la Ordenanza General 267/80- y B. 65.739, "Burtin", que versara sobre que la opinión emitida por la Comisión de Asuntos Administrativos y Finanzas en el ámbito del Instituto de Previsión Social no configuraba un informe de índole legal en los términos del art. 57 del decreto ley 7.647/70. Circunstancias que como se expresara no han acontecido en el sub lite.
III.2. En otro orden, el recurrente se limita a disentir con la ponderación de los hechos y pruebas realizada por el Tribunal de Alzada, omitiendo atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones que dan sustento a la solución en crisis (conf. art. 279, CPCC; doctr. causas A. 71.843, "Pellizari", sent. de 3-XII-2014; A. 73.480, "Rivarola", sent. de 6-IV-2016; e.o.).
Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas, constituye una labor privativa de los jueces de la causa y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (doctr. causas A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009; A. 70.822, "Bigi", sent. de 25-II-2015; A. 72.121, "Maccarini", sent. de 29-VI-2016; A. 74.085, "Tarchini", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
Para tener por configurado el absurdo, es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (arts. 279 y 384, CPCC; causas C. 92.282, sent. de 7-II-2007; C. 95.273, sent. de 15-X-2008; C. 98.890, sent. de 11-III-2009 y A. 71.095, sent. de 9-V-2012).
III.2.a. El impugnante aduce que la Cámara interviniente valoró erróneamente la pericia realizada por el licenciado Forte al sostener que, "no se puso en duda la autenticidad de la grabación, ni menos aún, se dejó entrever algún tipo de alteración".
Asevera que esa afirmación es contraria a las conclusiones a las que arribara el licenciado Forte -Especialista en Procesamiento Digital de Imágenes y Video- y entiende que de las mismas no se desprende una certeza categórica respecto a la manipulación o no de los archivos digitales, toda vez que alega, no han sido preservados en su soporte original y por lo tanto ingresaron de manera defectuosa al proceso.
Esta Suprema Corte ha considerado que la apreciación de la fuerza de convicción de los dictámenes periciales es facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y sus conclusiones son irrevisables en casación, salvo supuesto de absurdo (doctr. causas C. 102.327, "Iannella", sent. de 10-XII-2008; C. 98.475, "Chakers Sociedad de Hechos", sent. de 14-IX-2011; A. 72.024, "Astori Estructuras S.A.", sent. de 21-XII-2016; e.o.).
El impugnante a fin de excluir al video y audios como medios de prueba, insiste en que el perito concluyó que no es posible dar una certeza categórica sobre la no manipulación de los archivos digitales.
Sin embargo, en su tarea valorativa la Cámara sin desconocer lo informado por el experto, sopesó la forma en que se recepcionó el material a periciar -un sobre papel madera cerrado en garantía de ley, en su interior una caja plástica conteniendo un CD-R marca Verbatim donde se encuentran grabados un archivo de video digital y cinco archivos de video de audio- y la ausencia de alteraciones -cortes, saltos ni agregados- visibles (conf. fs. 236, sumario 3001-6542/11).
A su vez, el Tribunal de Alzada para admitir la veracidad del video y audio digitales centró su análisis no sólo en la pericia realizada por el Especialista en Procesamiento Digital de Imágenes y Video, sino en la ausencia de pruebas tendientes a desvirtuar la autenticidad de los dispositivos cuestionados por el accionante; en el reconocimiento del recurrente acerca de los reiterados encuentros con el doctor Heredia en su oficina pública, la experticia fonoaudióloga realizada por la licenciada Santos, a cargo de la sección Cotejo de Voz y Habla de la Asesoría Pericial de la cual se desprende una serie de conversaciones mantenidas entre el denunciante y denunciado, sobre los hechos del caso, realizadas en un ámbito y horario laboral (v. fs. 240/258, expte
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