Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 70341
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 70.341, "Matadero y Frigorífico Federal S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Proceso sumario de ilegitimidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan, Pettigiani , Soria , Torres, Violini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en ciudad de La Plata revocó, por mayoría, la sentencia de primera instancia y rechazó la pretensión anulatoria instaurada, declarando prescripto el crédito cuya repetición persigue la firma actora en concepto de impuesto al servicio de electricidad y de gravamen adicional al consumo de energía eléctrica (decs. ley 7.290/67 y 9.038/78) e impuso las costas por su orden (v. fs. 184/192).
Contra ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 195/216), el que fue concedido a fs. 218/219.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 226), agregado el memorial de la demandada (v. fs. 229/248 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley deducido en cuanto se opone a la declaración de prescripción de los créditos reclamados en autos?
2ª) ¿Es fundado el reclamo atinente a la forma de cancelación de la deuda perseguida?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La firma Matadero y Frigorífico Federal S.A. promovió pretensión anulatoria contra la Provincia de Buenos Aires procurando que se deje sin efecto la parcela del pronunciamiento del Tribunal Fiscal de Apelación de fecha 30 de agosto de 2005 (v. fs. 6/13) que declaró prescriptos los créditos reclamados mediante la demanda de repetición interpuesta por sumas de dinero abonadas indebidamente en concepto de impuesto al servicio de electricidad y de gravamen adicional al consumo de energía eléctrica (decs. ley 7.290/67 y 9.038/78, respectivamente), durante los períodos fiscales 1992, 1993 y 1994.
Planteó la inconstitucionalidad de los arts. 119 y 120 del Código Fiscal (t.o. 1999; 132 y 133, t.o. 2004; 158 y 159, t.o. 2011) en tanto establecen el plazo de prescripción de la acción de repetición en contravención al art. 4.023 del Código Civil, violando el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
También sostuvo la inconstitucionalidad del art. 114 del Código Fiscal (t.o. 1999; 127, t.o. 2004 y 138, t.o. 2011), relativo al pago de intereses en caso de devolución de importes abonados indebidamente o en demasía por el contribuyente, por tratar en forma desigual a la administración según sea la acreedora o la deudora de tributos, solicitando su reconocimiento desde que cada pago se realizó y no desde la presentación de la demanda de repetición.
Pidió que el pago de las sumas repetidas se efectuara en la forma determinada en el art. 55 de la ley 12.575 (bonos ley 11.192) y no mediante la entrega de bonos de consolidación de la ley 12.836, como lo prevé el art. 34 de la ley 12.874, cuya inconstitucionalidad también plantea (v. fs. 25/50).
I.2. La demandada opuso la defensa de prescripción por haber transcurrido, desde la oportunidad del pago de los impuestos cuya repetición se reclama, el plazo legal previsto en los arts. 119 y 120 del Código Fiscal (t.o. 1999; 132 y 133, t.o. 2004; 158 y 159, t.o. 2011).
Argumentó a favor de la constitucionalidad tanto del plazo de prescripción previsto en el Código Fiscal como de los intereses fijados y su cómputo.
Solicitó la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 12.874 y sostuvo la constitucionalidad de los bonos de consolidación de la ley 12.836 (v. fs. 90/106).
I.3. La jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la pretensión impugnatoria, anulando el punto 1 del pronunciamiento del Tribunal Fiscal de Apelación de fecha 30 de agosto de 2005. En consecuencia, condenó a la demandada a devolver a la accionante las sumas indebidamente abonadas (decs. ley 7.290/67; 9.038/78 y dec. 1.160/92) en los años 1992, 1993 y 1994, conforme a la liquidación que se practique, atento a la documental obrante en el expediente administrativo 2403-417/00, suma a la que le adicionó los intereses previstos en el art. 127 del Código Fiscal (t.o. 2004; 138, t.o. 2011), a partir del 1 de febrero de 2000 (fecha de presentación de la demanda de repetición) y hasta el cumplimiento de la sentencia. Declaró inaplicable al caso la ley 12.836 y dispuso que la cancelación de la deuda se efectuara mediante la entrega de bonos de consolidación de la ley 11.192 por aplicación del art. 55 de la ley 12.575. Impuso las costas en el orden causado (v. fs. 119/133).
Para así decidir, asignó a la demanda de repetición interpuesta dentro del plazo de gracia (conf. art. 124, CPCC) el efecto interruptivo del curso de prescripción previsto en el art. 3.986 del Código Civil, declarando inoficioso un pronunciamiento acerca del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 119 y 120 del Código Fiscal (t.o. 1999; 132 y 133, t.o. 2004; 158 y 159, t.o. 2011).
I.4. Contra esa decisión, la Fiscalía de Estado dedujo recurso de apelación (v. fs. 141/159 vta.).
I.4.a. Criticó, en primer término, lo atinente a la excepción de prescripción contra la acción de repetición opuesta y rechazada por la jueza de grado. A su juicio, dicha decisión resulta desacertada al apartarse de las previsiones legales y principios generales que regulan la forma de computar los plazos e intervalos del derecho y, por otra parte, hace aplicación de un instituto -plazo de gracia- no previsto en la norma específica.
Refirió que el legislador determinó imperativamente el plazo de prescripción de estas acciones, fijando una fecha exacta -1 de enero de 2000-, plazo que resulta computable en forma corrida, tal como lo determina el Código Civil en los arts. 25, 27 y 28.
Asimismo, consideró que el plazo de gracia regulado en el art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial solo se aplica a los llamados "plazos procesales" y no a los que regulan instituciones que carecen de aquella naturaleza, como resulta ser la prescripción, no estando permitido -observó- modificar un aspecto del derecho fiscal sustancial a través de una figura de neto corte procesal que, además, al momento de interposición de la demanda de repetición de autos, no se encontraba prevista para el ámbito administrativo.
I.4.b. Por otra parte, señaló que no existe fundamento jurídico válido para beneficiar al actor con lo previsto en el art. 55 de la ley 12.575.
Al respecto, mencionó que -a contrario de lo expuesto por el iudex - el Estado provincial no efectuó reconocimiento alguno en el sentido de estar obligado a repetir las sumas abonadas por los contribuyentes en concepto de impuesto a la transferencia de energía, limitándose los precedentes "AGUEERA" e "Hidroeléctrica El Chocón" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los supuestos allí recaídos, sin ser extensivos a otros casos como el de autos.
En ese sentido, advirtió que tanto la ley 12.575 como el decreto 94/02 tendieron a la promoción y realización de "acuerdos de naturaleza transaccional motivados en razones de oportunidad, mérito y conveniencia", con todas las características que poseen dichos acuerdos, siendo que además la emisión de bonos de la ley 11.192 como medio de pago fue prevista únicamente para quienes se adhirieran al decreto citado, con la previsión presupuestaria a tal fin, adhesión que -refirió- no efectuó el actor.
II. El fallo de la Cámara de Apelación interviniente revocó, por mayoría, la decisión de primera instancia (v. fs. 184/192).
II.1. En cuanto al tema de la prescripción de la acción, cabe señalar que los agravios vertidos por la demandada fueron receptados favorablemente.
El voto de la mayoría (v. voto de los doctores De Santis y Spacarotel) sostuvo que no era de aplicación al caso el art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial (plazo de gracia) por tratarse de un instituto de forma sin incidencia posible en el derecho de fondo. Añadió que tampoco lo era la dispensa prevista en el art. 3.980 del Código Civil en relación al feriado del día 1 de enero de 2000, por resultar categórico el art. 28 de ese cuerpo normativo, dejando a salvo que bien pudo predicarse dicha dispensa respecto del período posterior a esa fecha (el contemplado en el decreto 4.016/93, que declaraba inhábiles a todos los efectos legales los días del mes de enero de cada año) en tanto óbice a la acción del acreedor para reclamar en sede administrativa por su derecho.
En definitiva, la Cámara rechazó el efecto interruptivo de la demanda y declaró prescripto el crédito cuya repetición se pretendía.
II.2. En punto a la modalidad de cumplimiento de la obligación reclamada, también por mayoría (esta vez dada por la concurrencia de los votos del doctor De Santis y de la doctora Milanta), el Tribunal de Alzada estimó acreditado el error en el juzgamiento de este tópico por la jueza de la causa, señalando que el caso se subsumía en la ley 12.836, cuya validez constitucional no sufría fisura alguna.
Concluyó que correspondía aplicar el art. 34 de la ley 12.874, en tanto preveía para los créditos que dieron origen a la controversia, esto es, los resultantes de la devolución de los tributos creados por los decretos ley 7.290/67 y 9.038/78, la modalidad de cancelación mediante la entrega de bonos de consolidación de la ley 12.836.
En ese marco, descartó que ello configurase una inclusión progresiva prohibida por las leyes de emergencia.
Afirmó que el crédito que se intentaba repetir encontró su primer régimen de pago en la mencionada ley 12.836, que claramente lo incluía, sin que las anteriores normas legales hubieran tenido incidencia en él.
Consideró que los bonos de la ley 11.192, previstos para el pago de estos créditos, ya habían sido suplantados por los nuevos establecidos en la ley 12.836, porque a la fecha en que la parte actora pudo obtener pronunciamiento favorable en cualquiera de las instancias por las que transitara, ya se encontraba vigente el nuevo mecanismo de pago.
En cuanto al cuestionamiento constitucional de la ley 12.836, consideró que el tópico quedaba fuera de los agravios que habilitaban la intervención de la Cámara.
III. Contra ese pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal.
Se agravia de la decisión de la Cámara que declara prescriptos los créditos objeto del litigio y denuncia infracción de la ley y violación de la doctrina legal referida a los arts. 124 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 3 del decreto 4.016/93 y 132 y 133 del Código Fiscal (t.o. 2004; 158 y 159, t.o. 2011).
También critica el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la ley 12.836 y que no se hiciera lugar a la posibilidad de que la deuda por impuestos que el Fisco pudiera tener con el contribuyente se cancelase con bonos de consolidación de la ley 11.192. Denuncia violación de ley y de doctrina legal respecto de los arts. 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 55 de la ley 12.575; 34 de la ley 12.874; 8 de la ley 12.836 y 6 de la ley 13.436.
IV. Adelanto mi opinión favorable al primer planteo a resolver.
La cuestión a decidir en primer término se centra en determinar si el plazo de prescripción establecido por el Código Fiscal había o no transcurrido al momento en que la actora interpuso la demanda de repetición en sede administrativa.
Contrariamente a lo resuelto por el Tribunal de Alzada, entiendo que la firma Matadero y Frigorífico Federal S.A. interpuso la demanda de repetición dentro del plazo legal que tenía para hacerlo, por lo que la acción de repetición no se encontraba prescripta.
La misma cuestión ha sido abordada por esta Suprema Corte en causas virtualmente análogas a la presente (causas B. 65.535, "Fiscal de Estado c/ Provincia de Buenos Aires [Trib. Fiscal de Apelaciones] s/ Demanda Contencioso Administrativa", sent. de 17-VI-2009; y A. 70.604, "Libertador Motors", sent. de 23-II-2021), cuyas razones me permito en lo pertinente reproducir a continuación.
IV.1. El entonces vigente Código Civil (ley 340) establece que la prescripción es un medio para "adquirir un derecho" o para "libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo" (conf. art. 3.947).
Esta última especie, denominada por la doctrina como prescripción liberatoria, es tratada como una excepción para repeler una acción por el solo hecho de que quien la entabla ha dejado durante un lapso de intentarla o de ejercer el derecho al cual ella se refiere (conf. art. 3.949, Cód. Civ.).
La doctrina es coincidente en el sentido de que para la operatividad de este instituto, que tiende a dar estabilidad a los derechos y mantener la seguridad jurídica, deben concurrir dos requisitos: el transcurso del tiempo y la inacción o silencio del acreedor (cfr. Argañarás, Manuel J.; La prescripción extintiva , Ed. TEA, año 1966, pág. 6 y sigs.; Salvat, Raymundo; Tratado de Derecho Civil Argentino , 6ta. Edición, Tomo III, pág. 389 y sigs.; Borda, Guillermo A.; Tratado de Derecho Civil , 8va. Edición, Tomo II, pág. 8 y sigs.; doctr. causas I. 1.287, "Ilid", sent. de 28-III-1989, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I-511 e I. 1.252, "Ponce", sent. de 2-VII-2003).
No se advierte en la especie que esos elementos hayan concurrido.
En efecto, el plazo de prescripción fue interrumpido con la interposición de la demanda de repetición ante el Ente Provincial Regulador Energético por la firma Matadero y Frigorífico Federal S.A. que, mediante esa diligencia encaminada a la defensa de su derecho, ha manifestado su voluntad para desvirtuar toda presunción de abandono del mismo que podría deducirse de su silencio o inacción (conf. arts. 3.986 y 4.017, Cód. Civ.; doctr. causas Ac. 52.196, "Belagarde", sent. de 26-VII-1994; e.o.).
IV.2. Si bien el art. 132 del Código Fiscal (t.o. 2004) dispuso que el 1 de enero del año 2000 era la fecha de vencimiento del plazo para interponer la demanda de repetición nacida durante los ejercicios fiscales de los años 1992, 1993 y 1994, ese término debe ser apreciado en el marco de lo dispuesto por el decreto 4.016/93, que limitó durante el mes de enero de cada año la actividad habitual de la Administración Pública a prestaciones de carácter esencial e impostergable (conf. art. 1) y declaró "inhábiles a todos los efectos legales los días del mes de enero de cada año..." (conf. art. 3).
No me parece razonable considerar extemporánea una demanda (como la que diera origen a las actuaciones administrativas 2403-417/00) deducida el día siguiente al del vencimiento del plazo de prescripción, si este expiró durante un día inhábil a consecuencia de una norma general dictada por la provincia beneficiada con la prescripción.
Interpretar el plexo normativo de otra forma sería imponer al particular una carga de imposible cumplimiento, toda vez que no podría interponer la demanda durante un día que la misma Administración declara inhábil para ello (cfr. Argañarás, Manuel J.; ob. cit., pág. 89).
Así, mi conclusión se enmarca en el principio in dubio pro actione , que comporta un principio rector en materia contencioso administrativa (doctr. causa B. 51.979, "Choix SACIFICA", sent. de 21-VI-2000) y que se halla comprendido en la amplia regla de accesibilidad jurisdiccional que fluye del art. 15 de la Constitución de la Provincia (causas B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-IX-2003 y B. 58.720, "Di Santo", sent. de 14-IX-2005).
Desde ese marco se advierte que el ejercicio de la acción de repetición por parte de la firma Matadero y Frigorífico Federal S.A, en la primera oportunidad que tuvo una vez transcurrido el mes de enero del año 2000, demuestra que no existió inacción ni abandono de su derecho.
IV.3. Siendo ello así, considero adecuada a derecho la sentencia de primera instancia en cuanto ha hecho mérito de que la acción de repetición promovida dentro de las dos primeras horas del primer día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de prescripción de la obligación, comúnmente llamado "plazo de gracia", es eficaz para enervar la prescripción.
En consonancia con los fundamentos del a quo relativos a la aplicación del "plazo de gracia" en el procedimiento administrativo, corresponde observar que la vigencia de esa franquicia en el ámbito del procedimiento tributario viene dada por lo normado en el art. 4 del Código Fiscal (t.o. 2004), que dispone la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial.
La doctrina especializada en la materia ha discutido sobre la eficacia o no de las demandas interpuestas dentro del plazo de gracia a los efectos de interrumpir la prescripción, pronunciándose tanto en contra (conf. Borda, Guillermo A.; ob. cit., pág. 38 y sigs. Kemelmajer de Carlucci; Jurisprudencia Argentina , 1977-I-553), como a favor (conf. Yañez Alvarez; Jurisprudencia Argentina , Tomo 6, 1970, pág. 484. Fassi, Santiago; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas procesales vigentes , Ed. Astrea, 1988, Tomo I, pág. 279. Falcón, Enrique; Código Procesal Civil y Comercial , Tomo I, pág. 682 y sigs.).
Esta Suprema Corte provincial ha tenido en el punto una jurisprudencia que fue cambiando con la composición del tribunal, pronunciándose en el sentido de que no era válida para interrumpir la prescripción la demanda iniciada el día siguiente de la expiración del término ( in re "García de Pees", sent. de 30-V-1972, "Jurisprudencia Argentina", 15-1972, pág. 602); luego admitió su validez (sent. de 27-VIII-1974, "Jurisprudencia Argentina", Tomo 26-1975, pág. 385); a continuación, ha vuelto a la anterior jurisprudencia, declarando inválida para interrumpir la prescripción la demanda opuesta durante el plazo de gracia (sent. de 29-III-1977).
El criterio, que considero acertado, otorgando efecto interruptivo de la prescripción a la demanda presentada durante el plazo de gracia fue retomado a partir de la causa Ac. 29.076, "Gianotti de Gungulo", sentencia de 30-VIII-1983 (ver "D.J.B.A.", 127-37) y ha sido mantenida hasta la actualidad.
Así puede decirse que la demanda presentada dentro del plazo de gracia establecido en el art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial constituye un acto eficaz para interrumpir la prescripción de la acción de que se trata (conf. causas Ac. 35.980, "Zendri", sent. de 15-IV-1986, "Acuerdos y Sentencias", 1986-I-390 y L. 43.161, "Thomas", sent. de 14-XI-1989, "Acuerdos y Sentencias", 1989-IV-163; e.o.).
En este sentido, frente a la declaración expresa de la norma (dec. 4.016/93) sobre lo inhábil de los días correspondientes al mes de enero y la lógica inactividad del ente perteneciente a la administración pública que ella conlleva, no puede interpretarse que la conducta del actor resulte demostrativa de desidia o inacción por no incoar la demanda en un tiempo que por ley era inhábil.
Tanto más se impone en la especie la conclusión antedicha a la luz de lo normado por el art. 3 del Código Fiscal, precepto que establece que "[p]ara todos los plazos establecidos en días en el presente Código y en toda norma que rija la materia a la cual éste sea aplicable, se computarán únicamente los días hábiles, salvo que de ella surja lo contrario".
Por lo demás, el sistema de presentaciones en papel, vigente a la época de los hechos de autos, impedía superar con facilidad los obstáculos provenientes de circunstancias como las aquí debatidas (a diferencia de lo que podría suceder en un entorno que habilite la interposición de escritos electrónicos sin mayores limitaciones, lo que por cierto no equivale a decir que deba desecharse en estos supuestos la aplicación del instituto del plazo de gracia).
En virtud de lo expuesto, entiendo que la demanda de repetición presentada por Mata
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