Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 79278 P
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada (arts. 278, 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad incoado, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 299, 300 y concs., CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). Con costas a la parte recurrente vencida (art. 303 in fine, CPCC).
79.278-P "MERCADO LIBRE S.R.L. C/ MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR S/ PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD - OTROS JUICIOS"
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño, dijeron:
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, en el marco de un proceso sumario de ilegitimidad, hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 70 de la ley 13.133 -texto según ley 14.652- que impone el depósito previo de la multa como condición para su impugnación judicial y, en consecuencia, declaró la admisibilidad de la pretensión incoada (v. resol. de 29-IX-2023).
Apelado dicho pronunciamiento por la demandada, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, por mayoría, lo confirmó (v. sent. interloc. de 20-II-2024).
II. Frente a lo así decidido, la Municipalidad de Escobar interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. present. electr. de 7-III-2024), el que denegado -con sustento en que el fallo atacado no reviste carácter definitivo- (v. resol. de 12-III-2024), motivó la presente queja (v. present. electr. de 20-III-2024).
III. Requeridos los autos principales mediante notificación directa el 7 de agosto de 2024, éstos fueron recibidos en formato digital el 20 de agosto de 2024. La compulsa de los trámites del expediente principal corrobora las circunstancias relatadas en los considerandos anteriores.
IV.1. La queja prospera.
Ello así, pues, si bien esta Corte tiene dicho que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis haciendo imposible su continuación (conf. causas Q. 75.585, "Mancuso", resol. de 26-XII-2018; Q. 76.440, "Fantaguzzi", resol. de 17-VI-2020; Q. 78.105, "Fernández", resol. de 3-XI-2022; Q. 77.828, "Asoc. Para La Protección Medioambiental", resol. de 8-XI-2023), tal principio, por las razones que se desarrollan a continuación, en este supuesto debe ceder.
En el caso, no obstante recaer en etapa anterior al dictado de la sentencia del mérito de la causa, el pronunciamiento impugnado, en tanto declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 70 de la ley 13.133 -texto según ley 14.652-, se pronunció en torno a cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior, por lo que resulta equiparable a definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 100.383, "Apolo Fish S.A.", resol. de 11-III-2009; L. 111.127, "Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Ltda.", resol. de 30-VI-2010; L. 114.180, "Geza", resol. de 18-IV-2011; L. 122.136, "Castro", resol. de 2-V-2019 y L. 128.659, "Barrios", resol. de 5-V-2022).
IV.2. En atención a lo expuesto y hallándose reunidos los demás recaudos de admisibilidad, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (arts. 278, 292, CPCC y Ac. 4068).
V. Pasando a analizar la procedencia del remedio, se adelanta que éste no puede prosperar atento la insuficiencia que porta (conf. arts. 299, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
V.1. El voto que concitó mayoría en la Cámara, confirmó la sentencia de primera instancia argumentando, en resumen, que la multa reviste el carácter de sanción y, en consecuencia -más allá de estar previsto su pago en una norma legítimamente sancionada-, el análisis de tal sanción en sede judicial no debía quedar restringido a los casos en que se hubiera cumplido con el requisito del pago previo.
En ese marco, sostuvo que la condición de persona jurídica de la actora no impedía considerar como aplicables los conceptos expresados por este Tribunal en la conocida causa I. 3361, "Herrera", sentencia de 19-XII-2012, toda vez que los derechos de defensa en juicio y debido proceso (art. 18, Const. nac.) y la tutela judicial (art. 15, Const. pcial.) alcanzaban a la generalidad de las personas.
Afirmó que la norma aquí cuestionada preveía una vía jurisdiccional de control. Sin embargo, su acceso se habilitaba con la sanción ya consumada. Tal circunstancia vulneraba las garantías constitucionales que aseguraban un juicio con carácter previo a la condena, ya que el derecho a ser oído por un juez o tribunal independiente e imparcial resultaba posterior al cumplimiento de la penalidad (arg. art. 15 y ccds., Const. pcial.).
Reforzó tales argumentos recordando que la finalidad del denominado solve et repete es la de preservar el normal desenvolvimiento de las finanzas públicas, poniéndolas a cubierto de argucias procesales o expedientes dilatorios, razón que no puede predicarse respecto de las multas aplicadas como resultado de un procedimiento de infracción, toda vez que no cabía sostener válidamente que aquéllas integraran los recursos normales del sistema. Dijo que, no por nada, tal recaudo de admisibilidad en impugnaciones de actos de contenido tributario, excluye el previo depósito de las multas impuestas por la autoridad recaudatoria (v. art. 19 inc. 2, CCA).
Dispuso que, en tal contexto, la inconstitucionalidad de la norma surgía de su confrontación con el texto de la Constitución y no dependía de la acreditación de ningún supuesto adicional, como aquel referido a la importancia de la multa con relación a la capacidad económica del infractor o a la magnitud del daño -reparable o irreparable- que pudiera sufrir al afrontarla, como parecía colegirse del texto del precepto en crisis (v. art. 70, segundo párrafo in fine , ley 13.133).
Estimó, en consecuencia, que se imponía la confirmación de la decisión de grado.
V.2. La Municipalidad de Escobar, tras un completo desarrollo de lo sucedido en cada instancia y con transcripciones de los votos de mayoría y minoría volcados por el Tribunal de Alzada, agrupó sus agravios en tres ejes, comenzando por definir que su interés jurídico concreto está dado fundamentalmente por cuanto se afecta -directa y sustancialmente- la financiación del sistema instituido a favor de la protección de los derechos de los consumidores del Partido de Escobar.
Luego, se concentró en la denuncia del error in iudicando , sosteniendo que el fallo atacado se aparta de las características diferenciadas y específicas del derecho de los consumidores y usuarios, aplicando una solución propia del derecho penal que resulta ajena a la cuestión aquí tratada y vedando a los organismos públicos la utilización legítima de instrumentos eficaces para ejercer su defensa.
Finalmente, denunció que en lo referente a la aplicación del precedente “Herrera”, no se explica ni desarrolla por qué resultaría extensible a una persona de existencia ideal.
Agregó que, en caso de sostenerse la imposibilidad absoluta de aplicar el solve et repete a las sanciones administrativas dispuestas en el ámbito del derecho del consumidor, ello tornaría ilusorios los instrumentos con los que cuenta el Estado para corregir las disfuncionalidades que el mercado presenta, ante la asimetría de poder existente en la relación de consumo.
En suma, entendió que no es posible valorar en abstracto la exigencia del pago previo en esta materia, sino que dicha valoración debe efectuarse -necesariamente- con relación a la capacidad económica del deudor, a fin de resguardar su derecho de acceder a la justicia.
VI. El recurso de inconstitucionalidad deducido no resulta autosuficiente y no demuestra debidamente los errores jurídicos que -a juicio del recurrente- padece el fallo que se impugna (conf. causas Ac. 32.929, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ La Rosa Pedernera", sent. de 30-XI-1984; Ac. 83.866, "Village Cinemas", sent. de 16-IV-2003; A. 69.574, "Saavedra Zapata", sent. de 30-V-2012; e.o.; art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Sabido es que resulta un requisito indispensable de una adecuada fundamentación de dicho remedio la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento, tarea que no se cumple cuando el impugnante se limita a anteponer una línea argumental distinta a la del juzgador, omitiendo desarticular el basamento primordial del auto atacado (conf. doctr. causas A. 73.201, "Colegio de Escribanos", sent. de 24-IV-2019; A. 76.647, "Dietrich SA c/Municipalidad de Mercedes" y A. 76.697, "Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados y otro/a c/Municipalidad de Mercedes", ambas resols. de 10-VI-2022), como acontece en la especie.
VII. Por otra parte, cabe señalar que los fundamentos del recurso interpuesto por el apoderado de la Municipalidad de Escobar son semejantes y quedan comprendidos en los agravios expuestos por el Fiscal General del Departamento Judicial de General San Martín en causas análogas tramitadas ante este Tribunal, por lo que corresponde remitirse a lo resuelto en ellas, toda vez que los argumentos allí expresados dan acabada respuesta a los agravios desarrollados en el punto V.2 de la presente (v. causas A. 74.883, "Telecom Personal SA", sent. de 23-XII-2020; A. 74.885, "Telecom"; A. 74.886, "Telecom" y A. 74.906, "Telecom", todas sent. de 9-IV-2021; y A. 75.325, "AMX Arg. S.A.", sent. de 27-V-2021, entre muchas otras).
VIII. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. arts. 299, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada (arts. 278, 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad incoado, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 299, 300 y concs., CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). Con costas a la parte recurrente vencida (art. 303 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/10/2024 07:24:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/10/2024 10:32:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/10/2024 13:21:20 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2024 11:15:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2024 11:20:46 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/10/2024 11:24:53 hs. bajo el número RR-733-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia