Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72290
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley, con costas (conf. arts. 60 inc. 1, CCA; 279 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.290, "Galland, Gustavo Carlos c/ Municipalidad de La Plata s/ Proceso Sumario - sanciones en materia de empl. publ. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, revocó la sentencia de primera instancia que había acogido la pretensión sumaria de ilegitimidad promovida por el señor Gustavo Carlos Galland contra el decreto 34/08, que dispusiera su destitución en el cargo de Defensor Ciudadano y condenara al pago del daño material y moral.
Disconforme con este pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos, agregada la memoria presentada por la parte demandada y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión anulatoria promovida por el señor Gustavo Carlos Galland, declaró la inaplicabilidad de la reforma introducida por la ordenanza 10.343/08 al procedimiento llevado adelante para la destitución del actor del cargo de Defensor Ciudadano y, en consecuencia, anuló el decreto 34/08 dictado por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata que había dispuesto eso mismo (v. fs. 186/193).
Para así decidir, consideró que los hechos constitutivos de la imputación se suscitaron cuando todavía estaba vigente la ordenanza 7.854/91 (que creó y reglamentó la mencionada figura), que en su redacción original preveía su destitución con el voto de las dos terceras partes de los concejales presentes, de corroborarse ciertas inconductas (art. 4). De modo tal que la reducción de este recaudo a la mitad de los miembros presentes (conf. art. 2, ord. 10.343/08), habría significado una aplicación retroactiva en su perjuicio, vulnerando garantías constitucionales y convencionales. Para esto, reputó aplicables —por analogía— principios oriundos del derecho penal.
Descartada la incidencia de la modificación, concluyó que la remoción propiciada en la sesión correspondiente por solamente trece —y no catorce— ediles (de veinte presentes), no reunió la mayoría calificada que era menester para separarlo del cargo de Defensor Ciudadano, no bastando la mayoría simple.
Sentado ello, la sentencia condenó a la comuna platense al pago, en concepto de daño material, de un monto equivalente al setenta por ciento (70%) de las remuneraciones dejadas de percibir desde la destitución hasta el día que debía expirar su mandato, más una suma de pesos en concepto de daño moral, con intereses.
Finalmente, en lo que respecta a la restitución del actor en el cargo, el juez entendió que no correspondía acceder a tal reclamo. Esto era así puesto que, al momento de decidir, el ejercicio de las funciones referenciadas se encontraba a cargo de la doctora María Monserrat Lapalma, cuya designación no había sido puesta en tela de juicio, ni convocada para ejercer su derecho de defensa en los presentes actuados.
II. Recurrida la sentencia por ambas partes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, revoco el pronunciamiento de grado.
Comenzó por considerar que la sustitución de la mayoría agravada —prevista en el régimen de la ordenanza 7.854/91— por la mayoría simple incorporada durante el mandato del actor —conforme su modificatoria 10.343/08—, en modo alguno suponía una alteración a la regla del paralelismo de las formas, en tanto este principio no puede referirse más que a la competencia del órgano que resolviera el nacimiento del vínculo jurídico para decidir su extinción, pero sin comprender a la mecánica interna de la formación de su voluntad institucional.
Destacó que el procedimiento seguido se ajustó a lo regulado en aquella última ordenanza, que era la única vigente al momento de deliberar. Siendo así, entendió que el agravio del actor relativo a la modificación de la exigencia de la mayoría requerida por el régimen sustituido no era atendible, pues no había importado en sí misma una alteración a su situación de relativa estabilidad, o afectado sus derechos individuales.
Dijo que menos aún podía pretenderse algo así como la inmutabilidad reglamentaria. Concluyó que el reclamante no tenía derecho a que se mantuviera —por todo el período de su mandato— el régimen de mayorías establecido originalmente como condición para la resolución del Concejo Deliberante.
Advirtió que, en semejante contexto y marco específico, no cobraban virtualidad los principios del derecho penal aplicables —por extensión— a ciertos procedimientos regidos por el derecho administrativo.
En cuanto a la ausencia de dictamen jurídico previo, aclaró que su abordaje era pertinente y se correspondía con el postulado iura novit curia , aun cuando el voto en disidencia estimase que este aspecto no formó parte de la expresión de agravios y quedó firme. Así, sostuvo que tal exigencia no estaba establecida en el procedimiento previsto en las ordenanzas aplicadas, por lo que no podía entenderse como un requisito esencial causante de nulidad.
Finalmente, estimó que el actor no había aportado elementos probatorios con entidad suficiente como para enervar los cargos imputados, por lo que la responsabilidad hallada no fue desbaratada. En efecto: para la primera imputación relativa a la presentación del informe anual fuera del plazo legal, como así también, respecto a la falta de respuesta y acciones concretas en defensa de los ciudadanos frente a la gestión municipal, consideró no abastecida suficientemente la defensa intentada. Y en lo tocante al cargo vinculado con la participación política del demandante en la inauguración de un local partidario, destacó que su concurrencia se encontró suficientemente acreditada con la prueba producida, contrariando lo dispuesto por el art. 7 de la ordenanza 7.854/91 que prohibía este tipo de actividades a quien se desempeñase como Defensor Ciudadano.
Por todo eso, revirtió el fallo de grado y rechazó enteramente la demanda.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. fs. 262/277), la parte actora alega violación de los arts. 266 del Código Procesal Civil y Comercial, por aplicación del art. 77 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo; 57 de la ordenanza general 267/80; 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 17 de la Constitución nacional.
También denuncia la inobservancia de doctrinas legales de esta Suprema Corte ligadas con la retroactividad de la ley penal, las garantías propias del empleo público y el debido procedimiento administrativo.
Finalmente, asegura que la Cámara incurrió en absurdo al entender que ignoró las pruebas aportadas a la causa y que la sentencia no constituye una derivación razonable del ordenamiento vigente.
IV.1. El recurrente aduce que el Tribunal de Alzada quebrantó el art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que debió examinar —únicamente— las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravio, pues la pretensión recursiva delimita el marco de conocimiento del órgano judicial. Ello, en virtud del principio de congruencia, inescindiblemente ligado con el derecho de defensa.
Puntualiza que el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia de primera instancia dirigió su crítica —exclusivamente— contra el fundamento que consideró inaplicable la ordenanza 10.343/08 en cuanto reformó la mayoría exigida para la destitución del Defensor Ciudadano. Por el contrario, recalca que dejó incólume aquel otro argumento brindado por el juez de primera instancia, mediante el cual consideró nulo al decreto de destitución por ausencia de dictamen jurídico previo a su emisión.
Manifiesta, en consecuencia, que por imperio de lo normado en el art. 260 del ritual, se exige que el escrito de expresión de agravios contenga la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas, por lo que los puntos o cuestiones que no han sido objeto de un ataque específico deben reputarse consentidos por la parte que no los impugnó debidamente.
Añade que el abordaje de la cuestión en torno a la exigencia —o no— de dictamen previo por intermedio del principio iura novit curia fue absurda.
Apunta que la Cámara se apartó de los arts. 57 (que impone al órgano que debe dictar la resolución final la obligación de solicitar dictamen legal previo) y 103 (que establece que los actos administrativos se producen por el órgano competente, mediante el procedimiento que en su caso estuviere establecido) de la ordenanza general 267/80.
IV.2. En otro orden, expresa que la sentencia impugnada violó la ley aplicable. Esto mismo, porque ha desconocido que la reforma introducida por la ordenanza 10.343/08 al régimen de mayorías establecido por la previa ordenanza 7.854/91 para la destitución del Defensor Ciudadano (de dos terceras partes a una mayoría simple) le ha generado un claro perjuicio. Ello, siendo que indudablemente se afectó su estabilidad laboral y se le aplicó en forma retroactiva una ley más desfavorable a su situación, violando de tal manera las garantías del debido proceso (conf. arts. 18 y 19, Const. nac.; 10 y 15, Const. prov.; 9, CADH y 15, PIDCP).
IV.3. Sostiene que el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo interpretativo al entender que no se habían aportado elementos probatorios con entidad suficiente como para contrarrestar cada uno de los cargos imputados en el decreto de cese, pese a los distintos informes de gestión que fueran arrimados oportunamente a la causa. De igual modo, respecto de la afirmación de la Cámara relacionada con la participación política por su concurrencia a la inauguración de un local partidario.
IV.4. Finalmente, insiste que debería recobrar su imperio la sentencia de primera instancia, pero con reconocimiento pleno de los daños ocasionados por la remoción ilegítima, estimándose en el ciento por ciento (100%) de los haberes devengados durante el período en que hubiere permanecido en el cargo de Defensor Ciudadano (conf. art. 71 inc. 1, apdo. "c", CCA).
V. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
V.1. Conforme tiene dicho este Tribunal, es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en la instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o argumentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 73.392, "B., A. V.", sent. de 26-III-2014; A. 72.611, "E., R. V.", sent. de 22-X-2014; A. 73.304, "Córdoba", sent. de 1-IV-2015; A. 71.412, "Valenti", sent. de 16-XII-2015; e.o.).
Esto acontece en el sub examine , pues los fundamentos centrales relacionados con la legitimidad de la aplicación de la normativa vigente al momento de disponerse la destitución del actor ( i.e., la reforma introducida por la ordenanza 10.343/08 que modificara el régimen de mayorías), no han sido debidamente impugnados.
Basta para ello con atender a que el voto de los jueces De Santis y Milanta se ocupa puntualmente de desarrollar las razones por las cuales semejante cambio en el sistema de mayorías no vulneró —a su criterio— la regla del paralelismo de las formas, coadyuvado por el recordatorio de que no existe un derecho adquirido al mantenimiento de un régimen jurídico a través del tiempo. Eso, a la par de descartar que se esté en presencia de un caso que exija extrapolar soluciones típicas del derecho penal.
El recurrente no se ha hecho cargo de tales justificaciones, centrales en la decisión del a quo .
En su lugar, en su pieza ha optado por focalizarse en la supuesta violación del principio de congruencia, por haber tratado el Tribunal de Alzada lo relativo a la ausencia de dictamen jurídico previo aun cuando esto —a su entender— había sido consentido por la Municipalidad de La Plata, al no quejarse debidamente en su recurso ordinario. Y si bien dedica algún párrafo al resto de los fundamentos, lo cierto es que la estructura argumental sobre la que se asienta el fallo de la Cámara no ha sido abordada ni criticada con la suficiencia que se requiere en esta instancia extraordinaria.
Como se tiene establecido, no basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente, el embate que ha obviado controvertir todos los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho (conf. doctr. causas A. 70.763, "Chaves", resol. de 29-VI-2016; A. 78.055, "Telez", sent. de 24-X-2023; e.o.).
Lo señalado alcanza para desestimar la apelación (art. 279 in fine , CPCC).
V.2. De todas maneras, respecto a la denuncia de incongruencia, cabe recordar que interpretar y analizar el contenido y suficiencia técnica del escrito de expresión de agravios constituye una facultad privativa de los tribunales de apelación, la que sólo puede ser objeto de revisión en esta instancia extraordinaria si se denuncia y demuestra que su resultado se muestra como algo absurdo (conf. doctr. causas A. 71.328, "Cura Grassi", sent. de 26-X-2016; A. 72.368, "Cipulli", sent. de 23-XI-2016; A. 74.939, "Sabater", resol. de 4-VII-2018; A. 78.226, "Aznar", de 26-IV-2023; e.o.).
Bajo esa premisa, no se advierte que el abordaje hubiese incurrido en tamaño vicio. El a quo no ha trastocado drásticamente el equilibrio del contradictorio, surgido espontáneamente con puntos que en modo alguno formaron parte de la litis , o de lo contrario procedido oficiosamente con medidas de ultima ratio (conf. art. 272, CPCC; doctr. causa A. 75.429, "Aluar Aluminio Argentina S.A.I.C.", sent. de 30-V-2024), debiendo quedar lo actuado sujeto a su prudente criterio interpretativo.
V.3. Para concluir, en punto al planteo de la transgresión de la doctrina legal de esta Suprema Corte plasmada en las causas invocadas, debe recordarse que no alcanza con la mera individualización de precedentes y la transcripción de sus sumarios, sino que deben indicarse los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio que se pretende aplicar y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (doctr. causa A. 77.102, "Pizurno", sent. de 30-V-2024). Cargas que en la especie no pueden tenerse por efectivamente cumplidas.
VI. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso, con costas (conf. arts. 60 inc. 1, CCA; 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley, con costas (conf. arts. 60 inc. 1, CCA; 279 y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/06/2025 12:41:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2025 13:46:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/06/2025 15:04:10 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2025 09:31:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2025 12:23:41 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/06/2025 12:26:02 hs. bajo el número RS-46-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia